"Creyeron que nos mataban, pero nos estaban sembrando"
Bullicio en la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, en Capital Federal. Gente entra y sale, el mate pasea de mano en mano, un compañero del Comité de Solidaridad de Uruguayos en la Argentina y un joven norteamericano comparten el diálogo y el viaje en autobuses que parten, llenos de Madres –éramos bastantes pañuelos-, Hermanos, H.I.J.O.S., montones de compañeras y compañeros, rumbo a Pilar. Es domingo 20 de agosto de 2006, exactamente 30 años después de que la Policía Federal fusilara a treinta personas y, llevándolas al paraje llamado Fátima, las hiciera dinamitar.
Como informaba el diario Pilar de Todos en agosto de 2004, "Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del tanque de agua." Susana era hija de nuestra compañera Aurora Morea.
En realidad, y siempre en palabras de este medio periodístico a los 28 años de la masacre, "Hasta el momento se pudo reconocer a Inés Nocetti, Ramón L. Vélez, Ángel O. Leiva, Alberto E. Comas y Conrado Alzogaray, Daniel Argente, José D. Bronzel, Susana Pedrini de Bronzel, Carmen Carnaghi, Haydée Cirullo de Carnaghi, Norma S. Fontini, Selma J. Ocampo y Horacio O. García Gastelú, y recientemente a Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera y Juan Carlos Vera."
El acto –siempre gozo y dolor en nuestros eventos- consistió en varias actividades: a las 15 en el paraje mismo, se inauguró una placa con los nombres de los compañeros masacrados; estaba enmarcada en un pequeño monumento. Habíamos escuchado poco antes las sentidas palabras del intendente de Pilar y de un concejal que desde largo tiempo atrás viene colaborando de corazón con estos actos y esta memoria. Hablaron también el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana –impresionante testimonio, pues casi formó parte del infortunado grupo de jóvenes masacrados- y el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Eddy Binstock. Guiaban el acto nuestro querido Hugo Argente, de Familiares y hermano de Jorge, uno de los jóvenes que perdieron la vida, y Cristina, joven docente de Pilar y parte indispensable de toda esta movida por Verdad y Justicia. Estaban también Judith Said, Coordinadora General del Archivo Nacional de la Memoria y hermana de dos muchachos detenidos desaparecidos, y Gabriela Alegre, ya fuera de su cargo de Titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Sitios de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, hecho por el que hemos protestado hace muy poco. Andaban por ahí Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, el politólogo Franco Castiglione, y otros ex presos políticos, como nuestros amigos Patricio Rice y su mujer Fátima Cabrera.
Luego nos movimos hasta la entrada del paraje, donde se inauguraría un hermoso monumento. Lo había creado un herrero del lugar, quien conmovió con su sencilla explicación de por qué lo había hecho y cómo agradecía a sus colaboradores -quienes estaban por allí sin mostrarse, en medio del público-. El monumento era redondo, rodeado por pequeñas cruces de hierro al modo de valla en cuyo centro había un corazón con nombres tallados. Las cruces eran 30; los nombres escritos, 16; 14 cruces permanecen esperando los nombres de los compañeros masacrados cuya identidad aún permanece desconocida. En la parte más alta del monumento, un santo de yeso extiende sus brazos como acogiendo a los muchachos muertos, y a quienes visitamos el sitio. Nos llamó la atención el excelente emplazamiento del monumento, en perfecta armonía con el entorno.
A las 17 estuvimos en el patio de la Escuela 17, donde fue un placer escuchar a un excelente dúo de mujer y hombre docentes –voces y guitarras-, a un joven cantante impulsor de centros comunitarios y al conjunto de percusión de varios chicos miembros de uno de los centros: las letras estallaban de solidaridad y mención de hechos cercanos a nuestro corazón.
