El latrocinio y vaciamiento llamado YPF

La empresa en la trampa: su deuda externa y los testimonios La política económica promovida por Martínez de Hoz a partir del 2 de abril de 1976 marcó el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo del país, creando las condiciones para una economía de especulación que devastó al país. En ese contexto, las empresas públicas se convirtieron en medio fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que aseguró la dependencia. Si en forma global las empresas públicas debieron ajustarse a los esquemas "endemoniados" que definió la planificación económica del gobierno militar, el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales constituye el más tremendo ejemplo de una política que, desde el más alto nivel del Gobierno Nacional, persigue el objetivo concreto de destruir la empresa. El juicio de la deuda, con todas las actuaciones que se incorporaron a la misma, es un testimonio irrecusable de esta acusación contra el equipo conducido por Martínez de Hoz. En este capítulo incluyo distintos fragmentos de las declaraciones comprometidas ante el Juzgado por quienes fueron responsables y testigos de la conducción económica. Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda extema de YPF ascendía a 372 millones de dólares, trepando a 2.930 millones en 1980 y a 4.050 millones en 1981. En 1982, la deuda subió a 4.800 millones, para alcanzar -en la última etapa del "proceso" en 1983- a casi los 6.000 millones de dólares. En siete años, el endeudamiento creció más de 16 veces. Adviértase que se trata de la empresa de mayor facturación del país y es la más importante tributaria del Tesoro Nacional. Los peritos judiciales, en su dictamen al tribunal, sostuvieron (fs. 1836) que "la última autoridad de YPF, anterior a la instalación del gobierno constitucional, ha reconocido -y se expresa, además, en la Memoria de esa empresa del año 1982- que las autoridades económicas y financieras del país, vigentes en el período investigado, decidieron el endeudamiento externo de la misma, sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades financieras en moneda extranjera. Tales divisas fueron volcadas al mercado de cambios para favorecer la política de apertura de la economía... Ello significó, entonces, desviar los fondos externos del presunto destino que motivó la concertación de las operatorias de endeudamiento". Esto lo confirman, prácticamente, todas las autoridades de YPF, como el Ing. Carlos María Benaglia (fs. 3276), ex presidente de la empresa. YPF, como las restantes empresas públicas, era un instrumento de la conducción económica para la obtención de divisas en el mercado internacional de capitales. Las empresas actuaban como simples "prestanombres" en la negociación de los préstamos externos, ya que las divisas ingresadas las retenía siempre el Banco Central. Las empresas recibían solamente "pesos". Al respecto conviene señalar que en estas operaciones el Banco Central no actuaba como un "cambista" pagando con moneda argentina las divisas que compraba a las empresas públicas. La situación era diferente, ya que el Banco Central "utilizaba" a las empresas para la obtención de fondos externos. De todos modos, las operaciones de endeudamiento debían tener una "justificación formal". Y esa justificación la daban tanto las autoridades de YPF, como los máximos niveles del Ministerio de Economía, como Martínez de Hoz y Klein. Sin prejuicio de la maniobra que realizaba el Banco Central con los dólares que obtenía mediante las operaciones concertadas usando a YPF, las autoridades de la empresa han explicado, en sus declaraciones al tribunal, que el endeudamiento de la empresa se originaba en la falta de recursos suficientes para atender los gastos operativos y las inversiones. Todas las autoridades de YPF, a través de la etapa investigada (1976/1983), han admitido como causa de endeudamiento la insuficiencia de los precios percibidos por la empresa y las deudas de otras empresas del Estado y entidades privadas para con YPF. La descapitalización de YPF