A 35 años:
Las escuelas argentinas recordamos en tiempo presente construyendo el futuro
Las escuelas argentinas recordamos en tiempo presente construyendo el futuro
¿Qué estamos recordando?
Terrorismo de Estado
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Derrocaron a María Estela Martínez, presidenta constitucional desde julio de 1974 tras la muerte de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había compartido la fórmula en calidad de vicepresidenta. Así la Junta Militar se erigió como máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno, y designar y reemplazar a la presidenta y a todos los otros funcionarios. El golpe fue recibido con aceptación, pasividad, indiferencia y hasta naturalidad por amplios sectores de la sociedad, ya que estos no eran una novedad en la historia nacional: se trataba del sexto golpe militar en el siglo, pero éste tendría características inéditas. La violencia política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder fue una característica recurrente en la historia argentina. Sin embargo, la expresión “terrorismo de Estado” sólo se utiliza para hacer referencia al último de ellos.
Fotografía en blanco y negro de la Plaza de Mayo vacía.
Fotografía en blanco y negro de la madrugada del 24 de marzo de 1976. Plaza de Mayo. Buenos Aires.
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional implicó un “salto cualitativo” con respecto a los otros golpes militares, porque la dictadura de 1976 hizo uso de un particular ejercicio de la violencia política: la diseminación del terror en todo el cuerpo social. Además, lo que singularizó a la última dictadura fue un hecho que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas. Esto es: ciudadanos que resultaron víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención desplegados a lo largo de todo el país, cuyos cuerpos no fueron entregados a sus deudos. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad, de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. Llegó inclusive a robar la identidad a los hijos de sus víctimas, apropiándose de ellos y asesinando a sus padres.
Para desarrollar este modelo represivo, el Estado actuó en forma ilegal y clandestina: dividió el país en zonas operativas para organizar la represión, instalaciones públicas y privadas fueron transformadas en centros clandestinos de detención, mientras que a partir del golpe la dictadura dictó una serie de medidas que consolidaban un estado de excepción que les otorgaba la suma del poder público: disolución de los partidos políticos y sindicatos, prohibición de la actividad política y cesantías en los cargos, entre otras medidas. De este modo, un Estado ilegal y subterráneo convivía y se retroalimentaba con lo que había quedado del legal. Así, por ejemplo, las presentaciones de habeas corpus (una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias) no eran consideradas por las autoridades militares o policiales, lo que a su vez bastaba para que las autoridades judiciales denegaran el pedido de los ciudadanos. La dictadura invadía con su violencia y arbitrariedad todos los planos de la vida cotidiana.
La puesta en marcha de los centros clandestinos de detención según sostiene la politóloga argentina Pilar Calveiro en su libro Poder y desaparición, se explica por el desarrollo
de una cruel “pedagogía” que tenía a toda la sociedad como destinataria de un único mensaje: el miedo, la parálisis y la ruptura del lazo social. El miedo se diseminaba desde los centros clandestinos de detención por todo el tejido social.
Los alcances y las formas de la represión estuvieron directamente relacionadas con la voluntad de un profundo e irreversible disciplinamiento puesto en marcha a partir del vínculo que las Fuerzas Armadas establecieron con sectores económicos y sociales afines. Si desde mediados de la década de 1950 el país vivió un proceso creciente de movilización social (con un importante protagonismo sindical y juvenil), que había alcanzado picos como el Cordobazo (1969), las masivas movilizaciones del año 1973, o las marchas obreras durante el Rodrigazo (1975), los sectores dominantes impulsaron un corte drástico a ese proceso de efervescencia y a las organizaciones populares que cuestionaban y reclamaban un cambio de modelo económico imperante. Más estratégicamente, el golpe militar y los sectores que lo acompañaron buscaron la reestructuración económica y social de la Argentina. Para ello, debía desaparecer el modelo de Estado intervencionista que había caracterizado la política argentina desde la década de 1930, y que alcanzó su momento de mayor equidad distributiva durante el primer peronismo. En la visión de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, el “mercado” regularía la economía, el “libre juego de la oferta y la demanda” era el instrumento más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. La pequeña y mediana industria fue desmantelada en beneficio de los sectores agroexportadores e industriales organizados en torno a los grandes grupos económicos. Se eliminaron las medidas protectoras a la industria nacional, afectándola gravemente frente a los productos importados. Predominó la valorización del capital financiero por sobre el capital productivo, abriéndose un proceso de fuerte especulación financiera. La reestructuración económica fue acompañada por las políticas represivas dirigidas sobre la clase obrera y sus organizaciones sindicales.
Para mayor información sobre la situación económica puede consultarse el capítulo uno del libro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2010).
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Derrocaron a María Estela Martínez, presidenta constitucional desde julio de 1974 tras la muerte de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había compartido la fórmula en calidad de vicepresidenta. Así la Junta Militar se erigió como máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno, y designar y reemplazar a la presidenta y a todos los otros funcionarios. El golpe fue recibido con aceptación, pasividad, indiferencia y hasta naturalidad por amplios sectores de la sociedad, ya que estos no eran una novedad en la historia nacional: se trataba del sexto golpe militar en el siglo, pero éste tendría características inéditas. La violencia política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder fue una característica recurrente en la historia argentina. Sin embargo, la expresión “terrorismo de Estado” sólo se utiliza para hacer referencia al último de ellos.
Fotografía en blanco y negro de la Plaza de Mayo vacía.
Fotografía en blanco y negro de la madrugada del 24 de marzo de 1976. Plaza de Mayo. Buenos Aires.
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional implicó un “salto cualitativo” con respecto a los otros golpes militares, porque la dictadura de 1976 hizo uso de un particular ejercicio de la violencia política: la diseminación del terror en todo el cuerpo social. Además, lo que singularizó a la última dictadura fue un hecho que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas. Esto es: ciudadanos que resultaron víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención desplegados a lo largo de todo el país, cuyos cuerpos no fueron entregados a sus deudos. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad, de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. Llegó inclusive a robar la identidad a los hijos de sus víctimas, apropiándose de ellos y asesinando a sus padres.
