La independencia es la situación de un país o nación que no está sometido a la autoridad de otro.
Como concepto político apareció con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 como respuesta al colonialismo europeo y se extendió con las declaraciones de independencia de los países latinoamericanos dependientes del Imperio español en la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824). Más adelante el concepto se relacionó estrechamente con el principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
La independencia se distingue de la autonomía. La autonomía es un régimen de descentralización del poder, en el cual ciertos territorios o comunidades integrantes de un país, gozan de algunas facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, en ciertas materias, o competencias, que quedan así fuera del alcance del gobierno central.
El concepto político de independencia se opone al de dependencia.
Se conoce como Revolución de Mayo a la serie de eventos revolucionarios que sucedieron en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces capital del Virreinato del Río de la Plata, una dependencia colonial de España. Como consecuencia de la revolución fue depuesto el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y reemplazado por la Primera Junta de Gobierno.
La Revolución de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado Argentino sin proclamación de la independencia formal, ya que la Primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España Fernando VII, quien había sido depuesto por las Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Aún así, los historiadores consideran a dicha manifestación de lealtad (conocida como la máscara de Fernando VII) una maniobra política que ocultaba las auténticas intenciones independentistas de los revolucionarios. La declaración de independencia de la Argentina tuvo lugar durante el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Los acontecimientos de la Revolución de Mayo se centraron en una semana conocida como la Semana de Mayo, transcurrida entre el 18 de mayo, cuando se confirmó de manera oficial la caída de la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo, fecha de asunción de la Primera Junta.
Tras la victoria obtenida durante las Invasiones Inglesas, la población de Buenos Aires no aceptó que el virrey Rafael de Sobremonte retomara el cargo, ya que durante el ataque había huido de la ciudad rumbo a Córdoba con el erario público. Si bien Sobremonte lo hizo obedeciendo una ley que databa de la época de Pedro de Cevallos, que indicaba que en caso de ataque exterior se debían poner a resguardo los fondos reales, dicha acción lo hizo aparecer como un cobarde a los ojos de la población. En su lugar, el nuevo virrey fue Santiago de Liniers, héroe de la reconquista, elegido por aclamación popular.
Sin embargo, la gestión de Liniers comenzó a recibir cuestionamientos. El principal adversario político de Liniers, el gobernador de Montevideo Francisco Javier de Elío las canalizó en una denuncia sobre el origen francés de Liniers: argumentaba que era inaceptable que un compatriota de Napoleón Bonaparte, en guerra con España en ese entonces, ocupara el cargo. Sin embargo, a pesar de los reclamos de Liniers, no pudo brindar pruebas concretas de que el virrey complotara con los franceses. De Elío se negó a reconocer la autoridad de Liniers y formó una junta de gobierno en Montevideo independiente de la de Buenos Aires.
El comerciante español afincado en Buenos Aires Martín de Álzaga y sus seguidores, hicieron estallar una asonada con el objetivo de destituir a Liniers. El 1 de enero de 1809, un cabildo abierto exigió la renuncia del virrey Liniers y designó una Junta a nombre de Fernando VII, presidida por Álzaga; las milicias españolas y un grupo de personas convocados por la campana del cabildo apoyaron la rebelión.
Las milicias criollas encabezadas por Cornelio Saavedra rodearon la plaza, provocando la dispersión de los sublevados. Los cabecillas fueron desterrados y los cuerpos militares sublevados fueron disueltos. Como consecuencia, el poder militar quedó en manos de los criollos que habían sostenido a Liniers. La rivalidad entre criollos y españoles peninsulares se acentuó. Los responsables del complot, desterrados a Carmen de Patagones, fueron rescatados por Elío y llevados a Montevideo.
En España la Junta Central de Sevilla decidió terminar con los enfrentamientos en el Río de la Plata disponiendo el reemplazo de Liniers por don Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien arribó a Montevideo en junio de 1809. El traspaso del mando se hizo en Colonia; Javier de Elío aceptó la autoridad del nuevo virrey y disolvió la Junta de Montevideo, volviendo a ser gobernador de la ciudad. Cisneros rearmó las milicias españolas disueltas tras la asonada contra Liniers, e indultó a los responsables de las mismas.
En el plano económico, ante las dificultades y costos del comercio con España, Cisneros aceptó la propuesta de Mariano Moreno e instauró el 6 de noviembre de 1809 el libre comercio con las demás potencias. Los principales beneficiados eran Gran Bretaña y los sectores ganaderos que exportaban cueros. Sin embargo, los comerciantes que se beneficiaban del contrabando reclamaron a Cisneros que anule el libre comercio, a lo cual accedió para no perder su apoyo. Esto provocó a su vez que los ingleses, con Mac Kinnon y el capitán Doyle como representantes, reclamaran una revisión de la medida, haciendo valer el carácter de aliados contra Napoleón de España y Gran Bretaña. Mariano Moreno también criticó la anulación, formulando la Representación de los Hacendados, la cual es considerada como el informe económico más completo de la época del virreinato. Cisneros resolvió finalmente otorgar una prórroga al libre comercio, la cual finalizaría el 19 de mayo de 1810.
