Los efectos colaterales de Megaupload

Mis compañeros de la sección de opinión de elEconomista me pidieron la semana pasada unas líneas sobre la existencia de miles de denuncias (5.000) de internautas españoles contra Megaupload, con vistas a un artículo editorial que salió publicado el pasado lunes 6 de febrero. Ante esa situación, tuve la suerte de asaltar al director de la web de elEconomista, Manuel Bonachela, que me resumió su parecer sobre este tipo de cuestiones de manera absolutamente convincente. Sus argumentos, certeros y agudos, los he tomado prestados y los he hecho míos. Por todo lo anterior me atrevo a reproducir la integridad del texto que sirvió de inspiración para un breve artículo editorial de mi periódico. Comentaba que los 5.000 internautas prevén acudir a los tribunales para defender sus intereses legítimos ante unas propiedades confiadas a la web de descargas. Se trata de archivos digitales particulares que, de la noche a la mañana, han desaparecido y que en ningún caso conculcan los derechos de propiedad intelectual. Esa situación pone de relieve la profunda crisis de identidad que afecta a una industria socavada por tres grandes pesadillas. Es aquí donde Bonachela, rotulador en mano, reproduce un esquema que más abajo me limito a vestir con otras palabras. La primera tiene que ver con la ambigua corriente legisladora que ha convulsionado el Internet patrio y el global, ya sea a través de la Ley Sinde-Wert o las estadounidenses normativas Sopa y Pipa. Todas ellas han multiplicado la inseguridad en el ecosistema de Internet, lo que a su vez se ha traducido en mayores incertidumbres y riesgos para invertir en el universo online. Ante semejante panorama, el capital tiene motivos para salir espantado en busca de puertos más seguros. El segundo gran obstáculo tiene mucho que ver con los desequilibrios históricos que existen entre la oferta y demanda de contenidos intelectuales, ya sean artísticos, audiovisuales, videojuegos, informáticos, editoriales o de cualquier otro tipo. En la memoria reciente se encuentran los precios disparatados de los CDs, que animaron a los usuarios a copiarse la música en las casetes y compartirlas con sus allegados, comportamiento que años después migró al mundo digital a través de las redes de intercambio de archivos (P2P). Es conocido que la industria musical pasó de ingresar cantidades desproporcionadas a facturaciones pírricas. Viajó del todo a la nada, de la abundancia a la desolación. Ese drama sigue vigente, aunque ahora dispone de una interesante alternativa con la irrupción de nuevos modelos de negocios de disfrute de contenidos digitales legales, como Netflix o Spotify. Ahora bien, la amenaza de estas plataformas sigue latente: o ajusta los precios a las expectativas de la demanda, o el público volverá a los servicios de P2P con el riesgo de ruina que eso conlleva. El tercer problema del sector de los contenidos digitales de alto valor son las páginas de descargas, en las que a grandes rasgos se incentiva la piratería colectiva y donde los ingresos van directamente a los bolsillos de personajes tan turbios y extravagantes como Kim Schmitz, dueño de Megaupload. En ese entorno, la creación está abocada a desaparecer, con un empobrecimiento de la oferta cultural que laminará intelectualmente a todos los países que no logren sacudirse esa lacra. Por todo lo anterior, reconforta pensar que los tribunales impondrán la justicia, pero también se echa en falta cierta concienciación pública para denostar el lucro obsceno de los que se apropian del trabajo y talento ajeno.