Para desarrollar este modelo represivo, el Estado actuó en forma ilegal y clandestina: dividió el país en zonas operativas para organizar la represión, instalaciones públicas y privadas fueron transformadas en centros clandestinos de detención, mientras que a partir del golpe la dictadura dictó una serie de medidas que consolidaban un estado de excepción que les otorgaba la suma del poder público: disolución de los partidos políticos y sindicatos, prohibición de la actividad política y cesantías en los cargos, entre otras medidas. De este modo, un Estado ilegal y subterráneo convivía y se retroalimentaba con lo que había quedado del legal. Así, por ejemplo, las presentaciones de habeas corpus (una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias) no eran consideradas por las autoridades militares o policiales, lo que a su vez bastaba para que las autoridades judiciales denegaran el pedido de los ciudadanos. La dictadura invadía con su violencia y arbitrariedad todos los planos de la vida cotidiana.
La puesta en marcha de los centros clandestinos de detención según sostiene la politóloga argentina Pilar Calveiro en su libro Poder y desaparición, se explica por el desarrollo
de una cruel “pedagogía” que tenía a toda la sociedad como destinataria de un único mensaje: el miedo, la parálisis y la ruptura del lazo social. El miedo se diseminaba desde los centros clandestinos de detención por todo el tejido social.
Los alcances y las formas de la represión estuvieron directamente relacionadas con la voluntad de un profundo e irreversible disciplinamiento puesto en marcha a partir del vínculo que las Fuerzas Armadas establecieron con sectores económicos y sociales afines. Si desde mediados de la década de 1950 el país vivió un proceso creciente de movilización social (con un importante protagonismo sindical y juvenil), que había alcanzado picos como el Cordobazo (1969), las masivas movilizaciones del año 1973, o las marchas obreras durante el Rodrigazo (1975), los sectores dominantes impulsaron un corte drástico a ese proceso de efervescencia y a las organizaciones populares que cuestionaban y reclamaban un cambio de modelo económico imperante. Más estratégicamente, el golpe militar y los sectores que lo acompañaron buscaron la reestructuración económica y social de la Argentina. Para ello, debía desaparecer el modelo de Estado intervencionista que había caracterizado la política argentina desde la década de 1930, y que alcanzó su momento de mayor equidad distributiva durante el primer peronismo. En la visión de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, el “mercado” regularía la economía, el “libre juego de la oferta y la demanda” era el instrumento más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. La pequeña y mediana industria fue desmantelada en beneficio de los sectores agroexportadores e industriales organizados en torno a los grandes grupos económicos. Se eliminaron las medidas protectoras a la industria nacional, afectándola gravemente frente a los productos importados. Predominó la valorización del capital financiero por sobre el capital productivo, abriéndose un proceso de fuerte especulación financiera. La reestructuración económica fue acompañada por las políticas represivas dirigidas sobre la clase obrera y sus organizaciones sindicales.
Para mayor información sobre la situación económica puede consultarse el capítulo uno del libro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2010).
El siluetazo
Dictadura y sociedad
Un episodio tan grave como deponer a un gobierno elegido de manera constitucional difícilmente pueda concretarse por la acción de un único actor social –por ejemplo, las Fuerzas Armadas–, sino que requiere de un conjunto de avales y alianzas sociales sólidas. No hay golpe de Estado sin algún tipo de apoyo civil y el golpe de 1976 no fue la excepción. No obstante, tampoco se puede sostener que la sociedad civil en su conjunto brindó su apoyo a la iniciativa castrense. Mientras que algunos sectores aceptaron de modos diversos la irrupción militar –desde actitudes que iban del apoyo y la adhesión hasta la resignación–, otros recurrieron a diversos mecanismos para evidenciar un temprano distanciamiento desde la disidencia y la desobediencia hasta la franca oposición.
En el caso de la última dictadura, muchísimos argentinos en el ámbito privado aceptaron el golpe como una “solución” a la crisis de gobernabilidad que se había creado en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. Seguramente bajo la idea –recurrente en el siglo XX argentino– de que la única opción frente al fracaso del gobierno constitucional consistía en confiar a los militares la tarea de recomposición de la autoridad y el orden. Este consenso tácito, aunque extendido, es diferente –conceptual y políticamente– de otro cuyo carácter, aunque más acotado, fue explícito.
Un episodio tan grave como deponer a un gobierno elegido de manera constitucional difícilmente pueda concretarse por la acción de un único actor social –por ejemplo, las Fuerzas Armadas–, sino que requiere de un conjunto de avales y alianzas sociales sólidas. No hay golpe de Estado sin algún tipo de apoyo civil y el golpe de 1976 no fue la excepción. No obstante, tampoco se puede sostener que la sociedad civil en su conjunto brindó su apoyo a la iniciativa castrense. Mientras que algunos sectores aceptaron de modos diversos la irrupción militar –desde actitudes que iban del apoyo y la adhesión hasta la resignación–, otros recurrieron a diversos mecanismos para evidenciar un temprano distanciamiento desde la disidencia y la desobediencia hasta la franca oposición.
En el caso de la última dictadura, muchísimos argentinos en el ámbito privado aceptaron el golpe como una “solución” a la crisis de gobernabilidad que se había creado en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón. Seguramente bajo la idea –recurrente en el siglo XX argentino– de que la única opción frente al fracaso del gobierno constitucional consistía en confiar a los militares la tarea de recomposición de la autoridad y el orden. Este consenso tácito, aunque extendido, es diferente –conceptual y políticamente– de otro cuyo carácter, aunque más acotado, fue explícito.
Esquina militarizada: 17 de septiembre de 1976. Una escena de la vida cotidiana en el centro de la ciudad de Buenos Aires, la esquina es la del cruce entre la calle Miró y la Av. Rivadavia.
Sectores de alto poder económico apoyaron el golpe, como lo prueba la fuerte suba de las acciones en la Bolsa de Comercio el día después del derrocamiento de Isabel Perón. Entre los partidos políticos tradicionales, la respuesta osciló entre el silencio, la aceptación de la situación como si fuera la única opción posible y el apoyo directo. Los sectores de mayor jerarquía de la Iglesia dieron su aval la noche previa al golpe en una reunión secreta con la cúpula militar. Y los medios masivos de comunicación proporcionaron una interpretación auspiciosa de la situación. Incluso, ciertos sectoresde las organizaciones insurgentes interpretaron que el golpe favorecía las expectativas revolucionarias porque de ese modo se tornaría más visible para el pueblo quién era el verdadero enemigo.
