Mexico: neoliberalismo y esclavitud de jornaleras

Las zonas agrícolas en el estado norteño son vivo ejemplo del maltrato casi feudal contra mujeres indígenas y migrantes, que huyen de la pobreza y violencia de sus comunidades.

Mujeres indígenas que huyeron de la violencia que vivían en sus comunidades llegaron a los campos agrícolas en Sinaloa, en aras de independizarse económicamente y cambiar la situación de maltratos, carencias y falta de oportunidades en la que vivían. Pero se toparon con una realidad peor.

Sinaloa tiene varias zonas agrícolas que no detienen sus labores durante casi todo el año. Una de ellas es Villa Juárez, en el municipio de Navolato, a 30 minutos de distancia de Culiacán, capital del estado.

En este lugar se siembra tomate, chiles, pepinos, ejotes, frijoles, berenjena, calabaza y una variedad de legumbres, hortalizas y granos, que son distribuidos a todo el país.

En la zona se observan los interminables surcos trabajados por cientos de mujeres, quienes padecen violencia, hacinamiento, abusos, maltrato y jornadas laborales sin descanso, denuncia Amalia Lópes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Juárez.

Informa que mujeres provenientes de 20 estados son llevadas por “enganchadores”, quienes van a sus comunidades y en su lengua materna les prometen trabajo bien remunerado, vivienda y transporte, así como un contrato laboral.

Lo del contrato es cierto, pero las condiciones de vida distan mucho de ser lo que les prometieron porque son llevadas a unas “cuarterías”, es decir bodegas en las que son alojadas para luego ser trasladadas a las 4 de la mañana a los campos.

Tal actividad la realizan los siete días de la semana para percibir un sueldo diario no mayor a 150 pesos.

Estas mujeres que decidieron emigrar ante la falta de oportunidades y la violencia intrafamiliar, llegan en las camionetas de los “enganchadores” y son instaladas junto con hombres, niños y familias completas en estas “cuarterías”, que tienen entre 24, 36 o hasta 60 divisiones que los albergan en hacinamiento, sin ventilación y con láminas que ocultan lo que sucede al interior.

Las condiciones de vida, describe la activista, son de un riesgo latente, ya que se viven abusos, violencia de todo tipo, maltratos, e incluso ha habido mujeres que han parido en el piso de esos lugares, ya que los dueños impiden el ingreso de las autoridades.

Al recorrer las calles Ignacio Altamirano y Ricardo Tamayo, en la colonia López Portillo, en Villa Juárez, se observan “cuarterías” consecutivas, en las que sus propietarios tienen acuerdos con los dueños de los campos para que les lleven personal, por lo que a las mujeres no se les cobra renta pero “viven en prisiones”, acusa Lópes.

Aislamiento

La defensora abunda que en los campos agrícolas Victoria, El Chaparral, Santa Teresa y El Serrucho, de la empresa Melones Internacionales, a las jornaleras no se les permite visitas, además de que no se les da oportunidad de convivencia entre ellas, y en caso de enfermedad son despedidas sin ningún amparo legal.

Amalia afirma que la gran mayoría de la población de Villa Juárez son migrantes, quienes ya suman 70 mil habitantes, según datos oficiales. Estas personas llegan hablando hasta 16 lenguas originarias, lo que ha generado dificultades para que ejerzan su derecho a la salud y a la justicia debido a la falta de intérpretes.

Mujeres triquis, zapotecas, tarascas, mayas, huicholas y tlapanecas, entre muchas otras etnias que trabajan en los campos, “viven mal”, comen en la tierra, en condiciones poco favorables, son acosadas sexualmente, viven violencia física y además no cuentan con seguridad social pese al esfuerzo del trabajo en el campo.

Presentan también enfermedades en la piel por la exposición al sol, a la tierra o por el contacto con los agroquímicos, detalla Amalia. También padecen problemas de columna y en sus pulmones debido a los baldes que tienen que cargar en su espalda.

Francisca, jornalera que empacaba chiles en Villa Juárez desde las 7 de la mañana hasta la una de la madrugada todos los días, denuncia que las labores se han recrudecido, pues los patrones les exigen casi el doble de productos diariamente.

Incluso detalla que las 84 mujeres con las que trabajaba y quienes son en su mayoría jefas de familia, presentan dolores de cintura por los saltos que tienen que dar para evitar caer en alguna de las zanjas que están entre los surcos, pero las que no pueden hacerlo llegan a sufrir fracturas.

Cuenta que la labor en los invernaderos también es difícil, pues la temperatura promedio de 25 grados centígrados aumenta considerablemente, lo que les provoca deshidratación y los empleadores no les brindan ni un vaso de agua.








La esclavitud en México fue abolida el 6 de diciembre de 1810 por Miguel Hidalgo en la Ciudad de Guadalajara y en el artículo 2 de la Constitución se señala que está prohibida en México. Pero es letra muerta 213 años después, en muchas regiones del país, donde se trafican y se compran hombres, mujeres y niños para su explotación laboral.

