Respuesta a un recurso de amparo presentado por la diputada Donda. Ante la Justicia, Economía admitió que discontinuó la medición en 2013
Lo que no se mide, no existe. Este podría ser el razonamiento detrás de la insólita y desvergonzada respuesta que el Ministerio de Economía, por orden del ministro Axel Kicillof, le dio a la jueza María José Sarmiento. Días atrás, la magistrada ordenó a esa cartera, a partir de un pedido de amparo presentado por la diputada Victoria Donda (Progresistas), entregar las cifras oficiales sobre la situación de la pobreza y la indigencia en la Argentina.
Ante la jueza, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía aseguró que no podía entregar los datos reclamados porque la medición no es realizada desde 2013. Como ya hizo en otras ocasiones el director del Indec, Norberto Itzcovich, los funcionarios pusieron a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.
En otras palabras, Economía delega su responsabilidad sobre un tema tan sensible y sugiere que cualquiera podría medir las condiciones sociales de la población según el método que prefiera.
"Cabe reiterar a VS (vuestra señoría) que el índice particular cuya publicación pretende la amparista directamente no se produce. Por ende, la no producción de un índice particular para medir una determinada variable no configura agravio alguno, máxime cuando el Indec produce y publica otros índices de los que se puede desprender la información pretendida por la peticionante", indicó el Ministerio de Economía en el escrito, según reproduce el diario La Nación.
La Dirección de Legales del Ministerio cuestionó algunas formalidades (particularmente, no haber hecho el reclamo administrativo anterior correspondiente) o falta de legitimación activa (indicaron que la diputada no es una afectada directa por la falta de publicación del índice de pobreza). No obstante, la jueza Sarmiento había afirmado en su fallo que "toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado". Se basó así en el decreto 1172 de 2003, firmado por el presidente Néstor Kirchner, sobre el acceso a la información pública, y en otro fallo de la Corte Suprema.
Los abogados de la diputada esperarán ahora la decisión de la jueza. Si la decisión es avanzar, podrán pedir que la causa se abra a prueba (y llevar a testigos que muestren sus cálculos de pobreza) o pedir sentencia sobre la cuestión de fondo. A pesar de que el Indec buscaría que todo quede abstracto con la justificación de que el viejo indicador ya no se calcula, quedó claro que el organismo trabajó en otras formas de calcular la pobreza, pero ocultó sus resultados.
Días atrás se supo que Economía había ordenado hacer una medición alternativa de pobreza -multidimensional- y que los números habrían dado que al menos el 25% de la población está bajo la línea de pobreza. Al enterarse del resultado de la medición, Kicillof ordenó archivar el trabajo.
Pobreza. Una imagen de junio de este año en el paraje Pozodel Sapo, Misión Nueva Pompeya, en el norte de la provincia de Chaco. / Rolando Andrade Stracuzzi
Lo que no se mide, no existe. Este podría ser el razonamiento detrás de la insólita y desvergonzada respuesta que el Ministerio de Economía, por orden del ministro Axel Kicillof, le dio a la jueza María José Sarmiento. Días atrás, la magistrada ordenó a esa cartera, a partir de un pedido de amparo presentado por la diputada Victoria Donda (Progresistas), entregar las cifras oficiales sobre la situación de la pobreza y la indigencia en la Argentina.
Ante la jueza, la Dirección de Legales del Ministerio de Economía aseguró que no podía entregar los datos reclamados porque la medición no es realizada desde 2013. Como ya hizo en otras ocasiones el director del Indec, Norberto Itzcovich, los funcionarios pusieron a disposición una serie de indicadores para que la jueza, la diputada Donda o quien quiera calcule la pobreza con la metodología que prefiera.
En otras palabras, Economía delega su responsabilidad sobre un tema tan sensible y sugiere que cualquiera podría medir las condiciones sociales de la población según el método que prefiera.
"Cabe reiterar a VS (vuestra señoría) que el índice particular cuya publicación pretende la amparista directamente no se produce. Por ende, la no producción de un índice particular para medir una determinada variable no configura agravio alguno, máxime cuando el Indec produce y publica otros índices de los que se puede desprender la información pretendida por la peticionante", indicó el Ministerio de Economía en el escrito, según reproduce el diario La Nación.
La Dirección de Legales del Ministerio cuestionó algunas formalidades (particularmente, no haber hecho el reclamo administrativo anterior correspondiente) o falta de legitimación activa (indicaron que la diputada no es una afectada directa por la falta de publicación del índice de pobreza). No obstante, la jueza Sarmiento había afirmado en su fallo que "toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado". Se basó así en el decreto 1172 de 2003, firmado por el presidente Néstor Kirchner, sobre el acceso a la información pública, y en otro fallo de la Corte Suprema.
Los abogados de la diputada esperarán ahora la decisión de la jueza. Si la decisión es avanzar, podrán pedir que la causa se abra a prueba (y llevar a testigos que muestren sus cálculos de pobreza) o pedir sentencia sobre la cuestión de fondo. A pesar de que el Indec buscaría que todo quede abstracto con la justificación de que el viejo indicador ya no se calcula, quedó claro que el organismo trabajó en otras formas de calcular la pobreza, pero ocultó sus resultados.
Días atrás se supo que Economía había ordenado hacer una medición alternativa de pobreza -multidimensional- y que los números habrían dado que al menos el 25% de la población está bajo la línea de pobreza. Al enterarse del resultado de la medición, Kicillof ordenó archivar el trabajo.
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