ADEOM AMENAZA CON UNA DENUNCIA PENAL CONTRA INTENDENTA OLIVERA
Muerte de un funcionario municipal reedita polémica por la "ley Sunca"
A 40 días de aprobarse la ley de responsabilidad penal del empleador, ocurrió ayer el primer accidente fatal en la Usina 3 de la Intendencia de Montevideo. Se reedita polémica sobre si la nueva ley se aplica o no al Estado y en este caso.
La ley 19.196 fue aprobada el 18 de marzo, bajo presión del sindicato de la construcción (Sunca) y el rechazo general del sector empresarial. La norma castiga con entre tres y 24 meses de prisión al "empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador".
Ayer, un funcionario de la Usina 3 de la Intendencia de Montevideo (donde se reparan los camiones de recolección de residuos) murió al caer de una altura de tres metros mientras trabajaba sobre un vehículo. El trabajador, que pasado el mediodía falleció en una mutualista, cayó en una fosa que contiene restos de gasoil, aceite y otros desperdicios generados por los camiones.
"El compañero debía estar colgado con un arnés que podría haber evitado el siniestro. Con los cursos de seguridad que estamos dando con el Pit-Cnt, cualquier funcionario sabe que tiene que tener puestos los implementos de seguridad para trabajar en una altura de tres metros", dijo el secretario general de Adeom, Aníbal Varela.
El caso reaviva la polémica jurídica sobre la aplicabilidad de la norma aprobada en marzo, que crea un delito específico solamente para el caso donde el empleador ponga en riesgo la integridad del trabajador.
El abogado penalista Julio Lens dijo a El País que a su juicio "debería descartarse de plano" la aplicación de la nueva norma porque en este caso el empleador es el Estado (a través de la Intendencia de Montevideo) y la norma habla de `empresa`, por lo que las dependencias oficiales quedan "excluidas del ámbito subjetivo de aplicación de esta figura".
Además, Lens indicó que como se trató de un accidente fatal podría aplicarse el delito de homicidio culpable (previsto en el artículo 314 del Código Penal) y "sin que a los efectos de esa imputación, el agente de la conducta deba revestir ninguna calidad especial, como la de empleador, empresario, ni ninguna otra".
En tanto, el penalista Mario Spangenberg, opinó que el caso del funcionario municipal fallecido ayer "excede con holgura" la hipótesis prevista en la nueva ley y ello "sin ingresar a la muy opinable cuestión de si los jerarcas públicos quedan comprendidos o no por ese precepto legal".
Spangenberg explicó que el caso, como implica el fallecimiento de un trabajador, puede ajustarse a la figura del homicidio culpable "a causa de una imprudencia", lo que representaría "una situación más grave a la contenida en el artículo 1° de la ley 19.196".
Sin embargo, el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia (que ha actuado como asesor del Sunca en cuanto a la nueva ley), dijo a El País que la norma aprobada el mes pasado "sin dudas es aplicable al Estado" porque el texto "habla de trabajador y no diferencia entre empleador público y privado y por tanto el intérprete no puede hacer esa diferenciación por su cuenta".
Álvarez Petraglia dijo que, llegado el caso, podría darse la situación de que tras una indagatoria un juez impute un "concurso" de dos delitos: el creado por la ley 19.196 y el de homicidio doloso. Eso siempre que se concluya que hubo responsabilidad de alguna autoridad o jerarca, aclaró el abogado.
Hasta ayer por la tarde, ninguno de los cuatro jueces penales de turno en Montevideo había sido informados sobre el fallecimiento del trabajador de la Usina 3 de la comuna.
Denuncia.
El Consejo Ejecutivo de Adeom analizará el próximo martes si denuncia penalmente a la intendenta Ana Olivera por la muerte del trabajador, dijo Varela. "Ayer el problema de la accidentalidad la tenían los compañeros del Sunca y ahora nos tocó a los trabajadores municipales", agregó.
Varela dijo que la eventual denuncia se basará en lo que establece la nueva ley sobre responsabilidad penal del empleador. "Con seguridad va haber una denuncia penal para que se investigue lo que corresponde", afirmó el sindicalista.
Varela aseguró que la Intendencia de Montevideo "no respeta" las normas de seguridad aunque sí controla a esos aspectos en empresas privadas. "Podemos afirmar que el trabajador no tenía ningún elemento de seguridad ni correaje que pudiera haber evitado esa muerte", advirtió.
Al mediodía de ayer, luego de conocerse el fallecimiento del funcionario municipal, Adeom activó un paro de 24 horas que finalizará hoy.
La Intendencia de Montevideo anunció a través de un comunicado de prensa que los Servicios de Salud Ocupacional de la comuna realizarán una investigación administrativa para establecer las causas del accidente en la Usina 3.