El 25 de noviembre de 1809 Cisneros creó el Juzgado de Vigilancia Política, con el objetivo de perseguir a los afrancesados y a aquellos que alentaran la creación de regímenes políticos que se opusieran a la dependencia de América de España. Esta medida y un bando emitido por el virrey previniendo al vecindario de díscolos que extendiendo noticias falsas y seductivas, pretenden mantener la discordia les hace pensar a los porteños que bastaba sólo un pretexto formal para que estallase la revolución. Por eso, en abril de 1810,
Cornelio Saavedra, a sus allegados lesdijo:Aún no es tiempo; dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos
El descontento con los funcionarios españoles se manifestó también en el interior. El 25 de mayo de 1809 una revolución destituyó al gobernador y presidente de la Real Audiencia de Charcas Ramón García de León y Pizarro, acusado de apoyar al protectorado portugués; el mando militar recayó en el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. La autoridad civil quedó en situación indecisa, de modo que fue en parte ejercida por el mismo Arenales.
El 16 de julio en la ciudad de La Paz otro movimiento revolucionario liderado por el coronel Pedro Domingo Murillo y otros patriotas obligó a renunciar al gobernador intendente Tadeo Dávila y al obispo de La Paz, Remigio de la Santa y Ortega; el poder recayó en el cabildo hasta que se formó la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, presidida por Murillo.
La revolución de Chuquisaca no se proponía alterar la fidelidad al Rey, mientras que la revolución de La Paz se proclamó abiertamente independiente. En la actualidad, los historiadores no se ponen de acuerdo en si la revolución de Chuquisaca tuvo motivaciones independentistas o si fue sólo una disputa entre fernandistas y carlotistas. En consecuencia, existen desacuerdos sobre si la primera revolución independentista en Hispanoamérica fue la de Chuquisaca o La Paz. Los investigadores Juan Reyes y Genoveva Loza sostienen la segunda postura, argumentando que se mantuvo el sistema de gobierno español y no se respaldó la revolución en La Paz, mientras que otros como Teodocio Imaña, Gabriel René Moreno o Felipe Pigna sostienen que la de Chuquisaca fue una revolución independentista, citando como su principal fundamento el Silogismo de Chuquisaca o Silogismo Altoperuano.
La reacción de los funcionarios españoles derrotó estos movimientos: el de La Paz fue aplastado sangrientamente por un ejército enviado desde el Perú, mientras que el de Chuquisaca fue sofocado por tropas que envió el virrey Cisneros. Poco después, Cisneros creó un Juzgado de Vigilancia Política, orientado a perseguir a los partidarios de las ideas de la Revolución francesa o de cualquier otro ordenamiento político que pudiera minar la autoridad del Virreinato.
Las medidas tomadas por el virrey contra dichas revoluciones acentuaron el resentimiento de los criollos contra los españoles peninsulares, ya que Álzaga fue indultado de la prisión recibida tras su Asonada, lo cual reforzaba entre los criollos la sensación de inequidad. Entre otros, Castelli estuvo presente en los debates de la Universidad de San Francisco Xavier en donde se alumbró el Silogismo de Chuquisaca, el cual influenció sus posturas en la Semana de Mayo.
La declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 de su metrópoli inglesa sirvió como un ejemplo de que una revolución e independencia eran posibles para los criollos. La Constitución estadounidense proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley (aunque, por entonces, dicha proclamación no alcanzaba a los esclavos), defendía los derechos de propiedad y libertad y establecía un sistema de gobierno republicano.
Se comenzaron a difundir los ideales de la Revolución francesa de 1789, en la cual una asamblea popular finalizó con siglos de monarquía con la destitución y ejecuciones del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta y la supresión de los privilegios de los nobles. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyos principios eran "Liberté, égalité, fraternité" ("Libertad, igualdad, fraternidad" en francés) tuvo una gran repercusión entre los jóvenes de la burguesía criolla. La revolución Francesa motivó también la expansión en Europa de las ideas liberales, que impulsaban las libertades políticas y económicas. Algunos liberales políticos influyentes de dicha época, opuestos a las monarquías y los poderes absolutos, eran Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert, mientras que el principal liberal económico era Adam Smith, autor del libro La riqueza de las naciones que proponía el libre comercio.
Aunque la difusión de dichas ideas estaba severamente limitada en los territorios españoles, y no se permitía el ingreso de tales libros a través de las aduanas o la posesión no autorizada, igualmente se difundían en forma clandestina: en el proceso instruido a raíz de las revoluciones en Chuquisaca y La Paz se menciona a Rousseau y su libro El contrato social como cuerpos del delito. Las ideas liberales alcanzaron incluso al ámbito eclesiástico: Francisco Suárez sostenía que el poder político no pasa de Dios al gobernante en forma directa sino por intermedio del pueblo. Éste sería entonces, de acuerdo con Suárez, el que posee el poder y lo delega en hombres que manejan al Estado; y si dichos gobernantes no ejercieran apropiadamente su función de gerentes del bien común se transformarían en tiranos y el pueblo tendría el derecho de derrocarlos o enfrentarlos y establecer nuevos gobernantes.