En el viaje de vuelta nos lanzamos a cantar viejos boleros, canciones de la militancia argentina y latinoamericana, y simples canciones populares sin sentido trascendente. Cantábamos el placer de estar juntos y juntas, de haber hecho memoria, de seguir la búsqueda de Justicia y Verdad para nuestros desaparecidos, de disfrutar la vida.
El TOF-5 comienza a juzgar a los responsables por la Masacre de Fatima, ocurrida en agosto de 1976
Los policías retirados Juan Carlos Lapuyole –hombre del ex ministro Harguindeguy–, Carlos Gallone y Miguel Angel Timarchi están acusados por el homicidio de veinte hombres y diez mujeres que permanecían secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal.
El juez Guillermo Gordo y, a la derecha, el acusado Gallone, en una foto que intentó usar en su favor.
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.
Mañana el Tribunal Oral Federal 5, integrado por Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, comenzará a juzgar por la "Masacre de Fátima" a tres oficiales retirados de la Policía Federal. La acusación correrá por cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del fiscal Félix Crous. Los imputados son el director de Inteligencia de la Superintendencia (SSF), comisario general Juan Carlos Lapuyole –hombre de íntima confianza del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, que interrogaba al pie de varias mesas de tortura porteñas con el alias de "Francés"– y dos miembros de sus brigadas: los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi.
El sombrío edificio de Moreno 1417, a una cuadra del Departamento Central de Policía, fue desde los años ‘60 sinónimo de represión política. El año pasado, el uruguayo Antonio Viana Acosta, militante tupamaro, denunció que ya en febrero de 1974 fue torturado durante dos semanas en Coordinación Federal, nombre anterior de la SSF. En su secuestro, pedido por la inteligencia oriental, intervinieron los jefes de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride, y de la Triple A, Rodolfo Almirón y Juan Ramón Morales. Coordinación ya era epicentro del incipiente Plan Cóndor.
El inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy durante 1976, relató en 1983 que el ministro tenía brigada propia para secuestrar, pero "cuando el grado de riesgo superaba la capacidad de acción de este grupo recurría a oficiales de la Dirección de Operaciones de la SSF, cuya jefatura ejercía el comisario mayor Lapuyole, siendo el principal Carlos Gallone, alias ‘Carlitos’, quien más frecuentemente era comisionado a estos efectos". Agregó que Gallone tenía "ferviente admiración por la extrema derecha" y fue "el más estrecho colaborador de Harguindeguy en las tareas de represión ilegal. Se rodeó de los mayores torturadores y asesinos salidos de la Triple A, a quienes llevó a la Dirección General de Inteligencia".
A diferencia de otros centros clandestinos porteños como El Olimpo, Club Atlético o la ESMA, recuperados como espacios para la memoria y con decenas de represores presos, la mayor parte de los asesinos de la SSF siguen impunes, y su edificio intacto. El juicio por Fátima es la excepción que confirma la regla. El juez federal Norberto Oyarbide, que instruye la causa Triple A, no avanzó por el momento más allá del entorno íntimo del ex ministro José López Rega. Y el Estado argentino, querellante por medio de su Secretaría de Derechos Humanos en causas de todo el país, no impulsó aún la investigación del centro clandestino más cercano al Obelisco.
Royal Air Force
Rara avis para una fuerza que convirtió el silencio en mandamiento, el sargento retirado Armando Luchina, ex carcelero de la superintendencia, declaró ante la Conadep en 1984, en el Juicio a las Juntas en 1985, y ante cada organismo, juez o periodista dispuesto a escucharlo. "Yo estoy jugado", responde para explicar por qué no aceptó protección del Estado. A Luchina no le contaron la historia. Siempre admitió que tuvo contacto con los secuestrados y que debía llevar una lista de presos legales y otra de "RAF", por Royal Air Force, como Lapuyole & Cía. nombraban a quienes consideraban "en el aire".
