Hoy se celebran multitud de actos de homenaje en recuerdo de los 192 muertos y más de 2.000 heridos víctimas de los antentados islamistas perpetrados hace seis años en Madrid. Instituciones y organizaciones políticas, fuerzas sindicales, asociaciones de víctimas y de vecinos, unión de actores, municipios madrileños, Congreso de los Diputados... El rey Juan Carlos se reunirá personalmente con víctimas y familiares, y en Bruselas, sede de las principales instituciones europeas, se conmemora el 11 de marzo como Día Europeo de las víctimas del terrorismo.
Cerca de 70.000 documentos, la mayoría correos electrónicos, pero también fotografías, grabaciones de audio y vídeo procedentes de los escenarios de los atentados del 11-M han sido incluidos en el llamado "Archivo del Dolor", elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acaba de presentar al Consejo de Ministros un informe que desvela que, hasta ahora, han sido víctimas del terrorismo en España un total de 9.522 personas, de las que 1.382 han fallecido. El importe de las indemnizaciones supera los 722 millones.
Con motivo este jueves del sexto aniversario de los atentados del 11-M, Rubalcaba ha traslado a la mesa del Consejo de Ministros este documento sobre la situación de las víctimas, que reconoce que el terrorismo es "la peor lacra con la que ha tenido que convivir España desde la restauración de la Democracia". La protección a las víctimas ha sido "una de las preocupaciones fundamentales" del Estado, por lo que el Gobierno de España está elaborando una nueva ley integral de víctimas del terrorismo que unificará en un solo texto toda la legislación sobre protección e indemnizaciones.
La ley unificará las indemnizaciones e incluirá todas las prestaciones complementarias. Además, se comtemplará un aumento cuantitativo de las prestaciones, con aplicación retroactiva para aquellas personas que hayan recibido menos de la cantidad prevista en la nueva ley.
El texto jurídico también establecerá un baremo que determine la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado fijada en sentencia judicial y protegerá a las víctimas tanto de actos de ostentación pública del terrorismo como de noticias o publicidad que pueda afectar a su sensibilidad.
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