Los vicios de la administración pública
Debe celebrarse que tanto desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como desde el bonaerense comiencen a difundirse decisiones para mejorar la calidad de la administración pública, atacando sus vicios más intolerables.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tuvo la iniciativa al dar de baja 2400 contratos suscriptos por su antecesor en el cargo durante el último año. Esa determinación dio paso a una discusión más amplia sobre la existencia de personal que no trabaja -los llamados "ñoquis"- y sobre contratados innecesarios.
Su ejemplo se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde Daniel Scioli anunció que también hará un censo de empleados públicos en cooperación con las entidades sindicales.
En el caso del distrito porteño, algunos de los datos que se conocieron a partir del conflicto desatado por Macri son escandalosos. Hay Centros de Gestión y Participación que cuentan con una planta superior a los 800 empleados, en los cuales los trabajadores se turnan para concurrir a sus oficinas porque de otro modo no entrarían en ellas (el caso de Saavedra, por ejemplo). Del mismo modo, el viejo parque de diversiones Interama, que está cerrado, tiene imputados 200 trabajadores. Asimismo, se conocen casos de contratados que ni siquiera viven en Buenos Aires: por ejemplo, el caso de uno que está en España.
La discusión sobre la calidad de la administración pública resulta urgente en la Argentina, pero ha quedado siempre al margen en el debate sobre la dimensión del Estado.
Ni quienes aconsejan la intervención del Estado sobre la mayor cantidad de áreas de la vida pública ni quienes recomiendan su restricción a servicios indispensables han sido propensos en la Argentina a examinar el problema del empleo público y la calidad de la gestión administrativa.
Debería ser un interés principal de los sindicatos que representan a empleados públicos luchar en contra de contrataciones aberrantes y mucho más contra el fraude que significa la existencia de "ñoquis". Esas deformaciones atentan contra sus representados. Por un lado, porque restan recursos de la administración y, además, porque desmoralizan a quienes tienen todo el derecho y la aspiración a hacer una carrera honorable y exitosa como empleados públicos.
Todos estos vicios han contribuido, injustamente, a desprestigiar la actividad pública. Es hora de que en la carrera administrativa se progrese en función del mérito y no del beneficio político. Sería tal vez una de las formas más eficaces de combatir la corrupción.
Los "ñoquis" y los contratos ociosos suelen beneficiar, antes que a los sindicatos, a la clase política. En realidad, constituyen una variante indirecta de financiamiento político. Además de una expresión del clientelismo, es decir, de la compra de voluntades. Es hora de que los partidos encuentren formas más dignas para solventar su funcionamiento.
En el caso del gobierno bonaerense, no sólo hay que aplaudir la iniciativa del censo de empleados públicos. También es encomiable que haya anunciado una medida verdaderamente revolucionaria: el establecimiento de una tarjeta de débito para que a través de ella recursos de la acción social, vinculados con ayuda alimentaria, lleguen a sus beneficiarios sin intermediación clientelar alguna. Las compras que se realicen con esas tarjetas estarían, además, desgravadas de impuestos al consumo. Sería una manera de terminar con el aprovechamiento que la clase política y ciertas organizaciones de piqueteros vienen haciendo de las necesidades básicas insatisfechas de numerosos bonaerenses.
También se puede sospechar que hay poderosos intereses de proveedores del Estado que verían dificultado su negocio si se termina con el sistema actual de reparto de ayudas sociales.
La iniciativa requiere de una gran fuerza política, como quedó demostrado en la toma del Ministerio de Acción Social, que se produjo el 17 de diciembre: muchos funcionarios muy cercanos a Scioli atribuyen ese hecho a una reacción iracunda de los piqueteros por la emisión de esas 750.000 tarjetas sociales que había anunciado el ministro Daniel Arroyo.
Es de esperar que los esfuerzos que se advierten tanto en las autoridades porteñas como bonaerenses por tornar más eficiente el gasto público y por mejorar la administración del Estado conduzcan a buen puerto y sean imitados en el orden nacional.
