Dictadura: grupos económicos y complicidad mediática

En la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, María Rosa Gómez opina sobre la relación entre el Terrorismo de Estado y los grupos económicos. La autora es periodista, y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires. Además coordina el Área de Investigación del Instituto Espacio para la Memoria.

El ejemplar veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en el juicio contra los responsables del secuestro y asesinato en 1977 del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, significó un enorme avance en la lucha por esclarecer y castigar a los responsables militares y civiles de los crímenes del Terrorismo de Estado.

En la memorable jornada del 16 de marzo, quienes siguieron las audiencias en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y los centenares de personas que aguardaban el veredicto en la calle, escucharon con emoción la condena dictada por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portella: prisión perpetua para los ex oficiales del Ejército Julio Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda; 15 y 11 años de prisión respectivamente para los civiles Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, partícipes necesarios de los hechos. El Tribunal, además, ordenó abrir una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa Loma Negra en los hechos que concluyeron con el asesinato de Moreno, integrante del equipo de abogados de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA).

De esta manera, desde la órbita de la justicia se desarma una vez más el discurso impulsado por la dictadura militar respecto de que el golpe de Estado tuvo origen en la necesidad de neutralizar el accionar de la guerrilla. En diversas expresiones públicas, las FF.AA reconocieron que ya en 1975 las organizaciones armadas habían sido desarticuladas. Sin embargo, el latiguillo de la existencia de "dos violencias" de signo contrario que se habían enfrentado ante una sociedad atónita, quedó instalado durante mucho tiempo. Prueba de ello es el arranque del prólogo del libro Nunca Más, que compiló el resultado de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) una vez recuperada la democracia: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países". Ni siquiera ese trabajo, que hasta la actualidad continúa siendo la columna vertebral de toda investigación en el terreno de los derechos humanos, quedó al margen del discurso creado por los perpetradores del genocidio y sus cómplices.

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Esa teoría "de los dos demonios" constituye una obra maestra de la propaganda política entendida como manipulación conceptual y contribuyó a ocultar durante décadas el rol que jugaron los grupos económicos, la cúpula ultraconservadora de la Iglesia Católica y un importante sector de la clase política argentina en la urdimbre de lo que fue la etapa más oscura y trágica de la historia del país.

Pocas voces señalaron que las primeras acciones de la Junta Militar conformada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, consistieron en dar vía libre al despido masivo de trabajadores, suspender el derecho de huelga, intervenir los sindicatos y dejar sin efecto derechos constitucionales y laborales. No en vano el elegido para estar al frente del Ministerio de Economía sería José Alfredo Martínez de Hoz, miembro del directorio de Pan American Airways y de la multinacional ITT (de activa participación en el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile) quien anteriormente había asesorado al Chase Manhattan Bank y las empresas Acindar (subsidiaria de la US Steel), Bracht, Soldati, Braun Boveri y Roberts.

Era evidente que el real objetivo de la dictadura y sus mentores ideológicos fue el disciplinamiento de la clase trabajadora y la instalación de una política económica que privilegió la especulación financiera en desmedro de la producción. Para ello se necesitaba desarticular toda forma organizativa capaz de hacer frente a esos planes. Ya en la jornada del 24 de marzo del 76 se produjeron centenares de secuestros de delegados sindicales e integrantes de comisiones internas.

Abogados laboralistas como Mario Gubitosi y Carlos Alberto Moreno, de gremios combativos como AOMA, eran un estorbo para los planes de los grupos de poder. El espionaje y la represión ejercida contra gremios, delegados y abogados laboralistas en la región del Centro de la Provincia de Buenos Aires, demostraron ser resultado del accionar conjunto de las FF. AA y los grupos económicos, hecho que se repitió a lo largo y ancho del país, donde empresas como Mercedez Benz, Ford Motors, Acindar, Dálmine Siderca e Ingenio Ledesma, entre otras, fueron abiertamente cómplices del plan represivo.

En las audiencias por juicios de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país se supo, gracias a los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, que las empresas armaban listas con los nombres de trabajadores que les "molestaban". También se informó de secuestros realizados con el aporte de los vehículos del Ingenio Ledesma y de un centro clandestino que funcionó en la fábrica Acindar.

