Apuntes de Ingreso a la Policía (9na. parte)

Programa de Historia Argentina (3ra. Parte)

POLITICA EXTERIOR

En política exterior predominaron las continuidades con el gobierno menemista. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini (un economista con una antigua y muy aceitada relación con De la Rua) favoreció la continuación de la intervención de tropas argentinas en misiones de paz en el exterior, formando parte de esa particular "milicia internacional”, surgida a instancias de los Estados Unidos tras la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, la Argentina siguió votando a favor de la investigación sobre la violación de derechos humanos en Cuba, con lo que mantenía la posición sustentada en la década anterior. Esta actitud contrariaba la voluntad de los sectores ligados con Alfonsín en la Unión Cívica Radical que se inclinaban por la abstención en lo referente a Cuba.
Por otra parte, se mantuvo la idea de darle un fuerte peso a los condicionantes de la economía en las decisiones de política exterior. La designación de un economista ortodoxo como Rodríguez Giavarini al frente de la Cancillería revelaba las prioridades que tenía el Gobierno en lo referido a las relaciones del país con el resto del mundo.
Relación con los actores políticos y sociales y factores que llevaron a la caída
El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un fuerte aislamiento casi desde su comienzo. La carencia de apoyos concretos se vio tanto desde el punto de vista partidario como del de la relación con los diferentes actores sociales. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación se fue desgranando a lo largo de sus dos años de gobierno, se produjo la retirada de un importante número de legisladores que pasaron a formar parte de otras agrupaciones. Inclusive los dos partidos que la integraban adoptaron posturas muy críticas hacia la gestión gubernamental.
La Alianza había surgido como estrategia para vencer al menemismo. Más allá de este acuerdo, lo que primaba era la falta de coincidencias programáticas explícitamente definidas. Esta carencia se tomó evidente cuando la Alianza alcanzó el gobierno en las elecciones de octubre de 1999.
Existían diferentes diagnósticos sobre la situación del país entre los distintos sectores que componían la Alianza y, a partir de ellos, surgieron en el seno del Gobierno posiciones disímiles acerca de las soluciones que debían implementarse. El jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, criticaba duramente el modelo económico vigente. Como no podía imponer los cambios que creía necesarios, terminó renunciando en octubre de 2000. Este tipo de desacuerdos y alejamiento se repitió con otros miembros originales de la coalición.
Asimismo, algunos analistas consideran que el resultado abrumador a favor de Fernando de la Rúa en la interna presidencial frente a Graciela Fernández Meijide dejó al radicalismo y al FREPASO en condiciones muy desiguales para negociar. En el momento de formar el gabinete, la fuerza liderada por Carlos “Chacho” Alvarez se quedó disconforme con la situación subordinada en que había quedado. El FREPASO solo contaba con dos ministerios y un reducido número de secretarías. Igualmente, la necesidad de darle participación a algunas organizaciones menores dentro de la Alianza dificultó en ocasiones la necesaria cohesión para tomar decisiones, que requerían un fuerte apoyo político.
El gobierno aliancista no logró establecer buenas relaciones con ningún sector del sindicalismo. En primer lugar, se plantearon importantes diferencias con el Congreso de los Trabajadores Argentinos, la organización gremial más afín a la administración en el ámbito gremial, del cual provenían algunos diputados. A medida que el gobierno fue anunciando sus diferentes políticas, el CTA fue tomando distancia. Esta tendencia se profundizó tras el recorte de los salarios estatales, el proyecto de reforma laboral del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y posteriormente con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía.
La CGT disidente, encabezada por el camionero Hugo Moyano, tuvo también una postura claramente opositora. Este sector del sindicalismo, que había tenido frecuentes reuniones con Raúl Alfonsín en el último tramo del gobierno menemista, endureció su posición frente a la administración de De la Rúa, convocó a paros generales y a movilizaciones de repudio a las medidas gubernamentales.
Por su parte, los sindicalistas de la CGT oficial, conocidos como “los gordos”, establecieron negociaciones con el gobierno en circunstancias como el tratamiento de la reforma laboral. Pero en general mantuvieron una actitud opositora. Muchas de las iniciativas de la ministro de Trabajo Patricia Bullrich, referidas al manejo de los gremios y a la gestión de las obras sociales, fueron rotundamente rechazadas por estos sectores, que no querían perder capacidad de negociación en temas centrales para sus intereses.
Con relación a los grupos empresariales y en especial los ligados al sector financiero, el gobierno de De la Rúa obtuvo el apoyo para muchas de sus iniciativas destinadas a alcanzar el equilibrio presupuestario o bien a introducir reformas orientadas al desarrollo del mercado en relación con las políticas sociales. Sin embargo, las divergencias existentes dentro de la coalición gobernante y el permanente intento presidencial por alcanzar amplios consensos, llevaron a que los empresarios tampoco adoptaran un papel muy activo como soportes de las políticas oficiales.