Gran Bretaña comenzó la revolución industrial, y para satisfacer ampliamente las necesidades de su propia población necesitaba nuevos mercados para vender su creciente producción de carbón, acero, telas y ropa. Gran Bretaña ambicionaba que el comercio de las colonias españolas en América dejara de estar monopolizado por su metrópoli. Para lograr este fin se procuraba conquistar a las colonias (lo cual se intentó, en forma fallida, mediante las Invasiones Inglesas) o bien promover su emancipación.
En Europa se desarrollaban las Guerras Napoleónicas, entre cuyos principales contendientes se encontraban el Imperio Napoleónico contra el Reino Unido y el Reino de España. Las fuerzas francesas tuvieron una gran ventaja inicial, y mediante las abdicaciones de Bayona se forzó la renuncia de Carlos IV y su hijo Fernando VII, los cuales fueron reemplazados por José Bonaparte, hermano de Napoleón. La monarquía española intentó resistir formando la Junta de Sevilla y, tras la derrota de ésta, el Consejo de Regencia de España e Indias.
Durante la época del virreinato el comercio exterior estaba monopolizado por España, y legalmente no se permitía el comercio con otras potencias. Esta situación era altamente desventajosa para Buenos Aires, ya que España minimizaba el envío de barcos rumbo a dicha ciudad. Esta decisión de la metrópoli se debía a que la piratería obligaba a enviar a los barcos de comercio con una fuerte escolta militar, y ya que Buenos Aires no contaba con recursos de oro ni de plata ni disponía de poblaciones indígenas establecidas de las cuales obtener recursos o someter al sistema de encomienda, enviar los convoyes de barcos a la ciudad era mucho menos rentable que si eran enviados a México o Lima. Dado que los productos que llegaban de la metrópoli eran escasos y caros, e insuficientes para mantener a la población, tuvo lugar un gran desarrollo del contrabando, que por dicha situación solía ser respetado por la mayoría de los gobernantes locales. El comercio ilícito alcanzaba montos similares al del comercio autorizado con España. En este contexto se formaron dos grupos de poder diferenciados en la oligarquía porteña: los ganaderos, que reclamaban el libre comercio para exportar su producción en mejores condiciones (principalmente el cuero, la carne no era aún un producto exportable internacionalmente ya que aún no existían técnicas de congelación que pudieran conservarla por períodos extensos), y los comerciantes contrabandistas, que rechazaban el libre comercio ya que si los productos entrasen legalmente disminuirían sus ganancias.
En la organización política, especialmente desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata, el ejercicio de las instituciones residentes recaía en funcionarios designados por la corona, casi exclusivamente españoles provenientes de Europa, sin vinculación con los problemas e intereses americanos. Legalmente no había diferenciación en clases sociales entre españoles peninsulares y del virreinato, pero en la práctica los cargos más importantes recaían en los primeros. La burguesía criolla, fortalecida por la revitalización del comercio e influida por las nuevas ideas, esperaba la oportunidad para acceder a la conducción política.
La rivalidad entre los habitantes nacidos en la colonia o en la España europea dio lugar a una rivalidad entre los partidarios de la autonomía y los partidarios de conservar la situación establecida. Los partidarios de la autonomía se llamaban a sí mismos patriotas, americanos, sudamericanos o criollos, mientras que los partidarios de la realeza española se llamaban a sí mismos realistas. Los patriotas eran señalados despectivamente por los realistas como insurgentes, facciosos, rebeldes, sediciosos, revolucionarios, descreídos, herejes o libertinos; mientras que los realistas eran a su vez tratados en forma despectiva como sarracenos, godos, gallegos, chapetones, matuchos o maturrangos por los patriotas.
Buenos Aires logró un gran prestigio ante las demás ciudades del Virreinato luego de expulsar a las tropas inglesas en dos oportunidades durante las Invasiones Inglesas. Este prestigio fue utilizado como argumento por Juan José Paso para justificar en el cabildo abierto el que Buenos Aires tomara la iniciativa de reemplazar al virrey sin consultar previamente a las otras ciudades. La victoria contra las tropas inglesas alentó los ánimos independentistas ya que el virreinato había logrado defenderse solo de un ataque externo, sin ayuda de España. Durante dicho conflicto se constituyeron milicias criollas que luego tendrían un importante peso político, la principal de ellas era el Regimiento de Patricios liderado por Cornelio Saavedra.
Una variante que se consideró antes de la revolución fue apoyar la intención de la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, de ponerse al frente de todas las colonias españolas como regente. Estaba capacitada para hacerlo por la derogación de la Ley Sálica en 1789, y su intención era prevenir un posible avance francés sobre las mismas. El intento no era apoyado por los españoles peninsulares, pero sí por algunos núcleos revolucionarios que veían en ello la posibilidad de independizarse en los hechos de España. Entre ellos se encontraban Castelli, Beruti, Vieytes y Belgrano; otros revolucionarios como Mariano Moreno o Juan José Paso estaban en desacuerdo. Sin embargo, la propia infanta renegó de tales apoyos, y denunció al virrey las motivaciones revolucionarias contenidas en las cartas de apoyo que le enviaron. Sin ningún otro respaldo importante, las pretensiones de Carlota fueron olvidadas. Incluso después de la revolución algunos mantuvieron la idea de su coronación como estrategia dilatoria, pero la infanta estaba completamente en contra de los sucesos ocurridos. En una carta enviada a
Juan Manuel Goyeneche, dijo:En estas circunstancias creo de mi deber rogarte y encargarte que emplees todos tus esfuerzos en llegar cuanto antes a Buenos Aires; y acabes de una vez con aquellos pérfidos revolucionarios, con las mismas ejecuciones que practicaste en la ciudad de La Paz
La Semana de Mayo es la semana que transcurre entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, que se inició con la confirmación de la caída de la Junta de Sevilla y desembocó en la destitución de Cisneros y la asunción de la Primera Junta.
