Los dos temas que parecen ser excluyentes de la agenda nacional son la expropiación parcial de YPF y el tema Malvinas. Dos asuntos que apelan a los sentimientos nacionalistas desde dos ángulos diferentes.
En realidad ambos temas tienen entre sí mucho que ver tanto desde el punto de vista legal como político y son contenidos en un discurso conceptualmente idéntico. Desde el punto de vista legal fue otro gobierno peronista el que condicionó enormemente el margen de maniobra del país tanto en uno como en otro asunto. La Argentina de Menem firmo en 1990 el llamado Acuerdo de Madrid que no fue otra cosa que las condiciones de rendición ante la corona británica luego de la derrota en Malvinas. La Delegación argentina fue presidida por el Embajador Lucio García del Solar, Representante Especial del Gobierno de la Argentina, y la Delegación británica por Sir Crispin Tickell, representante permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas. La “Declaración Conjunta de las delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” dice textualmente en algunos de sus párrafos: “Deseando aumentar la amistad y cooperación entre sus pueblos, ambos Gobiernos acordaron restablecer relaciones diplomáticas, previa notificación a las potencias protectoras…Ambos Gobiernos aprobaron con satisfacción el Informe Final del “Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar” …Reconociendo que la promoción y la protección recíprocas de las inversiones alentaría la iniciativa privada y fomentaría la prosperidad en sus países, ambos Gobiernos decidieron comenzar por la vía diplomática la negociación de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones”.
Esto significó, ni más ni menos el sometimiento a las reglas comerciales del imperio británico.
Pocos meses después, el 11 de diciembre de 1990 Domingo Cavallo firma en Londres el Tratado de Garantías a la Inversión Extranjera que es ratificado posteriormente por ley Nº 24.184. La Cámara de Diputados precedió a votar esa ratificación el 3 de septiembre de 1992, sin estudio ni debate, y en una sesión que en el diario de sesiones se consigna en ocho renglones. Luego se firmaron 49 tratados similares con otros países).
Como se ve, David le promete a Goliat que respetará sus inversiones siempre que Goliat respete las suyas. De hecho se extranjerizó la economía argentina y son casi inexistentes las inversiones argentinas en el mundo como era de preverse.
En 1994 se perfecciona semejante despropósito cuando en la reforma constitucional de ese año se le otorga rango constitucional a estos instrumentos internacionales. Allí se abrió de par en par la puerta para las privatizaciones.
Estos tratados incluyen cláusulas muy importantes. Definen el alcance y la definición de lo que es una “inversión externa” (incluyendo inversiones de cartera e inversión directa, bienes tangibles e intangibles, entre otros); trato nacional y trato de nación más favorecida; trato justo y equitativo; garantías y compensaciones en caso de expropiación y compensaciones por guerra civil y revoluciones; garantías para la libre remisión de ganancias, fondos y repatriación de capital; y las estipulaciones en lo relativo a resolución de controversias. La Argentina es una de las naciones que más tratados tiene en vigencia, ingresando al grupo de los 20 países con mayor número de tratados concluidos, igualando a España y Suecia (54 tratados vigentes cada uno) y superando a Estados Unidos (39).
Hoy en día las empresas extranjeras radicadas en la Argentina facturan cuatro veces y media más que las nacionales. Las utilidades de las empresas extranjeras que se van al exterior son diez veces superiores a las utilidades de las empresas nacionales. Pero también hay que decir que las multinacionales ocupan una vez y media más trabajadores que las nacionales y pagan 2,2 veces más de salarios.
Si bien la Nación ha perdido enorme cantidad de empresas desde 1955 en adelante, es a partir de la dictadura militar que este proceso se acelera coronándose con los tratados que mencionamos.
En épocas de Martínez de Hoz se registraron 16.000 quiebras, con Alfonsín llegaron a 46.000 y con Menem 108.000. Por añadidura, los extranjeros vinieron a comprar empresas del estado o empresas privadas existentes y sólo en forma excepcional realizaron nuevas inversiones.
Vemos pues que los condicionamientos para negociar la soberanía real sobre las Malvinas tienen mucho que ver con los que afrontamos para re estatizar YPF. Los tratados internacionales tienen rango constitucional. Para cambiar algo de fondo habrá que denunciar por inequitativos los tratados y reformar la constitución de 1994. Nada menos.
Péndulo de dimensiones históricas
Primero que nada hay que decir que los recursos naturales y energéticos deben y debieron siempre ser del estado. Tanto si hablamos de agua, metales, combustibles o lo que sea que la naturaleza puso en estas tierras. También hay que decir que hay empresas que deben ser del estado por su carácter estratégico e importancia para la economía como los ferrocarriles, la línea aérea de bandera, las comunicaciones, la generación y transporte de la energía, etc.
