En Mendoza también dan de baja a empleados contratados
Intendentes de tres municipalidades de la provincia de Mendoza dieron de baja a 690 contratados y el Gobierno provincial ordenó una auditoría en todos los ministerios para establecer qué funciones cumplen 4.700 personas de la planta temporaria.
La decisión del gobernador peronista Celso Jaque tiene su costado político porque parece destinada a cuestionar la gestión de su antecesor, el ahora vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.
Casi todos los contratados que ahora serán cesanteados pertenecen a áreas sensibles como Salud y Educación, que debieron aumentar las prestaciones por la creación de escuelas con doble turno, hospitales y centros sanitarios.
El ministro de Salud, Sergio Saracco, dijo que "se está haciendo una evaluación para saber qué función cumple cada uno de los contratados porque en más de un caso nos hemos encontrado con situaciones que rayan la ilegalidad". Aunque luego aclaró: "Nuestra visión es normalizar el trabajo, nada más".
Los ministros tienen 2 meses para terminar con su investigación. Fuentes de Gobierno anticiparon que "unos cuantos contratos caducarán" aunque "se suscribirán otros que son necesarios".
La decisión de Jaque va de la mano con un presupuesto para 2008 de 5.800 millones de pesos con un déficit previsto de 520 millones, aún cuando el pronóstico de crecimiento oscila en el 6 ó 7 por ciento.
La ola de despidos se da en administraciones de distinto color político. El nuevo intendente radical de la Capital, Víctor Fayad, hizo caer 380 contratos de trabajadores incorporados durante la administración anterior, al frente de la cual estuvo otro radical.
En el departamento San Carlos, el intendente del Partido Demócrata, Jorge Difonso, no renovó los contratos de 110 personas que ingresaron en agosto y setiembre del año pasado, durante la gestión del justicialista Mario Guiñazú.
En el departamento Guaymallén, el intendente peronista Alejandro Abraham dio de baja a 200 operarios contratados por su antecesor, el radical concertador Juan Manuel García.
Fuente
Intendentes de tres municipalidades de la provincia de Mendoza dieron de baja a 690 contratados y el Gobierno provincial ordenó una auditoría en todos los ministerios para establecer qué funciones cumplen 4.700 personas de la planta temporaria.
La decisión del gobernador peronista Celso Jaque tiene su costado político porque parece destinada a cuestionar la gestión de su antecesor, el ahora vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.
Casi todos los contratados que ahora serán cesanteados pertenecen a áreas sensibles como Salud y Educación, que debieron aumentar las prestaciones por la creación de escuelas con doble turno, hospitales y centros sanitarios.
El ministro de Salud, Sergio Saracco, dijo que "se está haciendo una evaluación para saber qué función cumple cada uno de los contratados porque en más de un caso nos hemos encontrado con situaciones que rayan la ilegalidad". Aunque luego aclaró: "Nuestra visión es normalizar el trabajo, nada más".
Los ministros tienen 2 meses para terminar con su investigación. Fuentes de Gobierno anticiparon que "unos cuantos contratos caducarán" aunque "se suscribirán otros que son necesarios".
La decisión de Jaque va de la mano con un presupuesto para 2008 de 5.800 millones de pesos con un déficit previsto de 520 millones, aún cuando el pronóstico de crecimiento oscila en el 6 ó 7 por ciento.
La ola de despidos se da en administraciones de distinto color político. El nuevo intendente radical de la Capital, Víctor Fayad, hizo caer 380 contratos de trabajadores incorporados durante la administración anterior, al frente de la cual estuvo otro radical.
En el departamento San Carlos, el intendente del Partido Demócrata, Jorge Difonso, no renovó los contratos de 110 personas que ingresaron en agosto y setiembre del año pasado, durante la gestión del justicialista Mario Guiñazú.
En el departamento Guaymallén, el intendente peronista Alejandro Abraham dio de baja a 200 operarios contratados por su antecesor, el radical concertador Juan Manuel García.
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