El virrey Cisneros intentó ocultar las noticias llegadas desde España. Sin embargo, el rumor había corrido por toda la ciudad. Decidió entonces dar a conocer su versión de los hechos mediante una proclama, intentando calmar a los criollos, y pidió lealtad al rey español Fernando VII. Pero ya era tarde: la agitación popular se hacía cada vez más intensa.
Algunos criollos se reunieron en las casas de Nicolás Rodríguez Peña y de Hipólito Vieytes. El grupo revolucionario formado por estos dos últimos y por Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Antonio L. Beruti y otros sostuvo reuniones con Cornelio Saavedra, en las que decidieron nombrar una comisión representativa para que pidiera al virrey un Cabildo Abierto, es decir, una reunión extraordinaria. Allí se discutiría si Cisneros debía seguir gobernando.
Cisneros recibió a Castelli y a Martín Rodríguez, quienes le formularon la petición. Lo urgieron para que la convocatoria fuera realizada al día siguiente. El virrey no se decidía, ya que pensaba que un Cabildo Abierto podría resultar en su contra. Decidió que ganar tiempo era imprescindible, y citó a los jefes militares para el día siguiente, en su residencia de gobierno, el Fuerte, para saber si lo apoyarían.
Los jefes militares se presentaron en el Fuerte a últimas horas de la tarde. El coronel criollo Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios e integrante de la Sociedad de los Siete, concurrió a la reunión. Cuando Cisneros reclamó una respuesta a su petición de apoyo, Saavedra respondió que debía renunciar, ya que la Junta que le había nombrado ya no existía. Solamente defendió la posición de Cisneros el síndico procurador del Cabildo, Julián de Leyva. Sin poder militar para oponerse, el virrey autorizó la reunión del cabildo abierto.
A las 9, el Cabildo inició sus trabajos de rutina, pero se vieron interrumpidos por hombres y mujeres armados que ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y exigieron a gritos que se convocase a un Cabildo Abierto y se destituyese al virrey Cisneros. Entre los agitadores se destacaron Domingo French y Antonio Beruti. Cisneros, finalmente, firmó la autorización para la anhelada asamblea del día siguiente.
El 21 de mayo se repartieron 450 invitaciones entre los principales vecinos y autoridades de la capital. La lista de invitados fue elaborada por el Cabildo teniendo en cuenta a los vecinos más prominentes de la ciudad.
De los invitados al cabildo abierto, muchos no concurrieron por temor,siendo 251 los que se presentaron. El cabildo abierto se prolongó desde la mañana hasta la medianoche, contando con diversos momentos: La lectura de la proclama del Cabildo, El debate, "que hacía de suma duración el acto", como se escribió en el documento o acta, y La votación, individual y pública, escrita por cada asistente y pasada al acta de la sesión.
El cabildo tuvo como tema fundamental la ilegitimidad del gobierno y de la autoridad del virrey. La teoría de la retroversión de la soberanía, reconocía que, desaparecido el legítimo monarca, el poder volvía al pueblo; y que éste tenía derecho a formar un nuevo gobierno.
Hubo dos posiciones enfrentadas: la del obispo de Buenos Aires, Benito Lué, que marcaba la necesidad de no hacer cambios, y la de Juan José Castelli, que sostenía que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara el impedimento de Fernando VII de regresar al trono.
Discurso de Castelli: “Desde que el señor Infante Don Antonio salió de Madrid, ha caducado el gobierno soberano de España. Ahora con mayor razón debe considerarse que ha expirado, con la disolución de la Junta Central, porque además de haber sido acusada de infidencia por el pueblo de Sevilla, no tenía facultades para establecer el Supremo Gobierno de Regencia, ya porque los poderes de sus vocales eran personalísimos para el gobierno y no podían delegarse, y ya por la falta de concurrencia de los diputados de América en la elección y establecimiento de aquel gobierno, que es por lo tanto ilegítimo. Los derechos de la soberanía han revertido al pueblo de Buenos Aires, que puede ejercerlos libremente en la instalación de un nuevo gobierno, principalmente no existiendo ya, como se supone no existir, la España en la denominación del señor don Fernando VII”.
Luego de los discursos, se procedió a votar por la continuidad del virrey, solo o asociado, o por su destitución. La votación duró hasta la medianoche.
El resultado de la votación —69 a favor y 155 en contra— resolvió que Cisneros debía cesar en el mando.
Se advertían también diferencias en cuanto a las propuestas de formación del nuevo gobierno. Los moderados aceptaban que el mando recayese en el Cabildo, el que debía formar un gobierno "del modo y forma que estime conveniente". Los revolucionarios del pueblo, encabezados por Saavedra, manifestaron "que no quede duda de que el Pueblo es el que confiere la autoridad o mando".
