“Yo vivía en nuestro apartamento en Rosales. Cuando salió la primera denuncia, el señor desocupó el apartamento, sacó muebles, enseres; en un acto grotesco, agresivo, desalmado e inhumano se llevó todo. Me tocó vivir sin agua, sin luz, sin gas, sin servicios públicos, sin administración, sin comida, sin carros, sin servicios médicos”, relata Constanza.
Alfonso Escobar tuvo que ser obligado, mediante orden judicial, a girar una cuota alimentaria y de estudios para ella, quien finalmente pudo terminar la universidad. A favor de Constanza se han dictado siete medidas de protección, de las cuales –asegura ella—“las ha violado todas”. Aunque está agradecida después de tantos años cuestiona el que su proceso judicial estuvo lleno de “fraudes” y que haya tardado tanto cuando estaba de por medio su integridad física.
Para la Corte Constitucional, la violencia económica es imperceptible y silenciosa a la luz de las autoridades y de la comunidad. El agresor, por su poder económico, adecua su comportamiento financiero frente a la víctima para hacerla dependiente de sus decisiones.
Alfonso Escobar tuvo que ser obligado, mediante orden judicial, a girar una cuota alimentaria y de estudios para ella, quien finalmente pudo terminar la universidad. A favor de Constanza se han dictado siete medidas de protección, de las cuales –asegura ella—“las ha violado todas”. Aunque está agradecida después de tantos años cuestiona el que su proceso judicial estuvo lleno de “fraudes” y que haya tardado tanto cuando estaba de por medio su integridad física.
Para la Corte Constitucional, la violencia económica es imperceptible y silenciosa a la luz de las autoridades y de la comunidad. El agresor, por su poder económico, adecua su comportamiento financiero frente a la víctima para hacerla dependiente de sus decisiones.