Últimamente se hizo conocido el caso del pueblo de famatina que se opone a la llegada una empresa minera que desea instaurarse allí. Pero el problema de la megaminería va más allá de un pueblo o de este momento en particular. En este post se dará toda la información necesaria acerca de un tema que nos afecta a todos.
La casi totalidad de los minerales metalíferos de la Argentina se encuentran en las provincias cercanas a la Cordillera de los Andes, las más importantes siendo San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Salta y Jujuy (cuentan con el 80% de la presencia de empresas mineras extranjeras). Los metales más buscados son el oro, la plata y el cobre, por el aumento del precio de esos minerales en los mercados internacionales. Actualmente los yacimientos más importantes de la Argentina son los siguientes:
Catamarca: Bajo la Alumbrera (cobre y oro), Salar del Hombre Muerto (litio)
San Juan: Veladero (oro y plata), Pascua Lama y Pachón (cobre, oro y plata)
Jujuy: Mina Aguilar (plomo, plata y zinc), Pirquitas (plata, estaño y zinc)
Santa Cruz: Cerro Vanguardia (oro y plata)
Chubut: El Desquite (Esquel) (oro y plata)
Además, muchos de los proyectos conflictivos ahora sólo están en etapa de exploración, por eso hay que actuar hoy para frenarlos antes de que empiecen la etapa de producción. Por ejemplo, si se termina de ejecutar, el proyecto binacional entre Chile y Argentina, Pascua Lama, “será el yacimiento más grande de ambos países y estará entre los primeros cinco del mundo”. Por lo tanto, el gran temor es que los daños ambientales y sociales que fueron ya provocados no sean nada comparado con los que van a aparecer en el futuro próximo, lo más probable es que su cantidad se multiplique al ritmo de los récords de producción y de exportación.
Marco legal
Si este saqueo de los recursos del país está en marcha, es porque los últimos gobiernos argentinos lo vienen permitiendo, hasta se podría decir que lo vienen promoviendo. La llegada de las empresas transnacionales y el comienzo de la gran minería en Argentina se hicieron posible a partir de 1993, cuando fue sancionada la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, en pleno auge del menemismo. La ley de 1993 literalmente desreguló todo el sector minero y creó las condiciones para que Argentina regale sus recursos a empresas extranjeras. En pocas palabras, esta ley estableció una serie de beneficios para las empresas mineras, sin exigirles nada en contraparte. Esta ley fue luego modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429, que acentuaron el tratamiento preferencial a las empresas mineras: los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner siguieron el camino trazado por Menem en los años 1990.
Principalmente, la ley 24.196 de Inversiones Mineras establece una serie de incentivos fiscales a la exploración y explotación minera: las empresas mineras pueden deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a las ganancias; se les devuelve el IVA a la exploración, así como el IVA en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan derechos de importación; no pagan el Impuesto al Cheque; pueden deducir el 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y muchas otras ventajas más. Además. con la ley actual no se les podrá retirar esos beneficios por un periodo de treinta años a partir de su instalación.
En contraparte de todos esos beneficios, las empresas mineras tienen que pagar regalías a las provincias, pero la ley 24.196 fija un tope ridículo para estas regalías: el 3% del valor del mineral extraído en boca de mina, y ciertas provincias como Chubut ni siquiera alcanzan este máximo ridículo. Esas regalías son tan insignificantes que en ciertos casos su monto termina siendo menor al monto de todos los reintegros hechos a la empresas mineras: ¡el Estado nacional y las provincias literalmente pagan las empresas mineras para que se lleven los recursos inerales afuera del país!
Por otro lado, con respecto a la protección del medio ambiente La única obligación hecha a las empresas mineras es la de presentar un Informe de Impacto Ambiental antes de empezar sus actividades. En los hechos, muchas veces son las mismas empresas que escriben el informe.
La ley de protección ambiental establece en su artículo 18 que “todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, Informe realizado por restaurarlo o recomponerlo, según correspondiere.”, y enumera después una lista de sanciones. Pero las empresas mineras son tan poderosas que supieron comprar los apoyos políticos necesarios para que nadie se atreviera nunca a procesarlas judicialmente.
