Tras el incendio de un taller clandestino de Flores que le costó la vida a dos niños
Castro: "Los talleres de Flores abastecían a Juliana Awada"
El inspector de trabajo del Gobierno de la Ciudad, Edgardo Castro, denunció la inacción del Gobierno porteño respecto del taller clandestino de Flores que se incendió ocasionándole la muerte a dos niños, menores de diez años. "El jefe de Gobierno es parte de una matriz de corrupción", aseguró.
El inspector Castro, reconocido por haber denunciado las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes de que se produjera el incendio que le costó la vida a diez bomberos, responsabilizó directamente a dos funcionarios del Gobierno porteño por el incendio del lunes en el taller clandestino ubicado en la calle Páez 2796, en el barrio de Flores, que se cobró la vida de dos niños -de siete y diez años- que no pudieron escapar.
"Los responsables de la falta de control y la impunidad de estos talleres son Fernando Macchi y Ezequiel Sabor", dijo Castro, en alusión al director general de Protección del Trabajo y subsecretario de Trabajo porteño, respectivamente.
Es que para Castro, "lo de ayer es absolutamente evitable", al tiempo que denunció que "existe una matriz para proteger los negocios de los amigos y los socios" con "Iron Mountain como el mejor ejemplo".
En diálogo con Casi Despierto, Castro aseguró que "Macchi el es el responsable en este caso", aunque aseguró que "el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) no lo va a echar porque es parte de una estructura de protección. Esto no es una casualidad ni un accidente, sabemos que estos talleres abastecían a (Juliana) Awada, la esposa de Macri. Son amigos de esta gente". "¿Por qué no lo echa? Porque el jefe de Gobierno es parte de una matriz de corrupción", concluyó Castro.
Los talleres de Juliana Awada
El titular de la Fundación Alameda, denunció en Mañana Sylvestre prácticas de encubrimiento por parte del Gobierno porteño ante situaciones irregulares y de reducción a servidumbre verificadas en talleres que trabajaban para empresas de la esposa de Mauricio Macri.
“Es una denuncia que se hizo en 2007 y se hizo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad en la época de Telerman, con la Defensoría del Pueblo y la Fundación Alameda. Habíamos detectado bastante talleres que trabajaban para varias marcas, como Cheeky, por ejemplo o Kosiuko, y logramos a través de cámaras ocultas y acercamos denuncias a la subsecretaria de Trabajo, donde se hicieron inspecciones y se acreditó que había explotación de migrantes en situación irregular, reducción a servidumbre y presumiblemente tráfico de personas”, explicó Gustavo Vera.
“Radicamos la denuncia en un juzgado federal, a cargo entonces del juez Ercolini que se declaró incompetente, y pasó la causa a un juzgado ordinario de la Dra. Pombo, que después de una inspección bastante larga en dos de esos talleres del Bajo Flores lograron acreditaron fehacientemente que trabajaba para todas estas marcas con los costureros encerrados durante toda la semana, con jornadas de 7 a 21 horas, en situación de servidumbre con una situación migratoria irregular, y por esto se resolvió la citación a indagatoria de los dueños de Cheeky, de Kosiuko y de Port Said.
La magistrada Fontbona de Pombo imputó por este delito al cuñado de Mauricio Macri, Daniel Awada, en su carácter de presidente de la empresa Cheek SA, causa en la que también están imputados los duelos de Portsaid, y de Kosiuko.
“Las imputaciones son bastante graves y el fiscal hizo un buen trabajo durante bastante tiempo, con inteligencia previa, y en lo que respecto a estos dos talleres hay pruebas enormes, porque hay moldes, etiquetas, remitos, y los testimonios de los propios costureros, cosa que no es habitual”, dijo Vera.
Más adelante, explicó que la situación legal de los dueños de estas marcas “es complicada” porque “la ley de trabajo a domicilio (N° 11.713) establece una solidaridad laboral y penal directa entre los dadores de trabajo y los lugares donde mandan a confeccionar sus prendas”.
En cuanto a la relación entre Daniel Awada, y su hermana Juliana, esposa del jefe de Gobierno Mauricio Macri, Vera sostuvo que “El primer Cheeky es de la familia Awada, por tanto Juliana ha participado varias veces en actividades que tienen que ver con el negocio de Cheeky. Sin perjuicio de esto, hay que recordar que Juliana Awada también está denunciada por su propia marca Juliana Awada, en el 2006, en una causa que quedó congelada en los tribunales federales de San Martín del juez Oyarbide, y otra causa que se abrió en marzo de 2011”.
