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* Ponencia del afamado abogado defensor Juan Velázquez en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho.
“El setenta por ciento de nosotros, siete de cada diez, hemos sido víctimas de la delincuencia. Desafortunadamente nosotros culpamos a la ley por esa inseguridad y creemos que reformando la ley vamos a remediar ese gravísimo problema”, señaló el reconocido penalista Juan Velázquez al participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, efectuado recientemente en la Universidad de Colima.
El ponente prosiguió su intervención al hacer los siguientes cuestionamientos. “¿De qué manera quieres que se reforme la ley? ¿Qué es lo que hay qué hacer para que justamente reformando la ley remediemos el problema de la inseguridad? y trató de disuadir a los presentes sobre la ineficacia de la reimplantación de la pena de muerte, uno de los temas que se debaten en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México, argumentó J. Velázquez, es el quinto país más inseguro del mundo y precisamente por esto se insiste en mayores reformas; “porque cada vez nosotros tenemos una mayor inseguridad jurídica y física, ya que en México se viola a una persona cada veinte minutos, hay un secuestro cada cuarenta y ocho horas y diez mil homicidios al año”.
Después de las reformas, manifestó, los delitos federales aumentaron en un noventa por ciento. “Se ejecutaron un 32 por ciento más de individuos en 2008 que en 2007. México es uno de los países con más homicidios, un promedio de diez mil al año, que es el doble de los que se cometen en Estados Unidos”.
En su disertación sobre la inseguridad se cuestionó por qué si para los secuestradores hay penas hasta de setenta años de prisión, en México se comete un secuestro cada cuarenta y ocho horas. “México es la meca del secuestro y ocupa en el mundo el primer lugar. Para este año se pronostica un aumento de los secuestros de un 31 por ciento”.
Por esta inseguridad, el 71 por ciento de los mexicanos aboga por la reimplantación de la pena de muerte en el país, la cual data desde la época precortesiana.
“La pena de muerte en el mundo subsiste a través de métodos que cada vez se han ido humanizando. El objeto es el infundir temor a los delincuentes. En un tratado de estudio sobre la pena de muerte publicado en 1872 se dice: es el método más poderoso para disuadir a las naturalezas más depravadas y corrompidas de su propósito de delinquir”. Para el abogado, quien ha sido defensor durante treinta y nueve años, la venganza es la madre de la pena de muerte y no es ejemplificativa.
Asimismo, dijo que la justicia penal en México es para los pobres, porque cada defensor de oficio defiende un promedio de 260 casos y por esa imposibilidad los defensores pierden el 94 por ciento de esos casos y de éstos el 42 por ciento son inocentes y preguntó: “¿Qué va a pasar si a esos inocentes nosotros los ejecutamos?”.
Además, Juan Velázquez enumeró las causas de la inseguridad, el que el 75 por ciento de los mexicanos no denuncian la existencia de los delitos y los errores e ineficacia en las investigaciones policíacas. “Hay un rezago de más de 400 mil órdenes de aprehensión que no se han cumplido y que datan de la década de los ochenta. Y de las que se cumplen y se lleva a juicio a las personas, los ministerios públicos pierden, a nivel federal, el sesenta por ciento de los juicios por ineficiencia, falta de capacitación y baja moral”.
También informó que el cincuenta por ciento de los agentes policíacos reprueban los exámenes de admisión y el resto compra las plazas o son recomendados; la mitad de estos agentes no tienen la menor capacitación y el 63 por ciento carece de perfil para investigar la delincuencia. Ante este panorama, el especialista subrayó que México ocupa el segundo lugar en corrupción policíaca, que tiene la policía más ineficiente de toda América Latina y una de las diez más ineficaces en el mundo.
Hace unos días, comentó el ponente, las secretarías de Seguridad Pública Federal y Gobernación anunciaron que todas las policías están infiltradas por el crimen organizado y 400 mil de esos elementos están sujetos a investigación.
Para el reconocido defensor, el problema es la impunidad que en el país alcanza al 98 por ciento de los delitos, ya que sólo dos de cada cien delitos se castiga. Por eso, “la solución es abatir la impunidad, castigando el 98 por ciento de los que delinquen y no al dos por ciento con 42 mil años, con cadena perpetua o con condenas de muerte”.
Velázquez propuso, por último, que en vez de exigir reformas legales se demande tener policía honorable, profesional y de primer mundo porque está demostrado que donde hay policía de primer mundo los índices delincuenciales disminuyen hasta en un 75 por ciento. También abogó por la propuesta del presidente de la república, Felipe Calderón, de fortalecer a las policías, y de crear nuevos modelos policíacos con un 40 por ciento más de presupuesto para la seguridad.