La noche del 19 de agosto se apagaron todas las luces de la superintendencia menos las del ascensor y el estacionamiento, relató Luchina. Estaban los jefes de todas las brigadas. Gallone daba las órdenes. Bajaron a los treinta secuestrados desde distintos pisos. Cuatro parecían muertos. El resto, drogados. Los cargaron en un camión que no era de la dependencia. "Estos se van para arriba", le comentaron. Dos días después leería en los diarios la aparición de los treinta cuerpos.
Un grupo de obreros se topó con la escena. La explosión había provocado un hoyo de un metro de profundidad. La brutalidad obligó a Videla a repudiar la masacre. Cinco cadáveres fueron identificados desde el primer momento. Inés Nocetti había sido secuestrada el 11 de agosto junto con Selma Ocampo, militante sindical despedida de la Ford de General Pacheco, identificada en 1984. Alberto Comas había desaparecido a fines de julio. Trabajaba en la fábrica Royo, pegada al Riachuelo. Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva y Conrado Alsogaray, obreros de la firma Bendix, habían sido secuestrados en la madrugada del 16 de julio. Los otros 25 cuerpos fueron inhumados como NN en fosas individuales del cementerio de Derqui. El Equipo Argentino de Antropología Forense los exhumó en 1985, pero recién diez años después, en el marco del Juicio de la Verdad, pudo comenzar a identificarlos por medio de análisis genéticos. De las 30 víctimas, 16 ya tienen tumba con nombre y apellido. La mayoría eran obreros de Bendix y fueron vistos en la SSF.
A fines de 2002, en representación de familiares de Jorge Argente, Alberto Comas, Susana Pedrini de Bronzel y Horacio García Gastelú, el CELS pidió la reapertura de la causa. En mayo de 2004 el juez federal Daniel Rafecas procesó a Lapuyole, Gallone y al director de operaciones, Carlos Vicente "El Lobo" Marcote, que murió poco después. Al año, al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal porteña incluyó también a Timarchi. En febrero de 2006 Rafecas elevó la causa a juicio oral. Lapuyole, de 75 años y serios problemas de salud, goza de prisión domiciliaria. Timarchi, de 62, y Gallone, de 60, están presos en Devoto. La causa tiene un solo prófugo: Luis Alberto "El Japonés" Martínez. El resto de los miembros de las brigadas de la superintendencia podrá presenciar el juicio como cualquier ciudadano. Nadie los busca.
Comienza el juicio por la peor masacre de la dictadura
El policía que se mostró abrazando a una madre de Plaza de Mayo en 1982 será juzgado por la matanza de Fátima. Allí fueron asesinados 30 detenidos ilegales en 1976.
Marcelo Larraquy. Abrazo falso. El policía Gallone se mostró junto a una madre en la Plaza de Mayo.
1982. 5 de octubre. Las Madres se enfrentan a la Policía Montada en la Plaza de Mayo. Una de ellas increpa a un uniformado, que permanece de pie, inmóvil. Intenta acallarla. Luego la abraza. Es el primer abrazo. Un reconocimiento al dolor. La comprensión. Un nuevo relato que explica el fin de la dictadura de otra manera. Pero no. Era sólo una foto.
La película era más negra y más larga. Ese policía, el de la foto, el comisario inspector Carlos Enrique Gallone, será juzgado por el Tribunal Oral Federal 5 a partir del martes próximo por su responsabilidad en la peor masacre de la dictadura militar: 30 cuerpos dinamitados en un descampado en la localidad de Fátima, partido de Pilar. Bajo los mismos cargos, "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y privación ilegítima de la libertad", serán sometidos a juicio los ex policías Miguel Ángel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole. La Fiscalía pidió prisión perpetua. La causa tiene un policía prófugo, "El Japonés" Luis Alberto Martínez.
