Ley de Servicios de comunicación audiovisual

Lo que puedo "valorar" de "los gobiernos K" es que han avanzado sobre temas que se venian dejando de lado no obstante lo cual no puedo dejar de sentir que se quedan a medias, no puedo dejar de desconfiar de ellos y no puedo dejar de pensar que por algun lado me estan cogiendo. ¿Porque dira usted?, bueno la cosa es simple, de movida Nestor -y me refiero a antes de ser electo presidente- salio diciendo en una nota al flaco Tognetti que Menem y Duhalde eran los dos mafiosos mas importantes de la Argentina, luego de lo cual se alio a Dual-D para poder juntar votos y se tuvo que "comer" a muchos de sus hombres en diferentes puestos. ¿Como podes juntarte con quien pensas que es uno de los mafiosos mas grandes del pais y pretender que vos sos distinto? A esto puedo sumarle varias contradicciones mas y puntos negros que hacen, en definitiva, que yo no sea "un chico K". Mencionando rápidamente esta el tema del tren de alta velocidad uniendo Córdoba-Rosario-Baires en lugar de reactivar la linea ferroviaria, la paparruchada del tema agropecuario que en realidad no hace mucho por tocarle el culo a los pooles de siembra, ni a Monsanto, ni a Cargil, ni a nadie de los que debe tocarle el culo, tampoco protege a los trabajadores ni a los pequeños productores. Además va en contra de sus propias palabras dado que K antes pensaba distinto repecto al tema. El tema Repsol-YPF, los presos políticos (¿se acuerdan de los paraguayos?), o lo que sucede con empresas como Kraft/Terrabusi que maltratan a su personal, los persiguen, echan cientos de empleados sin necesidad alguna - Kraft no es una empresa en quiebra ni mucho menos, intentaron comprar Cadbury asi que tan mal no deben estar - y en conjunto con el aparato K creen que se resulve el problema mandando policia a reprimir; esto no es nuevo para el matrimonio K. Tienen a tipos como Moyano, pedazo de delincuente devenido en vicepresidente del PJ gracias a Don Nestor. En el 2001 se cansaron de repudiarlo, se sacaron muchos trapitos al sol sobre este personaje famoso, miembro del grupo de "Los Gordos", y sospechado de haberse vinculado con la Triple A en epocas de la Dictadura. Ahora bien, no quiero caer en ser "Anti-K" porque es anti-pático. Simplemente no estoy de acuerdo con ellos, no les creo, no me siento representado y no los vote, ni lo hare. Reconozco que por alguna razon han avanzado en temas que considero de importancia y creo que ya que estamos avanzando en temas que son necesarios debemos hacerlo bien. Caer en dicotomías no es hacerlo bien. No soy K pero creo que una nueva ley de medios es necesaria. Es necesaria porque la anterior es obsoleta y es producto de un golpe de estado, tiene un origen espurio e ilegal, favorece practicas monopolicas y dejaba el control de los medios a los militares, al servicio de inteligencia del estado y a los empresarios admitiendo restricciones a la libertad de expresión, basadas en las necesidades de seguridad nacional. Desconfío de sus razones para avanzar en diferentes temáticas, no recuerdo a Nestor hablando de la necesidad de juzgar a dictadores y cómplices en épocas de campañas antes de ser presidente, pero si valor que aunque sea por populismo se lleven adelante los juicios como se esta haciendo. Por convicción o por populismo se hace, y creo que esta bien que se haga. Aunque prefiero que sea por convicción, asi debe ser y no por conveniencia politica. Aun espero que aparezca López, desaparecido en democracia K. Aunque el fútbol es una pasión que no comprendo creo que es correcto que su transmicion no sea negocio de una empresa pero también recuerdo cuando el futbol se uso para tapar que en el país se cometían crímenes aberrante por parte de los organismos del Estado manejados por delincuentes militares. Recurdo también como medios serviles a esos mismos delincuentes que usurparon el poder al ñoqui mal amasado de Isabelita (Maria Estela Martinez de Peron, ¿Primer Mujer presidente?) nos contaban la historia de que ganabamos la guerra de Malvinas en lugar de decirnos lo que realmente pasaba. Laley parece no venir a modificar mucho las cosas, pese a su propaganda. 24 licencias es mucho, ¿10 son pocas?, ¿Como regularan el tema de la pauta publicitaria oficial para que no sea empleada para cooptar giles? Es necesario una nueva ley, eso no se discute. Una ley de verdad que garantice libertad de expresión, diversidad de opiniones, que no favorezca a los monopolios de los medios. Quiero gente diciendo las cosas que yo pienso y quiero, sobre todo, a quienes piensan distinto a mi con la posibilidad de expresarse. Quiero un medio democratizado. Quizas no podamos evitar que algunos empresarios se acerque al gobierno por conveniencia, ni que el gobierno se acerque a los empresarios por la misma razon, que ambos hagan negocio, ¿o quizas si podamos?. No quiero medios cómplices del poder económico ni un medio cómplice del político de turno. Todas las frecuencias son mias, son tuyas, son nuestras por eso merecemos poder acceder a ellas y encontrar variedad real, sin censura de ningún tipo. Buscando sobre este tema de la ley encontré lo siguiente. Nos decia Por Martín Piqué en su nota titulada "Llegó la nueva ley" de Pagina 12: dijo:El Gobierno presentará el proyecto que enviará al Congreso para reemplazar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Los cambios más importantes tienen que ver con las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el Interior, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público. A continuación un punteo de las principales modificaciones al texto original. - Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el Gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el Gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad. - Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el Gobierno. - El triple play y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable. El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas con una lógica comercial también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso triple play, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual. Nos dice Horacio Verbitskyen una nota de Pagina 12 titulada "Método Ollendorf": dijo:En la discusión de la ley audiovisual el discurso opositor partió de un supuesto caprichoso: la existencia de “Empresarios K”, dispuestos a quedarse con los medios que se vendan por la desinversión forzada por la ley de medios. La K ha pasado a ser la letra de la miopía. Ninguno de los mencionados en todas las especulaciones hizo su fortuna a partir del kirchnerismo. Forman parte de la predatoria burguesía argentina, que cortejó a todos los gobernantes. “Los empresarios somos cortesanos del poder”, dijo hace dos décadas el ingenioso Carlos Bulgheroni. Comenzaron con Isabel y López Rega y aceleraron su ascenso con los militares golpistas y sus ministros paquetes. Fueron de la Coordinadora cuando gobernaba Raúl Alfonsín y tallaba Brodersohn; menemistas desde que entendieron que el salariazo venía después de la revolución productiva, y no tuvieron remilgos ni con la Alianza (¿remember Nicolás Gallo y Fernando De Santibáñez?) ni con el Senador Duhalde, quien repitió el esquema del dictador Viola y subió a la Unión Industrial a su gabinete. –¿Las cenas aquí son siempre iguales? –preguntó una vez Zulema Yoma al personal de la residencia de Olivos. –Cambia el menú. Cambian los presidentes. Los que nunca cambian son los invitados –fue la respuesta. Es ingenuo o avieso pretender que esta clase empresarial, responsable del capitalismo de rapiña conocido por aquí, vaya a contribuir a la acumulación de un presunto “proyecto kirchnerista”. Son mucho peor que eso. Carecen de cualquier lealtad y/o ideario político. Gobierne quien gobierne aprovechan cada oportunidad para invertir poco y ganar mucho a expensas del Estado, y su lealtad dura lo que el poder al que se acercan. Quienes se quejan por el avance que temen no son mejores que ellos y esa ha sido una parte no menor del drama argentino. Que deban competir entre sí es una forma de disciplinarlos. En el diario perfil, bajo el titulo "En un año electoral, el oficialismo compra más medios de comunicación" se menciona una serie de empresarios K y se habla sobre la pauta publicitaria oficial: dijo:El Gobierno reasignó 45 millones de pesos del presupuesto de Medio Ambiente para invertir en publicidad y otorgó una veintena de licencias de radios. En sólo un lustro, el kirchnerismo invirtió más de mil millones de pesos en pauta oficial. Las elecciones desvelan al oficialismo. En octubre pondrán en juego parte de su capital político con miras a la renovación presidencial de 2011. Entonces, controlar las “letras de molde” –así alude Cristina Fernández a los titulares críticos de algunos diarios– se vuelve casi una necesidad, además de un negocio, para los “popes” K. Sobre todo, en un año en el que asoma otra vez el conflicto con el campo, la crisis económica impacta en Argentina, la tensión por el corte en Gualeguaychú aumenta y el estilo confrontativo de gestión desgasta a Cristina y a Néstor. Es por eso que desde la Casa Rosada contribuyeron con una serie de medidas para doblegar a los medios en 2009. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, reasignó 45 millones de pesos (no ejecutados durante 2008) para publicidad oficial. El 10 de diciembre de 2008 el Comfer otorgó 20 licencias de radio a empresarios del interior. Enrique “Pepe” Albistur que, como secretario de Medios de la Nación, tiene el control de la pauta publicitaria. Albistur, además, posee una empresa familiar que se dedica al mobiliario urbano, y fue denunciado por el fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, por hacer un mal uso de los fondos públicos que administra su cartera. En el mundo empresario, Daniel Hadad fue uno de los más beneficiados con la publicidad oficial, hecho que fue de la mano con una línea editorial de su grupo más condescendiente con el Gobierno. Hadad es propietario de muchos medios, desde el canal de cable C5N hasta la radio más escuchada del país, AM 710. Claro que el Gobierno también cuenta con empresarios amigos que forman parte del riñón K. Rudy Ulloa Igor, un pingüino que empezó como cadete del bufete legal de Néstor, fue comprando de a poco. Es propietario de El Periódico Austral en Santa Cruz, la revista oficialista KA, la revista también oficialista Actitud (el eslogan es “una revista que no es independiente”) y varias señales de cable y radios en el interior del país y la Capital Federal. Otro empresario que tuvo un crecimiento exponencial durante la era K es Sergio Szpolski. El diario La U era el único medio que tenía en su haber en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner en el poder. Luego compró Veintitrés, Veintitrés Internacional, Newsweek Argentina, BAE, parte de AM Del Plata, radio América y Aspen, entre otros. El panorama oficialista se completa con la lista de medios estatales, con Canal 7 a la cabeza, señal de aire denunciada la semana pasada por, supuestamente, haber censurado al vicepresidente Julio Cobos durante la emisión del festival de Jesús María. En el sitio Rebelion.org encontré una interesante nota titulada "¿Ley K?" firmada por Mauro Paradiso donde se dice: dijo:Es importante entonces, para los que todavía no lo saben bien, recordar algunas de las diferencias que separan ambas leyes. La anterior ley (22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, admitía restricciones a la libertad de expresión, basadas en las necesidades de seguridad nacional. Todos sabemos como interpretó el poder de facto estas necesidades y cuántos periodistas y comunicadores terminaron siendo amordazados, apresados y asesinados, por causa de dicha interpretación. El problema de una ley que restrinja el derecho a la libertad de expresión por motivos de “seguridad nacional” es determinar qué se entiende por dicho término, ya que el mismo puede prestarse a ambigüedad. Esto abre una brecha para cualquier poder de turno que quiera aplicar mordazas a la prensa. Por el contrario, la nueva ley garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Esto implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Cabe aclarar, por lo demás, que los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta. La ley de la dictadura preveía que el organismo que regulara la Radio y la TV estuviera integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios. Por el contrario, el organismo que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en la nueva ley estará dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional (de la segunda y tercera minoría) y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. En la ley de la dictadura la radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Con lo cual miles de radios comunitarias, ancladas en los barrios marginales, que militaban por proyectos de transformación social, se encontraban con dificultades para sostenerse. La nueva ley de radiodifusión les permite el acceso a esas entidades sin fines de lucro, reservando, con carácter inderogable, el 33% del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales, etc. La antigua ley admitía los monopolios y los oligopolios. Entre otras cosas, permitía que una sola persona fuera titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV). El Estado tenía una participación subsidiaria, ya que sólo podía dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados. Es decir, se trataba de una ley pensada para un régimen que le estaba abriendo las puertas al neoliberalismo, doctrina que destraba los mecanismos que protegen a los pequeños actores dentro de la economía nacional y les brinda posibilidades de crecimiento a los grandes agentes. De esta forma se constituyen o se fortalecen los monopolios. Si el Estado, como lo preveía la antigua ley, debía tener una presencia subsidiaria, los servicios de comunicación audiovisual quedan entonces en propiedad de los grupos privados, cuyo interés es vender la noticia, para lo cual recurren a cualquier tipo de estrategia. Sangre, violencia, noticieros amarillistas, pornografía en horarios de protección al menor, un collage de imágenes difíciles de decodificar para la gran mayoría de los niños argentinos que pasan gran parte de su día enfrente de un televisor. Esos niños se educan bajo esa televisión, y son los que el día de mañana irán a votar influenciados por las líneas editoriales de los principales diarios y noticieros del país. Quiero decir, que los monopolios y oligopolios uniformizan las conciencias, ya que la noticia bajo un aparente halo de diversidad, termina siempre teniendo el mismo sustrato, la misma tendencia de fondo, la misma intencionalidad. La nueva ley impide la formación de monopolios y oligopolios (una persona no puede tener más que 10 licencias de servicios abiertos), a la vez que promueve el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias. nada nos debe hacer temer: la nueva ley prevé diferentes controles para que el poder ejecutivo no termine manipulando la voluntad de los medios. Por empezar el organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Además se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc. A su vez, para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación estará previsto el control del Congreso de la Nación. Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, tenemos ciertos mecanismos institucionales como para confiar en que la nueva ley podrá superar ampliamente a la anterior. Lo que resta es ver como se implementará, quienes son las personas que estarán a cargo de su aplicación, lo cual necesariamente remite a la idea de democracia. Funcionarios del poder ejecutivo, legisladores, miembros de la sociedad civil, serán los encargados de llevar esto adelante. Habrá que estar atentos: no vaya a ser que el espíritu de la ley termine desdibujándose por una mala implementación. Pero ese ya no es un problema de la ley. Nos explica Pablo Vasco de MST, en la nota del periodico del partido y publicada en el sitio web, titulada "Ni monopolio de Clarín, ni ley K tramposa": dijo:El gobierno, ante la ola de rechazo que había desatado su plan de abrirles el millonario negocio del cable a los pulpos telefónicos, no tuvo otra que retirar ese artículo. Fue una concesión no menor, frente al riesgo de tener que postergar todo. Pero ese traspié no convierte a la ley K en “progresiva” y además quedaron las llamadas “cooperativas telefónicas” que manejan cables en el interior. El espacio radioeléctrico, y por lo tanto sus frecuencias actuales o las que en el futuro permita el avance de la tecnología, son propiedad de todos. Le pertenecen al conjunto de la sociedad, nos pertenecen. Son un bien público o de dominio público, que debería ser distribuido entre todos o accesible a todos. O sea, a la diversidad de organizaciones que existen en nuestra sociedad, para que todas ellas puedan expresarse libremente, sin ningún tipo de condicionamientos. La única forma de concretar esto es poniéndole fin al monopolio privado de las comunicaciones audiovisuales, hoy manejado por el Grupo Clarín y otros pocos. El Estado debería nacionalizar todas las frecuencias bajo el control de los trabajadores del sector, para luego socializarlas, transfiriéndolas a las organizaciones sociales, culturales, gremiales, políticas, universitarias y populares en general. Nada de esto plantea la ley K, que le permite a un único propietario tener 10 licencias por 10 años y prorrogables por otros 10, abarcando hasta un 35% de la población del país o del total de abonados. Si a eso le sumamos que la autoridad de control la va a manejar el gobierno por mayoría; que dicho organismo estará bajo la dependencia del jefe de gabinete; y que ese mismo funcionario centraliza los millones de la publicidad oficial, podemos comprender que la cacareada ley K no constituye un avance real hacia la necesaria democratización de la radiodifusión argentina. Por qué la nueva ley es tramposa: * No democratiza realmente la radiodifusión, ni garantiza una verdadera libertad de expresión, porque no transfiere las frecuencias (que son de propiedad pública) al conjunto de la sociedad. * La autoridad de aplicación (organismo que decide todo) no sólo tiene mayoría del gobierno, sino que además depende del jefe de gabinete, que encima es el que “distribuye” toda la publicidad oficial. * Los “tres tercios” son un verso: el sector privado seguirá siendo dominante; entre las organizaciones el gobierno privilegiará a la CGT, la Iglesia y a sus amigos; y los medios “públicos” seguirán siendo oficialistas en vez de oficiales. fuente: http://comunicadocero.blogspot.com/2009/11/ley-de-servicios-audiovisuales.html