Un cajero del banco había evitado que dos personas se hicieran de 600 mil pesos usando documentos falsos.
“No hubo estafa”, respondió el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Francisco López Sastre ante los diputados.
Partiendo de esa negación, sus intervenciones frente a los cuestionamientos de los legisladores por los intentos de fraude cometidos con fondos de la ley de bosques, cayeron siempre en lugares comunes: “Los controles funcionaron”; “la estafa no se concretó”; “estamos a disposición de la Justicia”, reiteró en varios tramos. Pero sus palabras parecen no haber convencido a varios de los legisladores que ayer lo citaron para que brinde explicaciones en el Palacio Legislativo. Como no lograron obtener respuestas claras, adelantaron que seguirán pidiendo informes.
La reunión de ayer había sido programada para que el titular de Medio Ambiente responda sobre el manejo del dinero que recibe la provincia por la ley de bosques, luego de que un empleado del Banco Macro advirtiera una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir estos fondos a nombre de personas fallecidas.
Ante esto López Sastre comenzó su exposición asegurando que los únicos que pueden acceder a los beneficios son los propietarios de las tierras; por lo que resultó obvia la negativa de la entidad bancaria ante la solicitud de los terceros. Allí respondió que los controles funcionaron correctamente, pero no pasó por alto para los legisladores que la maniobra se descubrió gracias a la pericia de un empleado bancario, que nada tiene que ver con los controles que debe efectuar Medio Ambiente para habilitar el cobro de esos fondos. El funcionario continuó en un nivel propositivo comprometiéndose, desde ahora, a organizar un monitoreo a cargo del organismo y apuntalado por profesionales de la Universidad Nacional de Salta. Para este control se destinaría un porcentaje de los fondos de Nación.
Respecto de los recursos destinados para Salta, López Sastre informó que en 2010 recibieron 28 millones de pesos, de los cuales sólo algo más de 7 millones llegaron a manos efectivas de beneficiarios; el resto del dinero quedó estacando debido a fallas en los requisitos que presentaron los postulantes. Además aseguró que para el presente año, desde Nación, se comprometieron a destinar 43 millones de dólares para Salta.
Preguntas
Fue diputado del Partido Conservador Popular (PCP) Guillermo Durand Cornejo quién preguntó sobre los plazos para que Nación envíe los fondos que corresponden a Salta, ya que la asignación hasta ahora fue mínima. López Sastre adujo no tener responsabilidades, ya que fue la Corte Suprema de la Nación la que emitió un amparo que prohibe los desmontes en la provincia.
A la hora de responder a Pablo López (del PO), el funcionario se desligó de la presentación de proyectos del gestor Julio Chávez, quien fue justamente quien intentó crear una cuenta corriente, en el Banco Macro, con un documento de identidad que no le pertenecía.
Además, la situación del vínculo de la administración de Medio Ambiente con Darío Arias (otro gestor) no quedó muy clara debido al apuro del presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago Godoy por resolver el cuestionario.
Respecto de la pregunta por los 23 millones de pesos que el diputado Ricardo Alonso catalogó de “desaparecidos” correspondiente a la segunda partida de 2010, López Sastre aseguró que el dinero fue retenido por orden del Jefe de Gabinete nacional. Ante la inquietud también de Alonso, el funcionario dijo desconocer el porcentaje de hectáreas que debieran ser beneficiadas por la ley de Bosques en nuestra provincia.
Más dudas
Otro de los diputados que no quedó conforme fue Darío Valenzuela, del departamento San Martín, una de las regiones en la provincia más afectadas por la paralización a la actividad productiva que impuso la ley de bosques y por la cual debería estar recibiendo importantes sumas de dinero para compensar las prohibiciones sobre la agricultura y ganadería.
Tras la reunión Valenzuela aseguró que quedaron muchas dudas sobre el monto, la llegada y la administración del dinero que envía el gobierno nacional.
Valenzuela se preguntó por qué dejó de funcionar el Consejo Asesor creado por el decreto 3676 y destacó las incompatibilidades reveladas en la reunión. Entre ellas mencionó que titular de la Agencia de Bosques, Juan Godoy y el consultor Carlos Saurez, conforman una fundación que trabaja directamente con los fondos mencionados.