Abren polémica sobre sueldos de los obispos
Diputado neuquino elevó un proyecto para que presenten declaración jurada de bienes. Profusa reglamentación.
El diputado nacional Hugo Prieto (Concertación-Neuquén) quiere que se “abra un debate” sobre las remuneraciones que reciben del Estado nacional los miembros de la Iglesia Católica, en particular la alta jerarquía eclesiástica. Para ello ha elevado un proyecto de ley a la Cámara Baja tendiente a que los “arzobispos, obispos y el secretario general del Episcopado cumplan con las presentación de las declaraciones juradas patrimoniales”, de la misma forma que estipula la ley para funcionarios públicos de distinto rango.
“Detrás de este proyecto no hay ningún preconcepto; simplemente que hay fondos públicos que se asignan a diversos jerarcas de la Iglesia Católica que deben ser equiparados también en las obligaciones de aquellos que reciben altas asignaciones por parte del Estado. Es la obligación común de todos los funcionarios de cierta jerarquía de presentar declaraciones juradas de bienes”, sostuvo el diputado neuquino en diálogo con La Voz del Interior .
Más allá de cuestiones polémicas que puedan encerrar los aportes económicos del Estado al clero, Prieto comentó que “básicamente se trata de disparar un debate” sobre el tema.
Se preguntó por qué el Estado debe solventar los sueldos de calificados prelados de la Iglesia Católica y “no lo hace con exponentes de otros cultos”.
Discusión pendiente. “En algún momento será menester analizar si resulta conveniente mantener una disposición como la del artículo 2 de la Constitución nacional; pero esto merece una discusión en el ámbito de una Convención Constituyente y no en el ámbito parlamentario”, señaló. El aludido artículo dice: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
“Lo que se propone es que los arzobispos, obispos y el secretario general del Episcopado enumerados en los artículos 1 y 2 de la ley 21.950, sean incluidos dentro de los funcionarios públicos que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes”, añade el proyecto.
Los referidos artículos establecen: “Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas y enarcados (...) gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia”. Un detalle sobre las modificaciones a las que apunta Prieto radica en que esa norma fue firmada en marzo de 1979 por el entonces dictador Jorge Rafael Videla.
Otro punto que pone de manifiesto Prieto es que el financiamiento a la Iglesia Católica se hace en función de los impuestos que paga la gente, “incluso los no creyentes”.
¿Usted no pone en tela de juicio el aporte del Estado al culto católico, sino los sueldos que cobran algunos prelados?, se le preguntó al parlamentario: “Yo digo que los que cobran esos sueldos tienen que presentar una declaración jurada patrimonial. Lo que se intenta es que del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también lo hagan”.
Si bien la ley señala que un obispo o arzobispo debe cobrar “el 80 por ciento del haber de un juez federal de primera instancia”, Prieto recordó que durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2001-2003) se aprobó una norma que establece que para el caso del clero católico “se tiene que computar un sueldo de un juez como si tuviera 30 años de antigüedad $ 17.000 .- A DICIEMBRE 2012 ”, lo que implica un aumento sustancial de la remuneración anual.
Diputado neuquino elevó un proyecto para que presenten declaración jurada de bienes. Profusa reglamentación.
El diputado nacional Hugo Prieto (Concertación-Neuquén) quiere que se “abra un debate” sobre las remuneraciones que reciben del Estado nacional los miembros de la Iglesia Católica, en particular la alta jerarquía eclesiástica. Para ello ha elevado un proyecto de ley a la Cámara Baja tendiente a que los “arzobispos, obispos y el secretario general del Episcopado cumplan con las presentación de las declaraciones juradas patrimoniales”, de la misma forma que estipula la ley para funcionarios públicos de distinto rango.
“Detrás de este proyecto no hay ningún preconcepto; simplemente que hay fondos públicos que se asignan a diversos jerarcas de la Iglesia Católica que deben ser equiparados también en las obligaciones de aquellos que reciben altas asignaciones por parte del Estado. Es la obligación común de todos los funcionarios de cierta jerarquía de presentar declaraciones juradas de bienes”, sostuvo el diputado neuquino en diálogo con La Voz del Interior .
Más allá de cuestiones polémicas que puedan encerrar los aportes económicos del Estado al clero, Prieto comentó que “básicamente se trata de disparar un debate” sobre el tema.
Se preguntó por qué el Estado debe solventar los sueldos de calificados prelados de la Iglesia Católica y “no lo hace con exponentes de otros cultos”.
Discusión pendiente. “En algún momento será menester analizar si resulta conveniente mantener una disposición como la del artículo 2 de la Constitución nacional; pero esto merece una discusión en el ámbito de una Convención Constituyente y no en el ámbito parlamentario”, señaló. El aludido artículo dice: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
“Lo que se propone es que los arzobispos, obispos y el secretario general del Episcopado enumerados en los artículos 1 y 2 de la ley 21.950, sean incluidos dentro de los funcionarios públicos que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes”, añade el proyecto.
Los referidos artículos establecen: “Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas y enarcados (...) gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia”. Un detalle sobre las modificaciones a las que apunta Prieto radica en que esa norma fue firmada en marzo de 1979 por el entonces dictador Jorge Rafael Videla.
Otro punto que pone de manifiesto Prieto es que el financiamiento a la Iglesia Católica se hace en función de los impuestos que paga la gente, “incluso los no creyentes”.
¿Usted no pone en tela de juicio el aporte del Estado al culto católico, sino los sueldos que cobran algunos prelados?, se le preguntó al parlamentario: “Yo digo que los que cobran esos sueldos tienen que presentar una declaración jurada patrimonial. Lo que se intenta es que del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también lo hagan”.
Si bien la ley señala que un obispo o arzobispo debe cobrar “el 80 por ciento del haber de un juez federal de primera instancia”, Prieto recordó que durante la presidencia de Eduardo Duhalde (2001-2003) se aprobó una norma que establece que para el caso del clero católico “se tiene que computar un sueldo de un juez como si tuviera 30 años de antigüedad $ 17.000 .- A DICIEMBRE 2012 ”, lo que implica un aumento sustancial de la remuneración anual.