En Radio Del Plata, Vera amplió sus denuncias y dijo: “Tengo entendido que el año pasado, la subsecretaria de Trabajo porteña también descubrió talleres de Juliana Awada y ocultó la información públicamente, y omitió hacer la denuncia penal, y estos datos provienen de los propios delegados de esa subsecretaría”.
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El inspector Castro, reconocido por haber denunciado las irregularidades en el depósito de Iron Mountain tres años antes de que se produjera el incendio que le costó la vida a diez bomberos, responsabilizó directamente a dos funcionarios del Gobierno porteño por el incendio del lunes en el taller clandestino ubicado en la calle Páez 2796, en el barrio de Flores, que se cobró la vida de dos niños -de siete y diez años- que no pudieron escapar.
"Los responsables de la falta de control y la impunidad de estos talleres son Fernando Macchi y Ezequiel Sabor", dijo Castro, en alusión al director general de Protección del Trabajo y subsecretario de Trabajo porteño, respectivamente.
Es que para Castro, "lo de ayer es absolutamente evitable", al tiempo que denunció que "existe una matriz para proteger los negocios de los amigos y los socios" con "Iron Mountain como el mejor ejemplo".
En diálogo con Casi Despierto, Castro aseguró que "Macchi el es el responsable en este caso", aunque aseguró que "el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) no lo va a echar porque es parte de una estructura de protección. Esto no es una casualidad ni un accidente, sabemos que estos talleres abastecían a (Juliana) Awada, la esposa de Macri. Son amigos de esta gente". "¿Por qué no lo echa? Porque el jefe de Gobierno es parte de una matriz de corrupción", concluyó Castro.
Los talleres de Juliana Awada
El titular de la Fundación Alameda, denunció en Mañana Sylvestre prácticas de encubrimiento por parte del Gobierno porteño ante situaciones irregulares y de reducción a servidumbre verificadas en talleres que trabajaban para empresas de la esposa de Mauricio Macri.
“Es una denuncia que se hizo en 2007 y se hizo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad en la época de Telerman, con la Defensoría del Pueblo y la Fundación Alameda. Habíamos detectado bastante talleres que trabajaban para varias marcas, como Cheeky, por ejemplo o Kosiuko, y logramos a través de cámaras ocultas y acercamos denuncias a la subsecretaria de Trabajo, donde se hicieron inspecciones y se acreditó que había explotación de migrantes en situación irregular, reducción a servidumbre y presumiblemente tráfico de personas”, explicó Gustavo Vera.
“Radicamos la denuncia en un juzgado federal, a cargo entonces del juez Ercolini que se declaró incompetente, y pasó la causa a un juzgado ordinario de la Dra. Pombo, que después de una inspección bastante larga en dos de esos talleres del Bajo Flores lograron acreditaron fehacientemente que trabajaba para todas estas marcas con los costureros encerrados durante toda la semana, con jornadas de 7 a 21 horas, en situación de servidumbre con una situación migratoria irregular, y por esto se resolvió la citación a indagatoria de los dueños de Cheeky, de Kosiuko y de Port Said.
La magistrada Fontbona de Pombo imputó por este delito al cuñado de Mauricio Macri, Daniel Awada, en su carácter de presidente de la empresa Cheek SA, causa en la que también están imputados los duelos de Portsaid, y de Kosiuko.
“Las imputaciones son bastante graves y el fiscal hizo un buen trabajo durante bastante tiempo, con inteligencia previa, y en lo que respecto a estos dos talleres hay pruebas enormes, porque hay moldes, etiquetas, remitos, y los testimonios de los propios costureros, cosa que no es habitual”, dijo Vera.
Más adelante, explicó que la situación legal de los dueños de estas marcas “es complicada” porque “la ley de trabajo a domicilio (N° 11.713) establece una solidaridad laboral y penal directa entre los dadores de trabajo y los lugares donde mandan a confeccionar sus prendas”.
En cuanto a la relación entre Daniel Awada, y su hermana Juliana, esposa del jefe de Gobierno Mauricio Macri, Vera sostuvo que “El primer Cheeky es de la familia Awada, por tanto Juliana ha participado varias veces en actividades que tienen que ver con el negocio de Cheeky. Sin perjuicio de esto, hay que recordar que Juliana Awada también está denunciada por su propia marca Juliana Awada, en el 2006, en una causa que quedó congelada en los tribunales federales de San Martín del juez Oyarbide, y otra causa que se abrió en marzo de 2011”.
En Radio Del Plata, Vera amplió sus denuncias y dijo: “Tengo entendido que el año pasado, la subsecretaria de Trabajo porteña también descubrió talleres de Juliana Awada y ocultó la información públicamente, y omitió hacer la denuncia penal, y estos datos provienen de los propios delegados de esa subsecretaría”.
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