Si bien la Junta Militar contaba con estos apoyos, en la madrugada misma del díadel golpe dispuso una serie de operativos, implementados al margen de toda legalidad, destinados a detener a un gran número de militantes, estudiantes, obreros e intelectuales, entre otros, cuyo destino fue la cárcel o la desaparición. Esta modalidad represiva es
un indicador de que no toda la sociedad estaba dispuesta a avalar el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de la Junta Militar.
¿Cómo analizar el comportamiento de los distintos sectores sociales frente al terrorismo de Estado? ¿Desconocían aquellos que avalaron el régimen militar el dispositivo de terror? ¿Cómo fue posible que a lo largo de todo el país hayan existido cerca de 550 centros clandestinos de detención, la mayoría de ellos instalados en los grandes centros urbanos o en el centro de los pueblos? Estas son quizás las preguntas más difíciles de responder al momento de explicar lo sucedido durante la dictadura porque así como la vida cotidiana siguió “naturalmente” –las personas se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, trabajaron, entre otras tantas cosas–, los responsables de la dictadura no eran “monstruos” ni “demonios” ajenos a la sociedad sino más bien productos de ésta.
Es cierto que la sociedad argentina padeció el terror dictatorial, pero a su vez, no es menos cierto que convivió con la política represiva de la dictadura, cuyo mayor grado de expresión fueron los centros clandestinos de detención (CCD) ¿La sociedad no contaba con indicios de los mecanismos del terrorismo de Estado? Los secuestros se realizaban frente a testigos; los operativos eran continuos y se llevaban a cabo en la vía pública; los centros clandestinos estaban instalados en sitios de gran visibilidad; los exiliados políticos se contaban en buen número; las denuncias de distintas organizaciones de Derechos Humanos tuvieron cierta publicidad, tanto las que provenían del exterior como las que se realizaban aquí y, hacia 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya pedían por la aparición con vida de sus hijos en la histórica Plaza de Mayo. Asimismo y, finalmente, mucha gente pudo recordar, una vez terminada la dictadura, cómo alguna persona, más lejana o más próxima, había sido secuestrada. La existencia misma del miedo generalizado indicaba que había razones para temer.
Como señala Pilar Calveiro, lo que permitió la diseminación del terror desde los centros clandestinos hacia el conjunto de la sociedad fue el hecho de que algún tipo de información se filtrara. El motor del terror era que “algo” indefinido se supiera. A diferencia del miedo, que es producto de un objeto preciso al que se le teme, el terror se experimenta frente a la posible irrupción de un peligro no identificado con claridad. La información sobre las detenciones ilegales, los secuestros, las desapariciones y los centros clandestinos de detención circulaba “a medias”, como un “secreto a voces”.
Hay que señalar que el impacto de la dictadura fue muy desigual en las distintas regiones del territorio nacional. Si bien el terror se expandió por todo el cuerpo social, no impactó del mismo modo en las grandes ciudades, en las medianas y en los pueblos pequeños. En algunos lugares de la Argentina, alejados de los grandes centros urbanos, era más fácil sostener que ahí “no pasaba nada”. Del mismo modo que en aquellas localidades donde las Fuerzas Armadas estaban integradas a la vida cotidiana era máscomplejo desentrañar el funcionamiento de la represión.
Cabe destacar, finalmente, que en todos los ámbitos mencionados existieron personas que se opusieron al golpe y que durante la dictadura crearon algunos espacios de resistencia. Desde las organizaciones de Derechos Humanos que enfrentaron al régimen tempranamente, hasta sectores de la Iglesia, periodistas, miembros de asociaciones civiles y profesionales, artistas y trabajadores, la dictadura fue cosechando voces que cuestionaron las políticas represivas, sociales, culturales y económicas implementadas.
Sectores de alto poder económico apoyaron el golpe, como lo prueba la fuerte suba de las acciones en la Bolsa de Comercio el día después del derrocamiento de Isabel Perón. Entre los partidos políticos tradicionales, la respuesta osciló entre el silencio, la aceptación de la situación como si fuera la única opción posible y el apoyo directo. Los sectores de mayor jerarquía de la Iglesia dieron su aval la noche previa al golpe en una reunión secreta con la cúpula militar. Y los medios masivos de comunicación proporcionaron una interpretación auspiciosa de la situación. Incluso, ciertos sectoresde las organizaciones insurgentes interpretaron que el golpe favorecía las expectativas revolucionarias porque de ese modo se tornaría más visible para el pueblo quién era el verdadero enemigo.
Si bien la Junta Militar contaba con estos apoyos, en la madrugada misma del díadel golpe dispuso una serie de operativos, implementados al margen de toda legalidad, destinados a detener a un gran número de militantes, estudiantes, obreros e intelectuales, entre otros, cuyo destino fue la cárcel o la desaparición. Esta modalidad represiva es
un indicador de que no toda la sociedad estaba dispuesta a avalar el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de la Junta Militar.
¿Cómo analizar el comportamiento de los distintos sectores sociales frente al terrorismo de Estado? ¿Desconocían aquellos que avalaron el régimen militar el dispositivo de terror? ¿Cómo fue posible que a lo largo de todo el país hayan existido cerca de 550 centros clandestinos de detención, la mayoría de ellos instalados en los grandes centros urbanos o en el centro de los pueblos? Estas son quizás las preguntas más difíciles de responder al momento de explicar lo sucedido durante la dictadura porque así como la vida cotidiana siguió “naturalmente” –las personas se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, trabajaron, entre otras tantas cosas–, los responsables de la dictadura no eran “monstruos” ni “demonios” ajenos a la sociedad sino más bien productos de ésta.
