Por qué la Argentina no debe pagar lo que reclaman los fondos buitre
Economistas y empresarios explican que si se habilita esta exigencia se legitimaría a los especuladores y se perjudicaría a los bonistas que ingresaron al canje y aceptaron las quitas. Además podría abrir una escalada de reclamos contra el país.
Los fondos buitre ganaron una batalla en el escenario legal, pero la guerra que libra la Argentina contra los especuladores todavía tiene mucho terreno por delante. Tanto economistas, como políticos opositores y funcionarios del gobierno nacional coincidieron en que el fallo del juez federal neoyorquino Thomas Griesa tiene un claro sesgo político producto del lobby de los holdouts, y rechazaron la posibilidad de que se les pague el 100% de los títulos que poseen.
“Se reestructuró la deuda, se llamó a todos los involucrados y el 93% aceptó. Fallar a favor de los fondos buitre es vulnerar un derecho de los que entraron al canje y respetar a los que se movieron con fines especulativos”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino el economista Mario Rapoport. En esta línea, señaló que carece de sentido que los hold outs cobren mucho más que los bonistas que negociaron con el Estado nacional, y advirtió sobre las serias consecuencias que puede tener un antecedente de tales características a nivel mundial.
Rapoport llamó a "luchar hasta el final para evitar que obtengan lo que quieren" y analizó que hay sectores incluso dentro de los Estados Unidos en los que el país se puede apoyar, como por ejemplo la Reserva Federal. La cuestión, entonces, pasa también por el poder de presión que puedan ejercer quienes se mueven con mayor cercanía al Poder Judicial del país que preside Barack Obama. “Argentina sirve de guía para otros países que pueden avanzar en reestructuraciones de deuda o quieren evitar planes de ajuste. Es por eso que hay sectores del sistema financiero internacional que quieren castigarla. Es una cuestión de principios y soberanía, no hay que aceptar de ningun manera esa presión", subrayó.
Juan Latrichano, economista de la Confederación General Económica (CGE), planteó que el fallo de Griesa "huele a político, no a económico, ya que hacia adelante marca un camino pro sistema financiero para países como Grecia, España u otros con gran nivel de endeudamiento que quieran avanzar como lo hizo la Argentina tras la crisis de 2002". El también profesor de las universidades de Lomas de Zamora y La Matanza recordó que en 2010 el gobierno nacional necesitó del acuerdo del Congreso para reabrir el canje de 2005 que se había cerrado, y descartó como alternativa legal una hipotética reapertura del proceso. "No hay que reabrir, Argentina hizo sus esfuerzos no sólo simbólicos, sino también de pagos. Todos los que entraron al canje recibieron los que le correspondía puntualmente año tras año, e invalidar eso sería darle legitimidad a los especuladores y dañar a los bonistas que negociaron, lo que provocaría mayores consecuencias jurídicas", apuntó Latrichano.
"Hay que ganar tiempo y hacer que la negociación sea lo más larga posible. Hay que apelar, escalar en los tribunales y que la cuestión se prolongue por años", recomendó Walter Formento, director del Centro de Investigaciones y Estudios para la Política y la Economía (CIEPE). Además, advirtió sobre el carácter desestabilizador de los fondos buitre, que buscan generar situaciones de crisis para sacar provecho de estas, y cuestionó "la legitimidad que se les da al ser reconocidos como actores institucionalmente válidos para atender sus reclamos".
Por su parte, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, afirmó en una carta publicada ayer en el diario Chicago Tribune que "Argentina paga religiosamente a sus acreedores la deuda heredada del default de 2001, pero sin tolerar la extorsión de fondos buitre como el NML que se excluyeron de una ejemplar reestructuración de deuda soberana”. Las palabras del embajador se inscribieron en el contexto de una campaña de información que lleva adelante la Embajada argentina en Washington y se suma a artículos publicados recientemente en los diarios Financial Times, Washington Post, Wall Street Journal y El Miami Herald. En la carta, Argüello recordó además que este año el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de un “Amicus Curiae”, respaldó la posición argentina en los tribunales de Nueva York.
La posición oficial ya había sido expresada repetidas veces por los más altos funcionarios del gobierno, incluida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuestión que el juez Griesa consideró como causante de que haya precipitado su decisión en uno de los más cuestionados pasajes de la argumentación por la cual reclamó que el Estado argentino depositara U$S 1330 millones en una cuenta antes del 15 de diciembre.
"El lunes vamos a pedir la revisión de este fallo a la Cámara de Apelaciones. Si es necesario, vamos a recurrir a cada una de las instancias judiciales, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos, para defender los intereses de nuestro país", aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, tras que se diera a conocer el fallo del juez de primera instancia. El titular de la cartera económica sostuvo además que los pagos de diciembre por más de U$S 3000 millones se harán igual y aseguró confiar en que en otras instancias la justicia va a fallar a favor de la Argentina, ya que la medida “por un lado es violatoria de la soberanía, y por el otro afecta la integridad del sistema financiero internacional y futuras reestructuraciones”.
Todo el marco teórico y argumentativo que utiliza el gobierno para enfrentarse a los fondos buitre en los tribunales neoyorquinos también cuenta con el apoyo de amplios sectores de la oposición. En este sentido, el senador Gerardo Morales afirmó ayer que la Unión Cívica Radical (UCR) va a acompañar la posición que tome el gobierno nacional de acá en adelante. Sin embargo, advirtió que ese apoyo será siempre y cuando "no se ponga al país en una situación de default ni tampoco se acceda a pagar lo que exige el juez Griesa", exactamente lo que plantea la administración kirchnerista en sus pronunciamientos. "Todas las fuerzas políticas tenemos que acompañar la decisión de apelar el fallo", convocó el legislador. «
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