Senado convirtió en ley el 82% móvil

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a Cámara alta ratificó la media sanción del proyecto sobre el 82% móvil de los haberes jubilatorios. El vicepresidente Julio Cobos definió la votación tras quedar empatada en 35 votos. Desde el oficialismo aseguran que la presidenta vetará la iniciativa, a pesar del alto costo político que pueda significar.

Pasada la medianoche, el Senado convirtió en ley el proyecto que fija las jubilaciones en el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. La votación, tras un empate en 35 votos, fue definida por el vicepresidente Julio Cobos, quien ratificó su apoyo al aumento en los haberes jubilatorios.

Como sucedió en la votación final de la Resolución 125, el mendocino volvió a oponerse al gobierno. “La sustentabilidad la van a encontrar con una profunda discusión. Es un voto por la equidad social”, argumentó el presidente de la Cámara alta, en sintonía con las expresiones que ya había hecho públicas.

Además, aprovechó para contestarle al titular del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, quien le reprochó que en 2006 había vetado el 82 % móvil de los docentes siendo gobernador de Mendoza. “Fue vetado porque había sido transferido a la nación y se buscó gestionar un nuevo convenio”, le respondió.

Segundos antes, el rionegrino le había recriminado que “el vicepresidente tiene que ser aliado del presidente” y que, si decidía votar a favor del 82% móvil, “iba a afectar al gobierno, al Anses”, además de conllevar una “fuerte irresponsabilidad institucional”.

El proyecto sancionado propone aumentar las jubilaciones más bajas al 82 por ciento del salario mínimo, lo que las llevaría de 1.046 a 1.426 pesos este año y a 1.508 pesos desde 2011. Además, contempla las actualizaciones del fallo Badaro, en el que la Corte Suprema de Justicia estableció que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber tenido un aumento del 88,5 por ciento.

Luego de la aprobación en general, no se realizó ninguna modificación en particular, aún cuando varios senadores habían manifestado sus intenciones de reformar la letra chica del expediente. De esta forma, el proyecto consiguió la sanción completa. Desde el oficialismo aseguran que la presidenta vetará la iniciativa, a pesar del alto costo político que puede significar.

La discusión

El debate por el 82% móvil comenzó poco antes de las dos de la tarde, cuando sorpresivamente el bloque oficialista bajó al recinto. De esta manera habilitó el quórum a pesar de que la oposición no contaba con los senadores suficientes para tratar el proyecto.

Según había trascendido, la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto se había presentado porque contaba con los votos para rechazar el proyecto, lo que daba un vuelco al panorama que los legisladores manejaban estos últimos días. A su vez, desde la oposición, también habían especulado que contaban con los 36 senadores para aprobar la iniciativa que propone aumentar las jubilaciones. Sin embargo, la paridad en las posiciones se mantuvo hasta la votación en general.

Uno de los oradores del oficialismo que se encargó de rebatir los argumentos de la oposición fue el bonaerense Eric Calcagno, en calidad de presidente de Presupuesto y Hacienda.

Según el senador, la iniciativa “genera déficit” por lo que el país pasaría a “depender de los prestamistas”. Además presentó un análisis de organismos estatales e independientes que arrojan resultados contrarios al proyecto. Uno de ellos pertenece a la Auditoría General de la Nación -del cual también Calcagno marcó que algunos de sus integrantes pertenecen al radicalismo- y el otro al CONICET, donde se subraya que el proyecto beneficiaría principalmente a quienes perciben las jubilaciones más altas.

“No se determina con certeza cuál es el financiamiento, más allá de decir que lo va a pagar ANSeS”, concluyó Calcagno, quien al marcar diferencias con el proyecto afirmó: “Es digno del mago de Hoz, tratemos de que no sea digno de Martínez de Hoz”. “No me parece ético que desde una ley se intente debilitar un plan de Gobierno. Nosotros sí queremos dar un aumento pero de modo sustentable”, aseguró.

En cambio, el radical Arturo Vera embistió contra el Ejecutivo nacional por “mantener al 80 por ciento de los jubilados por debajo de la pobreza” y afirmó que “si fuera cierto que no hay forma de pagar los aumentos propuestos, se debe buscar la forma de hacerlo”. El entrerriano acusó al Estado de “gastar 10 donde debe gastar 5”.