Naturalmente, la fuente principal de recursos de la empresa son -o deberían serlo- los ingresos provenientes de sus ventas. Pero tales ingresos son "recortados" por las autoridades económicas mediante la apropiación de la mayor parte del precio de venta de los combustibles, como así también obligando a YPF a vender a pérdida petróleo crudo a las refinerías privadas Shell y Esso. YPF no percibe la totalidad del precio de los combustibles. De ese precio, sólo retiene una parte y lo demás lo ingresa al Tesoro Nacional. Esa parte que retiene se denomina, obviamente, "retención". El monto de la retención es un porcentaje que, del precio de los combustibles, fija el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía. Ese porcentaje -que recibe YPF en concepto de "retención"- ha tenido distintas variaciones: al producirse el golpe militar de marzo 1976, la retención para YPF era del 60%; durante el "proceso" bajó al 40%, salvo en la etapa final que subió al 49,60% por gestión del secretario de Energía, Alieto Guadagni, y del presidente de la empresa, Dr. Bustos Fernández. Posteriormente, durante el gobierno de Alfonsín, YPF llegó a percibir como retención solamente el 30% del precio de los combustibles. Con ese "ingreso", la empresa debe atender la totalidad de su costo operativo, además de pagar las "regalías" a las provincias donde se extrae petróleo. Con ese reducido porcentaje, pues, YPF paga a su personal, mantiene toda su estructura de equipos, edificios y organización empresaria. A ello debe agregarse las sumas no percibidas por sus ventas a las restantes empresas públicas. Cuando se presenta ante la opinión pública la imagen de YPF como una empresa deficitaria e ineficiente, para justificar su entrega al capital privado, cabe un interrogante: ¿qué empresa puede subsistir bajo un régimen de verdadera expoliación? No hay empresa que pueda desarrollarse cuando se la despoja de más de la mitad de sus ingresos genuinos. Lógicamente, para cubrir los "déficits" originados en un saqueo oficial, las autoridades económicas endeudaron a YPF mientras intentan disfrazar, con razones de "política económica", la defraudación a YPF. Interrogado por el Juez respecto a esta "política", Martínez de Hoz declaró, como procesado en el juicio de la deuda, manifestando que su política pretendió eliminar la dependencia de las empresas del Estado respecto al Tesoro Nacional, porque el subsidio de éste tenía efecto inflacionario. Sostuvo que YPF fue, en el lapso 1976/1981, una empresa con superávit, señalando que cubría sus costos operativos y atendía hasta el 50% de sus inversiones. El otro 50% necesariamente debía financiarse con crédito para no incidir en el Tesoro. Otra vía pudo haber sido, según declaró, el aumento del precio de los productos de YPF, pero ello hubiera tenido, también, efecto inflacionario. Adviértase la falacia del procesado Martínez de Hoz. Y, también, la falta de un interlocutor en el tribunal. Para compensar la "confiscación" de los recursos genuinos, se obliga a YPF a endeudarse con divisas que tampoco recibe. El Ing. José Antonio Cosentino, con una larga experiencia en YPF, ya que se inició en 1957 en la empresa alcanzando la presidencia de la misma después de cubrir en ella los más importantes cargos, también declaró en el juicio de la deuda (fs. 5081/ 3). En su larga exposición dijo, entre otras cosas, que "en el período anterior a marzo de 1976 la deuda de YPF no alcanzaba los 300 millones de dólares" y que la empresa se vio obligada a renegociar esa deuda "y posteriormente fue determinada u obligada a contraer nuevos préstamos en moneda extranjera... no entregándose a YPF dólares sino pesos. La orden de endeudarse era dada por vía telefónica por funcionarios del Ministerio de Hacienda, generalmente por Juan Alemann". Recuerda que, en una oportunidad, YPF fue obligada a concertar un préstamo por 250 millones de dólares "que la empresa no necesitaba, ni lo había requerido". Y el préstamo fue convertido en pesos "y puesto a plazo fijo bancario". Al término de su declaración judicial, el ex