La inseguridad que vive actualmente la sociedad argentina parece no encontrar solución y, al contrario, va creciendo. Pero ante la primer sugerencia de endurecer las penas, incluso, adoptando la pena de muerte grupos de derechos humanos y del gobierno ponen el grito en el cielo. "¡Pena de muerte no! Se han firmado tratados y acuerdos para que esto no ocurra". Sin embargo ¿no existen, acaso, miles de víctimas que fueron sentenciadas a muerte sin pasar por un juicio justo?
Repasemos: María Rosa Pacheco. Psicóloga que desapareció el 2 de juio de 1996 luego de visitar a su madre en el sanatorio Almirante Brown en San Juan. Trabajaba en el Ministerio de Educación y en una institución con chicos adictos. En julio de ese año se encontró su auto incinerado en el Villicum y también restos óseos que, luego del análisis de ADN, se determinó que pertenecían a la psicóloga de 34 años. El caso quedó estancado e incluso hubieron pistas relacionadas al poder y a su trabajo que no se investigaron.
Jorge Julio López: desapareció el 18 de septiembre de 2006 en Buenos Aires,luego de prestar declaración en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz. Aún no hay datos y la investigación está estancada.
Raúl Tellechea: Desapareció el 28 de septiembre de 2004 en San Juan, durante la madrugada. Si bien la causa no tiene detenidos, dos funcionarios del gobernador José Luis Gioja fueron imputados en septiembre del año pasado. Tellechea trabajaba en la mutual de la Universidad Nacional de San Juan junto a estos funcionarios, y había renunciado en malos términos dos semanas antes de desaparecer. Por declaración de los propios imputados, que denunciaron a Tellechea ni bien desapareció por una supuesta estafa de la que resultó luego sobreseído, habían mantenido una reunión con el ingeniero desaparecido horas antes de su desaparición. La causa prescribió.
Alberto Nisman: fiscal que investigaba la causa por el atentado a la AMIA ocurrido hace 21 años. Durante su investigación halló las pruebas que creyó suficientes para denunciar a la presidenta de la nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por encubrimiento. También fueron denunciados algunos funcionarios y militantes kirchneristas. Fue encontrado muerto el pasado 18 de enero en su departamento, con signos de haberse quitado la vida aunque la causa aún está en investigación.
La lista continúa. Y sería interminable si se añaden los nombres de aquellos ciudadanos que perdieron la vida a manos de un delincuente ya sea durante un asalto o fruto de un secuestro (como ocurrió con Axel Blumberg) Para todos ellos no existió juicio justo, directamente fueron condenados a muerte: por saber, por haber descubierto algún entuerto o negocio turbio, por tener un reloj caro, o unas zapatillas de marca, por resistirse a un robo.
Para todos ellos no existen acuerdos ni tratados internacionales que los amparen. No existen organizaciones como Amnistía Internacional que los proteja. No hay defensoría de pobres que socorra a sus familiares. Los ciudadanos honestos, los que trabajan a diario, los que luchan por un país mejor, se encuentran a merced de una justicia lenta, complicada, atestada de tecnicismos y procedimientos interminables.
Entonces surge la pregunta. ¿Por qué condenar a un sistema que resultó eficaz en un lugar tan vulnerable del mundo como es Singapur? A la vista está que a ellos les resultó: pasaron de ser un país de tránsito de drogas, violaciones y homicidios, con el 10% del total de la población recluído en las cárceles, a tener sólo el 1% de presos y disminuyendo drásticamente los niveles de inseguridad. ¿Qué ganaron? Estabilidad social y económica, crecimiento sostenido, educación, empleo. ¿Qué entregaron? El lugar de "país civilizado" que Amnistía Internacional otorga, ya que ahora ese organismo lo ha censurado por sus métodos de justicia y ejecución de delincuentes mediante la horca. Al menos allí, a los familiares de los delincuentes les devuelven el cuerpo para su santa sepultura.