Ante la duda planteada por algunos, de si podía removerse el gobierno sin consultar a las otras ciudades, Paso adujo la llamada teoría de la hermana mayor, por la cual era responsabilidad de la capital iniciar el cambio, bajo la expresa condición de que las demás ciudades serían invitadas a pronunciarse a la mayor brevedad posible.
El Cabildo regular efectuó el escrutinio y resolvió proceder a elegir al nuevo gobierno, "hasta tanto se congregaran los diputados que se han de convocar de las provincias interiores". Leiva sugirió que Cisneros fuera el presidente de la Junta que se iba a designar, y para ello confeccionó una lista de los futuros miembros.
Los criollos Saavedra y Belgrano, miembros de la lista, se presentaron nuevamente en el Cabildo y presentaron su renuncia. En cambio, aconsejaron que se comunicase al pueblo que la autoridad del virrey había caducado, que el Cabildo asumiera el mando, y que no se acelerase la constitución de la Junta. El Cabildo accedió y se le comunicó al pueblo el cese del virrey, pero antes de dar la noticia se prohibió la salida de los correos al interior, para asegurarse que sólo el pueblo de Buenos Aires estuviera informado.
Reunido el Cabildo, volvió a proponerse la formación de una Junta presidida por el ex virrey y con 4 vocales criollos. Dicha Junta se mantendría hasta la llegada de los diputados del resto del Virreinato. La Junta estaba formada por: Presidente y comandante de armas: Baltasar Hidalgo de Cisneros y Vocales: Cornelio Saavedra (criollo), Juan José Castelli (criollo), Juan Nepomuceno Solá (español) y José Santos Incháurregui (español).
El Cabildo aprobó la Junta, pero no dieron la noticia al pueblo hasta conocer la opinión de las fuerzas militares. Éstas fueron convocadas, y la jura se produjo a las 15.
Pero cuando la noticia fue dada a conocer, el pueblo volvió a agitarse. Opinaban que "lo de Cisneros presidente de la Junta es igual a Cisneros virrey". Impulsados por la tensión popular, Saavedra y Castelli renunciaron, seguidos por los demás miembros.
Durante la mañana, en un día opaco y lluvioso, los cabildantes se reunieron dispuestos a rechazar las renuncias, aduciendo que la Junta no tenía facultades para negarse a ejercer un poder que el pueblo le había conferido.
Pero los grupos de la Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo) entraron en acción y ante el Cabildo reiteraron exigencias y amenazas. Una delegación de la plaza exigió soluciones inmediatas y se reunió frente al Cabildo golpeando sus puertas y exigiendo saber de qué se trata. La asamblea reunida tomó conciencia de que la mayoría de las tropas no la apoyaba y decidió recibir a la delegación exigiéndole que la petición se hiciera por escrito. Horas más tarde, la diputación presentó un documento, llamado la Petición del Pueblo, en el cual los "vecinos, comandantes y oficiales" en nombre del pueblo, reasumían la soberanía delegada en el Cabildo y exigían que se diera a conocer que habían formado una Junta de Gobierno. Además, se disponía el envío de una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias interiores.
Los capitulares salieron al balcón para presentar directamente a la ratificación del pueblo la petición formulada. Pero, dado lo avanzada de la hora y el estado del tiempo, la cantidad de gente en la plaza había disminuido, cosa que Leiva adujo para ridiculizar la pretensión de la diputación de hablar en nombre del pueblo. Saavedra contestó enérgicamente, exigiendo "que se tocase la campana del Ayuntamiento, y si por falta de badajo no se hacía uso de la campana, que se mandase tocar la generala y que se abriesen los cuarteles, en cuyo caso sufrirá la ciudad lo que hasta entonces se había procurado evitar".
Intimidado por la presión popular, el Cabildo aceptó la petición.
Por la tarde, desde los balcones del Cabildo, era proclamada la Junta Gubernativa Provisional o Primera Junta, conformada de la siguiente manera: Presidente Cornelio Saavedra (Comandante de patricios); Secretarios Dr. Juan José Paso (abogado) y Dr. Mariano Moreno (abogado); Vocales Dr. Manuel Alberti (sacerdote), Miguel de Azcuenaga (militar), Dr. Manuel Belgrano (abogado), Dr. Juan José Castelli (abogado), Domingo Matheu (comerciante) y Juan Larrea (comerciante).
Acto seguido, Saavedra habló a la muchedumbre reunida bajo la lluvia y luego se trasladó al Fuerte, entre salvas de artillería y toques de campana.
unque el gobierno surgido el 25 de mayo se pronunciaba fiel al rey español depuesto Fernando VII, los historiadores coinciden en que dicha lealtad era simplemente una maniobra política. La Primera Junta no juró fidelidad al Consejo de Regencia de España e Indias, un organismo de la Monarquía Española aún en funcionamiento, y en 1810 la posibilidad de que Napoleón Bonaparte fuera derrotado y Fernando VII volviera al trono (lo cual ocurrió finalmente el 11 de diciembre de 1813 con la firma del Tratado de Valençay) aún parecía remota e inverosímil. El propósito del engaño consistía en ganar tiempo para fortalecer la posición de la causa patriótica, evitando las reacciones que habría motivado una revolución aduciendo que aún se respetaba la autoridad monárquica y que no se había realizado revolución alguna. La maniobra es conocida como la "Máscara de Fernando VII" y fue mantenida por la Primera Junta, la Junta Grande, el primer, segundo y Tercer Triunvirato y los directores supremos, hasta la declaración de independencia de 1816.