El estilo de gobierno del De la Rúa fue señalado también como causa de su progresiva pérdida de legitimidad. En primer lugar, De la Rua no ejercía el liderazgo indiscutido sobre la UCR. De hecho, su candidatura por la Unión Cívica Radical para las internas de la Alianza en 1998, se relacionó más con la falta de otros candidatos, que con su capacidad para convertirse en un dirigente capaz de generar importantes corrientes de identificación con su figura e ideas.
Por otra parte, numerosos sectores de la Alianza consideraban que el presidente se alejaba de los postulados de la coalición. Lo criticaban por no escuchar los reclamos que sus aliados políticos le formulaban, estando excesivamente influenciado por un círculo de colaboradores en el que se destacan sus familiares más cercanos, que en muchas ocasiones no seguían los lineamientos impulsados por la Alianza.
Justamente, muchos de sus críticos hacían hincapié en la forma en que De la Rúa tomaba decisiones, resaltaban que demostraba un alto nivel de desconfianza hacia la mayoría de los que lo rodeaban. Por ello, quedaba demasiado expuesto a la opinión de los pocos a los que escuchaba. Remarcaban su meticulosidad y el hecho de que quería supervisar puntualmente todas las iniciativas, por lo que el proceso decisorio se volvía extremadamente lento y complejo.
A diferencia del estilo que caracterizó a Carlos Menem, Fernando de la Rua prefirió adoptar otro, basado en la búsqueda de consensos, lo que le quitaba dinamismo. Además, para muchos, De la Rúa era un presidente débil porque muchas iniciativas anunciadas públicamente no se llevaban a la práctica por presiones de los grupos afectados. La debilidad del presidente se hacía visible, los propios miembros de su gabinete lo contradecían o criticaban con dureza. Un ejemplo muy claro en este sentido fue el del ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, el cual no solo tomó decisiones como la de mantener un diálogo con los piqueteros de Salta sin consultar con el presidente, o formuló duras críticas a algunas de las iniciativas oficiales, sino que incluso declaró que en el entono de Fernando de la Rúa se reunían con mafiosos que frecuentaban la Casa Rosada, sin que el presidente le pidiera explicaciones.
Había, por otra parte, tina actitud bastante agresiva por parte del justicialismo, que eligió presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y presidente provisional del Seriado a Ramón Puerta. Se planteaba una situación compleja porque no había Vicepresidente debido a la renuncia de Alvarez. Por lo tanto, cada vez que el presidente De la Rúa se ausentara del país, su lugar sería ocupado por un político de la oposición en virtud de la Ley de Acefalía.
También hubo maniobras de algunos sectores del peronismo que conspiraron contra la gobernabilidad. Por ejemplo, la presunta participación de algunos intendentes justicialistas del conurbano bonaerense en las movilizaciones que terminaron en saqueos a supermercados y otros comercios minoristas fue documentada en los medios de comunicación y complicó manifiestamente la continuidad del gobierno delarruísta.
De hecho, se produjo una ruptura de la coalición gobernante, que se sumó a un retaceo de apoyo por parte de importantes sectores del radicalismo. El gobierno sufrió en las elecciones de octubre de 2001 la paradójica situación de no tener candidatos que apoyaran abiertamente la gestión oficial. Por el contrario, hubo candidatos de la Alianza, como Terragno, que impugnaban la mayoría de las decisiones que se estaban adoptando. El incremento de los votos nulos, la abstención y el voto en blanco, que dieron lugar a lo que se denominé el fenómeno del ‘<voto bronca”, marcaron con claridad el descontento de un sector importante de la sociedad frente a las alternativas que se presentaban.
Tras las elecciones, el peronismo quedó consolidado como primera fuerza., lo que complicó aún más la debilitada situación del gobierno. El PJ no contribuyó a la gobernabilidad, por el contrario aprovechó las limitaciones que el gobierno delarruísta tenía en ese momento para ocupar posiciones de poder.
Cuando Cavallo, con el “corralito”, confiscó los depósitos bancarios afectó en forma directa a los sectores de clase media que reaccionaron con cacerolazos y otras Formas de protesta. Todos estos factores desembocaron en dos fenómenos que se potenciaron mutuamente: una crisis político institucional y la crisis en las calles. Esta combinación provocó tras los violentos episodios en la Plaza de Mayo el 20 y 21 de diciembre de 2001 la renuncia del presidente.
En su discurso del 20 de diciembre, De la Rúa declaró el estado de sitio y ordenó la reopresión. Amplios sectores de la sociedad reaccionaron haciendo sonar sus cacerolas y marchando hacia el domicilio del ministro Domingo Cavallo, la Quinta Presidencial y la Plaza de Mayo. Su descontento ya se había manifestado en las elecciones legislativas de octubre con el voto bronca”. La falta de respuestas por parte del gobierno profundizó el descontento de la población y provocó finalmente su caída.
Es importante remarcar como elemento característico de esta crisis el proceso de vaciamiento de poder que se fue produciendo. Este proceso no solo dificulté la aplicación de medidas necesarias para la recuperación del país le quitó al gobierno mecanismos para sostenerse. La posición adoptada por el Partido Justicialista que se negó a conformar un gobierno de coalición, o como se lo denominé de “Salvación nacional”, fue un factor significativo. En esta visión las manifestaciones populares fueron un componente en el proceso de caída del gobierno, pero no el determinante. Lo decisivo fue la debilidad de la coalición oficialista.