1976. 19 de agosto. Los prisioneros son seleccionados al azar y extraídos de los calabozos del tercer piso de la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1417. Casi dos meses antes, Montoneros había colocado una bomba que destruyó el comedor de la planta baja y mató a por lo menos 22 miembros de la fuerza. La represalia policial sumó a casi un centenar de muertos en tres días. Ahora, el 19 de agosto, mientras los prisioneros son bajados del ascensor, todas las luces del edificio de la calle Moreno están apagadas. Son conducidos con aprehensión. Algunos parecen drogados, caminan moribundos, envueltos en mantas; otros son llevados en brazos, en posición fetal, hacia el playón descubierto. Suman 30: veinte hombres, 10 mujeres. Los apilan sobre la caja de un camión del Ejército. Los prisioneros tienen nombre y apellido, pero no están a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo. Están a disposición de la "Real Air Force" (RAF), un código policial interno que concentra a los prisioneros que están en el aire. Y se van a ir para arriba.
Algunos ya lo hicieron, a través del helipuerto de la Policía Federal, detrás de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Otros fueron conducidos a playas de estacionamiento céntricas y aparecieron con un balazo en la cabeza, en un auto. Y al día siguiente salieron en los diarios: "extremistas muertos en un enfrentamiento".
El camión es conducido por personal de otra fuerza del Estado pero tiene el apoyo de los miembros de las brigadas de la Superintendencia, que van custodiando su salida en los vehículos oficiales. Este traslado será terrestre y más prolongado. El camión llega hasta un descampado en Fátima, cercano a la ruta provincial 8, partido de Pilar. La brigada desciende a los prisioneros, les pegan un tiro en la nuca a cada uno con una 45 o una 9 milímetros, y luego los acomodan debajo de una carga de trotyl. Y entonces vuelan.
Este juicio que comenzará el martes próximo pondrá en conocimiento público las responsabilidades criminales de la Superintendencia de la Seguridad Federal. No sólo durante la dictadura militar. Sino durante el gobierno peronista 1973-76.
El principal testimonio en el que se apoya la acusación es el de Víctor Luchina, ex miembro de la fuerza. Luchina había declarado en 1984 ante la CONADEP y en la causa 13, contra las Juntas Militares. Luchina admite que ayudó a conducir a los detenidos hasta el camión, pero dice que estaba de guardia, y no fue a Fátima, ni formaba parte de las Brigadas. En sus testimonios describió torturas, reconoció secuestrados y represores, relató operativos y traslados. Tiempo después, se casó con una muchacha uruguaya, militante tupamara, detenida ilegal del tercer piso de Moreno 1417.
La estructura. "En la Superintendencia existía un doble standard. Había detenidos por delitos federales, contrabando o falsificaciones, y detenidos políticos ilegales. "El órgano funcionaba como la central de espionaje interno y represión de la Policía Federal", indicó a este diario el fiscal Felix Krous, que intentará probar los cargos a los acusados.
En la Superintendencia, cada piso implicaba una función. En el noveno, el Departamento de Extranjeros se ocupaba de la represión de los exiliados de países limítrofes, a quienes enviaban a sus países de origen, luego de detenerlos y torturarlos. El Departamento también prestaba cooperación de inteligencia y logística para grupos de tareas extranjeros que venían a la caza de los que escapaban de sus países. En ese piso se gestó el embrión del Cóndor, el plan de represión conjunta de los países del Cono Sur.
El caso más paradigmático es el General Prats y su esposa, acogidos por Perón para resguardarlo de Pinochet, asesinados por la policía secreta chilena, con la colaboración de la Superintendencia, en setiembre de 1974. En otros pisos se centralizaba información de inteligencia sobre asuntos "gremiales" "políticos", "estudiantiles" o "subversivos".
Antes del golpe de 1976, las brigadas se ocuparon de espiar personalidades, y captaban a sus custodias para que les brindaran información directa de sus protegidos, como fue el caso de Lorenzo Miguel, Ricardo Balbín o el propio general Lanusse.
Cada brigada estaba integrada por cinco o seis miembros. Se sumaban a ellos personal "de enlace" del Ejército o la Marina y procedían: detenían "subversivos", los interrogaban bajo torturas en el tercer piso de la Superintendencia y luego se decidía si los ponían a disposición de la RAF, del PEN o los liberaban.