Dicho esto vale la pena también aquí hacer un verdadero ejercicio de “memoria verdad y justicia” tal y como se propugna desde la administración nacional en referencia a los derechos humanos. Y el derecho a una vida digna es un derecho humano fundamental. Y la vida digna sólo la dan la economía y la libertad. Esto es los recursos que se distribuyen y la soberanía para usarlos en la reproducción de la vida. Por tanto aquí también hablamos de Malvinas, de nuestra soberanía y derechos sobre los recursos que allí se encuentran.
Hablar pues de economía es también hablar de las condiciones objetivas de los derechos humanos hoy, en este caso, en la Argentina.
Dicho esto, hay que decir que el discurso y la política oficiales tanto sobre Malvinas como sobre YPF tienen importantísimos elementos en común similares pero diametralmente opuestos a los discursos y políticas ejecutadas durante la época neoliberal-peronista del menemismo. La pendularidad fue una característica atribuida a la práctica política de Juan Domingo Perón por sus vaivenes entre, lo que podríamos llamar, derecha e izquierda, sacando provecho de ambos lados del movimiento del péndulo. Esto pudo ser hasta una habilidad que reconocer del histórico dirigente. Pero resulta sin duda sospechosamente dañina cuando es aplicada a las políticas públicas y por el mismo partido.
Cuando Perón asumió el poder estatizó todo lo que pudo, 35 años después Menem privatizó todo lo que pudo y ahora, tras una década el kirchnerismo quiere estatizar otra vez todo lo que pueda. Bien, como dijimos, YPF debe ser del estado. Pero resulta que, visto desde la memoria, la verdad y la justicia, lo que esta sucediendo es que los argentinos somos los hijos de la pavota que privatizamos por dos pesos empresas rentables y sanas como lo fue Aerolíneas Argentinas e YPF, y cuando los privados usaron para su beneficio nuestro patrimonio, lo dilapidaron, lo gastaron y lo vuelven deficitario, lo compramos de vuelta para volver a invertir. Y decimos que los discursos y políticas del neoliberalismo peronista privatizador y del kirchnerismo peronista estatizador son opuestos pero similares porque Menem nos hizo creer primero en la ineficiencia del estado y vendió las joyas de la abuela con apoyo popular. Ahora nos hablen de nación, soberanía, desarrollo etc., y re estatizaremos con apoyo popular también. Para completar la ironía histórica
Fue el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner quien desde la presidencia de la OFHEPI (la organización de provincias petroleras) junto al ministro estrella de Carlos Menem –Domingo Felipe Cavallo- diseñaron la Ley de Privatización de YPF a cambio que el Gobierno nacional reconozca su deuda con los Estados productores por regalías mal liquidadas. Una fiel diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner presentaba entonces un proyecto de resolución que fue aprobado para que la Legislatura Provincial obligara a los legisladores nacionales de esa provincia a aprobar la Ley de Privatización de YPF que se discutía en el Congreso. La Ley finalmente se aprobó y el gobierno provincial de Néstor Kirchner cobró más de 600 Millones de dólares (Fondos santacruceños) de dudoso destino.
Durante estos años, desde los 90, Repsol utilizó la enorme inversión hecha por el estado en exploración, investigación etc., Tomó YPF, sacó los beneficios de esa inversión, no invirtió un peso más y ahora, con esa razón como causa, la solución es la re estatización para volver a poner YPF en la punta. Ni hablemos de lo sucedido con Aerolíneas Argentinas que fue aún peor. Lo que vemos es que los privados, sean nacionales o extranjeros, siempre hacen con nosotros dos buenos negocios. Nos compran los beneficios y después nos venden las pérdidas. Fabuloso. Colosal.
Como si esto fuera poco, los tratados firmados por los neoliberales peronistas harán que no solamente les compremos la chatarra sino que los indemnicemos. Perderemos, seguro, el juicio en el famoso Ciadi y pagaremos dos veces. Porque se mostrarán muy enojados porque no hemos respetado el tratado de protección de inversiones extranjeras. Como dice León Gieco, en este país son muchas las ventanillas que cobran y una sola la que paga.
A esta altura del razonamiento ambos discursos se vuelven sólo discursos, las políticas están en realidad ocultas detrás de ellos. La política de verdad es lograr beneficios para los mismos de siempre a costas de los mismos de siempre.