El especialista en temas migratorios y asuntos indígenas, Roberto Pedraza Martínez, comentó que esta “moderna esclavitud laboral” es una constante en el país, donde empresas agrícolas nacionales y extranjeras, sobre todo dedicadas a la exportación, enganchan en pueblos y comunidades de extrema pobreza a familias enteras para llevarlas a otras entidades.

“Se les traslada en camiones viejos y de las promesas salariales, se les descuenta el transporte, el hospedaje en casuchas de madera y cartón, con la prohibición de salir y ahí mismo les venden la comida, con lo que los salarios prometidos de 70 o 100 pesos por día, quedan en 30 o 40 pesos, con la prohibición de salir de los ranchos o empresas”, apuntó.

Esta es una de varias historias recientes, en este caso en los campos agrícolas cercanos a Mexicali: cuando laboraban en condiciones infrahumanas, casi en situación de esclavitud, aislados de cualquier vestigio de civilización y en pleno desierto, fueron rescatados un total de 28 jornaleros que estaban dentro de un rancho productor de aceitunas ubicado en las inmediaciones del Cañón de Guadalupe, en la zona de la Laguna Salada.

La “liberación” de los humildes trabajadores, entre quienes se encontraban 11 menores de edad, que habían sido reclutados en el sur del país, fue hecha durante

El caso ocurrió a mitad de agosto de este año, cuando en un operativo en el que participaron autoridades federales, después de que tres de sus compañeros habían logrado salir de la zona para poner la denuncia sobre el caso, en virtud de que habían sido traídos bajo ofrecimientos muy distintos a los que estaban recibiendo, incluso porque en algunos casos no recibían el pago de sus salarios.

Los trabajadores rescatados fueron de inmediato enviados a sus lugares de origen, por lo que se desconoce si alguno de ellos alcanzó a presentar denuncia formal alguna, ya sea ante las autoridades laborales o ante las investigadoras de delitos, aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPSE), se comprometió a iniciar una indagatoria y proceder conforme a Derecho.

El operativo lo iniciaron elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, quienes rescataron del desierto a tres individuos que deambulaban en medio de la Laguna Salada, los cuales presentaban serios síntomas de deshidratación, al grado que uno de ellos sufrió un ataque de convulsiones, por lo que fueron trasladados al Hospital General para su recuperación, creyendo que se trataba de migrantes que aspiraban a cruzar la frontera.

Sin embargo, al ser entrevistados por autoridades federales, los tres individuos afirmaron que eran jornaleros del rancho “Los Olivares” y habían sido traídos desde el sur de la República con la promesa de que tendrían un trabajo bien remunerado y en buenas condiciones, pero en realidad eran explotados por los propietarios.

Agregaron que en dicha hacienda, perteneciente a un grupo llamado Italoamericano, S.A de C.V., se encontraban otros jornaleros que querían dejar el trabajo, pero que no lo habían hecho porque la empresa propietaria de la olivarera se negaba a facilitar su traslado para sacarlos de la peligrosa zona desértica, que incluye la mortal Laguna Salada.








El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o TPP, por sus siglas en inglés) “está diseñado para llevar adelante el proyecto neoliberal, para maximizar las ganancias y la dominación, y para poner a competir entre sí a la gente trabajadora del mundo, para reducir los sueldos e incrementar la inseguridad”, dijo el intelectual Noam Chomsky a HuffPost Live.

El destacado lingüista opinó: “Se le llama de libre comercio, pero eso es sólo una broma… Estas son medidas altamente proteccionistas, extremas, diseñadas para socavar la libertad de comercio. De hecho, mucho de lo que se ha filtrado sobre el TPP muestra que no se trata sobre comercio, es sobre derechos de inversión”.

Chomsky también mencionó la secrecía con la cual se negocia el Acuerdo: “…se está manteniendo en secreto. Un secreto a medias, debería decir. No es secreto para los cientos de abogados empresariales y cabilderos que están escribiendo la legislación. Para ellos es perfectamente público. De hecho, ellos lo están escribiendo. Lo están manteniendo secreto de la población”.

Wikileaks filtró el borrador del capítulo ambiental del ATP a tres medios, entre ellos La Jornada.

La aplicación de políticas económicas capitalistas en el mundo ha incrementado el grado de explotación de los trabajadores. El deterioro de las condiciones de vida, la mutilación de los contratos colectivos y la llamada “flexibilización” de las condiciones laborales, que se ha legalizado con las llamadas “nuevas reformas” laborales, han traído un incremento en la cantidad de mercancías producidas y no pagadas a los trabajadores, así como un crecimiento del número de horas que tiene que laborar un trabajador para poder cubrir sus necesidades básicas. Se mostrarán ejemplos del avance de la explotación en algunos países del mundo.