Es cierto que la sociedad argentina padeció el terror dictatorial, pero a su vez, no es menos cierto que convivió con la política represiva de la dictadura, cuyo mayor grado de expresión fueron los centros clandestinos de detención (CCD) ¿La sociedad no contaba con indicios de los mecanismos del terrorismo de Estado? Los secuestros se realizaban frente a testigos; los operativos eran continuos y se llevaban a cabo en la vía pública; los centros clandestinos estaban instalados en sitios de gran visibilidad; los exiliados políticos se contaban en buen número; las denuncias de distintas organizaciones de Derechos Humanos tuvieron cierta publicidad, tanto las que provenían del exterior como las que se realizaban aquí y, hacia 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya pedían por la aparición con vida de sus hijos en la histórica Plaza de Mayo. Asimismo y, finalmente, mucha gente pudo recordar, una vez terminada la dictadura, cómo alguna persona, más lejana o más próxima, había sido secuestrada. La existencia misma del miedo generalizado indicaba que había razones para temer.
Como señala Pilar Calveiro, lo que permitió la diseminación del terror desde los centros clandestinos hacia el conjunto de la sociedad fue el hecho de que algún tipo de información se filtrara. El motor del terror era que “algo” indefinido se supiera. A diferencia del miedo, que es producto de un objeto preciso al que se le teme, el terror se experimenta frente a la posible irrupción de un peligro no identificado con claridad. La información sobre las detenciones ilegales, los secuestros, las desapariciones y los centros clandestinos de detención circulaba “a medias”, como un “secreto a voces”.
Hay que señalar que el impacto de la dictadura fue muy desigual en las distintas regiones del territorio nacional. Si bien el terror se expandió por todo el cuerpo social, no impactó del mismo modo en las grandes ciudades, en las medianas y en los pueblos pequeños. En algunos lugares de la Argentina, alejados de los grandes centros urbanos, era más fácil sostener que ahí “no pasaba nada”. Del mismo modo que en aquellas localidades donde las Fuerzas Armadas estaban integradas a la vida cotidiana era máscomplejo desentrañar el funcionamiento de la represión.
Cabe destacar, finalmente, que en todos los ámbitos mencionados existieron personas que se opusieron al golpe y que durante la dictadura crearon algunos espacios de resistencia. Desde las organizaciones de Derechos Humanos que enfrentaron al régimen tempranamente, hasta sectores de la Iglesia, periodistas, miembros de asociaciones civiles y profesionales, artistas y trabajadores, la dictadura fue cosechando voces que cuestionaron las políticas represivas, sociales, culturales y económicas implementadas.
La censura
El proyecto de disciplinamiento y reorganización de la sociedad durante la dictadura no se limitó a la persecución, la represión y la desaparición de los cuerpos sino que, como necesaria contracara del Estado terrorista, se produjo la persecución de escritores, artistas, poetas, educadores, periodistas, intelectuales y la censura de sus obras. Es decir, el accionar represivo abarcó también la desaparición de bienes culturales y simbólicos.
Hubo quemas de libros (como los 80 mil ejemplares de la Biblioteca Constancio Vigil en la provincia Santa Fe, o las 24 toneladas del Centro Editor de América Latina que en junio de 1980 fueron incinerados en un baldío de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires). Se produjo la persecución sistemática a escritores: algunos fueron desaparecidos (Héctor G. Oesterheld, Rodolfo Walsh, Francisco “Paco” Urondo, Haroldo Conti, Susana “Pirí” Lugones, entre otros); varios fueron encarcelados y/o empujados al exilio, interno o externo (Antonio Di Benedetto, Ismael y David Viñas, Osvaldo Bayer, Juan Gelman, Nicolás Casullo, Mempo Giardinelli, Leónidas Lamborghini, entre otros). Fueron prohibidos o censurados libros infantiles con el objeto de resguardar los valores “sagrados” como lafamilia, la religión o la patria. Por ejemplo el libro de la escritora Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio o El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry 
Muchas personas, por miedo, realizaron quemas domésticas y destruyeron en forma íntima y privada libros, películas, discos y revistas.
Muchas personas, por miedo, realizaron quemas domésticas y destruyeron en forma íntima y privada libros, películas, discos y revistas.La Dictadura en el Mundo
La dimensión internacional permite problematizar algunas de las aristas de la dictadura porque fue, también, en ese plano donde el régimen encontró sostén y, a su vez, los primeros signos de condena. Esta dimensión contribuye a visualizar qué pasó con la dictadura por fuera de las fronteras nacionales y brinda elementos para comprender qué sucedió durante la guerra de Malvinas.
La Doctrina de Seguridad Nacional, nombre que recibió la estrategia represiva para América Latina elaborada por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, consideraba que, debido a la expansión soviética, la defensa nacional ya no podía ejercerse sólo a partir de los parámetros de la guerra clásica (territorial y de fronteras en el plano militar). La defensa de la “civilización occidental y cristiana” ante la amenaza marxista exigía dar la batalla en todos los frentes: en el ámbito de la cultura, la educación, la economía, la política y la sociedad en su conjunto
.
Se creó una visión de dos campos enfrentados y para ello fue necesario la construcción de un “otro” que sea considerado una amenaza para la comunidad. En el caso de la dictadura argentina, ese “otro” lo constituyó la figura del “subversivo”. Este término aludía a los miembros de las organizaciones armadas de la sociedad y a los militantes políticos y sindicales vinculados a éstas, como a todo grupo político o partido opositor, así como a cualquiera de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Una de las maneras en que se cristalizó la Doctrina de Seguridad Nacional fue la promoción, por parte de los diversos servicios de inteligencia de los países latinoamericanos, de una operación tendiente a intercambiar información sobre individuos o grupos insurgentes lo que facilitaba la posterior captura y traslado de detenidos que habían logrado escapar de su lugar de origen. El Plan Cóndor arrojó una cantidad de víctimas considerable: miles de militantes y políticos chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileros resultaron asesinados por fuerzas militares y paramilitares que actuaron en toda la región.
Fue también en el escenario internacional donde el régimen dictatorial sufrió sus primeros embates y condenas de carácter público por su sistemática violación a los Derechos Humanos. Numerosos argentinos exiliados organizaron distintos grupos dedicados exclusivamente a la denuncia del terrorismo de Estado en Argentina. Dos de los momentos sobresalientes de las campañas impulsadas por estos grupos y las organizaciones de Derechos Humanos tuvieron lugar en 1978 durante la celebración del Mundial de Fútbol y durante el Congreso Mundial del Cáncer. Aprovechando la atención concitada por estos acontecimientos, las distintas comunidades de exiliados aprovecharon para dar a conocer al mundo las violaciones a los Derechos Humanos que se producían en Argentina.
