La Justicia parece haberse sacudido al fin la modorra, pero ¿alcanza con este frenesí investigativo para terminar con las prácticas venales de funcionarios del Estado? La experiencia italiana indicaría que no
Antonio Di Pietro, el fiscal que encabezó una megainvestigación sobre la corrupción en Italia
"No es que no sirva un ' mani pulite' o algún proceso equivalente a lo que pasó en Italia, o algo como lo que está sucediendo ahora en Brasil, sino que presenta varias limitaciones", responde Natalia Volosin, abogada y especialista en criminalidad económica.
Sus objeciones son esencialmente dos: primero, que esta oleada de investigaciones se da por impulso de agentes que, en buena medida, fueron parte del sistema que deben investigar y, segundo, que por este mecanismo se llega tarde, cuando el daño ya está hecho.
"En Argentina se abren ahora investigaciones en el marco de un sistema judicial que es parte del problema –dice Natalia Volosin-. Son los mismos jueces y fiscales que no actuaron antes, que tienen graves problemas de encubrimiento y complicidad. El proceso se recuesta por lo tanto en un sistema que fue funcional a las prácticas que ahora se investigan. Muchos de estos son los jueces de las servilletas y de los sobres".
Pero, ¿qué pasaría si hubiera, como en Italia, un grupo de fiscales y jueces sin pasado oscuro y absolutamente decididos a "investigar hasta las últimas consecuencias", como suelen repetir aquí nuestros políticos seguramente convencidos de que eso nunca sucederá?
"Aun si el sistema penal fuera honesto y eficiente, tiene que lidiar con un código de procedimientos obsoleto –responde Volosin-. Un proceso por corrupción en Argentina insume un promedio de 11 años. Pasa una década antes de que se cierre una instrucción y la causa se eleve a juicio".
"Pero además –agrega- este sistema penal no sirve como barrera a la corrupción porque se activa una vez ocurridos los hechos. Es como el tema de la inseguridad: siempre se llega tarde, cuando los hechos ya tuvieron lugar, y con ellos, los daños. El caso más emblemático es la tragedia ferroviaria de Once que se produjo a pesar de las miles de alertas que hubo. Y fijémonos que ahí el sistema penal funcionó bastante bien: en 4 años –poco para lo que suelen ser nuestros procesos- hubo juicio y condenas. Pero para los familiares de los muertos eso es un consuelo muy relativo".
La tragedia de Once puso en evidencia los efectos nocivos de la corrupción de un modo impactante
El accidente de la estación de Once, además, fue un hecho espectacular, impactante. Pero existen muchos otros daños que causa la venalidad de los funcionarios que son menos visibles, más difíciles de medir.
"Claro –dice Volosin-, pensemos en el vaciamiento del Pami, el plan Qunita o los planes de vivienda, como Sueños Compartidos. La corrupción estructural es selectiva, daña a los grupos más vulnerables: niños, mujeres, ancianos. A los presos: miremos lo que pasa en el sistema penitenciario donde los agentes se quedan con los recursos destinados a la manutención de los internos, cuando no se roban directamente la comida".
Corrupción a la italiana
Hace tiempo que en Argentina muchos sueñan o incluso anuncian el advenimiento de un " mani pulite" (en italiano, "Manos limpias", como se bautizó a esa gigantesca pesquisa judicial de principios de los 90, que pasó a la historia como sinónimo de operación anti-corrupción).
Antonio de Pietro, el ‘superjuez’ que llevó adelante el histórico caso contra viento y marea.
Recientemente, el canal Europa Europa emitió una espectacular miniserie sobre ese proceso, feliz coincidencia con el estallido entre nosotros de un brote investigativo que, según cómo evolucione, podría tal vez equiparársele.
Pero, ¿qué aprendizaje puede haber para nuestro país en la que tal vez haya sido la mayor investigación jamás hecha sobre la corrupción político empresarial?
El “ mani pulite” italiano no sólo sentó en el banquillo –condenó y llevó a prisión- a cientos de funcionarios, dirigentes políticos y empresarios, sino que hizo estallar un sistema de partidos que se repartían los “beneficios” de ese esquema organizado de convivencia entre política y negociados. Fue el mayor cataclismo vivido en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y la hecatombe llegó hasta la máxima autoridad de Gobierno, el premier socialista Bettino Craxi, quien eludió la prisión refugiándose en Túnez, donde falleció en el año 2000 sin haber podido regresar a su país.
