La polémica originada por el cobro de multas por radares en los municipios de Huillapima, en Capayán, y de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, se reactivó en los últimos días a raíz de que varios conductores tanto de vehículos de carga como de automotores particulares, señalaran que les llegaron notificaciones de estudios jurídicos de la ciudad de Córdoba para que se presentaran a pagar las multas por exceso de velocidad.
Respecto del tema, el titular del Distrito Nº 11 Catamarca de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Patria, reiteró que ni el municipio de Huillapima, ni el de Recreo, tienen autorización para instalar los cinemómetros (tal su denominación concreta) para cobrar multas por excesos de velocidad en las rutas nacionales.
Patria destacó, como ya lo informó este diario, que a poco de asumir la nueva gestión en la comuna de Huillapima, a cargo de Omar Soria, se decidió suspender por completo el cobro de multas por exceso de velocidad en la Ruta Nacional Nº 38 en razón de que existe un conflicto legal porque los equipos utilizados no tienen la homologación correspondiente.
"La nueva gestión en la comuna de Huillapima suspendió la utilización de los radares, hasta tanto vea cómo fue el manejo en la gestión anterior. Les explicamos por qué no estaban permitidos y ellos entendieron", destacó el funcionario de Vialidad.
Sin embargo, no se pudo lograr el mismo resultado con las autoridades de la comuna de Recreo.
"Allí en Recreo no tuvimos la misma suerte (que con Huillapima), por lo que nuestro cuerpo de abogados ya están accionando legalmente para advertirles esta situación. Porque tampoco están autorizados para controlar la velocidad con cinemómetros", abundó Patria.
En este marco, explicó que uno de los cinemómetros fue instalado en forma oculta en el cruce de la Ruta Nº 60 y la que se dirige hacia la ciudad de Esquiú, en la localidad de Casa de Piedra.
"Otro de los cinemómetros está instalado en el acceso sur a la ciudad de Recreo, con lo cual se generan inconvenientes con los equipos, que no están autorizados", agregó.
El intendente de Recreo, Daniel Polti, no respondió ninguna de las intimaciones que realizó Vialidad Nacional por carta documento, señaló Patria en la entrevista, por lo que se decidió que se pase toda la información de lo que está ocurriendo a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal con Jurisdicción Federal.
"La intimación es para que se deje de hacer de inmediato el control de velocidad con los cinemómetros que no están autorizados", concluyó el funcionario.
La división de la recaudación
Uno de los aspectos que mayor interés despierta en el controvertido tema es cuánto y cómo recauda el municipio y la empresa encargada de la instalación de los cinemómetros, que además se hace cargo de las notificaciones a los "infractores".
Con motivo del conflicto con Huillapima, el socio gerente de la empresa Radar Control, Ignacio Parradella, aseguró que cuando comenzaron a cobrarlas en 2008, se aplicaban entre 700 y 800 infracciones por día, con un promedio de $400 cada una. En 2011, se labraban 150 sanciones diarias. Dijo además que al municipio le ingresa el dinero "limpio", pero que a la empresa sólo ingresa entre un 6 y un 7% del valor de las multas efectivamente aplicadas. De igual manera, Parradella sostuvo que los funcionarios de Huillapima se encontraron con una "sorpresa" cuando revisaron los documentos que avalaban la instalación de los radares, y aseguró que seguirán cobrando multas hasta agosto de 2012.
Salu2