La Doctrina de Seguridad Nacional, nombre que recibió la estrategia represiva para América Latina elaborada por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, consideraba que, debido a la expansión soviética, la defensa nacional ya no podía ejercerse sólo a partir de los parámetros de la guerra clásica (territorial y de fronteras en el plano militar). La defensa de la “civilización occidental y cristiana” ante la amenaza marxista exigía dar la batalla en todos los frentes: en el ámbito de la cultura, la educación, la economía, la política y la sociedad en su conjunto
.
Se creó una visión de dos campos enfrentados y para ello fue necesario la construcción de un “otro” que sea considerado una amenaza para la comunidad. En el caso de la dictadura argentina, ese “otro” lo constituyó la figura del “subversivo”. Este término aludía a los miembros de las organizaciones armadas de la sociedad y a los militantes políticos y sindicales vinculados a éstas, como a todo grupo político o partido opositor, así como a cualquiera de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Una de las maneras en que se cristalizó la Doctrina de Seguridad Nacional fue la promoción, por parte de los diversos servicios de inteligencia de los países latinoamericanos, de una operación tendiente a intercambiar información sobre individuos o grupos insurgentes lo que facilitaba la posterior captura y traslado de detenidos que habían logrado escapar de su lugar de origen. El Plan Cóndor arrojó una cantidad de víctimas considerable: miles de militantes y políticos chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileros resultaron asesinados por fuerzas militares y paramilitares que actuaron en toda la región.
Fue también en el escenario internacional donde el régimen dictatorial sufrió sus primeros embates y condenas de carácter público por su sistemática violación a los Derechos Humanos. Numerosos argentinos exiliados organizaron distintos grupos dedicados exclusivamente a la denuncia del terrorismo de Estado en Argentina. Dos de los momentos sobresalientes de las campañas impulsadas por estos grupos y las organizaciones de Derechos Humanos tuvieron lugar en 1978 durante la celebración del Mundial de Fútbol y durante el Congreso Mundial del Cáncer. Aprovechando la atención concitada por estos acontecimientos, las distintas comunidades de exiliados aprovecharon para dar a conocer al mundo las violaciones a los Derechos Humanos que se producían en Argentina.
Festejo infausto: Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, los integrantes de la Primera Junta Militar, festejan los goles de la selección nacional de fútbol durante la final con Holanda durante el mundial celebrado en Argentina en 1978.
Frente al reconocimiento de estas denuncias, el régimen dictatorial pretendió desacreditar a estas organizaciones acusándolas de desplegar una “Campaña Antiargentina”. Consignas propagandísticas como “Los argentinos somos derechos y humanos” y operativos llevados a cabo por medios periodísticos que pretendían mostrar al público internacional las virtudes del “Proceso de Reorganización Nacional”, fueron promovidos para contrarrestar los efectos de las denuncias sobre las violaciones a los Derechos Humanos.
Para mayor información sobre la “Doctrina de Seguridad Nacional” puede consultarse el capítulo III del libro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2010).
Frente al reconocimiento de estas denuncias, el régimen dictatorial pretendió desacreditar a estas organizaciones acusándolas de desplegar una “Campaña Antiargentina”. Consignas propagandísticas como “Los argentinos somos derechos y humanos” y operativos llevados a cabo por medios periodísticos que pretendían mostrar al público internacional las virtudes del “Proceso de Reorganización Nacional”, fueron promovidos para contrarrestar los efectos de las denuncias sobre las violaciones a los Derechos Humanos.
Para mayor información sobre la “Doctrina de Seguridad Nacional” puede consultarse el capítulo III del libro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2010).Las Malvinas son Argentinas, los desaparecidos también
Uno de los acontecimientos más significativos del régimen también tuvo como escenario el campo internacional: la guerra de Malvinas. Una interpretación sostiene que la decisión de embarcarse en una guerra respondió a la tentativa de los militares de perpetuarse en el poder, ante un desgaste cada vez más evidente. La política económica comenzaba a mostrar sus efectos negativos impulsando un malestar general que culminaría con una movilización masiva el 30 de marzo de 1982 a Plaza de Mayo convocada por la Confederación
General del Trabajo (CGT). En el plano político, desde 1981, la mayoría de los partidos políticos conformaron una organización Multipartidaria que, en diálogo con la Junta Militar, buscaba la recuperación del estado de derecho.
Pero ¿por qué apelar a la causa de Malvinas para resolver el desgaste? Desde la implementación del golpe, una de las formas de generar consenso y legitimar el terror, fue apelar a un discurso de carácter nacionalista. Del repertorio de símbolos nacionales, la causa Malvinas había sido la que a lo largo del siglo más adhesiones había despertado entre las más diversas posturas políticas. Y, en líneas generales, la población apoyó la recuperación de las islas efectuadas el 2 de abril de 1982: hubo movilizaciones espontáneas y otras organizadas en diferentes lugares del país. Sin embargo, el apoyo a la operación en Malvinas no implicó necesariamente un apoyo a los jefes militares. Para muchos argentinos –incluso para quienes habían– Malvinas significaba un símbolo del despojo imperialista y, por ende, una causa justa.
Sin embargo, a medida que transcurría la guerra y las afirmaciones triunfalistas que transmitían los medios de comunicación se tornaban insostenibles, el clima favorable a la recuperación de las islas devino en incertidumbre. Con la rendición final de las tropas argentinas, en junio de 1982, esa incertidumbre se transformó en indignación y rechazo a la Junta Militar. El régimen, finalmente, inició un proceso de desmoronamiento que finalizó en la apertura democrática de 1983.
General del Trabajo (CGT). En el plano político, desde 1981, la mayoría de los partidos políticos conformaron una organización Multipartidaria que, en diálogo con la Junta Militar, buscaba la recuperación del estado de derecho.