En el mismo plano, el salteño Pérez Alsina (UCR) aseguró que el proyecto en debate “es viable”, al tiempo que subrayó que “el jubilado está afuera de todo crecimiento económico que pueda haber”. El senador por el Partido Renovador marcó diferentes aspectos de la política económica social como la Asignación Universal por Hijo, la que señaló como “beneficiosa”. Sin embargo, manifestó que no debe ser “financiada por los jubilados”, en referencia a las acusaciones de la oposición que indica que se utilizan fondos del ANSeS para llevar adelante este plan.

Posteriormente, su comprovinciana Sonia Escudero calificó la jornada como “un día histórico para los jubilados” y repasó las leyes que beneficiaron al sector en los últimos años. Al igual que algunos de sus predecesores en la palabra, Escudero expuso la forma en que el aumento vuelve al Estado a través del consumo y los destinos que el Ejecutivo le da a los fondos del ANSeS.

La presidenta de la Comisión de Justicia señaló también que las acciones legales que inician muchos jubilados colapsan el sistema y estimó que a fines de este año los juicios por reajustes serán 120 mil. Asimismo, marcó los gastos que estos generan al Estado sumados a las apelaciones que realiza la ANSeS y que esta última acción infringe el compromiso asumido por la Argentina ante organismos internacionales.

Al igual que otros sectores no kirchneristas, insistió en no aplicar modificaciones a la media sanción de Diputados para que “hoy sea ley” el 82 por ciento móvil para las jubilaciones y de esta forma, teniendo mejores condiciones de retiro mas trabajadores elegirían esa opción por lo que “habría inmediatamente nuevas fuentes de laborales para los más jóvenes”.

Fiel al estilo K, la oficialista Nanci Parrilli pidió a los jubilados “que no se equivoquen” porque con este proyecto “se aumenta la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen” al tiempo que se preguntó si con esta ley no se pretende “congelar el Salario Mínimo Vital y Móvil”.

En la misma sintonía se expresó la entrerriana Blanca Osuna. Afirmó que “con la aprobación de este proyecto vamos camino del estallido del sistema previsional argentino, bien lo saben los radicales cuando hablan del déficit cero, apretando el cinturón de los más pobres”.

Dos votos misterio
Los únicos ausentes en el recinto fueron el riojano Carlos Menem y el catamarqueño Oscar Castillo, quienes con su ausencia impusieron una fuerte paridad entre el oficialismo y la oposición. Pese a esto, hubo dos votos que todos los conteos dejaron en duda hasta los momentos finales: el del misionero Luís Viana y el del sanjuanino César Gioja, ambos del Frente para la Victoria.

Viana le aportaba una cuota de misterio a la discusión por el 82% móvil ya que la oposición no descartaba su apoyo. En los días previos, contaban con las ansias del misionero de disputarle la gobernación a Maurice Cross. Pero el legislador oficialista se manifestó en contra del proyecto impulsado por el arco antikirchnerista.

Tras destacar los beneficios en jubilaciones logrados por el actual gobierno, Viana expresó: “No tenemos alternativa los que queremos apoyar este proyecto porque no cuenta con sustentabilidad financiera. No es un proyecto con voluntad política que realmente se aplique”. Y, sin más, sentenció: “No puedo acompañar el proyecto de Diputados porque considero que no es sustentable”.

Algo similar ocurrió con César Gioja. En horas de la tarde se especulaba que el sanjuanino votaría a favor del proyecto del 82% móvil, aún cuando existía un férreo rechazo de su bloque a la media sanción de Diputados. Durante su exposición, sin aclarar qué votaría en general, especificó que iba a buscar hacerle modificaciones a los artículos que hacen referencia al financiamiento. Muchos lo consideraron como una forma indirecta de apoyo al 82% móvil. Aunque esto finalmente no ocurrió.

Sobre el proyecto venido desde la Cámara baja, consideró: “Estoy totalmente de acuerdo con el contenido y totalmente en desacuerdo con la forma”. Sus críticas al proyecto fueron “un plazo incumplible de pago” y la necesidad de “adecuar la concesión a una respuesta gradual que haga factible la posibilidad del aumento”. Con este objetivo, dijo que su intención era agregar un articulo que obligue al PE a establecer un cronograma operativo para que, en tres años, se encuentren los recursos para otorgar el aumento.

“El Estado debe resolver las asignaciones y buscar los mecanismos financieros adecuados. Una pulseada política no quieren nuestros jubilados, no quieren saber quien ganó, si el gobierno o la oposición”, concluyó, antes de votar por la negativa del dictamen de mayoría.