Ahora bien, pocos años después, los escándalos de corrupción volvían a estallar, revelando que el sistema sólo había sido sustituido por otro. Como lo había explicado Gianni Barbacetto, coautor de Mani Pulite (2002, Ed. Riuniti), si antes “los políticos pedían coima para financiar la política” ahora, “ya no es la política la que manda sobre los negociados, sino éstos los que determinan la política; y se hace política para hacer negocios“
Di Pietro y su pool de fiscales. Milán, 1992
Podríamos decir que en Argentina coexisten ambos sistemas. El “ mani pulite” estalló en un momento en el que en Italia no era posible obtener un contrato publico sin pagar una “tangente”, como se llama a la coima o retorno en el idioma del Dante. Nada que no nos sea conocido. Otra práctica italiana de aquellos tiempos familiar entre nosotros era “la cartelización de la obra pública”, es decir, cuando un grupo de empresas se pone de acuerdo: esta licitación la gana una, la próxima la otra, etcétera…
Alguna vez los K y Clarin fueron grandes "amigos"
“El fiscal Antonio Di Pietro logró desmontar ese sistema –contó Barbacetto-. En dos o tres años, junto con un pool de jueces, logró llevar a juicio todo ese sistema”.
Pero años después, la corrupción, que había sido derrotada, se reorganizó: “Desde 1994, con Silvio Berlusconi, se ha reorganizado en otro sistema, con otros puntos de referencia –explicaba Barbacetto-. Ya no están más los ‘cajeros’ centrales de los partidos que iban a recaudar las coimas entre los concesionarios de las obras públicas. Ahora es más flexible, menos identificable, a veces no se sabe a quién pagar, entonces los empresarios tienen que ir a buscar qué político puede ser susceptible de soborno”.
Berlusconi surgió como “solución” pero era parte del problema. En la foto, con Bettino Craxi, a comienzos de los 90
Lo llamativo es que Berlusconi emergió precisamente como alternativa política frente la crisis en la que la investigación que comandaba Di Pietro sumió a los partidos tradicionales. “La gente lo creía el hombre nuevo, limpio, no corrupto, pero las investigaciones demostraron que él era muy amigo de Bettino Craxi y parte de aquel sistema. La justicia reveló actos de corrupción de los que él había participado, no como político, sino como empresario”, explica Barbacetto.
Es otro peligro que acecha a la Argentina . Cambiar para que nada cambie. Por eso cabe preguntarse qué fue lo que hizo posible, luego de la espectacularidad de las condenas en el marco del “ mani pulite”, este regreso de la corrupción.
Para la especialista Natalia Volosin, la clave para la prevención de la corrupción está en el sistema de compras y contrataciones públicas
Para Natalia Volosin, lo mismo puede suceder aquí: “(El Juez Claudio) Bonadío no va a resolver el problema del sistema de compras, contrataciones y obra pública de nuestro país. Eso no lo cambia el juez. Hay que cambiar el sistema. Porque la corrupción no es la causa, sino el síntoma de problemas institucionales que generan oportunidades de corrupción, como los escasos controles. El “ mani pulite” metió presos a muchísimos parlamentarios y a empresarios, pero no cambió el sistema. Entonces vino Berlusconi, que aprovechó los mismos agujeros que aprovecharon los que pasaron antes”.
“Meter presa a Cristina ‘paga’ más, que modificar por ejemplo nuestra ley de ética pública que es horrible”, ejemplifica.
¿Hemos naturalizado los argentinos prácticas corruptas como el nepotismo o el conflicto de intereses? Volosin cree que sí. En parte se debe a que la ley lo permite o, mejor dicho, no lo prohíbe expresamente.
Y es evidente que los umbrales éticos están muy bajos, porque algunas cosas son claramente contrarias a la ética aunque no haya una ley que las prohíba taxativamente.
