'Cada vez más niñas violadas
por sus padres en Nicaragua son obligadas a ser mamás'
La violación y los abusos sexuales a menores es un 'problema nacional' en Nicaragua. Así lo dice un informe elaborado por la Policía, en el que se recogen más de 14.000 violaciones denunciadas en los últimos diez años. Dos tercios de las víctimas eran menores de 17 años.
En la mayoría de los casos, los violadores son padres, familiares o amigos. Ante sus amenazas o las de la propia sociedad, que estigmatiza a las víctimas, miles de niñas sufren ese horror en silencio y muchas se enfrentan al trauma adicional de saber que están embarazadas.
El problema agravó hace dos años, cuando el Gobierno de Daniel Ortega despenalizó el aborto terapéutico. Eso ha obligado a muchas menores a ser madres, con el riesgo que ello implica. Sólo en 2009, 17 niñas murieron por temas relacionados con el embarazo o el parto. Las que sobrevivieron, pasaron a asumir roles de adultas, mientras sus agresores seguían libres y, en demasiadas ocasiones, conviviendo con ellas bajo el mismo techo.
Silencio mortal
Marta Munghía conoce muy bien esta situación de indefensión y miedo a la que se enfrentan las menores. La presidenta de la Fundación de apoyo a Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual/Centro de la mujer 'Acción Ya', lleva 30 años luchando por defender los derechos de las mujeres y, especialmente, de las niñas.
Entre sus estremecedores testimonios, cuenta la historia de Tania, una niña misquita de 9 años violada por su padrastro. Él le dijo a ella y su madre que las mataría si lo contaban. Cuando la madre se enteró de que la niña había hablado con su abuela y de que esta pensaba denunciar, se echó a temblar. El miedo a que el agresor consumara su amenaza le hizo hacer algo terrorífico. Cogió un leño ardiendo y quemó los genitales de su hija, para borrar las huellas del delito.
La madre fue encarcelada, pero él está libre y la pequeña se refugió en un manto de silencio del que ha costado meses sacarla. "Estaba desnutrida, maltratada psicológicamente y ha costado mucho ayudarla porque no habla español. La llevamos a un albergue y después de tres cirugías plásticas ahora camina y habla, pero su recuperación psicológica es difícil", afirma Munghía.
Coincidiendo con el Día Contra la Violencia de Género esta experta ha venido a España para presentar un informe de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual contra niñas en Nicaragua. En él se denuncian las barreras que obstaculizan el acceso de estas niñas a la justicia y se pide a las autoridades nicaragüenses que erradiquen estas prácticas. "Pedimos una actitud de sanción pública y contundente y la puesta en marcha de un plan nacional contra el abuso sexual", reclama la defensora.
El informe, que forma parte de la campaña Exige Dignidad, de Amnistía Internacional, revela mediante testimonios la falta de ayuda a las víctimas por parte del Estado.
Víctima y culpable
La ausencia de programas gubernamentales para concienciar a la población sobre la violencia sexual y cambiar las actitudes sociales significa que, a menudo, es a la víctima a quien se culpa, y no al agresor, cuenta el estudio. Las niñas que sacan fuerzas para denunciar a menudo descubren que, en lugar de un trato atento y profesional, lo que encuentran son unos policías, fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual.
"A muchas niñas nicaragüenses también les resulta difícil cubrir los costes de los desplazamientos para asistir a vistas judiciales o acudir a citas en el hospital o a instituciones forenses. A veces son tan pequeñas que ni siquiera saben por qué se hincha su abdomen", dice Munghía.
Amnistía señala que "demasiadas niñas abandonan la escuela, dejan su trabajo e incluso intentan quitarse la vida". Sostiene que deben recibir ayuda para dejar atrás los traumas de su infancia.
por sus padres en Nicaragua son obligadas a ser mamás'
La violación y los abusos sexuales a menores es un 'problema nacional' en Nicaragua. Así lo dice un informe elaborado por la Policía, en el que se recogen más de 14.000 violaciones denunciadas en los últimos diez años. Dos tercios de las víctimas eran menores de 17 años.
En la mayoría de los casos, los violadores son padres, familiares o amigos. Ante sus amenazas o las de la propia sociedad, que estigmatiza a las víctimas, miles de niñas sufren ese horror en silencio y muchas se enfrentan al trauma adicional de saber que están embarazadas.
El problema agravó hace dos años, cuando el Gobierno de Daniel Ortega despenalizó el aborto terapéutico. Eso ha obligado a muchas menores a ser madres, con el riesgo que ello implica. Sólo en 2009, 17 niñas murieron por temas relacionados con el embarazo o el parto. Las que sobrevivieron, pasaron a asumir roles de adultas, mientras sus agresores seguían libres y, en demasiadas ocasiones, conviviendo con ellas bajo el mismo techo.
Silencio mortal
Marta Munghía conoce muy bien esta situación de indefensión y miedo a la que se enfrentan las menores. La presidenta de la Fundación de apoyo a Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual/Centro de la mujer 'Acción Ya', lleva 30 años luchando por defender los derechos de las mujeres y, especialmente, de las niñas.
Entre sus estremecedores testimonios, cuenta la historia de Tania, una niña misquita de 9 años violada por su padrastro. Él le dijo a ella y su madre que las mataría si lo contaban. Cuando la madre se enteró de que la niña había hablado con su abuela y de que esta pensaba denunciar, se echó a temblar. El miedo a que el agresor consumara su amenaza le hizo hacer algo terrorífico. Cogió un leño ardiendo y quemó los genitales de su hija, para borrar las huellas del delito.
La madre fue encarcelada, pero él está libre y la pequeña se refugió en un manto de silencio del que ha costado meses sacarla. "Estaba desnutrida, maltratada psicológicamente y ha costado mucho ayudarla porque no habla español. La llevamos a un albergue y después de tres cirugías plásticas ahora camina y habla, pero su recuperación psicológica es difícil", afirma Munghía.
Coincidiendo con el Día Contra la Violencia de Género esta experta ha venido a España para presentar un informe de Amnistía Internacional sobre la violencia sexual contra niñas en Nicaragua. En él se denuncian las barreras que obstaculizan el acceso de estas niñas a la justicia y se pide a las autoridades nicaragüenses que erradiquen estas prácticas. "Pedimos una actitud de sanción pública y contundente y la puesta en marcha de un plan nacional contra el abuso sexual", reclama la defensora.
El informe, que forma parte de la campaña Exige Dignidad, de Amnistía Internacional, revela mediante testimonios la falta de ayuda a las víctimas por parte del Estado.
Víctima y culpable
La ausencia de programas gubernamentales para concienciar a la población sobre la violencia sexual y cambiar las actitudes sociales significa que, a menudo, es a la víctima a quien se culpa, y no al agresor, cuenta el estudio. Las niñas que sacan fuerzas para denunciar a menudo descubren que, en lugar de un trato atento y profesional, lo que encuentran son unos policías, fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual.
"A muchas niñas nicaragüenses también les resulta difícil cubrir los costes de los desplazamientos para asistir a vistas judiciales o acudir a citas en el hospital o a instituciones forenses. A veces son tan pequeñas que ni siquiera saben por qué se hincha su abdomen", dice Munghía.
Amnistía señala que "demasiadas niñas abandonan la escuela, dejan su trabajo e incluso intentan quitarse la vida". Sostiene que deben recibir ayuda para dejar atrás los traumas de su infancia.