Además, en este segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, la investigadora Sofía Gómez Madrigal y Salvador Ventura del Toro, subdirector de la Facultad de Derecho, disertaron en la sala adjunta al Paraninfo Universitario sobre el acceso a la justicia y la responsabilidad del patrimonio del estado.
“Si nosotros manejamos la denominación acceso a la justicia, creemos primero que el sistema debe ser igualmente accesible para todos y en segundo lugar que debe tener resultados en forma individual y socialmente justa. Pero también el concepto tiene otra connotación y es desde la perspectiva de que todos podamos obviamente confiar en esas instituciones”, comentó Ventura del Toro durante su ponencia.
Posteriormente, Sofía Gómez explicó que a nivel nacional el estado de Colima es el primero en tener una Ley de Responsabilidad Patrimonial, la cual consiste “en las actividades que el estado tenga en el ejercicio de sus funciones y que al realizar estas funciones lesione los bienes de un particular o al particular en sí mismo, éste tenga una forma de que le sean resarcidos estos daños”.
La responsabilidad patrimonial del estado es una legislación que se establece, en el caso del estado de Colima, donde la autoridad se obliga a indemnizar a aquellas personas que sin obligación jurídica tengan un daño en su patrimonio.
De igual forma, como parte de las actividades del segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho (ENED), Juan Vega Gómez, investigador titular de tiempo completo del área de filosofía y teorías del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, impartió la conferencia titulada El estado de derecho y la retroactividad.
El 25 de mayo de 2000 apareció publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, inició Juan Vega. Este decreto contiene cambios sustanciales en materia de familia, incluida la regulación de ciertos aspectos patrimoniales del divorcio. Las reformas han suscitado innumerables dudas debido un precepto nuevo sin antecedentes legislativos, el artículo 289 -bis.
Este precepto modificó algunos de los aspectos matrimoniales económicos del divorcio, pero el cambio no se reduce al involucrar la concepción misma de las relaciones matrimoniales, pues intenta establecer una equidad de género, además de proteger y valorizar el trabajo doméstico y la formación de los hijos, al menos, en el momento del divorcio, explicó el especialista.
El citado artículo expresa lo siguiente: En la demanda de divorcio, los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: I.- Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II.- el demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos y III.- durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El juez de lo familiar en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.
Ante esta situación, el conferencista expresó una interrogante, ¿Se puede aplicar este artículo a matrimonios celebrados con anterioridad al año 2000? ¿Pueden ellos demandar esta indemnización con base en las reformas al código civil llevadas a cabo en el 2000?
Algunos tribunales colegiados, prosiguió, mencionan que no se puede aplicar debido a que si se aplica esta reforma equivale a una aplicación retroactiva de la ley, lo cual sería una contradicción de tesis. Asimismo, la doctrina mexicana afirma que para determinar esta cuestión de la retroactividad no puede existir una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de una persona y sobre todo cuando existe el elemento de bienes adquiridos. “Si se afectan esos bienes adquiridos en un momento dado con una ley posterior entonces no se puede aplicar retroactivamente esa modificación”, aseguró Vega Gómez.
De igual forma, continuó el conferencista, existen otros tribunales colegiados que mencionan que si se puede aplicar la retroactividad y sugieren que la aplicación de este articulo en el 2000 no equivale a una aplicación retroactiva de la ley porque no existe una afectación en relación a esos bienes adquiridos.
Ante estos hechos, lo que propuso Juan Vega Gómez fue que la cuestión de la aplicación retroactiva de la ley necesita parámetros o pruebas nuevas para determinar cuando se está frente a una aplicación retroactiva de la ley. En esta cuestión debemos emplear pruebas más interesantes. Mi propuesta en este sentido sería el contrafáctico, el contrafáctico puede determinar muy bien el elemento de aplicación retroactiva precisamente porque se va sobre el núcleo del estado de derecho que tiene que ver con la capacidad del derecho de guiar la conducta, finalizó.
Amigos esto es una realidad no se tapen los ojos con que no pasa nada en su pais, y hay que exigir nuestros derechos.
no puede ser que nuestros impuestos vivan esa pus.
Viva Mexico Cabr...!
LA POLICÍA MEXICANA ES LA MÁS INEFICIENTE DE AMÉRICA LATINA
* Ponencia del afamado abogado defensor Juan Velázquez en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho.
