Están allí, a la vista de todos, aunque resulten invisibles para las leyes; para los funcionarios policiales, judiciales y políticos. Los "trapitos" son los mandamases de los lugares públicos. Son dueños de calles y avenidas. Y montan negocios rentables ante la pasividad o connivencia de quienes deben controlarlos. Están allí, a la vista de todos, pero nadie se mete con ellos.
El empleado municipal de San Martín, acusado de noquear a un joven que no quiso pagar por estacionar en la calle, es el fresco ejemplo de cómo funciona este aceitado engranaje de extorsión urbana. Y no es un caso exclusivo de este distrito bonaerense, claro. Los cuidacoches son patrimonio del país, aunque todavía a nadie se le ocurrió presentarlo ante la Unesco.
Ocurre que el Código Contravencional porteño ofrece puntos grises. El artículo 79 especifica que "quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal es sancionado con uno a dos días de trabajo de utilidad pública o multa de 600 pesos a 1000 pesos. Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador".
Pero para que el castigo se haga efectivo la policía debe descubrir in fraganti al cuidacoche en el momento de "exigir" ese pago. Y la justicia debe comprobar fehacientemente que existió una exigencia monetaria hacia el conductor para aplicar la pena correspondiente. En definitiva, nada ocurre. Nada.
El 97 por ciento de las más de 3500 denuncias por año que se radican en la fiscalía, no prosperan. Y nunca hubo un cuidacoche que haya sido multado, obligado a cumplir un castigo.
En definitiva, el marco normativo que prevé la restricción de esta actividad es el mismo de siempre. Y no se advierten cambios en el horizonte. Por eso, los trapitos seguirán allí, a la vista de todos. Aunque para algunos sean invisibles.
El empleado municipal de San Martín, acusado de noquear a un joven que no quiso pagar por estacionar en la calle, es el fresco ejemplo de cómo funciona este aceitado engranaje de extorsión urbana. Y no es un caso exclusivo de este distrito bonaerense, claro. Los cuidacoches son patrimonio del país, aunque todavía a nadie se le ocurrió presentarlo ante la Unesco.
Ocurre que el Código Contravencional porteño ofrece puntos grises. El artículo 79 especifica que "quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal es sancionado con uno a dos días de trabajo de utilidad pública o multa de 600 pesos a 1000 pesos. Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador".
Pero para que el castigo se haga efectivo la policía debe descubrir in fraganti al cuidacoche en el momento de "exigir" ese pago. Y la justicia debe comprobar fehacientemente que existió una exigencia monetaria hacia el conductor para aplicar la pena correspondiente. En definitiva, nada ocurre. Nada.
El 97 por ciento de las más de 3500 denuncias por año que se radican en la fiscalía, no prosperan. Y nunca hubo un cuidacoche que haya sido multado, obligado a cumplir un castigo.
En definitiva, el marco normativo que prevé la restricción de esta actividad es el mismo de siempre. Y no se advierten cambios en el horizonte. Por eso, los trapitos seguirán allí, a la vista de todos. Aunque para algunos sean invisibles.