presidente de YPF, Ing. Cosentino, expresó al tribunal "que tenía el convencimiento subjetivo de que de alguna manera la política implementada para YPF, en definitiva, estaba destinada a comprometer su patrimonio, para derivar su actividad a la actividad privada...". Todas las autoridades de la empresa que comparecieron al Juzgado para declarar sobre la deuda y el vaciamiento de YPF declararon que, con las "retenciones" fijadas a la empresa por el Ministerio de Economía, YPF no podía atender su costo operativo y sus inversiones El Ing. Mario Luis Piñeiro, que se desempeñó como titular de YPF, declaró en el Juzgado (fs. 2577) que, al asumir la presidencia del Directorio, la situación económico-financiera era muy mala y que al 31 de diciembre de 1981 el 90% del activo estaba representado por deuda y al 30 de junio (de 1982) todo el activo de la sociedad (YPF) estaba representado por endeudamiento". La deuda había pasado ya los 4.500 millones de dólares; y a principios de 1976, toda la deuda ascendía apenas a 300 millones... Martínez de Hoz y Klein declararon, también en el Juzgado, que YPF tuvo superávits de 1976 a 1981. Ambas cosas, paradójicamente, eran verdad. YPF tenía superávit pero se lo "robaba" la conducción económica. Y el activo se había convertido en deudas porque la empresa había sido fraudulentamente comprometida en su deuda externa. El CPN Alberto Andrés Camaño, ex gerente de Planeamiento Comercial de YPF, produce en el Juzgado una importante información económico-financiera de la empresa (fs. 3356/61). Entre otras cosas declaró, con respecto a las "retenciones", que "el Estado participaba del precio de los combustibles en más de un 50% absorbiendo de esta forma los fondos que legítimamente le correspondían a YPF". "La retención total -decía- no le permitía a YPF cubrir ni siquiera los costos de materia prima puestos en refinería"8. Esta materia prima es el crudo que la empresa entregaba a la refinería privada Shell. Dicho petróleo era extraído por YPF en gran parte y, aprox., un 30% del total de la producción de la empresa era extraído por contratistas a los cuales YPF les pagaba el precio fijado por el Ministerio de Economía. Al respecto, el mencionado gerente de YPF, el CPN Camaño, declaraba que la empresa "recibía una retención total inferior en 17 dólares a sus costos", mientras las refinerías privadas recibían una retención que "superaba en 48 dólares el costo de la materia prima" que abastecía YPF. Es decir: por cada metro cúbico vendido por YPF a las refinerías privadas, aquella perdía 17 dólares, mientras que, por el mismo metro cúbico, las refinerías privadas ganaban 48 dólares. El declarante manifiesta, también, que las únicas posibilidades de la empresa en el contexto de la política fijada por el Ministerio de Economía, en el gobierno de entonces, era admitir su endeudamiento externo. Recuerda que, durante los años 1981 y 1982 la empresa requirió a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía la capitalización de la deuda externa mediante una conversión indirecta de la deuda en moneda extranjera a moneda local, lo que no tuvo respuesta. "Asimismo solicitó -dice- que se permitiera contratar seguros de cambio, lo que fue denegado". Es importante recordar que, durante la gestión de Cavallo en el Banco Central, se inició la estatización de la deuda externa mediante dichos seguros de cambio. Las empresas privadas pudieron, así, transferirle al Estado su propia deuda; y esto le fue negado a YPF. En su declaración judicial, el Gral. Luis Horacio Pagliere, que fuera director de YPF en representación del Ejército, afirma respecto al extraordinario incremento de la deuda externa de la empresa que "esa situación deriva fundamentalmente de que el costo para YPF del metro cúbico de crudo es de aproximadamente 130/140 dólares y la retención reconocida por el Ministerio de Economía es de solamente 76.8 dólares, lo cual significa un déficit operativo anual de 1.800 millones de dólares. "La brecha entre el costo del metro cúbico de crudo y el reintegro autorizado por el Ministerio