“El setenta por ciento de nosotros, siete de cada diez, hemos sido víctimas de la delincuencia. Desafortunadamente nosotros culpamos a la ley por esa inseguridad y creemos que reformando la ley vamos a remediar ese gravísimo problema”, señaló el reconocido penalista Juan Velázquez al participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, efectuado recientemente en la Universidad de Colima.
El ponente prosiguió su intervención al hacer los siguientes cuestionamientos. “¿De qué manera quieres que se reforme la ley? ¿Qué es lo que hay qué hacer para que justamente reformando la ley remediemos el problema de la inseguridad? y trató de disuadir a los presentes sobre la ineficacia de la reimplantación de la pena de muerte, uno de los temas que se debaten en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
México, argumentó J. Velázquez, es el quinto país más inseguro del mundo y precisamente por esto se insiste en mayores reformas; “porque cada vez nosotros tenemos una mayor inseguridad jurídica y física, ya que en México se viola a una persona cada veinte minutos, hay un secuestro cada cuarenta y ocho horas y diez mil homicidios al año”.
Después de las reformas, manifestó, los delitos federales aumentaron en un noventa por ciento. “Se ejecutaron un 32 por ciento más de individuos en 2008 que en 2007. México es uno de los países con más homicidios, un promedio de diez mil al año, que es el doble de los que se cometen en Estados Unidos”.
En su disertación sobre la inseguridad se cuestionó por qué si para los secuestradores hay penas hasta de setenta años de prisión, en México se comete un secuestro cada cuarenta y ocho horas. “México es la meca del secuestro y ocupa en el mundo el primer lugar. Para este año se pronostica un aumento de los secuestros de un 31 por ciento”.
Por esta inseguridad, el 71 por ciento de los mexicanos aboga por la reimplantación de la pena de muerte en el país, la cual data desde la época precortesiana.
“La pena de muerte en el mundo subsiste a través de métodos que cada vez se han ido humanizando. El objeto es el infundir temor a los delincuentes. En un tratado de estudio sobre la pena de muerte publicado en 1872 se dice: es el método más poderoso para disuadir a las naturalezas más depravadas y corrompidas de su propósito de delinquir”. Para el abogado, quien ha sido defensor durante treinta y nueve años, la venganza es la madre de la pena de muerte y no es ejemplificativa.
Asimismo, dijo que la justicia penal en México es para los pobres, porque cada defensor de oficio defiende un promedio de 260 casos y por esa imposibilidad los defensores pierden el 94 por ciento de esos casos y de éstos el 42 por ciento son inocentes y preguntó: “¿Qué va a pasar si a esos inocentes nosotros los ejecutamos?”.
Además, Juan Velázquez enumeró las causas de la inseguridad, el que el 75 por ciento de los mexicanos no denuncian la existencia de los delitos y los errores e ineficacia en las investigaciones policíacas. “Hay un rezago de más de 400 mil órdenes de aprehensión que no se han cumplido y que datan de la década de los ochenta. Y de las que se cumplen y se lleva a juicio a las personas, los ministerios públicos pierden, a nivel federal, el sesenta por ciento de los juicios por ineficiencia, falta de capacitación y baja moral”.
También informó que el cincuenta por ciento de los agentes policíacos reprueban los exámenes de admisión y el resto compra las plazas o son recomendados; la mitad de estos agentes no tienen la menor capacitación y el 63 por ciento carece de perfil para investigar la delincuencia. Ante este panorama, el especialista subrayó que México ocupa el segundo lugar en corrupción policíaca, que tiene la policía más ineficiente de toda América Latina y una de las diez más ineficaces en el mundo.
Hace unos días, comentó el ponente, las secretarías de Seguridad Pública Federal y Gobernación anunciaron que todas las policías están infiltradas por el crimen organizado y 400 mil de esos elementos están sujetos a investigación.
Para el reconocido defensor, el problema es la impunidad que en el país alcanza al 98 por ciento de los delitos, ya que sólo dos de cada cien delitos se castiga. Por eso, “la solución es abatir la impunidad, castigando el 98 por ciento de los que delinquen y no al dos por ciento con 42 mil años, con cadena perpetua o con condenas de muerte”.
Velázquez propuso, por último, que en vez de exigir reformas legales se demande tener policía honorable, profesional y de primer mundo porque está demostrado que donde hay policía de primer mundo los índices delincuenciales disminuyen hasta en un 75 por ciento. También abogó por la propuesta del presidente de la república, Felipe Calderón, de fortalecer a las policías, y de crear nuevos modelos policíacos con un 40 por ciento más de presupuesto para la seguridad.