A modo de conclusión
En cuanto a las dificultades que afronté la Alianza para consolidarse, puede señalarse la falta de una clara definición programática. También la ausencia de estructura partidaria en el FREPASO ayudé a que buena parte de sus dirigentes no pudieran contener la salida hacia otros horizontes políticos. Esta carencia de contención partidaria se plasmé en la creación de agrupamientos políticos que rechazaban las continuidades existentes con el menemismo por parte del gobierno aliancista, entre los que se pueden mencionar Alternativa para una República de Iguales (ARI), encolumnado tras la ex radical Elisa Carné, y el Polo Social, que presentó la candidatura en la Provincia de Buenos Aires del sacerdote Luis Farinello. Por su parte, algunos sectores se manifestaron solidarios con las experiencias piqueteras de acción directa.
Fernando De la Rua no conté con el apoyo contundente de su propio partido, situación que se vio agravada por el proceso de disgregación que sufrió el FREPASO.
Además, el Gobierno no pudo establecer vínculos fuertes con los distintos actores sociales. Respecto de los trabajadores, incluso perdió las buenas relaciones que tenia con la Central de Trabajadores Argentinos, de la cual provenían algunos de sus legisladores y funcionarios, como Alicia Castro y Mary Sánchez. A medida que el gobierno fue proponiendo su plan económico, la CTA se fue distanciando cada vez más.
Desde el punto de vista económico, la convertibilidad era incompatible con el rechazo del recorte del gasto público, con la flexibilización de importan res áreas de la economía o con el incremento del ahorro interno a partir de la expansión del sistema de capitalización previsional.
El resultado de esta tensión fue la profundización de los desequilibrios que presentaba el sistema productivo, acompañado de un proceso de fuga de capitales que disminuyó las reservas internacionales del país y el cierre de los mercados para el acceso al crédito, reflejado en el constante aumento en el índice de riesgo país a lo largo del año 2001.
Por ello, la crisis económica fue incrementándose a lo largo de los dos años de administración, siendo sus aspectos más sensibles la caída del consumo y el decreciente ritmo de la actividad económica. Por otra parte, la agudización de los problemas de empleo y de incremento en los índices de pobreza e indigencia produjo la erosión de la popularidad del gobierno.
Por último, la Alianza tampoco logró terminar con la corrupción y dotar de mayor transparencia al sistema político. Las denuncias de irregularidades en el PAMI, la ocupación de cargos públicos por parte de familiares de los principales dirigentes aliancistas y el escándalo producido tras la aprobación de la reforma laboral, que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez, provocaron la sensación de desconfianza y de frustración. Este rechazo no se limitó a los miembros del partido gobernante, sino que se extendió a los políticos en general, lo que dio lugar a su identificación como “casta privilegiada” y generó un reclamo de renovación en las prácticas políticas que se popularizó a partir del pedido “que se vayan todos”.
Sin embargo, las elecciones de 2003, tanto en el ámbito nacional como en el provincial o municipal, no presentaron sorpresas. Se consolidaron en las principales candidaturas, políticos experimentados que ya habían ocupado cargos importantes, generaron poca adhesión aquellos que se identificaban con la “nueva política” enfrentada con los tradicionales aparatos partidarios .

