Hay muchas razones para admirar a Islandia , pero aquí está otra: ha sentenciado a cinco banqueros de alto nivel y a un prominente inversor a la cárcel por crímenes relacionados con la crisis económica de 2008.
Con estas dos sentencias separadas dadas a conocer el pasado mes en la Suprema Corte de Reykjavik, la nación que apostó temerariamente en los mercados y perdió desastrosamente, ha encarcelado a 26 inversionistas a la cárcel por sentencias combinadas de 74 años. Las penas en lo particular son de entre seis meses y tres años de cárcel por distintas acciones responsables en el colapso financiero.
La autoridades persiguieron a los jefes ejecutivos, presidentes de bancos, y a inversionistas privados por crímenes que van desde negociaciones indebidas hasta fraude, lavado de dinero, evasión de impuestos y falsedad de declaraciones. Otros todavía esperan juicio.
Mientras tanto, la economía que colapsó espectacularmente ha rebotado luego de dejar a los bancos quebrar, imponer controles de capital y proteger a los ciudadanos de las pérdidas de los banqueros. No todos los banqueros terminaron tras las rejas.
Pero esta determinación de defender a la gente de las acciones que causaron una gran miseria económica, contrastan con Inglaterra y otros países que son saqueados por los banqueros y luego son “rescatados” con dinero público.
Muchos países han recurrido a esas estrategias. Estados Unidos destinó a ello, 700 mil millones de dólares hace unos años tras la crisis. En México, en 1994 la crisis estalló de manera similar, teniendo que rescatar a los bancos con más de 500 mil millones de pesos. Este sistema ha sido replicado en muchos países como España, Japón e Inglaterra por mencionar algunos, pero curiosamente, los culpables no van a la cárcel.
En Islandia la gente salió a la calle y se negó a rescatar a la banca. Hicieron lo contrario de lo que estaban haciendo los demás y votaron en contra de pagar sus deudas con dinero público. Persiguieron judicialmente a los banqueros y políticos responsables.
Sin prestar atención a la presión y a las amenazas de los mercados internacionales así como a las malas calificaciones de las agencias calificadoras de riesgo, modificaron las leyes para evitar nuevos abusos y renegociaron sus deudas con el Fondo Monetario Internacional.