Además, en este segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, la investigadora Sofía Gómez Madrigal y Salvador Ventura del Toro, subdirector de la Facultad de Derecho, disertaron en la sala adjunta al Paraninfo Universitario sobre el acceso a la justicia y la responsabilidad del patrimonio del estado.
“Si nosotros manejamos la denominación acceso a la justicia, creemos primero que el sistema debe ser igualmente accesible para todos y en segundo lugar que debe tener resultados en forma individual y socialmente justa. Pero también el concepto tiene otra connotación y es desde la perspectiva de que todos podamos obviamente confiar en esas instituciones”, comentó Ventura del Toro durante su ponencia.
Posteriormente, Sofía Gómez explicó que a nivel nacional el estado de Colima es el primero en tener una Ley de Responsabilidad Patrimonial, la cual consiste “en las actividades que el estado tenga en el ejercicio de sus funciones y que al realizar estas funciones lesione los bienes de un particular o al particular en sí mismo, éste tenga una forma de que le sean resarcidos estos daños”.
La responsabilidad patrimonial del estado es una legislación que se establece, en el caso del estado de Colima, donde la autoridad se obliga a indemnizar a aquellas personas que sin obligación jurídica tengan un daño en su patrimonio.
De igual forma, como parte de las actividades del segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho (ENED), Juan Vega Gómez, investigador titular de tiempo completo del área de filosofía y teorías del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, impartió la conferencia titulada El estado de derecho y la retroactividad.
El 25 de mayo de 2000 apareció publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, inició Juan Vega. Este decreto contiene cambios sustanciales en materia de familia, incluida la regulación de ciertos aspectos patrimoniales del divorcio. Las reformas han suscitado innumerables dudas debido un precepto nuevo sin antecedentes legislativos, el artículo 289 -bis.
Este precepto modificó algunos de los aspectos matrimoniales económicos del divorcio, pero el cambio no se reduce al involucrar la concepción misma de las relaciones matrimoniales, pues intenta establecer una equidad de género, además de proteger y valorizar el trabajo doméstico y la formación de los hijos, al menos, en el momento del divorcio, explicó el especialista.
El citado artículo expresa lo siguiente: En la demanda de divorcio, los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubiere adquirido, durante el matrimonio, siempre que: I.- Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II.- el demandante se haya dedicado en el lapso que duró el matrimonio preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos y III.- durante el matrimonio el demandante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El juez de lo familiar en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso.
Ante esta situación, el conferencista expresó una interrogante, ¿Se puede aplicar este artículo a matrimonios celebrados con anterioridad al año 2000? ¿Pueden ellos demandar esta indemnización con base en las reformas al código civil llevadas a cabo en el 2000?
Algunos tribunales colegiados, prosiguió, mencionan que no se puede aplicar debido a que si se aplica esta reforma equivale a una aplicación retroactiva de la ley, lo cual sería una contradicción de tesis. Asimismo, la doctrina mexicana afirma que para determinar esta cuestión de la retroactividad no puede existir una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de una persona y sobre todo cuando existe el elemento de bienes adquiridos. “Si se afectan esos bienes adquiridos en un momento dado con una ley posterior entonces no se puede aplicar retroactivamente esa modificación”, aseguró Vega Gómez.
De igual forma, continuó el conferencista, existen otros tribunales colegiados que mencionan que si se puede aplicar la retroactividad y sugieren que la aplicación de este articulo en el 2000 no equivale a una aplicación retroactiva de la ley porque no existe una afectación en relación a esos bienes adquiridos.
Ante estos hechos, lo que propuso Juan Vega Gómez fue que la cuestión de la aplicación retroactiva de la ley necesita parámetros o pruebas nuevas para determinar cuando se está frente a una aplicación retroactiva de la ley. En esta cuestión debemos emplear pruebas más interesantes. Mi propuesta en este sentido sería el contrafáctico, el contrafáctico puede determinar muy bien el elemento de aplicación retroactiva precisamente porque se va sobre el núcleo del estado de derecho que tiene que ver con la capacidad del derecho de guiar la conducta, finalizó.
INEFICIENCIA POLICIACA
Abuso De la Policia
Amigos esto es una realidad no se tapen los ojos con que no pasa nada en su pais, y hay que exigir nuestros derechos.
no puede ser que nuestros impuestos vivan esa pus.
Viva Mexico Cabr...!