 Presidentes:

Presidente Período Fin Nac.-Fall Vicepresidente
FERNÁNDEZ Cristina 2007 1953 - ... COBOS Julio César
KIRCHNER, Néstor 2003 - 2007 Concluye 1950 - ... SCIOLI, Daniel
DUHALDE, Eduardo 2002-2003 Concluye 1941 - ... * Provisional (Presidente del Senado)
CAAMAÑO, Eduardo 2001 - 2001 Concluye 1946 - ... * Provisional (Presidente de Diputados)
RODRÍGUEZ SAA, Adolfo 2001 - 2001 Renuncia 1947 - ... Interino (Elegido por Asamblea Constituyente)
PUERTA, Ramón 2001 - 2001 Concluye 1951 - ... * Provisional (Presidente del Senado)
DE LA RUA, Fernando 1999 - 2001 Renuncia 1937 - ... ÁLVAREZ, Carlos
MENEM, Carlos Saúl 1995 - 1999 Concluye 1930 - ... RUCKAUF, Carlos
MENEM, Carlos Saúl 1989 - 1995 Concluye 1930 - ... DUHALDE, Eduardo
ALFONSÍN, Raúl Ricardo 1983 - 1989 Renuncia 1927 - 2009 MARTÍNEZ, Víctor
BIGNONE, Reynaldo B. 1982 - 1983 Normalizador 1928 - ...
GALTIERI, Leopoldo F. 1981 - 1982 Renuncia 1926 - ...
VIOLA, Roberto E. 1981 - 1981 Depuesto 1924 - 1994
VIDELA, Jorge Rafael 1976 - 1981 Concluye 1925 - ...
MARTÍNEZ de Perón, María E. 1974 - 1976 Depuesto 1931 - ...
PERÓN, Juan Domingo 1973 - 1974 Fallece 1895 - 1974 MARTÍNEZ de Perón, M. E.
LASTIRI, Raúl Alberto 1973 - 1973 Normalizador 1915 - 1978
CAMPORA, Héctor José 1973 - 1973 Renuncia 1909 - 1979 SOLANO LIMA, Vicente
LANUSSE, Alejandro 1971 - 1973 Normalizador 1918 - 1996
LEVINGSTON, Roberto 1970 - 1971 Depuesto 1920- ...
ONGANIA, Juan Carlos 1966 - 1970 Depuesto 1914 - 1995
ILLIA, Arturo Humberto 1963 - 1966 Depuesto 1900 - 1981 PERETTE, Humberto
GUIDO, José María 1962 - 1963 Normalizador 1910 - 1975
FRONDIZI, Arturo 1958 - 1962 Depuesto 1908 - 1995 GÓMEZ, Alejandro
ARAMBURU, Pedro E. 1955 - 1958 Normalizador 1903 - 1970 ROJAS, Isaac
LONARDI, Eduardo 1955- 1955 Depuesto 1896 - 1956 ROJAS, Isaac
PERÓN, Juan Domingo 1951 - 1955 Depuesto 1895 - 1974 TEISSAIRE, Alberto
PERÓN, Juan Domingo 1946 - 1951 Concluye 1895 - 1974 QUIJANO, Hortensio
FARRELL, Edelmiro 1944 - 1946 Normalizador 1887 - 1980 PERÓN, Juan Domingo
RAMÍREZ, Pedro Pablo 1943 - 1944 Depuesto 1884 - 1962 FARREL, Edelmiro
Rawson Arturo 1943 Renuncia 1885-1952
CASTILLO, Ramón S. 1942 - 1943 Depuesto 1873 - 1944
ORTIZ, Roberto M. 1938 - 1942 Renuncia 1886 - 1942 CASTILLO, Ramón S.
JUSTO, Agustín P. 1932 - 1938 Concluye 1876 - 1943
URIBURU, José Félix 1930 - 1932 Normalizador 1868 - 1932 SANTAMARINA, Enrique
YRIGOYEN, Hipólito 1928 - 1930 Depuesto 1852 - 1933 MARTÍNEZ, Enrique
de ALVEAR, Marcelo T. 1922 - 1928 Concluye 1868 - 1942 GONZÁLEZ, Elpidio
YRIGOYEN, Hipólito 1916 - 1922 Concluye 1852 - 1933 LUNA, Pelagio
de la PLAZA, Victorino 1914 - 1916 Concluye 1840 - 1919
SÁENZ PEÑA, Roque 1910 - 1914 Fallece 1851 - 1914 DE LA PLAZA, Victorino
FIGUEROA ALCORTA, José 1906 - 1910 Concluye 1860 - 1931
QUINTANA, Manuel 1904 - 1906 Fallece 1835 - 1906 FIGUEROA ALCORTA, José
ROCA, Julio Argentino 1898 - 1904 Concluye 1843 - 1914 QUIRNO COSTA, Roberto
URIBURU, José E. 1895 - 1898 Concluye 1831 - 1914
SÁENZ PEÑA, Luís 1892 - 1895 Renuncia 1822 - 1907 URIBURU, José Evaristo
PELLEGRINI, Carlos 1890 - 1892 Concluye 1846 - 1906
JUÁREZ CELMAN, Miguel 1886 - 1890 Renuncia 1844 - 1909 PELLEGRINI, Carlos
ROCA, Julio Argentino 1880 - 1886 Concluye 1843 - 1914 MADERO, Francisco B.
AVELLANEDA, Nicolás 1874 - 1880 Concluye 1837 - 1885 ACOSTA, Mariano
SARMIENTO, Domingo F. 1868 - 1874 Concluye 1811 - 1888 ALSINA, Adolfo
MITRE, Bartolomé 1862 - 1868 Concluye 1821 - 1906 PAZ, Marcos
DERQUI, Santiago 1860 - 1861 Renuncia 1809 - 1867 PEDERNERA, Juan E.
de URQUIZA, Justo José 1854 - 1860 Concluye 1801 - 1870 DEL CARRIL, Salvador M.
RIVADAVIA, Bernardino 1826 - 1827 Renuncia 1780 - 1845