Cornelio Saavedra habló privadamente del tema con Juan José Viamonte en una carta del 27 de junio de 1811. Dicha carta fue rescatada con posterioridad.
...las Cortes extranjeras y muy particularmente la de Inglaterra, nada exigen, más que llevemos adelante el nombre de Fernando y el odio a Napoleón; en estos ejes consiste el que no sea (Inglaterra) nuestra enemiga declarada... la Corte de Inglaterra... no se considera obligada... a sostener una parte de la monarquía española contra la otra... a condición que reconozcan su soberano legítimo... luego, si nosotros no reconociésemos a Fernando, tendría la Inglaterra derecho... a sostener a nuestros contrarios... y nos declararía la guerra... En medio de estas poderosas consideraciones quiere el... ciudadano Zamudio se grite: ¡Independencia! ¡Independencia! ¿Qué (se) pierde en que de palabra y por escrito digamos: ¡Fernando! ¡Fernando!.
Para Gran Bretaña el cambio era favorable, ya que facilitaba el comercio con las ciudades de la zona sin que éste se viera obstaculizado por el monopolio del mismo que España mantenía con sus colonias. Sin embargo, Gran Bretaña priorizaba la guerra en Europa contra Francia, aliada a los sectores del poder español que aún no habían sido sometidos, y no podía aparecer apoyando a los movimientos independentistas americanos ni permitir que la atención militar de España se dividiera en dos frentes diferentes. En consecuencia presionaron para que las manifestaciones independentistas no se hicieran explícitas. Dicha presión fue ejercida por Lord Strangford, embajador de Inglaterra en la corte de Río de Janeiro, que manifestó su apoyo a la Junta pero lo condicionó "...siempre que la conducta de esa Capital sea consecuente y se conserve a nombre del Sr. Dn. Fernando VII y de sus legítimos sucesores".
Cabe señalar que los grupos que apoyaron o llevaron adelante la revolución no eran completamente homogéneos en sus propósitos, y varios tenían intereses dispares entre sí. Los criollos progresistas y los jóvenes, representados en la junta por Moreno, Castelli, Belgrano o Paso, aspiraban a realizar una profunda reforma política, económica y social. Por otro lado, los militares y burócratas, cuyos criterios eran llevados adelante por Saavedra, sólo pretendían una renovación de cargos: aspiraban a desplazar a los españoles del ejercicio exclusivo del poder, pero heredando sus privilegios y atribuciones. Los comerciantes y hacendados subordinaban la cuestión política a las decisiones económicas, especialmente las referidas a la apertura o no del comercio con los ingleses. Finalmente, algunos grupos barajaron posibilidades de reemplazar a la autoridad del Consejo de Regencia por la de Carlota Joaquina de Borbón o por la corona británica, pero tales proyectos tuvieron escasa repercusión.
Estos grupos trabajaron juntos para el fin común de expulsar a Cisneros del poder, pero al conformarse la Primera Junta comenzaron a manifestar sus diferencias internas.
En la revolución no intervinieron factores religiosos: todas las corrientes revolucionarias y realistas coincidían en su apoyo a la religión católica. Aun así, la mayor parte de los dirigentes eclesiásticos se oponían a la revolución. En el Alto Perú los realistas y las autoridades religiosas procuraron equiparar a los revolucionarios con herejes, pero los dirigentes revolucionarios siempre impulsaron políticas conciliatorias en los aspectos religiosos. Los curas y frailes, en cambio, estaban divididos geográficamente: los de las provincias "de abajo" eran leales a la Revolución, mientras que los del Alto Perú prefirieron continuar leales a la monarquía.
Ni el consejo de Regencia, ni los miembros de la Real Audiencia ni la población española proveniente de Europa creyeron la premisa de la lealtad al rey Fernando VII, y no aceptaron de buen grado la nueva situación. Los miembros de la Audiencia no quisieron tomar juramento a los miembros de la Primera Junta, y al hacerlo lo hicieron con manifestaciones de desprecio. El 15 de junio los miembros de la Real Audiencia juraron fidelidad en secreto al Consejo de Regencia y enviaron circulares a las ciudades del interior, llamando a desoír al nuevo gobierno. Para detener sus maniobras la Junta convocó a todos los miembros de la audiencia, al obispo Lué y Riega y al antiguo virrey Cisneros, y con el argumento de que sus vidas corrían peligro fueron embarcados en el buque británico Dart. Su capitán Marcos Brigut recibió instrucciones de Larrea de no detenerse en ningún puerto americano y de trasladar a todos los embarcados a las Islas Canarias. Tras la exitosa deportación de los grupos mencionados se nombró una nueva Audiencia, compuesta íntegramente por criollos leales a la revolución.
Con la excepción de Córdoba, las ciudades que hoy forman parte de la Argentina respaldaron a la Primera Junta. El Alto Perú no se pronunciaba en forma abierta, debido a los desenlaces de las revoluciones en Chuquisaca y La Paz de poco antes. El Paraguay estaba indeciso. En la Banda Oriental se mantenía un fuerte bastión realista, así como en Chile.
