Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas. Reflexión del presidente de Bolivia , Evo Morales, acerca de la política de inmigración europea.
Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada "directiva retorno". El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento europeo. Siento que endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración.
A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los Europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, y lo siguen siendo, en nuestros países del continente americano, que absorbieron entonces la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales de América. Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados.
Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo lo cual es consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas. La inmensa mayoría de los migrantes vienen a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los Europeos. Contribuyen al dinamismo demográfico del continente europeo, a mantener la relación entre activos e inactivos que vuelve posible sus generosos sistemas de seguridad social y dinamizan el mercado interno y la cohesión social. Los migrantes ofrecen una solución a los problemas demográficos y financieros de la UE.
Para nosotros, nuestros emigrantes representan la ayuda al desarrollo que los Europeos no nos dan - ya que pocos países alcanzan realmente el mínimo objetivo del 0,7% de su PIB en la ayuda al desarrollo. América Latina recibió, en 2006, 68.000 millones de dólares de remesas, o sea más que el total de las inversiones extranjeras en nuestros países. A nivel mundial alcanzan 300.000 millones de dólares, que superan a los 104.000 millones otorgados por concepto de ayuda al desarrollo. Mi propio país, Bolivia , recibió más del 10% del PIB en remesas (1.100 millones de dólares) o un tercio de nuestras exportaciones anuales de gas natural.
Es decir que los flujos de migración son benéficos tanto para los Europeos y de manera marginal para nosotros del Tercer Mundo ya que también perdemos a contingentes que suman millones de nuestra mano de obra calificada, en la que de una manera u otra nuestros Estados, aunque pobres, han invertido recursos humanos y financieros.
Lamentablemente, el proyecto de "directiva retorno" complica terriblemente esta realidad. Si concebimos que cada Estado o grupo de Estados puede definir sus políticas migratorias en toda soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La "directiva retorno" preve la posibilidad de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión - o "alejamiento", según el término de la directiva. ¡18 meses ! ¡ Sin juicio ni justicia ! Tal como está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramante los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
En particular el artículo 13 de la Declaración reza:
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a
su país.
Y, lo peor de todo, existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad, sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamientos donde sabemos ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios. ¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose? ¿De qué lado está hoy el deber de injerencia humanitaria ? ¿Dónde está la "libertad de circular", la protección contra encarcelamientos arbitrarios?
Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de las Naciones ( Bolivia , Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un "Acuerdo de Asociación" que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además a título de la "protección jurídica" se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones realizados en el Día Mundial de los Trabajadores. Pregunto, en ese caso ¿dónde está la "seguridad jurídica" para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa?
Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente... Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos.
Bajo estas condiciones, de aprobarse esta "directiva retorno", estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea, y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los Bolivianos desde el primero de abril de 2007, según el principio diplomático de reciprocidad. No lo hemos ejercido hasta ahora, justamente por esperar buenas señales de la UE.
El mundo, sus continentes, sus océanos y sus polos conocen importantes dificultades globales: el calentamiento global, la contaminación, la desaparición lenta pero segura de recursos energéticos y biodiversidad mientras aumenta el hambre y la pobreza en todos los países, fragilizando nuestras sociedades. Hacer de los migrantes, que sean documentados o no, los chivos expiatorios de estos problemas globales, no es ninguna solución. No corresponde a ninguna realidad. Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades de los hombres.
A nombre del pueblo de Bolivia , de todos mis hermanos del continente y regiones del mundo como el Maghreb y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe el texto de la "directiva retorno". Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la vergüenza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, que permita mantener este dinamismo provechoso para ambos continentes y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América latina. No pueden fallar hoy en sus "políticas de integración" como han fracasado con su supuesta "misión civilizatoria" del tiempo de las colonias.
Reciban todos ustedes, autoridades, europarlamentarios, compañeras y compañeros saludos fraternales desde Bolivia . Y en particular nuestra solidaridad a todos los "clandestinos".
La anunciada política de mano dura del primer ministro italiano Silvio Berlusconi contra la inmigración ya está aquí. El gobierno italiano ha aprobado un paquete de medidas que, de convertirse en ley, convertirá a la inmigración ilegal en delito.
Estamos en Nápoles para decir que el Estado volverá a ser Estado", dijo Sivio Berlusconi en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura. Durante el Consejo, el gabinete italiano acordó adoptar una serie de medidas cuyo objetivo, según el gobierno, es garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos.
El conjunto de estas medidas se conoce como ‘paquete de seguridad Maroni', en alusión al ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, miembro de la Liga Norte, y responsable de la nueva legislación.
El paquete lo forman un decreto de aplicación automática, dos proyectos de ley que se discutirán en el Parlamento, y tres decretos legislativos que entrarán en vigor en dos meses. Teniendo en cuenta que el gobierno de Berlusconi goza de mayoría en las dos cámaras, es de prever que los proyectos de ley no encuentren obstáculo en el debate parlamentario.