Nota : Los períodos con fondo gris corresponden a gobiernos de facto

 Golpes de Estados y Gobiernos de Facto:
Concepto, desarrollos de los casos en nuestro país y Acordadas respectivas
La clasificación de los gobiernos en de iure y de facto atiende a su legitimación de origen; esta clasificación carece de interés cuando se trata de apreciar la legitimidad de ejercicio, pues ella depende de la lealtad al fin propio de todo gobierno (gestión del bien común).
- Gobierno de iure: es aquél que accede al ejercicio del poder político por las vías fijadas en la constitución y las leyes complementarias
- Gobierno de facto o de hecho: es aquél que lo hace por otras vías o al que habiéndolo hecho por vías legales prolonga sin derecho su actuación más allá del término fijado en la constitución o altera inconstitucionalmente la distribución de funciones entre los entes políticos u órganos supremos del Estado.
Así, Jesús Frega Álvarez nos dice que se entiende por gobierno de facto, es aquel que ejerce los poderes públicos con infracción de la supralegalidad (formal o material) constitucional. Entra en el concepto, no sólo los casos en que los poderes públicos asumen con infracción de los procedimientos legales previstos para la investidura, sino también, aquellas otras que se ejercen con infracción constitucional, no obstante la legitimidad de origen. Toda esta posición parte del supuesto de la existencia de un orden jurídico institucional, cuyo origen
lo hallamos en el estado de derecho incipiente que encontramos en Inglaterra y que evoluciona a partir de la Carta Magna, ergo, gobierno de iure implica la existencia de una constitución.
Existen diferentes situaciones a considerar, y cómo la doctrina ha sistematizado la cuestión
1.- Insurrección: Sublevación popular contra el régimen establecido, que procede de un descontento general, de carácter irracional, espontáneo, cuyos movimientos son de resultado desconocido e imprevisible. Inicialmente no tienen jefes, o al menos, no son visibles.
2- Golpe de Fuerza: Denominado putsch, es de origen privado en la cual un grupo, en forma privada y sin ningún apoyo de tipo externo, realiza una acción de sublevación. Ej.: Lenin y Trotzky.
3.- Golpe de Estado: Acto violento, que emana de una parte de los poderes públicos contra otros. Frecuentemente, es el Poder Ejecutivo quien lo realiza, pero puede ser ejecutado por un cuerpo público subordinado (vgr. El Ejército) que se erige en poder político. Este método de quiebre del estado de derecho, implica una quiebra de la continuidad constitucional y el cambio de los ocupantes de los cargos o roles de gobierno por medios extraños a las normas constitucionales, donde no es necesario que se ponga en actividad el poder constituyente.
4.- Revolución: Hecho político en que la ruptura del cerco constitucional es un acto institucional de voluntad política, que tiene por mira el cambio de las instituciones en las cuales se configura el ordenamiento jurídico - político - institucional anterior. Supone un cambio total de todos los órdenes, que se prolonga en el tiempo y debe transitar por las diversas etapas que conforme las dimensiones son: a) alteración de valores o mitos de la sociedad; b) alteración de la estructura social; c) alteración de las instituciones; d) cambio en la formación del liderazgo, tanto en el personal de las elites, como en la composición de las clases; e) transferencia ilegal o no legal del poder; f) presencia o predominio de conducta violenta que se manifiesta en los acontecimientos conducentes al derrocamiento del régimen.
5.- Revolución Pacífica: Transformación profunda en el ordenamiento jurídico, de tal envergadura, que afecta los principios fundamentales del mismo efectuado según las normas legales. Es decir, cuando la destrucción del ordenamiento vigente y la creación de uno nuevo se realizan del modo previsto en el primero. Ej.: Chile, con la llegada al poder de Salvador Allende y la Unión Popular, comenzó a realizar la revolución en todos los niveles aunque sin alterar la legalidad fundamental.
6.- Dictadura: Sistema de gobierno que supone una concentración del poder.