Durante los años 70 y 80, las brigadas formaron parte de la Triple A, participaron en grupos de tareas de la dictadura militar, en los secuestros de Osvaldo Sivak, de Mauricio Macri, en alzamientos carapintadas y luego formaron parte de las agencias de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, este juicio es acotado a sólo tres "brigadistas", con responsabilidad en la Masacre de Fátima, el expediente será una referencia jurídica para la apertura de nuevas causas.
Uno de los acusados, Lapuyole, era director de Inteligencia. Gallone y Timarchi eran miembros de las brigadas operativas. Los tres negaron que las detenciones que realizaban fueran ilegales: cumplían órdenes de una "oficina judicial" afincada en el segundo piso. Gallone incluso presentó la foto como prueba con una madre de Plaza de Mayo como prueba de que era un hombre sin resentimientos.
Qué pasó el 19 de agosto del 76
La masacre de Fátima fue un acto de propaganda política de la dictadura que utilizó una metodología propia de la Triple A: exhibir los cuerpos como instrumento de terror y no hacerlos desaparecer, que era el procedimiento de la dictadura militar. Con los restos esparcidos por el campo, no podía argumentarse que había sido un enfrentamiento. El propio Videla se sintió obligado a condenar este "hecho de violencia". Pero luego de escrutar los cuerpos, no de identificarlos, lo causa se cerró. Y los cuerpos fueron enterrados como "NN" en el cementerio de Derqui.
Hacia el fin de la dictadura se abrió un expediente que cambió varias veces de jurisdicción. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también empezó a trabajar en las identificaciones. Aunque todavía no se logró determinar las identidades de todos, se supo que algunos eran obreros, militantes de zona norte y un dirigente gremial del Banco Nación. En el juicio, sus familiares darán testimonio de cómo fueron secuestrados.
Masacre de Fatima - Primera audiencia del juicio oral
Tuvo lugar la primera audiencia del juicio oral. El primer juicio oral y público por una de las matanzas emblemáticas de la dictadura militar, la "Masacre de Fátima", en la que 30 personas fueron secuestradas, asesinadas y dinamitadas, comenzó hoy contra tres ex jerarcas de la Policía Federal.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) inició el debate en el proceso al comisario Juan Carlos Lapuyole, 78 años, ex jefe de inteligencia de la Superintendencia de la Policía Federal; el comisario Miguel Angel Timarchi, 65 años, y el comisario Carlos Enrique Gallone, 63 años.
Los tres uniformados llegaron a esta audiencia procesados como supuestos "autores mediatos" de los delitos de "privación ilegal agravada" y "homicidio calificado por alevosía" en 30 casos, es decir 20 hombres y 10 mujeres víctimas en la llamada "Masacre de Fátima".
También en esta causa, caratulada con el número 16.441 y desprendida de la llamada "Megacausa Primer Cuerpo de Ejército", estaba procesado el comisario Carlos Vicente Marcote, ex jefe operativo de la Superintendencia de Seguridad Federal, ya fallecido.
En la primera parte de la audiencia de hoy, se dio lectura a la requisitoria de elevación a juicio oral elaborada por el fiscal federal Federico Delgado, que calificó los hechos como "delitos de lesa humanidad", ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Superintendencia, ubicada en la calle Moreno 1417.
A la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, 30 prisioneros que estaban secuestrados en el tercer piso de aquel edificio con la denominación "RAF" (por la Royal Air Force) porque "estaban en el aire", es decir no registrados, fueron sacados de allí por un grupo de tareas policial.
El policía Víctor Armando Luchina, que aquella noche estaba allí de guardia, testimonió en la etapa de instrucción que cuatro de los prisioneros retirados del lugar parecían muertos y los otros 26, dopados, y precisó que entre quienes los trasladaban figuraba Gallone.