Por ejemplo, en diciembre de 2007, la entonces flamante presidente Cristina Kirchner estrenó su mandato fundando, junto con su marido y su hijo, una consultora financiera llamada El Chapel. La firma no llegó a actuar y fue disuelta en marzo de 2010, por recomendación de la Oficina Anticorrupción. “Aquí no pasó nada”, podría decirse. Pero el solo hecho de que un primer mandatario en ejercicio no se dé cuenta por sí mismo de que es incompatible con su cargo crear una firma –para colmo, una consultora- o ser accionista de una firma creada por su hijo –Máximo Kirchner figuraba como director de El Chapel- es algo francamente asombroso. Sin embargo, el hecho no generó prácticamente ninguna reacción en la opinión pública. Pero era algo tan alevoso, que la Oficina Anticorrupción no pudo dejarlo pasar y en su advertencia se basó incluso en la Ley de Ética Pública, que señala que los funcionarios deben “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales”, algo que evidentemente podía suceder si El Chapel empezaba a desarrollar sus actividades de consultoría.
Una muestra de que el ejemplo italiano debería encender luces de alerta entre nosotros, son las escasas barreras a la colusión de intereses entre lo público y lo privado. “(El ministro de Energía, Juan José) Aranguren es accionista de la empresa que tiene que controlar y desde el gobierno dicen que no hay conflicto de interés –dice por ejemplo Natalia Volosin-. Sostienen que la ley no lo prohíbe. Tal vez. Es horrible nuestra ley de ética pública, como dije. Esto es como la obra pública entregada a los amigos; la ley tampoco lo prohíbe expresamente. Pero tenemos que tener en cuenta que con un buen sistema de conflictos de interés no hubiera existido un Lázaro Báez. Si sos amigo de los funcionarios no te pueden dar los contratos. Si no hay un sistema de prevención el mani pulite no va a resolver el problema”.
“Con los K se produce la cleptocracia”
“El sistema es así de precario desde hace décadas -aclara sin embargo esta especialista en criminalidad económica, control de la corrupción y compras públicas-. Fue así en tiempos de la Patria contratista. Fue así en tiempos de las privatizaciones, cuando el retorno era a cambio de la concesión de un servicio. Ahora bien, el sistema de corrupción, hasta 2004, 2005, era una captación del Estado. Los privados accedían a grandes contratos del Estado a cambio de un retorno pagado a un funcionario. Con los K, se produce lo opuesto a la captura del Estado por los privados: la cleptocracia. Yo me hago tanto del poder político como del económico. Quiero el negocio para mí. Así gracias al poder político se hicieron del poder económico, que les dio caja para tener más poder político aún, para bancar campañas, para el clientelismo, para comprar gobernadores”.
Ante las denuncias de corrupción, Berlusconi reaccionó tratando de cambiar las leyes (Barbacetto)
Evidentemente, un buen conjunto de leyes es una barrera. “Ante el estallido de nuevos escándalos, Berlusconi reaccionó tratando de cambiar las leyes –contó Gianni Barbacetto-. Ha promovido toda una serie de leyes a su medida. Por ejemplo, hizo reformar el falso in bilancio [fraude contable o contabilidad ilegal] lo que lo ha salvado de 3 ó 4 juicios”.
Iniciativa que recuerda a algunas de las reformas que impulsó Cristina Kirchner, como la que limitaba la responsabilidad de los funcionarios o la que modificaba los requisitos de las declaraciones juradas.
En opinión de Volosin, en materia de política anticorrupción, antes que los bienes de los funcionarios en fideicomisos ciegos o una ley de “arrepentido”, lo que se debe reformar es el modo en que el Estado adquiere y contrata, porque “la corrupción en las compras públicas no depende de la buena fe de los funcionarios sino de los déficits estructurales del precario régimen vigente”.
El sistema de adquisiciones, es decir, el mecanismo por el cual la administración pública ejecuta el presupuesto proveyendo a la comunidad de servicios, bienes y obras es uno de los aspectos cruciales, además por su importancia en términos de demanda agregada con impacto en la economía, sobre todo cuando el Estado, como pasa en Argentina , es un gran comprador. “Transparencia Internacional estima que los costos de la corrupción en las compras públicas alcanzan entre 20 y 25% del valor del contrato, llegando en ocasiones al 40 y 50 por ciento”, dice Volosin.
Pensemos que la muy mentada causa Hotesur, se inscribe en esta práctica: la contratación de habitaciones por parte de una empresa pública –Aerolíneas Argentinas- a un hotel propiedad de la mismísima presidente de la Nación.
“En Argentina no tenemos una ley de compras dictada por el Poder Legislativo -advierte Volosin-. Nos rige un decreto de Fernando De la Rúa de 2001 en el marco de los denominados ‘superpoderes’. En toda América Latina, sólo Argentina , Perú y Venezuela regulan sus adquisiciones con normas dictadas por el Poder Ejecutivo”.