Santiago de Liniers encabezó una contrarrevolución en Córdoba, contra la cual se dirigió el primer movimiento militar del gobierno patrio. Montevideo estaba mejor preparada para resistir un ataque de Buenos Aires, y la Cordillera de los Andes establecía una efectiva barrera natural entre los revolucionarios y los realistas en Chile, por lo que no hubo enfrentamientos militares en Chile hasta la realización del Cruce de los Andes por José de San Martín y el Ejército de Los Andes algunos años después. Cabe señalar que, a pesar del alzamiento de Liniers y su prestigio como héroe de las Invasiones Inglesas, la población cordobesa en general respaldaba a la revolución, lo cual llevaba a que el poder de su ejército se viera minado por deserciones y sabotajes.
El alzamiento contrarrevolucionario de Liniers fue rápidamente sofocado por las fuerzas comandadas por Francisco Ortiz de Ocampo. Sin embargo, una vez capturados Ocampo se negó a fusilar a Liniers ya que había peleado junto a él en las Invasiones Inglesas, por lo que la ejecución fue realizada por Castelli.
Luego de sofocar dicha rebelión se procedió a enviar expediciones militares a las diversas ciudades del interior, reclamando apoyo para la Primera Junta. Se reclamó el servicio militar a casi todas familias, tanto pobres como ricas, ante lo cual la mayor parte de las familias patricias decidían enviar a sus esclavos al ejército en lugar de a sus hijos. Esta es una de las razones de la disminución de la población negra en Argentina.
La Primera Junta amplió su número de miembros incorporando en sí misma a los diputados enviados por las ciudades que respaldaban a la Revolución, tras lo cual la Junta pasó a ser conocida como la Junta Grande.
De acuerdo al historiador Félix Luna en su libro Breve historia de los argentinos, una de las consecuencias más importantes de la Revolución de Mayo en la sociedad que dejaba de ser un virreinato fue el cambio de paradigma con el cual se consideraba la relación entre el pueblo y los gobernantes. Hasta aquel entonces, primaba la concepción del bien común: si bien se respetaba completamente la autoridad monárquica, si se consideraba que una orden proveniente de la corona de España era perjudicial para el bien común de la población local, se la cumplía a medias o se la ignoraba. Esto era un procedimiento habitual. Con la revolución, el concepto del bien común dio paso al de la soberanía popular, impulsado por personas como Moreno, Castelli o Monteagudo, que sostenía que en ausencia de las autoridades legítimas el pueblo tenía derecho a designar a sus propios gobernantes. Con el tiempo, la soberanía popular daría paso a la regla de la mayoría, que plantea que es la mayoría de la población la que determina, al menos en teoría, al gobierno en ejercicio. Esta maduración de las ideas fue lenta y progresiva, y llevó muchas décadas hasta cristalizarse de una manera electoral, pero fue lo que llevó finalmente a la adopción del sistema republicano como forma de gobierno de Argentina.
Otra consecuencia, también según el mencionado historiador, fue la disgregación de los territorios que correspondían al Virreinato del Río de la Plata en varios territorios diferentes. La mayor parte de las ciudades que lo componían tenían poblaciones, producciones, mentalidades, contextos e intereses diferentes entre sí. Estos pueblos se mantenían unidos gracias a la autoridad del gobierno español; al desaparecer ésta, las poblaciones de Montevideo, Paraguay y el Alto Perú comenzaron a distanciarse de Buenos Aires. La escasa duración del Virreinato del Río de la Plata, de apenas 38 años, no logró que se forjara un sentimiento patriótico que las ligara como una unidad común. Juan Bautista Alberdi también considera a la Revolución de Mayo una de las primeras manifestaciones de las disputas de poder entre la ciudad de Buenos Aires y las del interior, uno de los ejes alrededor del cual giraron las guerras civiles argentinas.
Alberdi en sus Escritos póstumosdijo:La revolución de Mayo de 1810, hecha por Buenos Aires, que debió tener por objeto único la independencia de la República Argentina respecto de España, tuvo además el de emancipar a la provincia de Buenos Aires de la Nación Argentina, o más bien el de imponer la autoridad de su provincia a la nación emancipada de España. Ese día cesó el poder español y se instaló el de Buenos Aires sobre las provincias argentinas
Se Hizo El Mayor Esfuerzo para un Evento Educativo-Cultural
Presentar estas músicas públicamente por vez primera en 200 años, rememorando los salones y tertulias de la época colonial, con danzas, atuendos y coreografías especialmente diseñadas para este evento, en concordancia a la realidad del pasado.
El carácter cultural del evento, sumado a la importancia histórica que poseen las músicas, las características especiales de su hallazgo, junto a la fecha en que serán presentadas, lo conforman en un acontecimiento único y realmente histórico.