Los subieron a un camión sin identificación con el que fueron llevados a un playón de estacionamiento, y ahí los ejecutaron de un disparo en la cabeza a cada uno. Luego se dirigieron a la localidad de Fátima, en el partido de Pilar.
En el camino de Fátima a la ruta provincial 6, en el kilómetro 62 de la ruta nacional ocho, descargaron los cuerpos y los apilaron, para luego proceder a su voladura con una fuerte carga de trotyl, que al explotar se escuchó en toda la zona, hacia las 4.30 de la mañana.
Los cuerpos fueron encontrados hacia las 5.30 de la madrugada por un grupo de obreros de un horno de ladrillos, que se dirigían a su trabajo, y quedaron tan destrozados que sólo 16 de ellos han sido identificados, pese a que han pasado 31 años.
Entre las víctimas figuraban Luis Leiva y Conrado Alzogaray, empleados de la fábrica de autopartes Bendix, de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Algunos sobrevivientes de la Superintendencia declararon en la etapa de instrucción haber escuchado a los policías vanagloriándose de la ejecución de la "Masacre de Fátima" en venganza de la bomba que "Montoneros" había accionado poco antes en el comedor de esa repartición, la cual acabó con la vida de 27 uniformados.
En el juicio por la "Masacre de Fátima" se prevé que desfilen de 50 a 70 testigos y posiblemente las audiencias se prolonguen hasta julio próximo.
Carlos Gallone negó su participación en el fusilamiento
El ex comisario inspector Carlos Gallone aceptó por la tarde prestar declaración indagatoria en el juicio por "privación ilegal de la libertad y homicidio calificado por alevosía" que inició este martes el Tribunal Oral en lo Federal 5.
El detenido sostuvo que el 20 de agosto de 1976, fecha de la masacre, estaba en Mar del Plata por ser fin de semana largo y no en su puesto de jefe del Departamento de Sumarios de la Superintendencia Federal de la Policía Federal.
Ese fin de semana, 20 hombres y 10 mujeres detenidos de manera ilegal en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal (ex Coordinación Federal) en Moreno 1417 fueron trasladados hacia Fátima.
Todos fueron fusilados de un balazo en la cabeza, atados y con los ojos vendados y sus cuerpos fueron luego dinamitados con trotyl.
Muy nervioso, Gallone, de 63 años, repasó su carrera en la Policía Federal como custodio de varios ministros durante el último mandato presidencial de Juan Domingo Perón.
Posteriormente fue designado en la Superintendencia por el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy.
"Nunca me involucré en política ni con los gobiernos democráticos ni con los de facto", expresó ante los jueces y recordó un hecho que lo tuvo como protagonista.
El detenido relató que en 1981 fue enviado a "encauzar" las marchas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo frente a Casa de Gobierno y en una de las marchas, una Madre se apoyó en su pecho llorando, algo que fue registrado por los fotógrafos y publicado en varios medios de comunicación.
"A partir de allí mis compañeros me abandonaron y uno de ellos me advirtió: ’esto te va a traer varias desgracias’, y hoy me encuentro sentado acá", analizó.
Otro de los acusados, el ex comisario Juan Carlos "el Francés" Lapuyole, de 78 años, se negó a prestar declaración indagatoria.
El policía estaba al frente de las tareas de Contrainteligencia en el edificio donde funcionaba el centro clandestino de detención, ubicado a sólo una cuadra del Departamento Central de Policía.
Los camaristas Daniel Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo, accedieron a un pedido de su defensa para que Lapuyole no asista más al juicio hasta el momento de los alegatos y veredicto.
Según surgió este martes de la lectura de la acusación fiscal, las treinta víctimas fueron drogadas antes del fusilamiento.
Los acusados ex jefes policiales Juan Carlos (alias El Francés); Carlos Enrique "Pavo" Gallone y Miguel Angel Trimarchi escucharon durante dos horas y media la lectura de los cargos en su contra.