de Economía implica, para el Estado, subsidiar con 150 dólares cada metro cúbico importado por las empresas privadas y con 60 dólares, por parte de YPF por igual cantidad de crudo de su producción que vende a aquellas" (fs. 3141 vta.). Esto, según el Gral. Pagliere, fue informado por él al Ejército, pero no señaló - en su declaración al Juzgado- qué resolución adoptó dicha fuerza frente a la magnitud de la maniobra destinada a la descapitalización y quiebra de YPF. A su vez, el ex secretario de Energía, Ing. Alieto A. Guadagni, en su declaración judicial (fs. 3166/8) afirma que el sistema de "precios energéticos era inconveniente para la economía nacional y descapitalizaba a YPF". El Ing. Guadagni obtuvo -en la última etapa del gobierno del "proceso"- un incremento en las retenciones que favoreció a YPF.Posteriormente, en la gestión de Alfonsín, la autoridad económica volvió a la anterior política de descapitalización de la empresa. En su declaración refiere el Ing. Guadagni que durante sus funciones como secretario de Energía el Banco Mundial abrió una línea de crédito al Banco Nacional de Desarrollo por 100 millones de dólares con destino al sector energético. El BANADE le informó por escrito "que las empresas petroleras no exhibían una situación de explotación que permitiera se les otorgara un crédito". Sin embargo, la misma autoridad de la cual dependía el BANADE -Ministerio de Economía y Banco Central- endeudaba a YPF con los bancos privados del exterior. En su declaración judicial sobre la deuda de YPF, el ex secretario de Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein, sostuvo la misma posición de Martínez de Hoz. Admitió que en el seno del gobierno de entonces se plantearon posiciones distintas respecto a los precios y retenciones de YPF, pero eso "reflejaba puntos de vista sectoriales" (fs. 3151 y sgts.). Señaló que los precios de los productos de YPF "estaban en un nivel razonable". "Lo que puede cuestionarse es si el Tesoro debió haber recibido menos e YPF recibido más. Pero ésta es una cuestión formal, porque YPF es sencillamente una subdivisión del Estado". Si esto es así, ¿por qué no se resolvió el tema de YPF en beneficio del mismo Estado? Klein ratificó la política de Martínez de Hoz en el sentido de que el gobierno del "proceso" había establecido que las empresas del Estado "no recibieran aportes del Tesoro para hacer frente a sus inversiones". Pues bien, si no recibían aportes del Tesoro, ni se sustituía el crédito en moneda extranjera por créditos en moneda local, ni se le daba a YPF seguros de cambio ¿cuál era el horizonte de la empresa? Recurrir al acreedor externo y mantener la dependencia financiera; tal es la única respuesta. Seguía diciendo Klein que se "llegó a la conclusión de que YPF no había logrado fundamentar adecuadamente su petición, en parte porque carecía de un sistema de costos", agregando "que a su juicio YPF no perdía". Contrariando lo expresado por Klein, el ex presidente de YPF, Dr. Bustos Fernández, sostuvo en su declaración judicial que la empresa tenía "un sistema de costos, habiéndolo manifestado públicamente en muchas oportunidades, que dicho sistema de costos estaba controlado por la Sindicatura General de Empresas Públicas, estando el dicente convencido de que es un correcto sistema de costos" (fs. 3169 vta.). El Gral. Reyes, ex presidente también de YPF, reconoce la existencia de un costo operacional. El ex gerente Camaño confirma, también, la existencia de un sistema de costos, declarando (fs. 3361) que la empresa "disponía y dispone de sus costos de producción a través de su contabilidad y de las cuentas de ejecución presupuestaria". Llega a la conclusión de "que era factible decir si las tarifas eran suficientes o no; mejor dicho, si las retenciones eran suficientes o no". Evidentemente la falacia argumental de Klein y Martínez de Hoz apuntaba a "justificar" ante el tribunal la fijación de retenciones ruinosas para YPF, que la endeudaban y la descapitalizaban. La realidad de los costos era conocida por las máximas autoridades del Ministerio