Otras limitaciones de la norma que señala esta especialista es que su ámbito de aplicación sólo abarca bienes y servicios: “La obra pública, crucial para la corrupción, es regulada por una ley distinta que data de 1947; el sistema además no se aplica a empresas y sociedades del Estado, como Aerolíneas Argentinas, YPF, y otras, ni a determinadas organizaciones estatales no empresariales -universidades, bancos oficiales, INTA, INTI, etc.- ni a los fondos fiduciarios; se excluyen también los contratos de empleo público, las compras por caja chica o los contratos con Estados extranjeros; pensemos en la importación de gas de Venezuela”.
Volosin enumera otras debilidades, como el hecho de que un decreto reglamentario de 2012 le permite al Ejecutivo establecer condiciones distintas a las fijadas en la norma para determinados procedimientos, como la licitación privada o la contratación directa en situaciones no justificadas, con la excusa –en la era de la informática- de que las licitaciones públicas son trámites lentos y engorrosos.
“El sistema electrónico informativo de compras sigue siendo tan precario como cuando se creó en el año 2002 y apenas publica algunos planes anuales de contratación y unos pocos pliegos”, escribió Volosin en un artículo sobre el tema.
En lo que hace al ya mencionado tema de conflicto de intereses, ninguna norma inhabilita para contratar con el Estado, por ejemplo, a ex funcionarios y empleados públicos, ni a sus familiares y amigos cercanos, situación de la que sobran ejemplos que afectan tanto a funcionarios del gobierno anterior como del actual.
Volosin señala también el hecho de que si alguien quiere impugnar una licitación , debe abonar aranceles, por lo que muchos oferentes no recurren las decisiones por no disponer de fondos para pagar esa garantía. “Esto es trágico –dice- pues el control que se produce entre los propios participantes suele ser el más eficaz para prevenir hechos de corrupción”,
La experiencia italiana debe servir para comprender que no basta con enjuiciar la conducta de los funcionarios del gobierno anterior si no se modifica el estado de cosas que la hizo posible.
Si la normativa antes mencionada no es modificada, ningún “ Mani Pulite” hará escarmentar a los políticos. El caso italiano así lo demuestra.
Antonio Di Pietro, el fiscal que encabezó una megainvestigación sobre la corrupción en Italia
"No es que no sirva un ' mani pulite' o algún proceso equivalente a lo que pasó en Italia, o algo como lo que está sucediendo ahora en Brasil, sino que presenta varias limitaciones", responde Natalia Volosin, abogada y especialista en criminalidad económica.
Sus objeciones son esencialmente dos: primero, que esta oleada de investigaciones se da por impulso de agentes que, en buena medida, fueron parte del sistema que deben investigar y, segundo, que por este mecanismo se llega tarde, cuando el daño ya está hecho.
"En Argentina se abren ahora investigaciones en el marco de un sistema judicial que es parte del problema –dice Natalia Volosin-. Son los mismos jueces y fiscales que no actuaron antes, que tienen graves problemas de encubrimiento y complicidad. El proceso se recuesta por lo tanto en un sistema que fue funcional a las prácticas que ahora se investigan. Muchos de estos son los jueces de las servilletas y de los sobres".
Pero, ¿qué pasaría si hubiera, como en Italia, un grupo de fiscales y jueces sin pasado oscuro y absolutamente decididos a "investigar hasta las últimas consecuencias", como suelen repetir aquí nuestros políticos seguramente convencidos de que eso nunca sucederá?
"Aun si el sistema penal fuera honesto y eficiente, tiene que lidiar con un código de procedimientos obsoleto –responde Volosin-. Un proceso por corrupción en Argentina insume un promedio de 11 años. Pasa una década antes de que se cierre una instrucción y la causa se eleve a juicio".
"Pero además –agrega- este sistema penal no sirve como barrera a la corrupción porque se activa una vez ocurridos los hechos. Es como el tema de la inseguridad: siempre se llega tarde, cuando los hechos ya tuvieron lugar, y con ellos, los daños. El caso más emblemático es la tragedia ferroviaria de Once que se produjo a pesar de las miles de alertas que hubo. Y fijémonos que ahí el sistema penal funcionó bastante bien: en 4 años –poco para lo que suelen ser nuestros procesos- hubo juicio y condenas. Pero para los familiares de los muertos eso es un consuelo muy relativo".
