!-HISTORIA-!
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las muertes de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar.
El 2 de agosto de 2002 el Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.633 creando al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, pudiéndose mover a lunes o viernes para poder crear un fin de semana largo.
Varias organizaciones de derechos humanos se opusieron a la propuesta por considerar impropio que un día donde se debía recordar pudiera convertirse en una ocasión aprovechada por los entes turísticos para la obtención de ganancia por los puentes o fines de semana largos. Finalmente, el Congreso aceptó la propuesta del ejecutivo y declaró al 24 de marzo como día no laborable, estableciendo sin embargo su inamovilidad, es decir, la imposibilidad de que se traslade al lunes o viernes más próximo.
El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a decenas de miles de personas, sospechadas de ser
guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos
de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos
como los desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Otro perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar. De esos más de 500 niños apropiados, casi 100 ya han recobrado su verdadera identidad gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la
caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de
1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante
su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos
ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron
condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986
y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a
los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del
Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina
determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que siguen en marcha. En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y la Justicia y como feriado nacional a través de la Ley 26.085.