Fuente
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=978527&origen=rankingLeidas
Debe celebrarse que tanto desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como desde el bonaerense comiencen a difundirse decisiones para mejorar la calidad de la administración pública, atacando sus vicios más intolerables.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tuvo la iniciativa al dar de baja 2400 contratos suscriptos por su antecesor en el cargo durante el último año. Esa determinación dio paso a una discusión más amplia sobre la existencia de personal que no trabaja -los llamados "ñoquis"- y sobre contratados innecesarios.
Su ejemplo se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde Daniel Scioli anunció que también hará un censo de empleados públicos en cooperación con las entidades sindicales.
En el caso del distrito porteño, algunos de los datos que se conocieron a partir del conflicto desatado por Macri son escandalosos. Hay Centros de Gestión y Participación que cuentan con una planta superior a los 800 empleados, en los cuales los trabajadores se turnan para concurrir a sus oficinas porque de otro modo no entrarían en ellas (el caso de Saavedra, por ejemplo). Del mismo modo, el viejo parque de diversiones Interama, que está cerrado, tiene imputados 200 trabajadores. Asimismo, se conocen casos de contratados que ni siquiera viven en Buenos Aires: por ejemplo, el caso de uno que está en España.
La discusión sobre la calidad de la administración pública resulta urgente en la Argentina, pero ha quedado siempre al margen en el debate sobre la dimensión del Estado.
Ni quienes aconsejan la intervención del Estado sobre la mayor cantidad de áreas de la vida pública ni quienes recomiendan su restricción a servicios indispensables han sido propensos en la Argentina a examinar el problema del empleo público y la calidad de la gestión administrativa.
Debería ser un interés principal de los sindicatos que representan a empleados públicos luchar en contra de contrataciones aberrantes y mucho más contra el fraude que significa la existencia de "ñoquis". Esas deformaciones atentan contra sus representados. Por un lado, porque restan recursos de la administración y, además, porque desmoralizan a quienes tienen todo el derecho y la aspiración a hacer una carrera honorable y exitosa como empleados públicos.
Todos estos vicios han contribuido, injustamente, a desprestigiar la actividad pública. Es hora de que en la carrera administrativa se progrese en función del mérito y no del beneficio político. Sería tal vez una de las formas más eficaces de combatir la corrupción.
Los "ñoquis" y los contratos ociosos suelen beneficiar, antes que a los sindicatos, a la clase política. En realidad, constituyen una variante indirecta de financiamiento político. Además de una expresión del clientelismo, es decir, de la compra de voluntades. Es hora de que los partidos encuentren formas más dignas para solventar su funcionamiento.
En el caso del gobierno bonaerense, no sólo hay que aplaudir la iniciativa del censo de empleados públicos. También es encomiable que haya anunciado una medida verdaderamente revolucionaria: el establecimiento de una tarjeta de débito para que a través de ella recursos de la acción social, vinculados con ayuda alimentaria, lleguen a sus beneficiarios sin intermediación clientelar alguna. Las compras que se realicen con esas tarjetas estarían, además, desgravadas de impuestos al consumo. Sería una manera de terminar con el aprovechamiento que la clase política y ciertas organizaciones de piqueteros vienen haciendo de las necesidades básicas insatisfechas de numerosos bonaerenses.
También se puede sospechar que hay poderosos intereses de proveedores del Estado que verían dificultado su negocio si se termina con el sistema actual de reparto de ayudas sociales.
La iniciativa requiere de una gran fuerza política, como quedó demostrado en la toma del Ministerio de Acción Social, que se produjo el 17 de diciembre: muchos funcionarios muy cercanos a Scioli atribuyen ese hecho a una reacción iracunda de los piqueteros por la emisión de esas 750.000 tarjetas sociales que había anunciado el ministro Daniel Arroyo.
Es de esperar que los esfuerzos que se advierten tanto en las autoridades porteñas como bonaerenses por tornar más eficiente el gasto público y por mejorar la administración del Estado conduzcan a buen puerto y sean imitados en el orden nacional.
Fuente
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=978527&origen=rankingLeidas