Cualquier comentario que viole el protocolo, ataque la fuente o al posteador será eliminado. Se aceptan comentarios con educacion y respeto. Evite el forobardo.
En realidad ambos temas tienen entre sí mucho que ver tanto desde el punto de vista legal como político y son contenidos en un discurso conceptualmente idéntico. Desde el punto de vista legal fue otro gobierno peronista el que condicionó enormemente el margen de maniobra del país tanto en uno como en otro asunto. La Argentina de Menem firmo en 1990 el llamado Acuerdo de Madrid que no fue otra cosa que las condiciones de rendición ante la corona británica luego de la derrota en Malvinas. La Delegación argentina fue presidida por el Embajador Lucio García del Solar, Representante Especial del Gobierno de la Argentina, y la Delegación británica por Sir Crispin Tickell, representante permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas. La “Declaración Conjunta de las delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” dice textualmente en algunos de sus párrafos: “Deseando aumentar la amistad y cooperación entre sus pueblos, ambos Gobiernos acordaron restablecer relaciones diplomáticas, previa notificación a las potencias protectoras…Ambos Gobiernos aprobaron con satisfacción el Informe Final del “Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar” …Reconociendo que la promoción y la protección recíprocas de las inversiones alentaría la iniciativa privada y fomentaría la prosperidad en sus países, ambos Gobiernos decidieron comenzar por la vía diplomática la negociación de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones”.
Esto significó, ni más ni menos el sometimiento a las reglas comerciales del imperio británico.
Pocos meses después, el 11 de diciembre de 1990 Domingo Cavallo firma en Londres el Tratado de Garantías a la Inversión Extranjera que es ratificado posteriormente por ley Nº 24.184. La Cámara de Diputados precedió a votar esa ratificación el 3 de septiembre de 1992, sin estudio ni debate, y en una sesión que en el diario de sesiones se consigna en ocho renglones. Luego se firmaron 49 tratados similares con otros países).
Como se ve, David le promete a Goliat que respetará sus inversiones siempre que Goliat respete las suyas. De hecho se extranjerizó la economía argentina y son casi inexistentes las inversiones argentinas en el mundo como era de preverse.
En 1994 se perfecciona semejante despropósito cuando en la reforma constitucional de ese año se le otorga rango constitucional a estos instrumentos internacionales. Allí se abrió de par en par la puerta para las privatizaciones.
Estos tratados incluyen cláusulas muy importantes. Definen el alcance y la definición de lo que es una “inversión externa” (incluyendo inversiones de cartera e inversión directa, bienes tangibles e intangibles, entre otros); trato nacional y trato de nación más favorecida; trato justo y equitativo; garantías y compensaciones en caso de expropiación y compensaciones por guerra civil y revoluciones; garantías para la libre remisión de ganancias, fondos y repatriación de capital; y las estipulaciones en lo relativo a resolución de controversias. La Argentina es una de las naciones que más tratados tiene en vigencia, ingresando al grupo de los 20 países con mayor número de tratados concluidos, igualando a España y Suecia (54 tratados vigentes cada uno) y superando a Estados Unidos (39).
Hoy en día las empresas extranjeras radicadas en la Argentina facturan cuatro veces y media más que las nacionales. Las utilidades de las empresas extranjeras que se van al exterior son diez veces superiores a las utilidades de las empresas nacionales. Pero también hay que decir que las multinacionales ocupan una vez y media más trabajadores que las nacionales y pagan 2,2 veces más de salarios.
Si bien la Nación ha perdido enorme cantidad de empresas desde 1955 en adelante, es a partir de la dictadura militar que este proceso se acelera coronándose con los tratados que mencionamos.
En épocas de Martínez de Hoz se registraron 16.000 quiebras, con Alfonsín llegaron a 46.000 y con Menem 108.000. Por añadidura, los extranjeros vinieron a comprar empresas del estado o empresas privadas existentes y sólo en forma excepcional realizaron nuevas inversiones.
Vemos pues que los condicionamientos para negociar la soberanía real sobre las Malvinas tienen mucho que ver con los que afrontamos para re estatizar YPF. Los tratados internacionales tienen rango constitucional. Para cambiar algo de fondo habrá que denunciar por inequitativos los tratados y reformar la constitución de 1994. Nada menos.
Péndulo de dimensiones históricas
Primero que nada hay que decir que los recursos naturales y energéticos deben y debieron siempre ser del estado. Tanto si hablamos de agua, metales, combustibles o lo que sea que la naturaleza puso en estas tierras. También hay que decir que hay empresas que deben ser del estado por su carácter estratégico e importancia para la economía como los ferrocarriles, la línea aérea de bandera, las comunicaciones, la generación y transporte de la energía, etc.