Por ejemplo, en Catamarca, la empresa minera La Alumbrera escapa a todo tipo de regulación porque se aseguró de la amistad de todos las autoridades de la región, desde el Estado provincial hasta los municipios, que se convirtieron en verdaderos “socios” de la empresa. Eligió no tomar ningún riesgo: financia a todos los candidatos, tanto los que están en el poder como los de la oposición. En Catamarca, todos los poderes están al servicio de este mega-proyecto minero, hasta la Iglesia: el obispo Luis Urbanc, amigo de la infancia de un funcionario de La Alumbrera, presenta a la empresa como un ejemplo de la minería responsable, aunque nos lleguen todos los días nuevas pruebas de la contaminación ambiental causada en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, por la explotación de este yacimiento.
Impacto ambiental
La minería “a cielo abierto” se trata de una forma de explotación minera que consiste en remover la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. El uso, de manera intensiva, de grandes cantidades de cianuro, permite separar el oro del resto del material removido.
El recurso natural más afectado por la gran minería es el agua. En primer lugar, las actividades mineras implican un consumo desproporcionado de este bien público, conduciendo a la reducción de las napas locales: cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día, en zonas donde ya es un recurso escaso (la sola mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día).
Además del uso de enormes volúmenes de agua, el impacto más grave de los grandes proyectos mineros es la contaminación de los estanques de agua, arroyos, ríos, lagos de la región, principalmente por falta de tratamiento de las aguas usadas. La contaminación del agua se provoca de distintas formas, las principales siendo las
siguientes:
• por el drenaje ácido de la minería – cuando grandes cantidades de rocas son excavadas y que los sulfatos que contienen entran en contacto con el agua;
• por metales pesados (arsénico, plomo, cobre, zinc, etc);
• por agentes químicos usados por las empresas mineras, como el cianuro y el ácido sulfúrico – cuando se derraman o se trasladan de un sitio minero a un curso de agua
cercano.
Pobladores de Jáchal (San Juan) hicieron analizar muestras del río: “en mayo del 2005, sus aguas tenían 69 miligramos de arsénico por litro, unos 19 más que lo permitido. Un año después, con el proyecto Veladero a pleno, tenía 260 miligramos por litro en el río, y el agua potable 120 miligramos”
Por otro lado, la minería contamina también los suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad de esos suelos. La contaminación de los suelos se produce por depósito de partículas sedimentadas - a partir de la atmósfera o traídas por las aguas de lluvia-, por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero. Los
contaminantes que se infiltran pasan luego a contaminar las reservas subterráneas de agua. La minería puede también provocar una alteración y un movimiento descontrolado de los suelos. En Jujuy, comunidades Kollas sufren del impacto de la actividad minera: la extracción de oro en la cuenca del río Orosmayo produjo una profunda modificación de los terrenos, generando terrenos pantanosos, diques, que no tienen barreras de protección,
lo cual provocó la muerte de animales de cría por accidentes en los mismos
Al igual que el agua, el aire se contamina por el drenaje ácido de la minería, al entrar en contacto con el ácido sulfúrico. Además, pequeñas partículas de los metales pesados se desprenden de los residuos y se diseminan luego con el viento, integrándose lentamente en los tejidos de los organismos vivos. Por fin, las grandes cantidades de polvo generadas por la actividad minera asfixian las plantas y los árboles, además de provocar problemas respiratorios en las poblaciones locales.
Impactos sobre la salud humana
Muchas veces se habla del impacto de la destrucción del medio ambiente sobre las generaciones futuras. Pero, en el caso de la minería, los daños ambientales son tan inmediatos y profundos que afectan a las poblaciones actuales, provocando una serie de enfermedades, algunas siendo muy graves. Las poblaciones locales no están lo suficiente informadas sobre los riesgos de la actividad minera, y entonces toman agua “envenenada” y
respiran aire contaminado. Además, comen carne y verduras contaminadas por los metales y productos químicos presentes en el agua y el suelo.
En Abra Pampa, un pueblo de unos 14 000 habitantes en Jujuy, se puede ver adolescentes de 16 años que aparentan 9. Se debe al proyecto minero de la empresa Metal Huasi, el cual dejó huellas profundas en los pueblos aledaños. Así, 25 años después del abandono de esta explotación de plomo, quedó una montaña de escoria de unas 10 000 toneladas de metal, que sigue contaminando el aire. En 2007, un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81% de los niños de este pueblo tiene plomo en la sangre en cantidades dañinas para su salud. Mientras que en Argentina los limites máximos son de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, otros países bajaron esos límites, ya que se considera que a partir de 5 microgramos los chicos tienen daños neuromadurativos. De todas formas, los niños de Abra Pampa están muy arriba de esos niveles, con cantidades de plomo en la sangre superiores a 20 o 40 microgramos. Las consecuencias son muy graves: problemas de crecimiento y de desarrollo del coeficiente mental, enfermedades de la piel, etc.