Casos en nuestro país

La Constitución Nacional contiene un conjunto de normas que prohíben las conductas subversivas del orden legal y otorgan al gobierno federal los medios necesarios para reprimirlos. Ellos son: 1) define el delito de sedición (Art. 22); 2) prohíbe a las provincias declararse o hacerse la guerra (Art. 127); 3) el Art. 75 inc. 27; 4) el Art. 99 inc. 14; 5) desarrolla el instituto del Estado de Sitio (Art.. 23) y 6) el Art.. 36. Pese a ello en nuestro país se quebró el orden constitucional en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

- Gobierno de facto 1930/1931

En este caso los golpistas, encabezados por el General José Félix Uriburu, derrocaron al Presidente Hipólito Yrigoyen, disolvieron el Congreso Nacional, enviaron interventores a las provincias (excepto a dos que no respondían al gobierno depuesto) y dejaron intacto al Poder Judicial tanto en su estructura como en sus miembros, salvo la remoción de un pequeño número de jueces. Esto último indica que se quiso mantener una especie de árbitro que decidiese en última instancia y que fuese una garantía para los ciudadanos.
Este golpe, fue fundamentalmente por la ideología de su jefe, la intención de instalar una revolución corporativa; pero, pese a lo antedicho, en los documentos emitidos en los primeros días después del golpe del 6 de septiembre de 1930 se afirmó que el nuevo gobierno acataría la constitución y las leyes fundamentales.

- Acordada del 10 de septiembre de 1930

La Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó, el 10 de septiembre de 1930, los hechos para atribuir el carácter de gobierno de facto al gobierno instalado el 6 de Septiembre de ese año, y que derrocó el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen en virtud que el nuevo gobierno le remitió. La misma en su parte sustancial
decía:

1. Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional, emanado de la revolución triunfante del 6 de Septiembre del corriente año;

2. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado además, en actos públicos que mantendrá la supremacía de la constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder;

3. Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución, y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él;

4. Que esta Corte ha declarado, respecto a los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y necesidad, con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses pueden ser afectados, ya que no les sería pasible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente
posesión de sus poderes y funciones;

5. Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social;

6. Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad y otras de las aseguradas por la constitución, la administración de justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y en el mismo alcance que lo habría hecho con el ejecutivo de derecho. Y ésta última conclusión, impuesta por la propia organización del poder judicial; se halla confirmada en el caso por las declaraciones del gobierno provisional, que al asumir el cargo se ha apresurado a prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes fundamentales de la nación, decisión que comparte la consecuencia de hallarse
dispuesto a prestar el auxilio de la fuerza de que dispone para obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales.

- Principios que sustentó

a) El título de autoridad de éstos gobiernos, su legitimidad de origen deriva de la necesidad de paz y orden en el seno de toda comunidad y de su capacidad para lograrlo, por tener a su disposición las fuerzas militares y policiales indispensables;

b) En lo que respecta a su gestión de gobierno, a su legitimidad de ejercicio se encuentra sujeto a las mismas limitaciones y exigencias que los gobiernos de iure;

c) Entre esas exigencias y limitaciones se encuentra la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, de conformidad a las declaraciones y juramentos de las nuevas autoridades, y, consiguientemente, la de estar sometidos al control judicial y a la ineficacia de sus actos cuando éstos sean contrarios a esa normativa.