Pero ¿por qué apelar a la causa de Malvinas para resolver el desgaste? Desde la implementación del golpe, una de las formas de generar consenso y legitimar el terror, fue apelar a un discurso de carácter nacionalista. Del repertorio de símbolos nacionales, la causa Malvinas había sido la que a lo largo del siglo más adhesiones había despertado entre las más diversas posturas políticas. Y, en líneas generales, la población apoyó la recuperación de las islas efectuadas el 2 de abril de 1982: hubo movilizaciones espontáneas y otras organizadas en diferentes lugares del país. Sin embargo, el apoyo a la operación en Malvinas no implicó necesariamente un apoyo a los jefes militares. Para muchos argentinos –incluso para quienes habían– Malvinas significaba un símbolo del despojo imperialista y, por ende, una causa justa.
Sin embargo, a medida que transcurría la guerra y las afirmaciones triunfalistas que transmitían los medios de comunicación se tornaban insostenibles, el clima favorable a la recuperación de las islas devino en incertidumbre. Con la rendición final de las tropas argentinas, en junio de 1982, esa incertidumbre se transformó en indignación y rechazo a la Junta Militar. El régimen, finalmente, inició un proceso de desmoronamiento que finalizó en la apertura democrática de 1983.
El pasado en el presente
A 35 años del último golpe de Estado, las vivencias, los silencios, los relatos y las distintas memorias sobre el pasado reciente argentino coexisten en términos de tensión y/o conflicto. Reconocer la existencia de diversas memorias implica asumir que las mismas son objeto de lucha, escenarios de disputa por la producción de sentido. No obstante, estas discusiones no pueden desconocer, entre otras cosas, que la Justicia ha probado, en diversas instancias nacionales e internacionales, que durante la última dictadura ocurrieron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
“Y sin embargo estoy aquí”. El 24 de marzo de 2006, cuando se cumplieron treinta años del último golpe de Estado, un sinnúmero de actos conmemorativos fueron realizados en todo el país. Esta fotografía muestra el acto realizado en la ciudad de Rosario.
Las maneras en que ha sido enunciado el pasado reciente fueron cambiando a la par de las transformaciones culturales y políticas. En un primer momento, el discurso del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pretendió instalar la idea de que en el país las Fuerzas Armadas habían librado una “guerra contra la subversión apátrida” cuya infiltración en el cuerpo social implicaba extirpar un “virus” de raíz. Entre la derrota de Malvinas y el inicio de la transición democrática, cobró vigor el relato que se enmarcó en la llamada “teoría de los dos demonios”: un discurso según el cual la sociedad argentina fue una inocente víctima del enfrentamiento entre “dos terrorismos”. Esta teoría coloca en el mismo nivel al terrorismo de Estado implementado por la dictadura y a la violencia insurgente ejercida por las organizaciones armadas surgidas a comienzos de los años 70. Al mismo tiempo “la teoría de los dos demonios” asumía que la Doctrina de Seguridad Nacional y la metodología represiva empleada por la dictadura fueron ejercidas como respuesta a una violencia precedente, la de los grupos guerrilleros. En ese sentido, si bien esta visión caracteriza al golpe, la dictadura y la represión clandestina como una reacción exagerada e injustificada, reproduce el argumento de las Fuerzas Armadas: aquel que sostiene que ha sido la “subversión” la generadora de la violencia.
Esta narrativa sobre el pasado reciente permitía disculpar o fingía desconocer las complicidades y modos de consenso que amplios sectores sociales brindaron a “la lucha antisubversiva”.
Pese a la puesta en circulación de estas representaciones sobre el pasado reciente, emergieron también otras memorias vinculadas a las denuncias de los familiares de personas detenidas-desaparecidas, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y al movimiento de Derechos Humanos. Los debates en torno a cómo recordarlos estuvieron plagados de tensiones: ¿Debían ser consideradas sólo como víctimas? ¿Qué pasaba con sus militancias o su adscripción revolucionaria? ¿Podían converger estas representaciones, la de víctimas y la de militantes políticos, en ocasiones en la misma persona?
Hasta mediados de la década del 90, la mayoría de los relatos sobre los desaparecidos no hacía mención a su condición militante. En los primeros años del 2000 se inicio una nueva etapa del proceso de construcción de la memoria caracterizada por la repolitización de las formas del recuerdo. Mientras que la militancia comenzó a adquirir un lugar cada vez más relevante en las producciones bibliográficas y cinematográficas, una serie de acontecimientos públicos pusieron en tensión la política de “pacificación nacional”. Los decretos de Indulto promulgados por el ex presidente Carlos Menem, a principios de su gestión, se cimentaron sobre el discurso de la “reconciliación nacional”, aludiendo al reconocimiento de errores de “ambos lados”. De esta forma, al relativizar la experiencia del terrorismo de Estado, equiparándola con la violencia insurgente, el Estado reforzaba la vigencia de la “teoría de los dos demonios”. No obstante, hacia mediados de la década de 1990, tuvieron lugar una serie de declaraciones públicas que volvieron a poner en escena los debates sobre el pasado reciente.
El reconocimiento de los mecanismos represivos por parte de quienes integraron los “grupos de tareas”, la autocrítica del jefe del Ejército, Martín Balza (1995), admitiendo la participación de su fuerza en la represión clandestina y el surgimiento de la agrupación H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), contribuyeron a reavivar el debate sobre los años 70 y su vinculación con el presente.
Una nueva etapa en la construcción de la memoria colectiva se abrió con la asunción del gobierno del presidente Néstor Kirchner en el año 2003, cuando se reinstaló en la escena pública el debate en torno a los años 70 y se colocó a las organizaciones de Derechos Humanos en un lugar de privilegio en el proceso de preservación y transmisión de la memoria del terrorismo de Estado, ya que el gobierno democrático asumió como propias sus reivindicaciones. El Congreso anuló las leyes de Punto Final (1986), Obediencia Debida (1987) y los indultos. El acto conmemorativo del 24 de marzo de 2004, realizado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), edificio que funcionó como centro clandestino de detención, constituyó un nuevo jalón en el proceso de recordación del terrorismo de Estado. Durante el acto, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado y luego recorrió las instalaciones con un grupo de sobrevivientes de aquel centro clandestino. La decisión de construir allí un Espacio para la Memoria, desalojando a las instituciones de formación educativa de la Marina, constituyó un claro ejemplo del cambio de la política de Estado.