En realidad, parece que las empresas mineras son muy conscientes del impacto del cianuro, del arsénico y otros contaminantes sobre la salud humana. Mientras que difunden información sobre las bondades del cianuro, algunas empresas mineras tienen, por las dudas, una política de contratación del personal diversificada, para no aumentar las estadísticas de cáncer y enfermedades bronco-pulmonares: “En ninguna de las tres ciudades principales cercanas a la mina (Santa María, Belén y Andalgalá, de 15 mil habitantes promedio cada una) habitan más de 80 a 100 obreros directos de la empresa. El resto de los 1.800 trabajadores directos de La Alumbrera se esparcen en ciudades más lejanas y provincias vecinas como La Rioja, Tucumán, San Juan y Córdoba, e incluso Chile”
Cabe destacar que la acumulación de esos metales pesados en la sangre y los pulmones es lenta, y sólo se detecta gracias a análisis específicos, por lo que muchas personas se enteran de su presencia cuando el problema de salud es ya muy grave.
Impacto económico
Por otra parte, la puesta en marcha de un proyecto minero a gran escala viola los derechos económicos de las poblaciones locales, porque tiene impactos importantes sobre la estructura económica local, afectando en varios aspectos las posibilidades productivas. En primer lugar, las empresas mineras, ayudadas por los responsables políticos y los medios locales, crean fuertes expectativas con campañas de propaganda que prometen miles de puestos de trabajo y un dinamismo económico para la región donde se instalan. Los habitantes se dejan seducir y prefieren tener trabajo por más que esta actividad represente un riesgo ambiental. Rápidamente, las promesas se revelan falsas, ya que las empresas crean poco empleo directo, y gran parte de la mano de obra que contratan no es local. Además, no es una fuente estable de trabajo, ya que después de diez o treinta años, cuando se agotan los recursos mineros, desaparecen los puestos creados.
En las distintas provincias mineras, las asambleas de vecinos vienen denunciando esas mentiras. Es el caso
también de Rubén Lasa, presidente de la Cámara Económica de Belén: "Ni la comida compran acá, nos subestiman absolutamente. La llegada de la empresa no ha representado nada de lo que se esperaba ni de lo que se prometió. Es un emprendimiento enorme rodeado de una pobreza atroz, que sólo provee dádivas y aportes mínimos a instituciones locales. ¿Qué genera La Alumbrera para la zona? Nos siguen vendiendo espejitos de colores"
Catamarca, una de las mayores provincias mineras de Argentina, es también una de las provincias más pobres del país. Nada de todo el oro que encierra esta región llega a sus habitantes. Además de no crear los empleos prometidos, la minería a gran escala destruye fuentes de trabajo preexistentes. El uso indiscriminado de agua por la minería reduce por supuesto las cantidades disponibles para las otras actividades productivas, como la agricultura. La localidad de Santa María (Catamarca) perdió el 40%a de su agua y el 70% del sector agropecuario de este departamento dejó de producir por falta de agua. Agravando la falta de agua, la contaminación de los suelos reduce fuertemente su productividad. Ese escenario se repite a lo largo de la Cordillera de los Andes.
En los últimos años, Argentina se transformó en uno de los países más codiciados por las grandes transnacionales mineras: se debe a la gran cantidad de minerales metalíferos que se encuentran en el país, pero sobre todo a las leyes sancionadas a partir de 1993. El resultado de esta falta de regulación es una larga lista de violaciones de los derechos humanos. Pocas actividades industriales logran afectar de manera tan profunda todas las esferas de la vida de esos pueblos como lo hace la gran minería. Apoyadas por la gran mayoría de los políticos y de los medios, las empresas mineras actúan en total impunidad, aprovechando de la vulnerabilidad de las poblaciones locales. En conclusión, es imprescindible unir los esfuerzos a nivel provincial y nacional, porque lo único que realmente puede permitir terminar con este saqueo es un cambio en las leyes. El Estado y los gobiernos provinciales son los garantes del bien público, por eso hay que exigirles cambiar la legislación minera y hacer respetar los derechos del pueblo argentino.
