Avanza la causa contra el titular de la ANSES, Diego Bossio, por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento y asociación ilícita, entre otros delitos
La Justicia argentina avanza con distintas medidas de pruebas por los presuntos delitos que tienen como protagonista al funcionario kirchnerista, hoy titular de la Anses, Diego Bossio. Una de ellas apunta a probar la ilicitud del importante crecimiento patrimonial del citado funcionario, especialmente en los bienes inmuebles.
El juez Lijo está a cargo de la investigación tras la denuncia impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.
También se investiga a otros funcionarios, como ser: Katya Daura, Guido Forcieri, Claudio Tristán, presidente del Correo Argentino y Roberto Domínguez, ex empleado de ANSES.
Lijo no solo pidió información a la AFIP. También lo hizo al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la ANSES, a las agencias de recaudación de la Ciudad y la Provincia (ARBA y AGIP), al Colegio de Escribanos y a la Dirección Nacional de Inmigración y al Registro Nacional de Buques, entre otros organismos públicos e instituciones. El juez quiere saber cuál es, cómo se conforma y cómo creció el patrimonio de los imputados en la causa, pero también cuándo, a dónde y cuántas veces entraron y salieron del país.
La Justicia habría advertido, en una primera etapa, un crecimiento patrimonial de Bossio y Forcieri sobre todo en sus bienes inmuebles y comprobado la titularidad de Fardi en tres empresas radicadas en el estado de Florida en Estados Unidos.
De acuerdo al texto de la denuncia, Fardi dijo tener en su declaración jurada del año 2013, un patrimonio de $25 millones. Sin embargo, no declaró su participación en al menos dos empresas con sede en Estados Unidos: Exim Trade LLC y Tiguama LLC. De acuerdo a los registros oficiales del Estado de Florida, Fardi aparece como miembro de ambas compañías.
La denuncia
A raíz de la investigación por la sospechosa quiebra de la ex imprenta, Ciccone Calcográfica, el abogado Ricardo Mussa presentó en octubre del año pasado una denuncia contra personajes clave del entorno del vicepresidente, Amado Boudou, por lo que consideró una “evidente evolución patrimonial”.