Esas acciones de Estado, enmarcadas en una política amplia de Derechos Humanos, modificaron nuevamente los modos en que se recuerda el pasado reciente. Nuevos abordajes en el cine, en la literatura y en las artes en general vinieron a reformular las maneras de hablar sobre ese pasado
.
Asimismo, en el plano judicial –desde la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los decretos de Indulto– se comenzaron a desarrollar diversos juicios contra aquellos que perpetraron las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Desde entonces, llegan a 41 los debates de juicio concluidos desde que se reabrieron los procesos. La actividad judicial por esos crímenes se extendió a Santa Fe, Salta, Capital Federal, Córdoba, Rosario, San Martín, Mar del Plata, Tucumán, La Rioja, La Plata, Santiago del Estero, Mendoza, San Rafael, La Pampa, Entre Ríos y Chubut. Esta impronta judicial demuestra un gran avance en el esclarecimiento de la verdad en todos estos años.
Sin embargo, este avance en la Justicia se ha visto empañado por la desaparición y asesinato de dos víctimas del terrorismo de Estado que prestaron testimonios relevantes en diversos juicios contra represores: Jorge Julio López y Silvia Suppo. Mientras el primero de ellos fue clave en el juicio desarrollado en la ciudad de La Plata contra el ex director de investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz; ella brindó un relato comprometedor en la causa en la que fue juzgado, entre otros, el ex magistrado Brusa y el ex comisario Héctor Colombini, en la provincia de Santa Fe. No obstante, la perpetración de estos actos sobre López y Suppo, dan cuenta de la importancia que posee la continuidad de los juicios: sobre la base de estos testimonios se podrá juzgar a los perpetradores del terrorismo de Estado y acabar con la impunidad de la que gozaron durante todos estos años.
Para mayor información sobre los distintos abordajes puede consultarse el capítulo IV del libro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2010).
Las maneras en que ha sido enunciado el pasado reciente fueron cambiando a la par de las transformaciones culturales y políticas. En un primer momento, el discurso del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pretendió instalar la idea de que en el país las Fuerzas Armadas habían librado una “guerra contra la subversión apátrida” cuya infiltración en el cuerpo social implicaba extirpar un “virus” de raíz. Entre la derrota de Malvinas y el inicio de la transición democrática, cobró vigor el relato que se enmarcó en la llamada “teoría de los dos demonios”: un discurso según el cual la sociedad argentina fue una inocente víctima del enfrentamiento entre “dos terrorismos”. Esta teoría coloca en el mismo nivel al terrorismo de Estado implementado por la dictadura y a la violencia insurgente ejercida por las organizaciones armadas surgidas a comienzos de los años 70. Al mismo tiempo “la teoría de los dos demonios” asumía que la Doctrina de Seguridad Nacional y la metodología represiva empleada por la dictadura fueron ejercidas como respuesta a una violencia precedente, la de los grupos guerrilleros. En ese sentido, si bien esta visión caracteriza al golpe, la dictadura y la represión clandestina como una reacción exagerada e injustificada, reproduce el argumento de las Fuerzas Armadas: aquel que sostiene que ha sido la “subversión” la generadora de la violencia.
Esta narrativa sobre el pasado reciente permitía disculpar o fingía desconocer las complicidades y modos de consenso que amplios sectores sociales brindaron a “la lucha antisubversiva”.
Pese a la puesta en circulación de estas representaciones sobre el pasado reciente, emergieron también otras memorias vinculadas a las denuncias de los familiares de personas detenidas-desaparecidas, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y al movimiento de Derechos Humanos. Los debates en torno a cómo recordarlos estuvieron plagados de tensiones: ¿Debían ser consideradas sólo como víctimas? ¿Qué pasaba con sus militancias o su adscripción revolucionaria? ¿Podían converger estas representaciones, la de víctimas y la de militantes políticos, en ocasiones en la misma persona?
Hasta mediados de la década del 90, la mayoría de los relatos sobre los desaparecidos no hacía mención a su condición militante. En los primeros años del 2000 se inicio una nueva etapa del proceso de construcción de la memoria caracterizada por la repolitización de las formas del recuerdo. Mientras que la militancia comenzó a adquirir un lugar cada vez más relevante en las producciones bibliográficas y cinematográficas, una serie de acontecimientos públicos pusieron en tensión la política de “pacificación nacional”. Los decretos de Indulto promulgados por el ex presidente Carlos Menem, a principios de su gestión, se cimentaron sobre el discurso de la “reconciliación nacional”, aludiendo al reconocimiento de errores de “ambos lados”. De esta forma, al relativizar la experiencia del terrorismo de Estado, equiparándola con la violencia insurgente, el Estado reforzaba la vigencia de la “teoría de los dos demonios”. No obstante, hacia mediados de la década de 1990, tuvieron lugar una serie de declaraciones públicas que volvieron a poner en escena los debates sobre el pasado reciente.
El reconocimiento de los mecanismos represivos por parte de quienes integraron los “grupos de tareas”, la autocrítica del jefe del Ejército, Martín Balza (1995), admitiendo la participación de su fuerza en la represión clandestina y el surgimiento de la agrupación H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), contribuyeron a reavivar el debate sobre los años 70 y su vinculación con el presente.
Una nueva etapa en la construcción de la memoria colectiva se abrió con la asunción del gobierno del presidente Néstor Kirchner en el año 2003, cuando se reinstaló en la escena pública el debate en torno a los años 70 y se colocó a las organizaciones de Derechos Humanos en un lugar de privilegio en el proceso de preservación y transmisión de la memoria del terrorismo de Estado, ya que el gobierno democrático asumió como propias sus reivindicaciones. El Congreso anuló las leyes de Punto Final (1986), Obediencia Debida (1987) y los indultos. El acto conmemorativo del 24 de marzo de 2004, realizado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), edificio que funcionó como centro clandestino de detención, constituyó un nuevo jalón en el proceso de recordación del terrorismo de Estado. Durante el acto, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado y luego recorrió las instalaciones con un grupo de sobrevivientes de aquel centro clandestino. La decisión de construir allí un Espacio para la Memoria, desalojando a las instituciones de formación educativa de la Marina, constituyó un claro ejemplo del cambio de la política de Estado.