La tragedia de Once puso en evidencia los efectos nocivos de la corrupción de un modo impactante
El accidente de la estación de Once, además, fue un hecho espectacular, impactante. Pero existen muchos otros daños que causa la venalidad de los funcionarios que son menos visibles, más difíciles de medir.
"Claro –dice Volosin-, pensemos en el vaciamiento del Pami, el plan Qunita o los planes de vivienda, como Sueños Compartidos. La corrupción estructural es selectiva, daña a los grupos más vulnerables: niños, mujeres, ancianos. A los presos: miremos lo que pasa en el sistema penitenciario donde los agentes se quedan con los recursos destinados a la manutención de los internos, cuando no se roban directamente la comida".
Corrupción a la italiana
Hace tiempo que en Argentina muchos sueñan o incluso anuncian el advenimiento de un " mani pulite" (en italiano, "Manos limpias", como se bautizó a esa gigantesca pesquisa judicial de principios de los 90, que pasó a la historia como sinónimo de operación anti-corrupción).
Antonio de Pietro, el ‘superjuez’ que llevó adelante el histórico caso contra viento y marea.
Recientemente, el canal Europa Europa emitió una espectacular miniserie sobre ese proceso, feliz coincidencia con el estallido entre nosotros de un brote investigativo que, según cómo evolucione, podría tal vez equiparársele.
Pero, ¿qué aprendizaje puede haber para nuestro país en la que tal vez haya sido la mayor investigación jamás hecha sobre la corrupción político empresarial?
El “ mani pulite” italiano no sólo sentó en el banquillo –condenó y llevó a prisión- a cientos de funcionarios, dirigentes políticos y empresarios, sino que hizo estallar un sistema de partidos que se repartían los “beneficios” de ese esquema organizado de convivencia entre política y negociados. Fue el mayor cataclismo vivido en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y la hecatombe llegó hasta la máxima autoridad de Gobierno, el premier socialista Bettino Craxi, quien eludió la prisión refugiándose en Túnez, donde falleció en el año 2000 sin haber podido regresar a su país.
Ahora bien, pocos años después, los escándalos de corrupción volvían a estallar, revelando que el sistema sólo había sido sustituido por otro. Como lo había explicado Gianni Barbacetto, coautor de Mani Pulite (2002, Ed. Riuniti), si antes “los políticos pedían coima para financiar la política” ahora, “ya no es la política la que manda sobre los negociados, sino éstos los que determinan la política; y se hace política para hacer negocios“
Di Pietro y su pool de fiscales. Milán, 1992
Podríamos decir que en Argentina coexisten ambos sistemas. El “ mani pulite” estalló en un momento en el que en Italia no era posible obtener un contrato publico sin pagar una “tangente”, como se llama a la coima o retorno en el idioma del Dante. Nada que no nos sea conocido. Otra práctica italiana de aquellos tiempos familiar entre nosotros era “la cartelización de la obra pública”, es decir, cuando un grupo de empresas se pone de acuerdo: esta licitación la gana una, la próxima la otra, etcétera…
Alguna vez los K y Clarin fueron grandes "amigos"
“El fiscal Antonio Di Pietro logró desmontar ese sistema –contó Barbacetto-. En dos o tres años, junto con un pool de jueces, logró llevar a juicio todo ese sistema”.
Pero años después, la corrupción, que había sido derrotada, se reorganizó: “Desde 1994, con Silvio Berlusconi, se ha reorganizado en otro sistema, con otros puntos de referencia –explicaba Barbacetto-. Ya no están más los ‘cajeros’ centrales de los partidos que iban a recaudar las coimas entre los concesionarios de las obras públicas. Ahora es más flexible, menos identificable, a veces no se sabe a quién pagar, entonces los empresarios tienen que ir a buscar qué político puede ser susceptible de soborno”.
Berlusconi surgió como “solución” pero era parte del problema. En la foto, con Bettino Craxi, a comienzos de los 90
Lo llamativo es que Berlusconi emergió precisamente como alternativa política frente la crisis en la que la investigación que comandaba Di Pietro sumió a los partidos tradicionales. “La gente lo creía el hombre nuevo, limpio, no corrupto, pero las investigaciones demostraron que él era muy amigo de Bettino Craxi y parte de aquel sistema. La justicia reveló actos de corrupción de los que él había participado, no como político, sino como empresario”, explica Barbacetto.