Durante el juicio por el "Caso Moreno" los trabajadores de las cementeras relataron cómo era su trabajo en las décadas de los 60 y 70, cuando taladraban el granito sin vestimenta ni condiciones de seguridad mínima. También explicaron qué era la silicosis, esa enfermedad profesional denunciada por los abogados Carlos Alberto Moreno y Mario Gubitosi como causante del deterioro físico de quienes se exponían a la inhalación de sílice, cuyas partículas se acumulaban en los pulmones. La nueva etapa que se abre a partir del histórico 16 de marzo, será el comienzo del fin de la impunidad para empresas como Loma Negra y Losa, que una vez instalado el golpe de Estado se abocaron a "marcar" como "alborotadores" y "subversivos" a todos aquellos que denunciaban las pésimas condiciones de higiene y seguridad en que debían trabajar sus empleados.

Amalia Lacroze de Fortabat, propietaria de Loma Negra por esos años, falleció 27 días antes de conocerse el veredicto. Sin embargo hay otros cómplices civiles de la dictadura que serán alcanzados por el accionar de la justicia, lejos ya de aquellos días en que operaron como un "poder en las sombras" en la etapa más oscura que vivió la Argentina.

















Desde hace algunos años no es extraño referirse al último gobierno de facto como una dictadura-cívico militar. El término se ha ido imponiendo en el lenguaje periodístico, en las instituciones escolares e incluso en el sentido común de la población. La consigna para la marcha del presente 24 de marzo será “los grupos económicos también fueron la dictadura”, frase que incluye a los empresarios en el sector civil compuesto también por jueces, sacerdotes, políticos y medios de comunicación.

Existen algunos casos emblemáticos de complicidad empresarial en la organización de la represión.

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El ingenio azucarero Ledesma de Jujuy proveyó de camiones al Ejército para el secuestro de sus trabajadores. A mediados de 1976 en la denominada noche del apagón, la empresa cortó el suministro de energía eléctrica para facilitar las operaciones y permitió que dentro de la empresa funcionase el escuadrón 20 de gendarmería, constituido en centro clandestino de detención.

En la represión de la Ford también fueron utilizados rodados provistos por la empresa. Los militares usaron camionetas F-100 en los operativos e instalaron un centro clandestino de detención en la fábrica donde personal de la empresa participó de los interrogatorios. En la Mercedes-Benz los trabajadores eran secuestrados con listas negras proporcionados por los directivos. Las dos automotrices tienen características similares: las victimas fueron trabajadores delegados de sección o integrantes de la comisión interna.

Las empresas Acindar y Siderca también instalaron centros clandestinos de detención en sus predios. La primera, ubicada en Villa Constitución y presidida por José Alfredo Martínez de Hoz impulsó la represión en 1975 con el objetivo de desmembrar la dirección de la UOM local. En la represión participaron distintas fuerzas de seguridad y sectores afines a José López Rega. La empresa facilitó su helipuerto a la Policía Federal y permitió que se instalase un cuartel en la fábrica donde funcionó un centro clandestino de detención.

En la puerta de Siderca, perteneciente al Grupo Techint, se instaló personal del Ejército con un listado de obreros “indeseables” proporcionados por la empresa. Los detenidos fueron alojados en un centro clandestino en el Tiro Federal de Campana, contiguo a la fábrica, que se comunicaba con el predio por una puerta. El mismo modus operandi fue empleado en el astillero Astarsa. El 24 de marzo de 1976 fuerzas del Ejército acordonaron la entrada del predio con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros e identificaron con colaboración de la empresa a los trabajadores “rebeldes” para detenerlos y llevarlos a la comisaría 1ª de Tigre.








En todos los casos mencionados existen causas por delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación intervino en algunos como querellante. En la causa Ledesma uno de los acusados es su titular Pedro Blaquier quien fue citado para prestar declaración indagatoria. Sin embargo la citación fue desestimada por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor.