Condiciones "paupérrimas"
Adeom presentó varias denuncias en el Ministerio de Trabajo por sectores municipales que "no cumplían" con las reglamentaciones básicas de seguridad e higiene que otorguen seguridad a los trabajadores. "Se continúa reclamando las herramientas que faltan en varios lugares, además de la recuperación de los locales que no cumplen con la reglamentación" de seguridad laboral, señala el editorial de marzo de este año de la publicación El Municipal, vocero de Adeom.
La editorial, que fue firmada por el secretario general de Adeom, Aníbal Varela, señala: "Miles de veces nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué tenemos que luchar y perder salario para hacer cumplir normativas por cosas que cualquier empresa privada la IMM le exige que cumpla".
En una separata de El Municipal, Adeom advierte que las condiciones laborales en el sector Limpieza "son paupérrimas" y que varias áreas deberían "ser cerradas" por el Ministerio de Trabajo, institución que "mira para el costado por conveniencia política" pese a las denuncias.
Claves de una ley polémica
PRESIÓN. La ley de responsabilidad penal empresarial fue aprobada el 18 de marzo pasado con los votos del Frente y bajo un ambiente de gran presión sindical, en especial, de parte del gremio de la construcción (el Sunca).
CÁRCEL. La norma castiga con entre tres y 24 meses de prisión al "empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador".
EFECTO NEGATIVO. Tres cámaras empresariales binacionales y estudios jurídicos advirtieron que la polémica norma (cuya inconstitucionalidad será planteada ante la Suprema Corte de Justicia) podría causar un efecto negativo en potenciales inversores extranjeros.
SUNCA. El líder del gremio de la construcción, Oscar Andrade opinó que las cámaras empresariales decidieron "radicalizarse contra el sentido común y la humanidad. Yo entiendo que hayan empresarios asustados, pero ninguno va ir preso".
DENLE DE COMER A LOS CUERVOS QUE TE ARRANCARAN LOS OJOS,JAJAJAJJAJAJAJ.
LES GUSTABA HACERLES LOS MANDADOS A LOS SINDICATOS PARA COMPRAR VOTITOS?
EN CUALQUIER PAÍS CON UN JUSTICIA INDEPENDIENTE Y EQUITATIVA, LA INTENDENTA TENDRÍA QUE IR EN CANA. ROMPEN LAS LEYES QUE ELLOS MISMOS HACEN, IMPRESENTABLES.....
QUE EN PAZ DESCANSE EL OBRERO Y CONDOLENCIAS A SU FAMILIA.....
Muerte de un funcionario municipal reedita polémica por la "ley Sunca"
A 40 días de aprobarse la ley de responsabilidad penal del empleador, ocurrió ayer el primer accidente fatal en la Usina 3 de la Intendencia de Montevideo. Se reedita polémica sobre si la nueva ley se aplica o no al Estado y en este caso.
La ley 19.196 fue aprobada el 18 de marzo, bajo presión del sindicato de la construcción (Sunca) y el rechazo general del sector empresarial. La norma castiga con entre tres y 24 meses de prisión al "empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador".
Ayer, un funcionario de la Usina 3 de la Intendencia de Montevideo (donde se reparan los camiones de recolección de residuos) murió al caer de una altura de tres metros mientras trabajaba sobre un vehículo. El trabajador, que pasado el mediodía falleció en una mutualista, cayó en una fosa que contiene restos de gasoil, aceite y otros desperdicios generados por los camiones.
"El compañero debía estar colgado con un arnés que podría haber evitado el siniestro. Con los cursos de seguridad que estamos dando con el Pit-Cnt, cualquier funcionario sabe que tiene que tener puestos los implementos de seguridad para trabajar en una altura de tres metros", dijo el secretario general de Adeom, Aníbal Varela.
El caso reaviva la polémica jurídica sobre la aplicabilidad de la norma aprobada en marzo, que crea un delito específico solamente para el caso donde el empleador ponga en riesgo la integridad del trabajador.
El abogado penalista Julio Lens dijo a El País que a su juicio "debería descartarse de plano" la aplicación de la nueva norma porque en este caso el empleador es el Estado (a través de la Intendencia de Montevideo) y la norma habla de `empresa`, por lo que las dependencias oficiales quedan "excluidas del ámbito subjetivo de aplicación de esta figura".
Además, Lens indicó que como se trató de un accidente fatal podría aplicarse el delito de homicidio culpable (previsto en el artículo 314 del Código Penal) y "sin que a los efectos de esa imputación, el agente de la conducta deba revestir ninguna calidad especial, como la de empleador, empresario, ni ninguna otra".
En tanto, el penalista Mario Spangenberg, opinó que el caso del funcionario municipal fallecido ayer "excede con holgura" la hipótesis prevista en la nueva ley y ello "sin ingresar a la muy opinable cuestión de si los jerarcas públicos quedan comprendidos o no por ese precepto legal".