Es otro peligro que acecha a la Argentina . Cambiar para que nada cambie. Por eso cabe preguntarse qué fue lo que hizo posible, luego de la espectacularidad de las condenas en el marco del “ mani pulite”, este regreso de la corrupción.
Para la especialista Natalia Volosin, la clave para la prevención de la corrupción está en el sistema de compras y contrataciones públicas
Para Natalia Volosin, lo mismo puede suceder aquí: “(El Juez Claudio) Bonadío no va a resolver el problema del sistema de compras, contrataciones y obra pública de nuestro país. Eso no lo cambia el juez. Hay que cambiar el sistema. Porque la corrupción no es la causa, sino el síntoma de problemas institucionales que generan oportunidades de corrupción, como los escasos controles. El “ mani pulite” metió presos a muchísimos parlamentarios y a empresarios, pero no cambió el sistema. Entonces vino Berlusconi, que aprovechó los mismos agujeros que aprovecharon los que pasaron antes”.
“Meter presa a Cristina ‘paga’ más, que modificar por ejemplo nuestra ley de ética pública que es horrible”, ejemplifica.
¿Hemos naturalizado los argentinos prácticas corruptas como el nepotismo o el conflicto de intereses? Volosin cree que sí. En parte se debe a que la ley lo permite o, mejor dicho, no lo prohíbe expresamente.
Y es evidente que los umbrales éticos están muy bajos, porque algunas cosas son claramente contrarias a la ética aunque no haya una ley que las prohíba taxativamente.
Por ejemplo, en diciembre de 2007, la entonces flamante presidente Cristina Kirchner estrenó su mandato fundando, junto con su marido y su hijo, una consultora financiera llamada El Chapel. La firma no llegó a actuar y fue disuelta en marzo de 2010, por recomendación de la Oficina Anticorrupción. “Aquí no pasó nada”, podría decirse. Pero el solo hecho de que un primer mandatario en ejercicio no se dé cuenta por sí mismo de que es incompatible con su cargo crear una firma –para colmo, una consultora- o ser accionista de una firma creada por su hijo –Máximo Kirchner figuraba como director de El Chapel- es algo francamente asombroso. Sin embargo, el hecho no generó prácticamente ninguna reacción en la opinión pública. Pero era algo tan alevoso, que la Oficina Anticorrupción no pudo dejarlo pasar y en su advertencia se basó incluso en la Ley de Ética Pública, que señala que los funcionarios deben “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales”, algo que evidentemente podía suceder si El Chapel empezaba a desarrollar sus actividades de consultoría.
Una muestra de que el ejemplo italiano debería encender luces de alerta entre nosotros, son las escasas barreras a la colusión de intereses entre lo público y lo privado. “(El ministro de Energía, Juan José) Aranguren es accionista de la empresa que tiene que controlar y desde el gobierno dicen que no hay conflicto de interés –dice por ejemplo Natalia Volosin-. Sostienen que la ley no lo prohíbe. Tal vez. Es horrible nuestra ley de ética pública, como dije. Esto es como la obra pública entregada a los amigos; la ley tampoco lo prohíbe expresamente. Pero tenemos que tener en cuenta que con un buen sistema de conflictos de interés no hubiera existido un Lázaro Báez. Si sos amigo de los funcionarios no te pueden dar los contratos. Si no hay un sistema de prevención el mani pulite no va a resolver el problema”.
“Con los K se produce la cleptocracia”
“El sistema es así de precario desde hace décadas -aclara sin embargo esta especialista en criminalidad económica, control de la corrupción y compras públicas-. Fue así en tiempos de la Patria contratista. Fue así en tiempos de las privatizaciones, cuando el retorno era a cambio de la concesión de un servicio. Ahora bien, el sistema de corrupción, hasta 2004, 2005, era una captación del Estado. Los privados accedían a grandes contratos del Estado a cambio de un retorno pagado a un funcionario. Con los K, se produce lo opuesto a la captura del Estado por los privados: la cleptocracia. Yo me hago tanto del poder político como del económico. Quiero el negocio para mí. Así gracias al poder político se hicieron del poder económico, que les dio caja para tener más poder político aún, para bancar campañas, para el clientelismo, para comprar gobernadores”.
