Con el visto bueno de los bloques de la oposición, el Frente para la Victoria (FPV) logró aprobar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires una iniciativa para que el gobierno bonaerense informe, de manera detallada, cuál es el vínculo contractual que mantiene con las empresas Boldt SA y Boldt Gaming SA, a través de los acuerdos firmados por el Instituto Provincial de Lotería y Casino (IPLyC).
Con importantes operaciones en el sector de los juegos de azar y las impresiones gráficas, Boldt es el principal activo del Grupo Tabanelli, el mismo que fuera señalado por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, como impulsor de las acusaciones en su contra y que derivaron en el llamado caso
Ciccone, hoy investigado por la justicia federal (ver recuadro). En ese escenario, los acuerdos comerciales que el Ejecutivo provincial posee con esta firma motivaron el requerimiento acompañado ayer por toda la Cámara Baja, que lleva el carácter de “urgente” y que ahora deberá ser evaluado por el gobernador Daniel Scioli.
El escrito fue presentado por el jefe de la bancada del FPV, el diputado Juan De Jesús, y contó con el respaldo del vicepresidente de cuerpo, José Ottavis, cuyas tratativas fueron determinantes tanto hacia el interior del propio oficialismo como para reunir las rúbricas de las distintas expresiones del arco opositor.
“No es en contra de nadie”, remarcó De Jesús durante su intervención en el recinto, con el fin de anular cualquier intento por presentar el pedido de informe, que contó con el respaldo de los legisladores sciolistas, como una presión contra el gobernador. Agregó que con el pedido lo que se busca es “saber sobre el accionar de estas dos empresas”, así como “mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”. De Jesús sostuvo que ante “la acción mediática” y el intento de estas compañías por “incidir sobre la voluntad y la gestión del gobierno nacional”, el kirchnerismo bonaerense “ha sentido la necesidad de darle una respuesta a esta situación y encauzar no sólo con esta empresa todo lo que tiene que ver al juego en la provincia”.
En concreto, la solicitud gira en torno a ocho puntos o áreas de interés para los legisladores. Cuatro de ellos se refieren a los contratos firmados por el gobierno local con Boldt, en lo que toca a su objeto –incluida su duración, con fechas de inicio y finalización–, el marco legal en que fueron celebrados los acuerdos –esto permitirá conocer si fueron resultado de un proceso de licitación pública o, en cambio, se recurrió a mecanismos de contratación directa–, los resortes legales que asisten a los organismos de control en caso de incumplimientos y, finalmente, si existen trámites iniciados por parte de los privados para prorrogar o extender la licencias de explotación ya obtenidas.
En otro punto se le pregunta a la gobernación por los cánones y demás cargos impuestos por todo concepto al Grupo Tabanelli, y que son recaudados por el IPLyC o, en su defecto, por el Estado provincial. A su vez, se le pide especificar en qué se fueron invirtiendo o se planean destinar esos fondos, toda vez que la legislación les otorga un uso prioritario en materia de desarrollo social y salud.
Los diputados también solicitaron conocer la evolución de los ingresos y las ganancias obtenidas por Boldt y Boldt Gaming como fruto de los contratos con el Ejecutivo bonaerense para operar en el distrito. Por último, la cámara requirió que se le comunique sobre cualquier otro dato o elemento relacionado con el objeto de su solicitud.
En cuanto a la oposición, aprovechó la puerta abierta por esta iniciativa para exponer en el parlamento sus críticas al marco general en que se viene explotando la millonaria industria del azar en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, los jefes de bloque adelantaron que presentarán o reiterarán similares pedidos de informe referidos a otras empresas de juegos habilitadas para funcionar en suelo bonaerense.