La casi totalidad de los minerales metalíferos de la Argentina se encuentran en las provincias cercanas a la Cordillera de los Andes, las más importantes siendo San Juan, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Salta y Jujuy (cuentan con el 80% de la presencia de empresas mineras extranjeras). Los metales más buscados son el oro, la plata y el cobre, por el aumento del precio de esos minerales en los mercados internacionales. Actualmente los yacimientos más importantes de la Argentina son los siguientes:
Catamarca: Bajo la Alumbrera (cobre y oro), Salar del Hombre Muerto (litio)
San Juan: Veladero (oro y plata), Pascua Lama y Pachón (cobre, oro y plata)
Jujuy: Mina Aguilar (plomo, plata y zinc), Pirquitas (plata, estaño y zinc)
Santa Cruz: Cerro Vanguardia (oro y plata)
Chubut: El Desquite (Esquel) (oro y plata)
Además, muchos de los proyectos conflictivos ahora sólo están en etapa de exploración, por eso hay que actuar hoy para frenarlos antes de que empiecen la etapa de producción. Por ejemplo, si se termina de ejecutar, el proyecto binacional entre Chile y Argentina, Pascua Lama, “será el yacimiento más grande de ambos países y estará entre los primeros cinco del mundo”. Por lo tanto, el gran temor es que los daños ambientales y sociales que fueron ya provocados no sean nada comparado con los que van a aparecer en el futuro próximo, lo más probable es que su cantidad se multiplique al ritmo de los récords de producción y de exportación.
Marco legal
Si este saqueo de los recursos del país está en marcha, es porque los últimos gobiernos argentinos lo vienen permitiendo, hasta se podría decir que lo vienen promoviendo. La llegada de las empresas transnacionales y el comienzo de la gran minería en Argentina se hicieron posible a partir de 1993, cuando fue sancionada la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, en pleno auge del menemismo. La ley de 1993 literalmente desreguló todo el sector minero y creó las condiciones para que Argentina regale sus recursos a empresas extranjeras. En pocas palabras, esta ley estableció una serie de beneficios para las empresas mineras, sin exigirles nada en contraparte. Esta ley fue luego modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429, que acentuaron el tratamiento preferencial a las empresas mineras: los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner siguieron el camino trazado por Menem en los años 1990.
Principalmente, la ley 24.196 de Inversiones Mineras establece una serie de incentivos fiscales a la exploración y explotación minera: las empresas mineras pueden deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a las ganancias; se les devuelve el IVA a la exploración, así como el IVA en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan derechos de importación; no pagan el Impuesto al Cheque; pueden deducir el 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y muchas otras ventajas más. Además. con la ley actual no se les podrá retirar esos beneficios por un periodo de treinta años a partir de su instalación.
En contraparte de todos esos beneficios, las empresas mineras tienen que pagar regalías a las provincias, pero la ley 24.196 fija un tope ridículo para estas regalías: el 3% del valor del mineral extraído en boca de mina, y ciertas provincias como Chubut ni siquiera alcanzan este máximo ridículo. Esas regalías son tan insignificantes que en ciertos casos su monto termina siendo menor al monto de todos los reintegros hechos a la empresas mineras: ¡el Estado nacional y las provincias literalmente pagan las empresas mineras para que se lleven los recursos inerales afuera del país!
Por otro lado, con respecto a la protección del medio ambiente La única obligación hecha a las empresas mineras es la de presentar un Informe de Impacto Ambiental antes de empezar sus actividades. En los hechos, muchas veces son las mismas empresas que escriben el informe.
La ley de protección ambiental establece en su artículo 18 que “todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, Informe realizado por restaurarlo o recomponerlo, según correspondiere.”, y enumera después una lista de sanciones. Pero las empresas mineras son tan poderosas que supieron comprar los apoyos políticos necesarios para que nadie se atreviera nunca a procesarlas judicialmente.