-Gobierno de dacto 1943 / 1946

El día 4 de Junio de 1.943 el Gral. Rawson desaloja del poder al Presidente Castillo, iniciándose un nuevo período de facto. Dicho gobierno luego designa presiente al Gral. Pedro Pablo Ramírez, para finalizar con el Gral. Edelmiro Farrel.
El mismo se caracteriza por: instalación de un gobierno militar, disolución del Congreso, no alteración ni de la composición ni del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El nuevo gobierno lanza un manifiesto que lo define. "En lo íntimo y puro de las conciencias argentinas pesa una honda y angustiosa inquietud, ante la evidente convicción de que una corrupción moral se ha entronizado en los ámbitos del país como un sistema. El capital usurario impone sus beneficios en detrimento de los
intereses financieros de la Nación, bajo el amparo de poderosas influencias de encumbrados políticos argentinos, impidiendo su resurgimiento económico. El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades,
por ausencia de previsiones sociales. La Justicia ha perdido su alta autoridad moral que deber ser inmarcesible. Las instituciones armadas están descreídas y la defensa nacional negligentemente imprevista. La educación de la niñez está alejada de la doctrina de Cristo y la ilustración de la juventud sin respeto a Dios ni
amor a la patria. No es concebible que el proyectado futuro gobierno de la Nación pudiera remediar tan graves males, cuando los hombres que van a actuar y colaborar en las funciones de gobierno, son y serán los mismos responsables de la situación actual, atados a compromisos políticos y a intereses creados y arraigados. Para los jefes de alta graduación del Ejercito y de la Marina que hoy resuelven la enorme responsabilidad de construir, en nombre de las fuerzas armadas un gobierno de fuerza, les resultaría más cómodo una actitud de indiferencia, enmascarado en la legalidad, pero el patriotismo, como en épocas pretéritas, impone en esta hora de caos internacional y de corrupción interna, salvar las instituciones del estado y propender a la grandeza moral y material de la Nación".

- Principios que sustentó

1. Se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, no obstante ejercerse una dictadura soberana;

2. Se limitan temporalmente los poderes de gobierno al mencionar la provisionalidad;

3. Menciona el pleno imperio de la Constitución Nacional.

- Gobierno de facto 1955 / 1957

El 23 de septiembre de 1955 se instala en el país la autodenominada "Revolución Libertadora" derrocando al Presidente Juan Domingo Perón. Así, asume la primera magistratura provisional el Gral. Eduardo Lonardi, quien fue reemplazado, posteriormente, por el Gral. Pedro Eugenio Aramburu, siendo, en ambos caso,
designado vicepresidente el Almirante Isaac Rojas. Este gobierno se caracterizó por: derrocamiento del Poder Ejecutivo; disolución del Congreso Nacional; intervención sistemática de todas las provincias; declara cesantes a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y son sustituidos por otros, acordes con el nuevo gobierno; declaró en comisión a todos los jueces del Poder Judicial; asumió, en forma expresa, el ejercicio de las facultades legislativas correspondientes al Congreso; derogó la Constitución de 1949; y reformó, mínimamente la constitución de 1853, a la que se le había devuelto su vigencia.
La nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación de facto, en 1955, al modificarse el titular del Poder Ejecutivo provisional, produce una acordada que expresa que "...el mandato ha sido conferido para lograr el restablecimiento del imperio del derecho y restitución del país a una auténtica democracia; que esa autolimitación concuerda con los términos del juramento prestado por esta Corte y tribunales inferiores, de desempeñar sus cargos bien y legalmente, y de conformidad con los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional". Con relación a las facultades legislativas, en 1.959, la Corte Suprema de Justicia de iure (recordar que desde 1958 gobernaba el Presidente Arturo Frondizi), establece que "...la incuestionable aptitud creadora de normas legales por parte de un gobierno de factor que, teniendo realmente el mando político, se constituía en la única fuente efectiva de poder".

- Gobierno de facto 1962 / 1963

El 30 de marzo de 1962 es derrocado el Presidente Arturo Frondizi. En dicha ocasión el Senador José María Guido, en su carácter de Presidente Provisional del Senado de la Nación se dirige por nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresando que, "...en virtud de la situación que es de dominio público, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.. 75 de la Constitución Nacional y el Art.. 1 de la ley 252, asumo el Poder Ejecutivo Nacional. A tales efectos, en ausencia del Congreso Nacional, que se encuentra en receso, hago saber igualmente a V.E. que, de conformidad con el Art.. 4 de la misma ley 252 prestaré juramento ante esta excelentísima Corte Suprema tan pronto como el Alto Tribunal tenga a bien recibirlo, lo cual, en las graves circunstancias actuales, solicito se cumpla inmediatamente...".
Pese a lo transcripto en el sentido de hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional por imperio de la ley de Acefalía, el Presidente Guido decretó la nulidad de todas las elecciones provinciales y municipales realizadas el día 18 de Marzo de 1962; intervino la totalidad de las provincias disponiendo la caducidad de sus poderes ejecutivos y legislativos; impidió la reunión constitutiva del Congreso Nacional, decretando el receso por tiempo indefinido para más tarde disolverlo; declaró la caducidad de las autoridades de todos los partidos políticos; y estableció que asumía atribuciones legislativas, las que ejercería bajo la forma de "decretos - leyes".