Ante las denuncias de corrupción, Berlusconi reaccionó tratando de cambiar las leyes (Barbacetto)
Evidentemente, un buen conjunto de leyes es una barrera. “Ante el estallido de nuevos escándalos, Berlusconi reaccionó tratando de cambiar las leyes –contó Gianni Barbacetto-. Ha promovido toda una serie de leyes a su medida. Por ejemplo, hizo reformar el falso in bilancio [fraude contable o contabilidad ilegal] lo que lo ha salvado de 3 ó 4 juicios”.
Iniciativa que recuerda a algunas de las reformas que impulsó Cristina Kirchner, como la que limitaba la responsabilidad de los funcionarios o la que modificaba los requisitos de las declaraciones juradas.
En opinión de Volosin, en materia de política anticorrupción, antes que los bienes de los funcionarios en fideicomisos ciegos o una ley de “arrepentido”, lo que se debe reformar es el modo en que el Estado adquiere y contrata, porque “la corrupción en las compras públicas no depende de la buena fe de los funcionarios sino de los déficits estructurales del precario régimen vigente”.
El sistema de adquisiciones, es decir, el mecanismo por el cual la administración pública ejecuta el presupuesto proveyendo a la comunidad de servicios, bienes y obras es uno de los aspectos cruciales, además por su importancia en términos de demanda agregada con impacto en la economía, sobre todo cuando el Estado, como pasa en Argentina , es un gran comprador. “Transparencia Internacional estima que los costos de la corrupción en las compras públicas alcanzan entre 20 y 25% del valor del contrato, llegando en ocasiones al 40 y 50 por ciento”, dice Volosin.
Pensemos que la muy mentada causa Hotesur, se inscribe en esta práctica: la contratación de habitaciones por parte de una empresa pública –Aerolíneas Argentinas- a un hotel propiedad de la mismísima presidente de la Nación.
“En Argentina no tenemos una ley de compras dictada por el Poder Legislativo -advierte Volosin-. Nos rige un decreto de Fernando De la Rúa de 2001 en el marco de los denominados ‘superpoderes’. En toda América Latina, sólo Argentina , Perú y Venezuela regulan sus adquisiciones con normas dictadas por el Poder Ejecutivo”.
Otras limitaciones de la norma que señala esta especialista es que su ámbito de aplicación sólo abarca bienes y servicios: “La obra pública, crucial para la corrupción, es regulada por una ley distinta que data de 1947; el sistema además no se aplica a empresas y sociedades del Estado, como Aerolíneas Argentinas, YPF, y otras, ni a determinadas organizaciones estatales no empresariales -universidades, bancos oficiales, INTA, INTI, etc.- ni a los fondos fiduciarios; se excluyen también los contratos de empleo público, las compras por caja chica o los contratos con Estados extranjeros; pensemos en la importación de gas de Venezuela”.
Volosin enumera otras debilidades, como el hecho de que un decreto reglamentario de 2012 le permite al Ejecutivo establecer condiciones distintas a las fijadas en la norma para determinados procedimientos, como la licitación privada o la contratación directa en situaciones no justificadas, con la excusa –en la era de la informática- de que las licitaciones públicas son trámites lentos y engorrosos.
“El sistema electrónico informativo de compras sigue siendo tan precario como cuando se creó en el año 2002 y apenas publica algunos planes anuales de contratación y unos pocos pliegos”, escribió Volosin en un artículo sobre el tema.
En lo que hace al ya mencionado tema de conflicto de intereses, ninguna norma inhabilita para contratar con el Estado, por ejemplo, a ex funcionarios y empleados públicos, ni a sus familiares y amigos cercanos, situación de la que sobran ejemplos que afectan tanto a funcionarios del gobierno anterior como del actual.
Volosin señala también el hecho de que si alguien quiere impugnar una licitación , debe abonar aranceles, por lo que muchos oferentes no recurren las decisiones por no disponer de fondos para pagar esa garantía. “Esto es trágico –dice- pues el control que se produce entre los propios participantes suele ser el más eficaz para prevenir hechos de corrupción”,
La experiencia italiana debe servir para comprender que no basta con enjuiciar la conducta de los funcionarios del gobierno anterior si no se modifica el estado de cosas que la hizo posible.
Si la normativa antes mencionada no es modificada, ningún “ Mani Pulite” hará escarmentar a los políticos. El caso italiano así lo demuestra.