Se reactiva la investigación por la Masacre de Avellaneda
La investigación sobre las responsabilidades políticas en el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante una manifestación en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, se reactiva con una gran cantidad de medidas pedidas por la Fiscalía.
Por las muertes ya fueron condenados policías bonaerenses y ahora, tras ser desarchivada la causa, se intentarán establecer las responsabilidades políticas que pudieron haber tenido el entonces presidente Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, y quien fuera ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Álvarez.
La investigación había sido archivada, pero luego de un pedido de los familiares de las víctimas, el juez federal Ariel Lijo decidió reabrirla, dando lugar a que se ordenara una gran cantidad de medidas.
Según el pedido del fiscal federal Diego Iglesias, quien tiene delegada la investigación, faltan recabar datos que no se completaron durante todos estos años, y que apuntan al cerco del entonces presidente Duhalde.
Al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el fiscal le pidió que aporte la información sobre las líneas de telefonía celular, satelital o bien otra forma de comunicación asignada a Duhalde en ese año, mientras que al ministro del Interior, Florencio Randazzo, le solicitó que informe sobre los equipos asignados a secretarios y subsecretarios de su repartición en ese entonces.
También, le dirigió a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, un oficio a raíz de que nunca informó en forma detallada sobre la totalidad de efectivos de Policía Federal que intervinieron en el operativo de seguridad que se montó en el acceso desde provincia al Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.
Por otra parte, el fiscal pidió al ministro de Seguridad Bonaerense, Alejandro Granados, “la composición exacta de la línea de mando de las fuerzas provinciales abocadas a los dispositivos de seguridad” que actuaron ese día.
La figura de Kosteki y Santillán es un emblema de muchas organizaciones piqueteras y cada 26 de junio se los recuerda y se reclama por el esclarecimiento de las responsabilidades políticas.
La investigación en ese sentido fue archivada por Lijo en 2010, luego de rechazar medidas de prueba solicitadas por el entonces fiscal de instrucción Miguel Ángel Osorio.
La prueba que falta y que podría arrojar algún dato revelador es el cruce de llamados telefónicos de funcionarios de la Policía Bonaerense con funcionarios duhaldistas, y por ello ahora el fiscal pidió medidas en ese sentido.
Iglesias requirió también al comandante principal Hubo Duette, de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, que informe si al estudio sobre al cruce de teléfonos ya realizado se pueden incorporar más líneas telefónicas.
Es un reclamo de la querella de la familia Santillán, ya que “desde la fecha en que se produjo dicha medida (el entrecruzamiento telefónico, ndr) hasta la actualidad ha transcurrido un tiempo suficiente como para sostener que ha habido avances tecnológicos que permitirían ampliar el rango de números telefónicos que han sido utilizados en la pericia”.
Por el asesinato de los militantes ya fueron condenados el excomisario bonaerense y exjefe del Comando Patrullas de Avellaneda, Alfredo Fanchiotti, y el excabo Alejandro Acosta a prisión perpetua por esos dos crímenes y otras ocho tentativas de homicidio.
La investigación sobre las responsabilidades políticas en el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante una manifestación en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, se reactiva con una gran cantidad de medidas pedidas por la Fiscalía.
Por las muertes ya fueron condenados policías bonaerenses y ahora, tras ser desarchivada la causa, se intentarán establecer las responsabilidades políticas que pudieron haber tenido el entonces presidente Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, y quien fuera ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Álvarez.
La investigación había sido archivada, pero luego de un pedido de los familiares de las víctimas, el juez federal Ariel Lijo decidió reabrirla, dando lugar a que se ordenara una gran cantidad de medidas.
Según el pedido del fiscal federal Diego Iglesias, quien tiene delegada la investigación, faltan recabar datos que no se completaron durante todos estos años, y que apuntan al cerco del entonces presidente Duhalde.
Al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el fiscal le pidió que aporte la información sobre las líneas de telefonía celular, satelital o bien otra forma de comunicación asignada a Duhalde en ese año, mientras que al ministro del Interior, Florencio Randazzo, le solicitó que informe sobre los equipos asignados a secretarios y subsecretarios de su repartición en ese entonces.
También, le dirigió a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, un oficio a raíz de que nunca informó en forma detallada sobre la totalidad de efectivos de Policía Federal que intervinieron en el operativo de seguridad que se montó en el acceso desde provincia al Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.
Por otra parte, el fiscal pidió al ministro de Seguridad Bonaerense, Alejandro Granados, “la composición exacta de la línea de mando de las fuerzas provinciales abocadas a los dispositivos de seguridad” que actuaron ese día.
La figura de Kosteki y Santillán es un emblema de muchas organizaciones piqueteras y cada 26 de junio se los recuerda y se reclama por el esclarecimiento de las responsabilidades políticas.
La investigación en ese sentido fue archivada por Lijo en 2010, luego de rechazar medidas de prueba solicitadas por el entonces fiscal de instrucción Miguel Ángel Osorio.
La prueba que falta y que podría arrojar algún dato revelador es el cruce de llamados telefónicos de funcionarios de la Policía Bonaerense con funcionarios duhaldistas, y por ello ahora el fiscal pidió medidas en ese sentido.
Iglesias requirió también al comandante principal Hubo Duette, de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, que informe si al estudio sobre al cruce de teléfonos ya realizado se pueden incorporar más líneas telefónicas.
Es un reclamo de la querella de la familia Santillán, ya que “desde la fecha en que se produjo dicha medida (el entrecruzamiento telefónico, ndr) hasta la actualidad ha transcurrido un tiempo suficiente como para sostener que ha habido avances tecnológicos que permitirían ampliar el rango de números telefónicos que han sido utilizados en la pericia”.
Por el asesinato de los militantes ya fueron condenados el excomisario bonaerense y exjefe del Comando Patrullas de Avellaneda, Alfredo Fanchiotti, y el excabo Alejandro Acosta a prisión perpetua por esos dos crímenes y otras ocho tentativas de homicidio.