Por ejemplo, en Catamarca, la empresa minera La Alumbrera escapa a todo tipo de regulación porque se aseguró de la amistad de todos las autoridades de la región, desde el Estado provincial hasta los municipios, que se convirtieron en verdaderos “socios” de la empresa. Eligió no tomar ningún riesgo: financia a todos los candidatos, tanto los que están en el poder como los de la oposición. En Catamarca, todos los poderes están al servicio de este mega-proyecto minero, hasta la Iglesia: el obispo Luis Urbanc, amigo de la infancia de un funcionario de La Alumbrera, presenta a la empresa como un ejemplo de la minería responsable, aunque nos lleguen todos los días nuevas pruebas de la contaminación ambiental causada en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, por la explotación de este yacimiento.
Impacto ambiental
La minería “a cielo abierto” se trata de una forma de explotación minera que consiste en remover la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. El uso, de manera intensiva, de grandes cantidades de cianuro, permite separar el oro del resto del material removido.
El recurso natural más afectado por la gran minería es el agua. En primer lugar, las actividades mineras implican un consumo desproporcionado de este bien público, conduciendo a la reducción de las napas locales: cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día, en zonas donde ya es un recurso escaso (la sola mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día).
Además del uso de enormes volúmenes de agua, el impacto más grave de los grandes proyectos mineros es la contaminación de los estanques de agua, arroyos, ríos, lagos de la región, principalmente por falta de tratamiento de las aguas usadas. La contaminación del agua se provoca de distintas formas, las principales siendo las
siguientes:
• por el drenaje ácido de la minería – cuando grandes cantidades de rocas son excavadas y que los sulfatos que contienen entran en contacto con el agua;
• por metales pesados (arsénico, plomo, cobre, zinc, etc);
• por agentes químicos usados por las empresas mineras, como el cianuro y el ácido sulfúrico – cuando se derraman o se trasladan de un sitio minero a un curso de agua
cercano.
Pobladores de Jáchal (San Juan) hicieron analizar muestras del río: “en mayo del 2005, sus aguas tenían 69 miligramos de arsénico por litro, unos 19 más que lo permitido. Un año después, con el proyecto Veladero a pleno, tenía 260 miligramos por litro en el río, y el agua potable 120 miligramos”
Por otro lado, la minería contamina también los suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad de esos suelos. La contaminación de los suelos se produce por depósito de partículas sedimentadas - a partir de la atmósfera o traídas por las aguas de lluvia-, por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero. Los
contaminantes que se infiltran pasan luego a contaminar las reservas subterráneas de agua. La minería puede también provocar una alteración y un movimiento descontrolado de los suelos. En Jujuy, comunidades Kollas sufren del impacto de la actividad minera: la extracción de oro en la cuenca del río Orosmayo produjo una profunda modificación de los terrenos, generando terrenos pantanosos, diques, que no tienen barreras de protección,
lo cual provocó la muerte de animales de cría por accidentes en los mismos
Al igual que el agua, el aire se contamina por el drenaje ácido de la minería, al entrar en contacto con el ácido sulfúrico. Además, pequeñas partículas de los metales pesados se desprenden de los residuos y se diseminan luego con el viento, integrándose lentamente en los tejidos de los organismos vivos. Por fin, las grandes cantidades de polvo generadas por la actividad minera asfixian las plantas y los árboles, además de provocar problemas respiratorios en las poblaciones locales.
Impactos sobre la salud humana
Muchas veces se habla del impacto de la destrucción del medio ambiente sobre las generaciones futuras. Pero, en el caso de la minería, los daños ambientales son tan inmediatos y profundos que afectan a las poblaciones actuales, provocando una serie de enfermedades, algunas siendo muy graves. Las poblaciones locales no están lo suficiente informadas sobre los riesgos de la actividad minera, y entonces toman agua “envenenada” y
respiran aire contaminado. Además, comen carne y verduras contaminadas por los metales y productos químicos presentes en el agua y el suelo.
En Abra Pampa, un pueblo de unos 14 000 habitantes en Jujuy, se puede ver adolescentes de 16 años que aparentan 9. Se debe al proyecto minero de la empresa Metal Huasi, el cual dejó huellas profundas en los pueblos aledaños. Así, 25 años después del abandono de esta explotación de plomo, quedó una montaña de escoria de unas 10 000 toneladas de metal, que sigue contaminando el aire. En 2007, un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81% de los niños de este pueblo tiene plomo en la sangre en cantidades dañinas para su salud. Mientras que en Argentina los limites máximos son de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, otros países bajaron esos límites, ya que se considera que a partir de 5 microgramos los chicos tienen daños neuromadurativos. De todas formas, los niños de Abra Pampa están muy arriba de esos niveles, con cantidades de plomo en la sangre superiores a 20 o 40 microgramos. Las consecuencias son muy graves: problemas de crecimiento y de desarrollo del coeficiente mental, enfermedades de la piel, etc.