Así comenzó el juicio en la sala de Audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, de Capital Federal.
El secretario del tribunal, Martín Schawb, leyó el pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Federico Delgado quien no dudó en calificar esos hechos como delitos de "lesa humanidad" y, por ende, imprescriptibles
Macabras revelaciones sobre la "Masacre de Fátima"
En el marco del juicio a jefes policiales por el hecho ocurrido en esa localidad de Pilar el titular del equipo de antropología forense, Luis Fondebrieder, reveló que las treinta víctimas presentaban sus cráneos "explotados y multifragmentados" por balazos antes de que sus cadáveres fueran dinamitados.
Concluye la etapa de testimonios por la "Masacre de Fátima".
El especialista declaró hoy en el juicio oral y público que se le sigue a los ex jefes policiales Miguel Trimarchi, Carlos Gallone y Juan "el Francés" Lapuyole.
Ante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5), Fondebrieder relató con minuciosidad las tareas realizadas por ese equipo de expertos que posibilitó la identificación de 16 de las víctimas merced al análisis genético de restos óseos, entre otras formas de investigación.
Explicó que en las tareas de exhumación del cementerio de Derqui, en el partido de Pilar, donde habían sido enterrados los cuerpos, se trabajó con profesionales de la arqueología forense que reemplazaron a los "sepultureros y bomberos" que antes realizaban ese tipo de tareas y que permitieron llegar a la identificación de esos cadáveres.
Con apoyo tecnológico de fotografías que fueron exhibidas en pantallas de la Sala de Audiencias, el experto mostró los cráneos de algunas de las víctimas, varios de los cuales llegaban a presentar hasta tres impactos de bala; "casi ninguno tenía solamente uno", dijo.
En la duodécima jornada del juicio declaró en primer término el policía Juan Carlos Losada, quien se desempeñaba como subinspector en Pilar en el momento de los hechos y fue quien realizó el sumario tras el hallazgo de los cadáveres.
El testigo confirmó que se produjo una "situación muy irregular" como calificó al posterior "extravío" de los juegos de fichas dactilares de las víctimas y también refirió que cuando concurrió al lugar había, en las cercanías, un "soldado del Ejército con uniforme de combate y armado".
Alejandra Godoy, una vecina del lugar, testimonió que esa mañana su padre se había levantado "muy temprano" ya que durante la noche "escuchó ruidos y eso es raro en el campo" tras lo cual se oyó una explosión que "creyó que había sido el horno de ladrillos".
Al día siguiente en "el callejón", como conocen los lugareños la zona en la que se dinamitaron los cadáveres, "había soldados y no dejaban pasar a la gente", según declaró, al tiempo que añadió que luego se comentaba que "habían muerto subversivos".
La de hoy fue una de las últimas jornadas en la que los camaristas Daniel Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo (integrantes del TOF5) escucharán testimonios ya que luego será el turno de los alegatos que, se estiman, serán alrededor del 10 de junio próximo con un día para la fiscalía, la querella y cada una de las tres defensas respectivamente.
En la Sala de Audiencias del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se celebra la audiencia, el rol acusador está a cargo del fiscal titular de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Félix Crous y de la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky, como representante de la querella.
El hecho conocido como "Masacre de Fátima" ocurrió en esa pequeña localidad del partido de Pilar, en la madrugada del 20 de agosto de 1976, en el cruce de Camino de Tierra con la ruta 16.
Allí se escuchó una fuerte explosión, y horas más tarde se descubrieron 30 cuerpos despedazados. Luego se determinó que los cadáveres pertenecían detenidos en un centro clandestino de detención en el campo de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina que habían sido trasladados al lugar para su asesinato.
El parte policial de la época determinó que las víctimas eran veinte hombres y diez mujeres de edades muy jóvenes, incluso algunos adolescentes, de las cuales sólo se identificó a una mujer y cuatro hombres.
Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Derqui, aunque años más tarde fueron exhumados para identificarlos.
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