de Economía, lo que demuestra el carácter doloso de la política instrumentada en perjuicio de YPF; más claro aún: deliberadamente en perjuicio de YPF. El Ing. Brunella, que también ejerció la Presidencia de YPF, declara ante el tribunal (fs. 3156) que "el precio de los combustibles se fijaba en reuniones con participación del delegado de la empresa, del delegado de la Dirección Nacional de Combustibles y delegados o funcionarios del Ministerio de Economía, pero era este Ministerio el que fijaba, en definitiva, los precios". Era obvio que, en tales reuniones se analizaban los costos de YPF; no obstante, el Ministerio de Economía fijaba retenciones para YPF a pérdida. El Dr. Silenzi de Stagni, un profundo conocedor del problema petrolero y de la situación de YPF, dio al Juzgado una información técnica, económica y financiera de indiscutible valor, fustigando, como es lógico, la conducta delictiva de quienes manejaron desde lo político los destinos de YPF. En una de sus declaraciones decía Silenzi de Stagni al magistrado interviniente (fs. 245 vta.) que "provocar un déficit en YPF es causar un grave daño a la economía nacional, por cuanto esta empresa es la principal palanca de capitalización interna que tiene el país". A YPF, señalaba, se le han restado recursos o incrementado egresos injustificados que dan por resultado una pérdida a YPF de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Esta verdadera defraudación, sumada a la deuda externa, configura para los responsables de a conducción económica durante el gobierno del "proceso" una conducta que justifica su juzgamiento en el fuero penal y, más allá del marco jurisdiccional, la sanción política que debe recoger la historia. Cuando el Ing. Piñeiro asumió como presidente de YPF en enero de 1982, percibió que el deterioro de la empresa era total. "Estima que tal deterioro no era una cosa sofisticada, que sólo podía ser determinado luego de una exhaustiva y minuciosa investigación, sino que entiende que un análisis de los estados contables y financieros, a simple vista, de la empresa, podía concluir que el deterioro era patente en el año 1980, notorio durante el año 1981, y total durante el tiempo de su gestión (1982)". Los precios eran fijados por la Dirección de Combustibles, dependencia oficial del Ministerio de Economía. "YPF no podía hacer nada -declara el Ing. Piñeiro- sino que el único recurso que le quedaba era protestar" (fs. 224819). Por imperio de las leyes 17.329 y 17.597, el Gobierno no podía fijar precios de venta de petróleo crudo, ni retenciones para YPF que fueran inferiores a los costos, "incluyendo una utilidad razonable". Esto fue flagrantemente violado por las autoridades económicas, tanto durante el régimen militar del "proceso" como durante el gobierno constitucional de Alfonsín. YPF sirvió como empresa recaudadora de recursos; era lo que tomaba el Estado despojando a YPF de recursos genuinos indispensables para el desarrollo del negocio nacional del petróleo. Tal deterioro de YPF, por acción de una "política" empeñada en exhibir la incapacidad del Estado, y la necesidad de privatizar sus empresas, sirve a los planes y objetivos de quienes trabajan para evitar un destino independiente del país. No hay tal incapacidad del Estado, sino delincuentes en la función pública al servicio de proyectos ajenos al interés de la Nación. LA MAYOR ESTAFA AL PUEBLO ARGENTINO (9 partes) 1) https://www.youtube.com/watch?v=k_Hk9JQh2p8 2) https://www.youtube.com/watch?v=XO3uTJHQzSc 3) https://www.youtube.com/watch?v=31A1LkEzv4k 4) https://www.youtube.com/watch?v=jZ3wNxI-4Ns 5) https://www.youtube.com/watch?v=M5jZnUnnY7Y 6) https://www.youtube.com/watch?v=0vQ4GHvmEm0 7) https://www.youtube.com/watch?v=csIQhzoGTfI 8) https://www.youtube.com/watch?v=s8YjwJqCpkA 9) https://www.youtube.com/watch?v=oc0dQ915yHk FUENTE: LA DEUDA EXTERNA de Alejandro Olmos SI TE GUSTÓ, RECOMENDALO LOS INVITO A PASAR POR MIS POSTS ANTERIORES, GRACIAS A TODOS POR PASAR POR ESTE! http://www.taringa.net/alientina/postslink: https://www.youtube.com/watch?v=kd4Bzs84KYI