Michelle Bachelet, que ya llevaba varios meses diseñando un nuevo proyecto de ley de migración -al que tuvo acceso Reportajes- y que ingresará al Congreso antes del 30 de enero para su tramitación.
El proyecto del gobierno -no obstante- tiene énfasis distintos y más bien propone flexibilizar el ingreso y permanencia de los migrantes al crear un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y establecer un catálogo de sus derechos y deberes en salud, educación y trabajo radicando en el Ministerio del Interior la política migratoria del país.
En una de las áreas que genera más polémica sobre el tema, como es el caso de la comisión de delitos por parte de extranjeros, la iniciativa establece que, a diferencia de lo que ha planteado un sector de la derecha, un residente temporal o permanente queda sujeto a las mismas sanciones que un ciudadano chileno y no puede ser expulsado de manera inmediata del país.
En el caso de un migrante que se encuentre en situación irregular, también se proponen modificaciones. Si en la normativa vigente las expulsiones ante situaciones de este tipo son discrecionales por parte de Interior y se hacían a través de decretos, ahora las expulsiones podrán ser apeladas por el o los afectados.
Este último podrá interponer un “recurso jerárquico contra la medida de expulsión” y la autoridad administrativa tendrá que pronunciarse “dentro del plazo de 60 días hábiles”, creando todo un proceso que elimina la expulsión inmediata. Además, si la medida persistiera, aún queda la posibilidad de que el extranjero que está en peligro de ser expulsado pueda recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que tiene un plazo de 30 días más para resolver.
Derechos establecidos
Con el aumento y la diversificación de migrantes que llegan al país, uno de los focos de preocupación ha sido el campo laboral.
La actual iniciativa es más amplia y flexible en temas laborales. De partida, se elimina la antigua práctica de dar visas de trabajo a quienes tengan contrato vigente, lo que a veces terminaba por generar una relación de dependencia entre empleado y empleador, quien podía usar la existencia de ese contrato para obtener ventajas con sus dependientes. En el proyecto de ley se entregará un permiso de visitante de larga duración, que puede ir de 90 días hasta dos años, independiente de la existencia de un contrato. Es decir, durante ese lapso de tiempo un migrante puede buscar fuente laboral sin tener la presión de ser expulsado si no encuentra un puesto. Además, en esta nueva ley se establecen multas a las empresas que contraten trabajadores en situación irregular. Antes, la responsabilidad recaía solo en el migrante.
En educación, en tanto, los extranjeros tienen derecho a ingresar a establecimientos educativos igual que los chilenos, independiente de la situación migratoria de sus padres o la nacionalidad de los mismos.Además, se garantiza a los migrantes con permiso residente en el país gozar de todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social.
Fuentes de gobierno dicen que el corazón de este proyecto de ley -del que aún no se decide cuál será la urgencia con la que pretende ser tramitado en el Congrso- intenta ponerse al día con tratados internacionales sobre el tema, además de establecer una “migración segura”.
El tono del escrito queda marcado desde el primer párrafo. El artículo 1, sobre el valor de la migración para el Estado, dice: “El Estado de Chile valora la migración, particularmente su aporte al desarrollo económico, social y cultural del país y de sus habitantes, reconociendo la libertad de tránsito y el derecho a migrar de conformidad con las disposiciones de esta ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
El proyecto del gobierno -no obstante- tiene énfasis distintos y más bien propone flexibilizar el ingreso y permanencia de los migrantes al crear un Registro Nacional de Extranjeros -de carácter reservado- y establecer un catálogo de sus derechos y deberes en salud, educación y trabajo radicando en el Ministerio del Interior la política migratoria del país.
En una de las áreas que genera más polémica sobre el tema, como es el caso de la comisión de delitos por parte de extranjeros, la iniciativa establece que, a diferencia de lo que ha planteado un sector de la derecha, un residente temporal o permanente queda sujeto a las mismas sanciones que un ciudadano chileno y no puede ser expulsado de manera inmediata del país.
En el caso de un migrante que se encuentre en situación irregular, también se proponen modificaciones. Si en la normativa vigente las expulsiones ante situaciones de este tipo son discrecionales por parte de Interior y se hacían a través de decretos, ahora las expulsiones podrán ser apeladas por el o los afectados.
Este último podrá interponer un “recurso jerárquico contra la medida de expulsión” y la autoridad administrativa tendrá que pronunciarse “dentro del plazo de 60 días hábiles”, creando todo un proceso que elimina la expulsión inmediata. Además, si la medida persistiera, aún queda la posibilidad de que el extranjero que está en peligro de ser expulsado pueda recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que tiene un plazo de 30 días más para resolver.
Derechos establecidos
Con el aumento y la diversificación de migrantes que llegan al país, uno de los focos de preocupación ha sido el campo laboral.
La actual iniciativa es más amplia y flexible en temas laborales. De partida, se elimina la antigua práctica de dar visas de trabajo a quienes tengan contrato vigente, lo que a veces terminaba por generar una relación de dependencia entre empleado y empleador, quien podía usar la existencia de ese contrato para obtener ventajas con sus dependientes. En el proyecto de ley se entregará un permiso de visitante de larga duración, que puede ir de 90 días hasta dos años, independiente de la existencia de un contrato. Es decir, durante ese lapso de tiempo un migrante puede buscar fuente laboral sin tener la presión de ser expulsado si no encuentra un puesto. Además, en esta nueva ley se establecen multas a las empresas que contraten trabajadores en situación irregular. Antes, la responsabilidad recaía solo en el migrante.
En educación, en tanto, los extranjeros tienen derecho a ingresar a establecimientos educativos igual que los chilenos, independiente de la situación migratoria de sus padres o la nacionalidad de los mismos.Además, se garantiza a los migrantes con permiso residente en el país gozar de todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social.
Fuentes de gobierno dicen que el corazón de este proyecto de ley -del que aún no se decide cuál será la urgencia con la que pretende ser tramitado en el Congrso- intenta ponerse al día con tratados internacionales sobre el tema, además de establecer una “migración segura”.
El tono del escrito queda marcado desde el primer párrafo. El artículo 1, sobre el valor de la migración para el Estado, dice: “El Estado de Chile valora la migración, particularmente su aporte al desarrollo económico, social y cultural del país y de sus habitantes, reconociendo la libertad de tránsito y el derecho a migrar de conformidad con las disposiciones de esta ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
http://www.latercera.com/noticia/nuevo-trato-bachelet-propone-los-inmigrantes/