- Gobierno de facto 1966 / 1973

El 28 de junio de 1966 el Gral. Juan Carlos Onganía depone al Presidente Arturo Humberto Illia, iniciando la autodenominada "Revolución Argentina", luego, en el marco de la misma Revolución fue sucedido por los Grales. Levingston y Lanusse.
Este gobierno provisional se caracterizó por: desplazamiento del Poder Ejecutivo
Nacional; intervención de todas las provincias; cese de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su sustitución por otros; la Junta Revolucionaria asume explícitamente el poder constituyente originario; desaparece el federalismo como sistema institucional establecido por las nuevas autoridades; y disolución
de los partidos políticos y prohibición de toda su actividad.

- Gobierno de facto 1976 / 1983

El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar conformada por el Gral. Jorge Rafael Videla, el Almte. Eduardo Emilio Masera y el Brigadier Antonio Agosti toman el poder derrocando a la Presidente María Estela Martínez de Perón. Luego, a los pocos días, asume el cargo de Presidente el Gral. Jorge Rafael Videla, quien es reemplazado en 1981 por el Gral. Eduardo Viola, ese mismo año asume el Gral. Leopoldo Fortunato Galtieri, y en 1982, luego de la derrota en la Guerra de Malvinas, el Gral. Reynaldo Benito Bignone.
El mismo día que desplazan al gobierno de iure dictan el "Acta para el Proceso de Reorganización Nacional", donde se establece que, "...visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del Gobierno de la República. Por ello resuelven:

1. Constituir la Junta Militar con los comandantes generales de la Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político de la República;

2. Declarar caducos los mandatos del Presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias;

3. Declarar el cese en sus funciones de los interventores federales en las provincias al presente intervenidas, del gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y del intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires;

4. Disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias u organismos similares;

5. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales;

6. Remover al Procurador del Tesoro;

7. Suspender la actividad política y de los partidos políticos, a nivel nacional, provincial y municipal;

8. Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales;

9. Notificar de lo actuado a los representantes diplomáticos acreditados en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países;

10. Designar, una vez efectivizadas las mediadas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de Presidente de la Nación;

11. Los interventores militares procederán en sus respectivas jurisdicciones por similitud a lo establecido para el ámbito nacional y a las instrucciones impartidas oportunamente por la Junta Militar".

En este gobierno las facultades legislativas fueron ejercidas por el Presidente con la colaboración de una Comisión de Asuntos Legislativos (C.A.L.), la que intervenía en la formación y sanción de las leyes.
Habiendo hecho un análisis de las distintas formas que adoptaron en nuestro país los gobiernos de facto que asolaron el Siglo XX cabe concluir que sólo durante la vigencia plena de la Constitución y del estado de Derecho se pueden ejercer la totalidad de las Declaraciones, Derechos y Garantías que sirven para crear la conciencia de un pueblo libre en el marco de una sociedad justa. Es por ello que para que el Derecho y la Justicia adquieran su plena vigencia es necesaria la participación y el compromiso institucional.

 Estado de sitio:
El Estado de Sitio

“El estado de sitio es un instrumento de emergencia para la defensa en situaciones de crisis como un ataque exterior o conmoción interior. Para que el estado de sitio tenga validez constitucional es imprescindible que exista conmoción interior o ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución (...)
(...) En el caso de conmoción interior, el estado de sitio debe ser declarado por el Congreso, si el Congreso está en receso la facultad puede ejercerla el Poder Ejecutivo, correspondiendo a Congreso aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso. También en este caso el Poder Ejecutivo debería convocar al Congreso a sesiones extraordinarias inmediatamente después de haber declarado el estado de sitio.
El estado de sitio puede ponerse en vigor en todo el territorio o en parte de él, o sea que se declara en estado de sitio la provincia o territorio donde existía la perturbación del orden.
Sólo el gobierno federal tiene la competencia para declarar el estado de sitio, no las provincias.
El estado de sitio debe ser transitorio, el artículo 99 inciso 16 dice que el tiempo de duración debe ser limitado.