Dicho esto vale la pena también aquí hacer un verdadero ejercicio de “memoria verdad y justicia” tal y como se propugna desde la administración nacional en referencia a los derechos humanos. Y el derecho a una vida digna es un derecho humano fundamental. Y la vida digna sólo la dan la economía y la libertad. Esto es los recursos que se distribuyen y la soberanía para usarlos en la reproducción de la vida. Por tanto aquí también hablamos de Malvinas, de nuestra soberanía y derechos sobre los recursos que allí se encuentran.
Hablar pues de economía es también hablar de las condiciones objetivas de los derechos humanos hoy, en este caso, en la Argentina.
Dicho esto, hay que decir que el discurso y la política oficiales tanto sobre Malvinas como sobre YPF tienen importantísimos elementos en común similares pero diametralmente opuestos a los discursos y políticas ejecutadas durante la época neoliberal-peronista del menemismo. La pendularidad fue una característica atribuida a la práctica política de Juan Domingo Perón por sus vaivenes entre, lo que podríamos llamar, derecha e izquierda, sacando provecho de ambos lados del movimiento del péndulo. Esto pudo ser hasta una habilidad que reconocer del histórico dirigente. Pero resulta sin duda sospechosamente dañina cuando es aplicada a las políticas públicas y por el mismo partido.
Cuando Perón asumió el poder estatizó todo lo que pudo, 35 años después Menem privatizó todo lo que pudo y ahora, tras una década el kirchnerismo quiere estatizar otra vez todo lo que pueda. Bien, como dijimos, YPF debe ser del estado. Pero resulta que, visto desde la memoria, la verdad y la justicia, lo que esta sucediendo es que los argentinos somos los hijos de la pavota que privatizamos por dos pesos empresas rentables y sanas como lo fue Aerolíneas Argentinas e YPF, y cuando los privados usaron para su beneficio nuestro patrimonio, lo dilapidaron, lo gastaron y lo vuelven deficitario, lo compramos de vuelta para volver a invertir. Y decimos que los discursos y políticas del neoliberalismo peronista privatizador y del kirchnerismo peronista estatizador son opuestos pero similares porque Menem nos hizo creer primero en la ineficiencia del estado y vendió las joyas de la abuela con apoyo popular. Ahora nos hablen de nación, soberanía, desarrollo etc., y re estatizaremos con apoyo popular también. Para completar la ironía histórica
Fue el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner quien desde la presidencia de la OFHEPI (la organización de provincias petroleras) junto al ministro estrella de Carlos Menem –Domingo Felipe Cavallo- diseñaron la Ley de Privatización de YPF a cambio que el Gobierno nacional reconozca su deuda con los Estados productores por regalías mal liquidadas. Una fiel diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner presentaba entonces un proyecto de resolución que fue aprobado para que la Legislatura Provincial obligara a los legisladores nacionales de esa provincia a aprobar la Ley de Privatización de YPF que se discutía en el Congreso. La Ley finalmente se aprobó y el gobierno provincial de Néstor Kirchner cobró más de 600 Millones de dólares (Fondos santacruceños) de dudoso destino.
Durante estos años, desde los 90, Repsol utilizó la enorme inversión hecha por el estado en exploración, investigación etc., Tomó YPF, sacó los beneficios de esa inversión, no invirtió un peso más y ahora, con esa razón como causa, la solución es la re estatización para volver a poner YPF en la punta. Ni hablemos de lo sucedido con Aerolíneas Argentinas que fue aún peor. Lo que vemos es que los privados, sean nacionales o extranjeros, siempre hacen con nosotros dos buenos negocios. Nos compran los beneficios y después nos venden las pérdidas. Fabuloso. Colosal.
Como si esto fuera poco, los tratados firmados por los neoliberales peronistas harán que no solamente les compremos la chatarra sino que los indemnicemos. Perderemos, seguro, el juicio en el famoso Ciadi y pagaremos dos veces. Porque se mostrarán muy enojados porque no hemos respetado el tratado de protección de inversiones extranjeras. Como dice León Gieco, en este país son muchas las ventanillas que cobran y una sola la que paga.
A esta altura del razonamiento ambos discursos se vuelven sólo discursos, las políticas están en realidad ocultas detrás de ellos. La política de verdad es lograr beneficios para los mismos de siempre a costas de los mismos de siempre.
Cualquier comentario que viole el protocolo, ataque la fuente o al posteador será eliminado. Se aceptan comentarios con educacion y respeto. Evite el forobardo.