Principales cambios
La medida más destacada y que ha levantado mayor polémica es la tipificación de la inmigración ilegal como delito. En un principio, el gobierno quería aprobar esta medida como decreto urgente y conseguir su aplicación inmediata, pero para ello se requería la firma del presidente de la República, Giorgio Napolitano, que no ha estimado que se diera la circunstancia de urgencia que se necesita para tramitar las normas por esa vía.
Pero la decisión de convertir la inmigración ilegal en delito no es la única medida adoptada por el gobierno italiano. Con la nueva ley, a los inmigrantes indocumentados que cometan un delito se les agravará la pena en un tercio; los alcaldes tendrán más poderes para expulsar a los inmigrantes que consideren en situación irregular, procedan o no de países miembros de la Unión Europea; se dificultarán los procesos de reagrupación familiar, limitándolos a los casos de padres e hijos que demuestren su parentesco mediante prueba de ADN; los inmigrantes tendrán que demostrar que tienen vivienda, ingresos suficientes y seguro médico; y se ampliará el plazo máximo durante el cual los inmigrantes pueden estar retenidos en centros de internamiento hasta los 18 meses.
Asimismo, se perseguirá a aquellos que alquilen sus viviendas a inmigrantes indocumentados. Los propietarios que así lo hagan corren el riesgo de recibir penas de cárcel, una multa de 50.000 euros y la confiscación del piso.
Los extranjeros que permanezcan en Italia de forma irregular podrán ser condenados a penas que oscilan entre los seis meses y cuatro años de cárcel, y esta norma sí entra en vigor inmediatamente.
¿Respaldo de la ciudadanía?
Las medidas no sorprenden a casi nadie. El endurecimiento de la política sobre inmigración fue uno de los pilares en los que se basó la campaña de Silvio Berlusconi para recuperar el poder en Italia y, valorando la amplitud de su victoria electoral, se puede decir que la ciudadanía respalda estas restricciones a la inmigración.
En opinión de Carlo Cascione, periodista de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, esta podría ser una lectura, si bien no olvida la responsabilidad de los medios de comunicación en la criminalización de los inmigrantes. Cascione subraya que los medios dan más relevancia a las noticias en las que los extranjeros son responsables de algún crimen que a las informaciones en las que los sospechosos son ciudadanos italianos. "Los medios", dice Cascione, "ayudan a estigmatizar la inmigración y verla como un problema".
Además, el periodista italiano recuerda que Italia vive una etapa de crisis económica y que, en este tipo de coyunturas, siempre se tiende a culpabilizar a los inmigrantes de los problemas del país.
Reacciones desde distintos sectores
Las reacciones en contra de la normativa propuesta por el gobierno italiano no se han hecho esperar. Las voces más críticas han llegado desde organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y desde la Iglesia Católica y la Protestante.
Desde ACNUR se asegura que la nueva legislación impediría el derecho a recurso de aquellos solicitantes de asilo político cuya petición sea denegada en primea instancia. En un comunicado hecho público este miércoles, ACNUR denuncia que estas medidas "podrían amenazar las garantías fundamentales relativas al procedimiento del derecho de asilo", y señala que la modificación de la ley italiana "entraría en oposición con uno de los principios del Convenio europeo de derechos humanos que prevé el derecho de apelación". Sin embargo, el ministro Maroni ha subrayado que la nueva ley se acoge de manera fiel a la normativa europea.
Por su parte, tanto la Iglesia Católica como la Protestante han manifestado su oposición a la legislación, afirmando que las leyes vigentes son suficientes para encarar la política migratoria y que este giro del gabinete italiano instigará al odio y enrarecerá el clima de convivencia. Representantes de la Iglesia Protestante han tildado de monstruosidad el criminalizar la inmigración clandestina.
Roces con el gobierno español
En este contexto, cabe recordar que las relaciones entre el gobierno italiano y el gobierno español se han visto enturbiadas en los últimos días por la política sobre inmigración.
Algunos ministros españoles han calificado de xenófoba la estrategia del gobierno Berlusconi, lo que ha provocado malestar en Italia. El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, ha declarado que la política de migración del gobierno socialista en España es una de las más duras.
El secretario español de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y su homólogo italiano, el ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi se han reunido hoy para aclarar estas diferencias. El representante español ha aprovechado el encuentro para expresar su preocupación por los efectos que la nueva legislación italiana puede tener sobre España.
Política europea
La noticia sobre la nueva política migratoria italiana coincide con la discusión en el Parlamento Europeo sobre la directiva de la Unión Europea sobre inmigración. Carlo Cascione considera que tanto la actitud del gobierno italiano como la del gobierno español deben entenderse en el marco de la tendencia de la UE a cerrar sus fronteras y concluye que, en este sentido, ya no se puede hablar de políticas de izquierda o derecha