Argentina: riesgo de criminalizar inmigrantes con centro de detención
Un organismo argentino de derechos humanos advirtió el miércoles sobre el peligro de "criminalizar a los migrantes", luego de que el gobierno de Mauricio Macri anunció la construcción de un centro de detención para personas en situación migratoria irregular.
La semana pasada la Dirección Nacional de Migraciones anunció la firma de un acuerdo con el ministerio de Seguridad y la alcaldía de Buenos Aires, por el cual esa dependencia recibirá en comodato un edificio destinado "de manera exclusiva al alojamiento" de migrantes ilegales, según publicó en su página web.
"Esto implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad", dijo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado.
Según este organismo humanitario, con esa ley migratoria aprobada en 2004, "la condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser visto nunca como un problema de seguridad, sino que es una cuestión clave para el reconocimiento y ejercicio de los derechos por la población migrante".
El comunicado advierte que en ese marco normativo "la expulsión como medida de sanción ante la irregularidad es el último recurso que debe utilizar el Estado" y solo esa eventualidad podría habilitar la retención de una persona migrante por un plazo máximo de 15 días.
El CELS recuerda que a partir de la ley de Migraciones, la regla que debe guiar el accionar de las autoridades es la regularización de todos los migrantes que se encuentren en territorio argentino y ante una eventual ilegalidad hay que dar tiempo para su resolución.
La ley marcó un cambio de lo que ocurría hasta 2004, cuando ante situaciones de irregularidad, "las respuestas del Estado incluyeron detenciones, expulsiones sin orden judicial, separación de familias, negación de derechos sociales, entre otras prácticas", recordó el organismo.
Un organismo argentino de derechos humanos advirtió el miércoles sobre el peligro de "criminalizar a los migrantes", luego de que el gobierno de Mauricio Macri anunció la construcción de un centro de detención para personas en situación migratoria irregular.
La semana pasada la Dirección Nacional de Migraciones anunció la firma de un acuerdo con el ministerio de Seguridad y la alcaldía de Buenos Aires, por el cual esa dependencia recibirá en comodato un edificio destinado "de manera exclusiva al alojamiento" de migrantes ilegales, según publicó en su página web.
"Esto implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad", dijo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado.
Según este organismo humanitario, con esa ley migratoria aprobada en 2004, "la condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser visto nunca como un problema de seguridad, sino que es una cuestión clave para el reconocimiento y ejercicio de los derechos por la población migrante".
El comunicado advierte que en ese marco normativo "la expulsión como medida de sanción ante la irregularidad es el último recurso que debe utilizar el Estado" y solo esa eventualidad podría habilitar la retención de una persona migrante por un plazo máximo de 15 días.
El CELS recuerda que a partir de la ley de Migraciones, la regla que debe guiar el accionar de las autoridades es la regularización de todos los migrantes que se encuentren en territorio argentino y ante una eventual ilegalidad hay que dar tiempo para su resolución.
La ley marcó un cambio de lo que ocurría hasta 2004, cuando ante situaciones de irregularidad, "las respuestas del Estado incluyeron detenciones, expulsiones sin orden judicial, separación de familias, negación de derechos sociales, entre otras prácticas", recordó el organismo.