Spangenberg explicó que el caso, como implica el fallecimiento de un trabajador, puede ajustarse a la figura del homicidio culpable "a causa de una imprudencia", lo que representaría "una situación más grave a la contenida en el artículo 1° de la ley 19.196".
Sin embargo, el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia (que ha actuado como asesor del Sunca en cuanto a la nueva ley), dijo a El País que la norma aprobada el mes pasado "sin dudas es aplicable al Estado" porque el texto "habla de trabajador y no diferencia entre empleador público y privado y por tanto el intérprete no puede hacer esa diferenciación por su cuenta".
Álvarez Petraglia dijo que, llegado el caso, podría darse la situación de que tras una indagatoria un juez impute un "concurso" de dos delitos: el creado por la ley 19.196 y el de homicidio doloso. Eso siempre que se concluya que hubo responsabilidad de alguna autoridad o jerarca, aclaró el abogado.
Hasta ayer por la tarde, ninguno de los cuatro jueces penales de turno en Montevideo había sido informados sobre el fallecimiento del trabajador de la Usina 3 de la comuna.
Denuncia.
El Consejo Ejecutivo de Adeom analizará el próximo martes si denuncia penalmente a la intendenta Ana Olivera por la muerte del trabajador, dijo Varela. "Ayer el problema de la accidentalidad la tenían los compañeros del Sunca y ahora nos tocó a los trabajadores municipales", agregó.
Varela dijo que la eventual denuncia se basará en lo que establece la nueva ley sobre responsabilidad penal del empleador. "Con seguridad va haber una denuncia penal para que se investigue lo que corresponde", afirmó el sindicalista.
Varela aseguró que la Intendencia de Montevideo "no respeta" las normas de seguridad aunque sí controla a esos aspectos en empresas privadas. "Podemos afirmar que el trabajador no tenía ningún elemento de seguridad ni correaje que pudiera haber evitado esa muerte", advirtió.
Al mediodía de ayer, luego de conocerse el fallecimiento del funcionario municipal, Adeom activó un paro de 24 horas que finalizará hoy.
La Intendencia de Montevideo anunció a través de un comunicado de prensa que los Servicios de Salud Ocupacional de la comuna realizarán una investigación administrativa para establecer las causas del accidente en la Usina 3.
Condiciones "paupérrimas"
Adeom presentó varias denuncias en el Ministerio de Trabajo por sectores municipales que "no cumplían" con las reglamentaciones básicas de seguridad e higiene que otorguen seguridad a los trabajadores. "Se continúa reclamando las herramientas que faltan en varios lugares, además de la recuperación de los locales que no cumplen con la reglamentación" de seguridad laboral, señala el editorial de marzo de este año de la publicación El Municipal, vocero de Adeom.
La editorial, que fue firmada por el secretario general de Adeom, Aníbal Varela, señala: "Miles de veces nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué tenemos que luchar y perder salario para hacer cumplir normativas por cosas que cualquier empresa privada la IMM le exige que cumpla".
En una separata de El Municipal, Adeom advierte que las condiciones laborales en el sector Limpieza "son paupérrimas" y que varias áreas deberían "ser cerradas" por el Ministerio de Trabajo, institución que "mira para el costado por conveniencia política" pese a las denuncias.
Claves de una ley polémica
PRESIÓN. La ley de responsabilidad penal empresarial fue aprobada el 18 de marzo pasado con los votos del Frente y bajo un ambiente de gran presión sindical, en especial, de parte del gremio de la construcción (el Sunca).
CÁRCEL. La norma castiga con entre tres y 24 meses de prisión al "empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador".
EFECTO NEGATIVO. Tres cámaras empresariales binacionales y estudios jurídicos advirtieron que la polémica norma (cuya inconstitucionalidad será planteada ante la Suprema Corte de Justicia) podría causar un efecto negativo en potenciales inversores extranjeros.
SUNCA. El líder del gremio de la construcción, Oscar Andrade opinó que las cámaras empresariales decidieron "radicalizarse contra el sentido común y la humanidad. Yo entiendo que hayan empresarios asustados, pero ninguno va ir preso".
DENLE DE COMER A LOS CUERVOS QUE TE ARRANCARAN LOS OJOS,JAJAJAJJAJAJAJ.
LES GUSTABA HACERLES LOS MANDADOS A LOS SINDICATOS PARA COMPRAR VOTITOS?
EN CUALQUIER PAÍS CON UN JUSTICIA INDEPENDIENTE Y EQUITATIVA, LA INTENDENTA TENDRÍA QUE IR EN CANA. ROMPEN LAS LEYES QUE ELLOS MISMOS HACEN, IMPRESENTABLES.....
QUE EN PAZ DESCANSE EL OBRERO Y CONDOLENCIAS A SU FAMILIA.....