En realidad, parece que las empresas mineras son muy conscientes del impacto del cianuro, del arsénico y otros contaminantes sobre la salud humana. Mientras que difunden información sobre las bondades del cianuro, algunas empresas mineras tienen, por las dudas, una política de contratación del personal diversificada, para no aumentar las estadísticas de cáncer y enfermedades bronco-pulmonares: “En ninguna de las tres ciudades principales cercanas a la mina (Santa María, Belén y Andalgalá, de 15 mil habitantes promedio cada una) habitan más de 80 a 100 obreros directos de la empresa. El resto de los 1.800 trabajadores directos de La Alumbrera se esparcen en ciudades más lejanas y provincias vecinas como La Rioja, Tucumán, San Juan y Córdoba, e incluso Chile”
Cabe destacar que la acumulación de esos metales pesados en la sangre y los pulmones es lenta, y sólo se detecta gracias a análisis específicos, por lo que muchas personas se enteran de su presencia cuando el problema de salud es ya muy grave.
Impacto económico
Por otra parte, la puesta en marcha de un proyecto minero a gran escala viola los derechos económicos de las poblaciones locales, porque tiene impactos importantes sobre la estructura económica local, afectando en varios aspectos las posibilidades productivas. En primer lugar, las empresas mineras, ayudadas por los responsables políticos y los medios locales, crean fuertes expectativas con campañas de propaganda que prometen miles de puestos de trabajo y un dinamismo económico para la región donde se instalan. Los habitantes se dejan seducir y prefieren tener trabajo por más que esta actividad represente un riesgo ambiental. Rápidamente, las promesas se revelan falsas, ya que las empresas crean poco empleo directo, y gran parte de la mano de obra que contratan no es local. Además, no es una fuente estable de trabajo, ya que después de diez o treinta años, cuando se agotan los recursos mineros, desaparecen los puestos creados.
En las distintas provincias mineras, las asambleas de vecinos vienen denunciando esas mentiras. Es el caso
también de Rubén Lasa, presidente de la Cámara Económica de Belén: "Ni la comida compran acá, nos subestiman absolutamente. La llegada de la empresa no ha representado nada de lo que se esperaba ni de lo que se prometió. Es un emprendimiento enorme rodeado de una pobreza atroz, que sólo provee dádivas y aportes mínimos a instituciones locales. ¿Qué genera La Alumbrera para la zona? Nos siguen vendiendo espejitos de colores"
Catamarca, una de las mayores provincias mineras de Argentina, es también una de las provincias más pobres del país. Nada de todo el oro que encierra esta región llega a sus habitantes. Además de no crear los empleos prometidos, la minería a gran escala destruye fuentes de trabajo preexistentes. El uso indiscriminado de agua por la minería reduce por supuesto las cantidades disponibles para las otras actividades productivas, como la agricultura. La localidad de Santa María (Catamarca) perdió el 40%a de su agua y el 70% del sector agropecuario de este departamento dejó de producir por falta de agua. Agravando la falta de agua, la contaminación de los suelos reduce fuertemente su productividad. Ese escenario se repite a lo largo de la Cordillera de los Andes.
En los últimos años, Argentina se transformó en uno de los países más codiciados por las grandes transnacionales mineras: se debe a la gran cantidad de minerales metalíferos que se encuentran en el país, pero sobre todo a las leyes sancionadas a partir de 1993. El resultado de esta falta de regulación es una larga lista de violaciones de los derechos humanos. Pocas actividades industriales logran afectar de manera tan profunda todas las esferas de la vida de esos pueblos como lo hace la gran minería. Apoyadas por la gran mayoría de los políticos y de los medios, las empresas mineras actúan en total impunidad, aprovechando de la vulnerabilidad de las poblaciones locales. En conclusión, es imprescindible unir los esfuerzos a nivel provincial y nacional, porque lo único que realmente puede permitir terminar con este saqueo es un cambio en las leyes. El Estado y los gobiernos provinciales son los garantes del bien público, por eso hay que exigirles cambiar la legislación minera y hacer respetar los derechos del pueblo argentino.
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