Contemplar la realización del evento a partir del interés en su convocatoria en aquellos lugares físicos que nos resultan históricos por haber tomado parte activa y directa en los acontecimientos que conmemoramos. Es así que en la Provincia de Mendoza este evento pretende llevarse a cabo en la Localidad Sanmartiniana mas adecuada -Campamento EL Plumerillo - Casa de Gobierno- con la presencia de la Bandera de los Andes y la Banda de Música del Regimiento N 11, primer Banda del Ejercito Libertador que cruzara Los Andes junto al Gral. San Martín. En Rosario; contar con la Bandera de Belgrano, y en Buenos Aires con la capturada a la Fragata Inglesa Justine por el entonces Alférez Martín Miguel de Güemes.
Establecer cronología en la presentación de sus músicas y danzas, estudiadas por nuestra etnomusicóloga Isabel Aretz durante los años 1950 al 51.
Lograr establecer la unificación de apoyos participativos, de todos los Organismos Tradicionalistas del país, como tronco de un ceibo en flor, que desde el centro se ramifique hacia todos los puntos cardinales de nuestra tierra. Para ello se ha creado de hecho la Comisión Federal Autónoma del Bicentenario 1810-2010, reuniendo en ella a las voluntades activas en participar con la difusión del presente proyecto.
Programar una participación activa local y regional, que incluya la presencia de nuestras etnias, a partir de su incorporación en vivo con representación de su cultura nativa.
Difundir el conocimiento de la propuesta sobre la totalidad de medios de comunicación social, haciendo conocer la libre participación de todos los ciudadanos procedentes de todas las gamas sociales dentro y fuera del país.
Crear un distintivo especial en homenaje a nuestro Bicentenario, que perdure en las generaciones futuras de argentinos, como recuerdo histórico de la época en que se pretendió unirnos a través de la cultura, intentando establecer un antes y después de nuestros 200 años. Un logotipo de Bicentenario 1810-2010 que en definitiva reúna en su simple imagen la esperanza y pasión por una verdadera identidad nacional buscada y necesitada, un Armado del Bicentenario 1810 2010 entre todos y para todos.
Establecer una información de contacto para el Bicentenario 1810-2010 , permanente con la totalidad de aquellos que motivados por la inquietud de ampliar su conocimiento, así lo requieran. Invitando a ser participativos de todas las etapas restantes, hasta llegar al día fijado para su presentación, inaugurando además una pagina exclusiva para enviar sus comentarios al Bicentenario 2010, que serán moderados a su previa publicación.
Lograr una red radial federal bicentenaria y participativa, de todas las instancias previas al armado del mayor evento cultural de nuestra historia, que por meta única pretende abrir el libro jamás leído sobre el origen de nuestra cultura musical.
Realizar por primera vez en 200 años la presentación histórica de músicas y autores desconocidos, pero responsables demostrado, que posibilitaron a otros ser reconocidos como maestros de nuestra historia. Sin el animo de pretender desmerecer sus actuaciones ni las obras consagradas, resulta necesario conocer el origen primario de nuestra música que hicieran posible esos logros. Demetrio Machado, Antón Peluca, Manuela San Martín y otros autores anónimos argentinos, pasaron silenciosamente por el entorno y contenido de una historia cultural que no guardo un sitio para ellos y ciertamente son merecedores de su reconocimiento. Escuchar y ver danzadas las músicas El Cielito, el Minué Montonero, Tristes, El Minué del 25 de Mayo, El Himno a La Pola, músicas dedicadas a Doña Gregoria Madera de Genela, directora de la primer Escuela Lancasteriana instalada en Buenos Aires que abría sus puertas y corazón a la enseñanza gratuita y básica en lectura y escritura de nuestros paisanos, merece un tratamiento especial en agradecimiento por todo lo hecho en nuestro beneficio. Todas estas músicas conforman la realidad de lo bailado en nuestros salones y tertulias del año 1800, cuando la revolución se gestaba apenas en susurros.
Reafirmar la vida y obra de Isabel Aretz a quien debemos el estudio de las músicas, y a Policarpa Salavarrieta, La Pola; heroína colombiana a quien también ha consagrado la historia Latinoamericana como figura en las luchas por la Independencia, siendo recordada a través de la música en la tradición oral tucumana, junto con los manuscritos musicales históricos resguardados por 180 años, donde aparece su himno inmortal y anónimo, manuscrito por la mano de algún patriota y músico argentino de aquella época.
(Bandera de la Guardia Nacional creada en 1811)
Sancionada y promulgada: 09-06-1976 - B.O.: 14-06-1976
ARTÍCULO 1.- (Texto según ley 22655, decreto 901/84 y ley 24445, art. 1º). Establécense como días feriados y no laborables en todo el territorio de la Nación los siguientes:
Feriados nacionales:
* 1º de enero;
* Viernes Santo;
* 1º de mayo;
* 25 de mayo;
* 10 de junio;
* 20 de junio;
* 9 de julio;
* 17 de agosto;
* 12 de octubre;
* 8 de diciembre;
* 25 de diciembre.
No laborables:
+ Jueves Santo.
ARTÍCULO 2.- Déjanse sin efecto las disposiciones de los estatutos profesionales o de las convenciones colectivas de trabajo por las que se instituyan otros feriados o días no laborables que los señalados en el Art. 1, o que establezcan la obligación del pago de remuneraciones con motivo de determinadas celebraciones o festejos, cuando durante esos días no se presten servicios.
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Fuente 2
Fuente 3
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Fuente 6