Esas acciones de Estado, enmarcadas en una política amplia de Derechos Humanos, modificaron nuevamente los modos en que se recuerda el pasado reciente. Nuevos abordajes en el cine, en la literatura y en las artes en general vinieron a reformular las maneras de hablar sobre ese pasado
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Asimismo, en el plano judicial –desde la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los decretos de Indulto– se comenzaron a desarrollar diversos juicios contra aquellos que perpetraron las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Desde entonces, llegan a 41 los debates de juicio concluidos desde que se reabrieron los procesos. La actividad judicial por esos crímenes se extendió a Santa Fe, Salta, Capital Federal, Córdoba, Rosario, San Martín, Mar del Plata, Tucumán, La Rioja, La Plata, Santiago del Estero, Mendoza, San Rafael, La Pampa, Entre Ríos y Chubut. Esta impronta judicial demuestra un gran avance en el esclarecimiento de la verdad en todos estos años.
Sin embargo, este avance en la Justicia se ha visto empañado por la desaparición y asesinato de dos víctimas del terrorismo de Estado que prestaron testimonios relevantes en diversos juicios contra represores: Jorge Julio López y Silvia Suppo. Mientras el primero de ellos fue clave en el juicio desarrollado en la ciudad de La Plata contra el ex director de investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz; ella brindó un relato comprometedor en la causa en la que fue juzgado, entre otros, el ex magistrado Brusa y el ex comisario Héctor Colombini, en la provincia de Santa Fe. No obstante, la perpetración de estos actos sobre López y Suppo, dan cuenta de la importancia que posee la continuidad de los juicios: sobre la base de estos testimonios se podrá juzgar a los perpetradores del terrorismo de Estado y acabar con la impunidad de la que gozaron durante todos estos años.
Para mayor información sobre los distintos abordajes puede consultarse el capítulo IV del libro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza. (Editado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2010).Carta Abierta a la Junta Militar, por Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977
“(…) En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuído su participación en el ingreso nacional al 30%, elevando de 6 a 18 horas la jornada laboral que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.”
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Canción de Alicia en el país
Esta es una de las canciones que podríamos decir que se repliega en la indeterminación de la metáfora y permite un espacio de resistencia frente a la magnitud de la censura y la persecución. En 1979 La “Canción de Alicia en el país” mantiene la crítica al poder totalitario, pero bajo un formato menos explícito: “los inocentes son los culpables / dice su señoría, / el rey de espadas. / No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, / no tendrás poder, / ni abogados, / ni testigos”. En 1983, cuando terminaba la dictadura, Charly García lanza su disco Clics modernos, en el que la crítica reaparece sin rodeos en temas como “Los dinosaurios o Nos siguen pegando abajo”. Sugerimos que escuchen estas canciones.
Se les puede proponer a los estudiantes que busquen otras canciones de las décadas de los 60 y los 70 que utilicen la metáfora u otras formas de elipsis para referirse a cuestiones que, por la censura imperante, no pudieran ser aludidas de modo directo en las letras.
Esta es una de las canciones que podríamos decir que se repliega en la indeterminación de la metáfora y permite un espacio de resistencia frente a la magnitud de la censura y la persecución. En 1979 La “Canción de Alicia en el país” mantiene la crítica al poder totalitario, pero bajo un formato menos explícito: “los inocentes son los culpables / dice su señoría, / el rey de espadas. / No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, / no tendrás poder, / ni abogados, / ni testigos”. En 1983, cuando terminaba la dictadura, Charly García lanza su disco Clics modernos, en el que la crítica reaparece sin rodeos en temas como “Los dinosaurios o Nos siguen pegando abajo”. Sugerimos que escuchen estas canciones.
Se les puede proponer a los estudiantes que busquen otras canciones de las décadas de los 60 y los 70 que utilicen la metáfora u otras formas de elipsis para referirse a cuestiones que, por la censura imperante, no pudieran ser aludidas de modo directo en las letras.
De no olvidar
Proponemos trabajar con el eje El pasado en el presente para pensar con nuestros estudiantes los procesos de la Justicia y la memoria: los avances y retrocesos de las leyes y la Justicia; las políticas estatales; las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos y las representaciones en el ámbito de la cultura.
Estas canciones hacen referencia a la dictadura de distinta manera. Sugerimos que se discuta con los estudiantes ¿sobre qué les parece que alude cada una de ellas? ¿Qué experiencia quiere contar la canción de la Vela Puerca? ¿Por qué creen que se llama “De no olvidar”?
Proponemos trabajar con el eje El pasado en el presente para pensar con nuestros estudiantes los procesos de la Justicia y la memoria: los avances y retrocesos de las leyes y la Justicia; las políticas estatales; las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos y las representaciones en el ámbito de la cultura.
Estas canciones hacen referencia a la dictadura de distinta manera. Sugerimos que se discuta con los estudiantes ¿sobre qué les parece que alude cada una de ellas? ¿Qué experiencia quiere contar la canción de la Vela Puerca? ¿Por qué creen que se llama “De no olvidar”?
Vuelos
Proponemos trabajar con el eje El pasado en el presente para pensar con nuestros estudiantes los procesos de la Justicia y la memoria: los avances y retrocesos de las leyes y la Justicia; las políticas estatales; las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos y las representaciones en el ámbito de la cultura.
Estas canciones hacen referencia a la dictadura de distinta manera. Sugerimos que se discuta con los estudiantes ¿sobre qué les parece que alude cada una de ellas? ¿Qué experiencia quiere contar la canción de Bersuit Vergarabat?
Proponemos trabajar con el eje El pasado en el presente para pensar con nuestros estudiantes los procesos de la Justicia y la memoria: los avances y retrocesos de las leyes y la Justicia; las políticas estatales; las luchas de las organizaciones de Derechos Humanos y las representaciones en el ámbito de la cultura.
Estas canciones hacen referencia a la dictadura de distinta manera. Sugerimos que se discuta con los estudiantes ¿sobre qué les parece que alude cada una de ellas? ¿Qué experiencia quiere contar la canción de Bersuit Vergarabat?
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Bueno esto fue todo amigo espero les haya gustado mi post lo hize con algo que tenia de la pc y con lo que me contaron mis viejos y me empezo a salir algo de la cabeza y dije armo este post y aca esta saludos @[tu]