Los casos de Ford y Mercedes Benz están en el juzgado federal de Daniel Rafecas de San Martín. La causa de Astarsa también se tramita en la misma jurisdicción. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en las dos automotrices y en el caso de Ford participó de un acto en el que se señalizó la fábrica como un lugar de secuestro de trabajadores. A su vez el fiscal Federico Delgado ha pedido la indagatoria para los directivos de la empresa.

La causa de Acindar fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2010. Está en manos del juez federal de Norberto Oyarbide pero por ahora ha presentado pocos avances. Finalmente, en septiembre del año pasado un grupo denominado “Trabajadores y Delegados de los 70 por Juicio a los Responsables del golpe cívico-militar” presentaron en la justicia penal documentación que involucra al directorio de Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército. Si tomamos la caracterización de Rodolfo Walsh en su carta a la junta, donde plantea que las peores violaciones a los Derechos Humanos fueron producto de la política económica de la dictadura, concluiremos que estas empresas favorecidas por aquel modelo violaron los Derechos Humanos por partida doble





El gran apoyo recibido por Cristina en las últimas elecciones debe mucho a la política económica implementada desde 2003. ¿Qué rol jugaron los grupos económicos analizados en relación al modelo? Salvo Astarsa que cerró en 1994, el resto sigue en funciones. En la actualidad Ledesma desarrolla actividades diversificadas orientadas al mercado interno como la producción de papel, azúcar y naranjas. Sin embargo, las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores y el autoritarismo frente a la población circundante a sus predios la posicionan como una de las empresas más dañinas del país. Sirva como ejemplo el desalojo que impulsó en terrenos de su propiedad que dejaron un saldo de cuatro muertos.

El caso de Techint es más complejo. El grupo está acostumbrado a condicionar a gobiernos y querer digitar la política económica nacional. Los roces con las gestiones de Néstor y Cristina fueron una constante pese a compartir algunos lineamientos generales de la política industrial. Sin embargo, las empresas del grupo dinamizan el mercado interno proveyendo insumos para la industria (sobretodo la petrolera) y abasteciéndose de una red de proveedores nacionales (sobretodo PYMES) a los que transfiere tecnología, financiamiento y capacitación de recursos humanos.

Acindar es una empresa consustanciada con el crecimiento industrial del modelo kirchnerista. La empresa fabrica alambres, clavos, mallas y barras de acero además de cordones para hormigón postesado y acero para estructuras de hormigón armado, insumos básicos de la industria de la construcción, pilar del crecimiento económico de todo el ciclo kirchnerista. La empresa no pertenece más a la familia Acevedo y está en manos de Arcelor Mittal, el principal productor siderúrgico del mundo, conformado en su mayoría por capitales indios.

Las automotrices han sido centrales en el modelo económico kirchnerista. El año pasado hubo un récord en la producción de autos, superándose las ochocientos mil unidades. El aporte de Mercedes Benz ha sido ínfimo y el de Ford de un 14 % pero ambas expresan un sector considerado estratégico por el gobierno nacional. La inauguración con presencia de Cristina de la nueva planta de motores de Ford en Pacheco simboliza ese aspecto. El mismo gobierno que señala un centro clandestino de detención en la fábrica le reconoce su actividad presente y la apuesta al futuro.








Los grupos económicos fueron la dictadura como también lo fueron las Fuerzas Armadas. De la misma manera que el personal militar comprometido con la represión está siendo juzgado, los empresarios que fueron cómplices deberán pasar al banquillo de los acusados. Caiga quien caiga y sin importar si siguen ejerciendo funciones empresariales en la actualidad.

Sin embargo, como dice Walsh, la violación más profunda a los Derechos Humanos de la dictadura fue su política económica. Sin un Estado que discipline al capital las empresas nunca cumplirán la función social que le atribuye la filosofía peronista. Por esa razón el gobierno, al igual que lo hizo con las Fuerzas Armadas, busca encuadrar a los empresarios para comprometerles en una política nacional. Sólo así los grupos económicos cumplirán un rol positivo para el conjunto de la población y no cometerán nunca más un genocidio social.

dijo:

En síntesis, podemos resumir la política económica de la dictadura (que logró desmantelar el aparato productivo de nuestro país) con estos datos extraidos de la la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar en 1977: