Corrupción en Comisión Federal de Electricidad

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Martín Esparza Flores y Humberto Montes de Oca ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para difundir pruebas de que la Comisión Federal de Electricidad entrega dinero al SUTERM para que sea cómplice de la privatización del sector

Martín Esparza Flores y Humberto Montes de Oca ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para difundir pruebas de que la Comisión Federal de Electricidad entrega dinero al SUTERM para que sea cómplice de la privatización del sectorFoto María Luisa Severiano

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, montos equivalentes a 2 por ciento de cada contrato que firma con las empresas "contratistas", con la finalidad de que deje operar a estas compañías y se fomente la privatización.

Se trata de una "compensación monetaria" a ese sindicato por aceptar la privatización del sector eléctrico en el país, denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores. En conferencia de prensa ofrecida en la sede del SME planteó que "el actual secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, acepta la cantidad de 2 por ciento sobre el monto de cada obra, así como 2 por ciento del costo de los 773 permisos otorgados a las empresas trasnacionales para la generación de energía eléctrica, siendo cómplice de la privatización, junto con el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub".

Esparza dijo que de esta acción fue informado por el anterior subsecretario de Gobernación Gerónimo Gutiérrez, quien incluso señaló que la entrega de estos recursos no está admitidos en el contrato colectivo de trabajo y se brinda de manera directa al sindicato. Pero sobre todo, le dijo que "se puede legalizar el contratismo".

El dirigente dio a conocer ayer fotografías con las que quiere demostrar que una de las instalaciones donde están las secciones 57, 123 y 186 del SUTERM en el estado de Hidalgo, ubicadas en la colonia Montecillo, en Tula, se ha convertido en el centro de operación de empresas contratistas y tienen ahí un amplio parque vehicular de camionetas que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Además de las camionetas, también hay material y equipo de LFC, según sostuvo.

Calificó de "esquirolaje" lo que está haciendo el SUTERM y dijo que este sindicato está permitiendo el robo de la materia de trabajo del SME; además de que está vigente el convenio de delimitación de zonas firmado desde 1985 entre la CFE y LFC. Responsabilizó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, de las confrontaciones entre los grupos de trabajadores de ambos gremios, por la defensa de la materia de trabajo.

En su opinión, la serie de violaciones laborales cometidas por el gobierno contra los trabajadores de LFC, no tienen otra motivación que los intereses económicos de grupos empresariales sobre las áreas de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica, de la fibra óptica y del power light comunication en el centro del país.






Como una forma de hacerse de recursos financieros y de lograr supuestas mejoras operativas en el suministro energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido promoviendo el lanzamiento de un sistema de prepago, que operaría de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos celulares, y para lo cual la paraestatal planea concluir, en este año, con la sustitución de un millón y medio de nuevos medidores. A lo anterior se suma la distribución, desde principios de este año, de un monedero electrónico entre los usuarios de este servicio, con el cual se podrán efectuar compras en las empresas afiliadas y acumular puntos; la mitad de éstos se destinarán de forma automática al pago del servicio, y el resto podrá ser utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales afiliados al programa.

El mecanismo anunciado reviste aspectos por demás cuestionables. Por principio de cuentas, no pueden soslayarse los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el sentido de que la instalación de los nuevos medidores constituye una violación a los derechos de los usuarios, por cuanto implica una modificación arbitraria e inconsulta en el sistema de cobro. Es claro, por lo demás, que el cambio de estos aparatos implicará una importante erogación de recursos públicos por parte de la compañía paraestatal, y es de suponer que estos gastos habrán de ser trasladados a los usuarios, de por sí afectados en su economía por el deficiente servicio de la CFE y por el retiro de subsidios federales a las tarifas eléctricas.

Por añadidura, la sustitución de los medidores de la CFE ha provocado cuestionamientos sobre si dicha disposición se debe en efecto a un proceso de "modernización" y de mejora en las operaciones de la paraestatal, o bien a un designio de procurar oportunidades de negocio para empresas privadas. Son significativas, al respecto, las denuncias realizadas por el propio SME en el sentido de que el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro había concretado, antes de su extinción por decreto presidencial, la compra de un millón y medio de medidores a la compañía IUSA –asociada de la estadunidense General Electric y encargada de la sustitución de estos instrumentos de medición–, los cuales se quedaron en bodegas de la empresa que, por cierto, requería al año solamente unos 500 mil aparatos de ese tipo para hacer remplazos.

Por lo demás, la venta de publicidad en los recibos de luz, y la aplicación del programa monedero electrónico para la compra en distintos comercios, son medidas que se explican por una concepción pragmática y mercantilista de las autoridades sobre ese servicio público estratégico.

En suma, resulta exasperante que las autoridades federales se empeñen en sostener que las decisiones adoptadas en los meses recientes en el ámbito del suministro eléctrico, entre las que se cuentan la desaparición de LFC y la decisión de licitar dos hilos de la vasta red de fibra óptica de la CFE, obedecen exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan, en cambio, hablar sobre las implicaciones que esas medidas tendrán sobre un bien público que representa, según puede verse, un atractivo botín para particulares nacionales y extranjeros.

Desde este año, la CFE cobrará por adelantado la electricidad

La comisión comercializará los espacios de las tarjetas de recarga

Con el fin de allegarse recursos financieros por anticipado, principalmente de los clientes de bajo consumo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera concluir este año con la instalación de un millón y medio de medidores de prepago eléctrico. San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Veracruz y Guanajuato son algunas de las entidades en las que se ha iniciado paulatinamente la instalación de estos aparatos que permitirán, según la paraestatal, una mejora operativa.

Adicionalmente, la CFE aplica un programa de monedero electrónico que permitirá a la paraestatal comercializar espacios de publicidad con lo que obtendrá recursos financieros. Los usuarios domésticos podrán efectuar sus compras en las empresas afiliadas al mismo tiempo que acumularán puntos, que se destinarán en forma automática al pago de su recibo del servicio de energía eléctrica, o serán bonificados para ser utilizados en la compra de bienes y servicios de las empresas afiliadas o patrocinadoras.

El monedero electrónico empezará a llegar en algunas entidades junto con el ciclo de reparto del aviso-recibo a partir del próximo miércoles 31 de marzo y hasta mayo de 2012. En la última página de éste, en letra chiquita se consigna un aviso: "que recuerdes que cuentas con un Seguro de Vida y Asistencia" médica el cual no es a solicitud del usuario. Los dos primeros meses de esta póliza serán gratuitos y si no se cancela será cargado en el recibo de consumo. La aseguradora será Mapfre y se cobrará con puntos, lo que significa que si se cancela el seguro no se podrá utilizar el monedero electrónico.

El esquema de prepago eléctrico –que es opcional– se aplica en Morelos, principalmente en Temixco y Cuautla, a través de la sustitución de medidores digitales de la marca Iusa, y va a seguir en San Luis Potosí y en Michoacán. Se prevé que a finales de este año se extienda a Nuevo León y otras entidades del país. El programa va a funcionar a través de tarjetas de recarga que se comercializarán en las llamadas tiendas de conveniencia, como Oxxo, y está destinado a los clientes que tienen consumos de alrededor de 200 pesos bimestrales.

Por su parte, el programa de monedero electrónico es implementado y operado por parte de la empresa denominada Axcentric, S.A.P.I., dirigida por Manuel Alvarez Ruiz Galindo, derivado de la licitación pública nacional número LPN-SD-001/09 convocada por la CFE y de conformidad con el permiso otorgado por el gobierno federal a través de la paraestatal con fecha 3 de abril de 2009.

A través de esta estrategia, la CFE a través de la empresa operadora podrá comercializar anuncios promocionales de las empresas afiliadas en los espacios disponibles en el aviso-recibo, documento que periódicamente emite CFE a los usuarios para indicar los conceptos relativos al consumo de energía eléctrica.

Para los críticos de la comercialización de estos espacios esta estrategia forma parte de la privatización de las funciones reservadas al Estado, debido a que la paraestatal venderá espacios que son un bien público para beneficio de empresas privadas.

El monedero electrónico llegará con el ciclo de reparto del aviso-recibo y la fecha máxima será el 31 de marzo de este año para que esté en las manos de los usuarios de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California.

Para entidades como Sonora y Sinaloa se aplicará como fecha límite el 31 de mayo de 2010. Para el Distrito Federal y zona conurbada del Valle de México será el 31 de diciembre del presente año. En las ciudades de Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria, la fecha límite será el 30 de noviembre de 2010.

En Jalisco y la zona de Tepic, Chihuahua, Torreón, Durango y zona Vallarta, la fecha máxima será el 28 de marzo de 2011. Otras ciudades, como San Juan del Río, Tequisquiapan, Irapuato, León, Celaya, Aguascalientes y Zacatecas se implementará el 30 de mayo de 2011. Para Michoacán y Colima el 30 de julio de 2011, mientras que para la zona peninsular de Mérida, Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres la fecha límite es el 30 de septiembre de 2011. Otras ciudades de la división Oriente, Centro Oriente, Sureste, Centro Sur y Sureste las fechas se extienden desde enero a mayo de 2012.


Fuente:
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 10