Fumador penalizado vs. fumador despenalizado
Hay algo que no se entiende. ¿Por qué, en el discurso público actual, el fumador de tabaco está casi asimilado a la categoría de delincuente social mientras que el consumidor de marihuana, cocaína y otras drogas es objeto de toda la consideración, respeto y desculpabilización posibles?
Existe un notable contraste entre la constancia, la eficiencia y –por qué no– la saña con la cual se persigue –aquí y en el mundo entero– a los infelices adictos al tabaco y la benevolencia, la compasión y –por qué no– la empatía con la cual se protege el “derecho” de los fumadores de marihuana y hachís, o el de los aspiradores de cocaína, a entregarse a su vicio cuando y donde se les dé la gana sin ser perturbados por la autoridad.
La campaña antitabaco ha sido y es encomiable, hay que admitirlo. Pensemos que en espacio de pocos años se ha logrado revertir la imagen del acto de fumar, que pasó de ser algo cool, agradable y socialmente simpático a constituir una verdadera ignominia, un acto de contaminación y de agresión al otro; en fin, un proto-delito. El fumador ha sido proscripto primero de los lugares públicos cerrados (oficinas, aulas, restaurantes, transportes); luego de los abiertos (plazas y parques) y pronto también lo será hasta de su casa, puesto que cada vez hay más edificios “libres de humo”.
Fumar mata. Está ampliamente probada la incidencia del tabaco en el desarrollo del cáncer de pulmón, uno de los más letales, incluso en los fumadores pasivos. Así que toda esta campaña es un logro de la salud pública y manifiesta una encomiable preocupación por el bienestar físico de las personas.
Ahora bien: ¿la droga no mata? ¿El bienestar psíquico de las personas y de su entorno no cuenta?
El adicto al tabaco no tomará por asalto un quiosco cuando no tenga qué fumar. Así consuma en pocas horas un paquete entero de cigarrillos, no perderá el discernimiento acerca de lo que está bien y lo que está mal, no se volverá violento, no agredirá, ni matará.
Una vez más: es admirable la eficacia que ha tenido la prohibición del tabaco. Se puede.Lo que es inentendible es por qué no se hace lo mismo con las drogas. Por qué ni siquiera se lo intenta. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un mensaje público del tipo “no te drogues”, “la droga mata”, o algo así? No eran campañas demasiado ingeniosas pero era mejor que la nada actual. ¿Cuándo fue la última vez que se apeló a la influencia de algún famoso para transmitir este tipo de conceptos? Nada se hace por frenar un mal que se está infiltrando lenta pero sostenidamente en nuestra sociedad con los efectos destructivos que conocemos.
La supuesta compasión por el adicto que exhiben cínicamente algunos funcionarios –adalides de la despenalización– sólo expresa desdén por la dignidad humana y desidia respecto de sus deberes. No les duele la autodestrucción de un argentino. El dolor de una familia los deja indiferentes.
No sólo no se oye ni se ve ninguna campaña antidrogas –como si no existiesen autoridades encargadas de esta prevención y de este combate–, sino que, además, se difunde más o menos subliminalmente el mensaje contrario. Jueces de las más altas instancias sostienen que el drogadicto tiene derecho a desarrollar tranquilo su vicio porque sólo se daña a sí mismo. Es una afirmación temeraria que minimiza o directamente desconoce los terribles efectos familiares y sociales de esta enfermedad. La asociación entre droga y delito no parece incomodarlos.
Quienes abogan por la despenalización total del consumo de drogas critican la estrategia represiva por supuestamente inútil. Pero ¿cómo juzgar la eficacia de lo que no se hace?
El argumento de que las cárceles están llenas de adictos es falaz. Sucede que el dealerque es arrestado con su “mercancía” encima jamás va a admitir que es un distribuidor. Su defensa es declararse consumidor porque la realidad es que el consumo no está penado por la ley argentina. Basta caminar por las calles de cualquier ciudad del país para que la nariz detecte de inmediato el “fumadero” improvisado en un zaguán, un banco de plaza, una vereda, a la vista y olfato de todos, con absoluta tranquilidad.
Lo cierto es que los que se oponen a la “mano dura” y argumentan que la drogadicción es un tema de salud pública y de prevención, no trabajan en ninguna de las cosas: ni se preocupan de que se aplique la ley en materia de represión del tráfico de estupefacientes ni de que exista una eficaz política preventiva y de tratamiento de la adicción.
En cambio, quienes realmente trabajan con las víctimas de este flagelo –léase pastoral de la Iglesia Católica, asociaciones sin fines de lucro a lo largo y ancho de la República, expertos como Ricardo Grimson– están totalmente en contra de la despenalización. A ellos no se los consulta. Su opinión vale lo mismo que la de cualquiera que tenga un micrófono a mano. La televisión trata el tema como si drogarse fuese un hobby, un divertimento social que no afecta más que al que lo practica. Nada les interesa del estrago que estos consumos están haciendo entre adolescentes y hasta en niños, y en particular en los sectores más carenciados.
Y desde las más altas esferas del Estado –en los tres poderes– la principal preocupación no parece ser velar por la vida sino por la muerte, por el “derecho” de los argentinos a morirnos de lo que se nos dé la gana –salvo el tabaquismo– o de lo que nos depare el azar, porque en un país donde no se combate la droga ni el delito organizado, la vida de las personas está en manos de las circunstancias.
El derecho a la muerte –a drogarse, a rechazar una transfusión– está hoy más protegido en nuestro país que el derecho a la vida.