Operaciones de ida y vuelta con fondos sin justificación entre empresas del Grupo. Compra y venta de acciones. Un presunto crédito del Banco Credit Suisse Internacional por 6 millones de dólares a una compañía sin actividad reconocida y con un capital de apenas 100 dólares radicada en Delaware, un distrito reconocido en el mundo financiero como una suerte de paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Todo en un plazo de cinco meses, sin documentación que respalde las transacciones y coordinado por una oficina de la JP Morgan en Buenos Aires investigada por operaciones de lavado de dinero de ricos y famosos.
Esa es la trama que develó la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la que presentó una ampliación de denuncia el viernes pasado contra los directivos del Grupo Clarín ante el juzgado en lo Criminal Correccional Número 12, a cargo de Sergio Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
La ampliación se anexó a la causa “9232/08 NN sobre delito de acción pública” originada en 2008 por la presentación de Hernán Arbizu sobre la existencia de cuentas bancarias no declaradas que tendrían en el exterior diferentes directivos del Grupo Clarín, entre ellos Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda.
Fuentes judiciales revelaron a Tiempo Argentino que las alarmas se dispararon a partir de un reporte de operaciones financieras en relación a transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en el estado de Delaware denominada GCSA Investment LLC, con un capital accionario de 100 dólares y propiedad del mismo grupo.
El reporte da cuenta de “la existencia de préstamos o ingresos de dinero por otros conceptos, provenientes de entidades (bancarias o comerciales) con países de nula o baja tributación, obstaculizando las posibilidades de fiscalización”. El objetivo de la acusación es demostrar los vínculos entre esas operaciones sospechosas y la banca de inversión JP Morgan, lo que probaría que esa banca de inversión fue la responsable de administrar los fondos irregulares de los directivos del Grupo Clarín en el exterior.
La misma entidad financiera aparece en otra causa en la que se investiga el presunto fraude del Grupo Clarín a las AFJP que compraron con dinero de los futuros jubilados acciones de la empresa cuyo precio podría haber sido manipulado.
DENUNCIA. El Grupo informó que es titular de distintas cuentas bancarias en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York y en el First Overseas Bank Limited en Nassau en las Islas Bahamas y justificó el saldo existente en esas cuentas a partir de dos contratos celebrados con GCSA, el primero el 13 de junio de 2008, tanto sólo 20 días después de que se constituyera la sociedad radicada en Delaware.
En esa operación, el Grupo Clarín transfirió a GCSA el 4,9% de las acciones de Compañía Inversora en Medios de Comunicación (CIMECO) –propietaria de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza y de parte de las acciones de Papel Prensa–, a un precio de 6 millones de dólares. Esa transferencia fue pagada con la cancelación de una deuda que el Grupo Clarín mantenía con una de sus controladas, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA). Pero la UIF señaló en su presentación ante la justicia que de la documentación aportada por la empresa no pudo verificarse el ingreso de los montos indicados.
En el segundo contrato, con fecha 8 de octubre de 2008, el Grupo transfiere a GCSA el 1,7% de las acciones de CIMECO por 2.047.097 dólares, que se pagó a través de una transferencia en el First Overseas de Bahamas. Así, la empresa radicada en Delaware se hizo con el 6,6% de CIMECO por cerca de 9 millones de dólares.
De acuerdo con los relevamientos incluidos en la causa, las transacciones se desarrollaron en un período de cinco meses en el que la empresa GCSA no registró actividad y fueron supervisadas por JP Morgan, según la denuncia presentada ante el juzgado de Torres.
“Existe conexión entre las maniobras involucradas en la causa judicial y el reporte recibido recientemente que permite observar que los sujetos involucrados operan con JP Morgan y otras entidades bancarias, con fondos de dudoso origen”, resalta la presentación.
Para la UIF quedó acreditado que AGEA “no recibió en Argentina transferencia alguna que tenga como ordenante a GCSA Investment y que tampoco recibió transferencia de terceros por una suma similar a la involucrada en la operatoria”.
La presunción de la investigación es que se trataba de dinero negro que el Grupo Clarín o sus accionistas tenían en el exterior y buscaron blanquear con beneficios impositivos adicionales por la vía de un crédito del Credit Suisse Internacional con sede en Londres en lo que se conoce en el mundo financiero como operaciones back to back.
Ahora, el magistrado debería enviar exhortos a las Bahamas, los Estados Unidos y Londres para determinar el origen de los fondos que se emplearon en las transacciones; y pedir la ampliación documental ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que trabajó también en la investigación junto a la UIF.
Además, debería requerir información al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargado de reunir información para combatir el lavado de dinero y que hasta ahora mantuvo silencio sobre estas transacciones frente a los requerimientos de la UIF.
Fuentes judiciales anticiparon además a Tiempo Argentino que esta semana podría haber novedades adicionales en la causa que tramita el juez Torres. <