En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados por fuerzas militares y policiales dependientes del Cuerpo I de Ejército fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el cráneo desde una distancia menor a un metro, según acreditó en 1985 la Cámara Federal porteña. La mayor parte de las víctimas padeció su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal, unidad perteneciente a la Policía Federal Argentina, en la calle Moreno 1417 de la Ciudad de Buenos Aires. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura militar.
Fátima no olvida la masacre
El 20 de agosto de 1976 fueron encontrados en ese paraje bonaerense 30 cuerpos esparcidos en un radio de treinta metros: habían sido baleados y después dinamitados.
Ahora, sin leyes de impunidad, la causa avanza
El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura de seis oficiales y un suboficial retirados de la Policía Federal por la denominada "Masacre de Fátima", como se conoció al homicidio de una treintena de personas el 20 de agosto de 1976. Según consideró probado la Justicia a mediados de la década de 1980, todas ellas estaban detenidas en forma ilegal en la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, de donde fueron trasladadas –maniatadas, vendadas y presuntamente drogadas– al cruce entre un camino de tierra y la ruta 6, cerca de la localidad bonaerense de Pilar. Allí fueron ejecutadas con "heridas de bala en el cráneo efectuadas a más o menos un metro de distancia", según consta en la causa, y luego dinamitadas en "una única explosión que esparció los cadáveres en un radio de 30 metros". Pero a finales de los años 80 la aplicación de la leyes de punto final y de obediencia debida dejó trunca la investigación e impidió la sanción a los responsables del asesinato, cuyo número tampoco fue caprichoso: entre los restos se encontró una tarjeta que tenía escrito "30 x 1". Días antes había sido asesinado el general Omar Actis, uno de los organizadores del Mundial de fútbol que se haría dos años después.
La orden de arresto está dirigida contra los comisarios generales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Marcote –señalado como torturador, actuaba bajo el apodo "Lobo"–, los comisarios inspectores Miguel Ángel Trimarchi –apuntado como jefe de los grupos de secuestradores de la Superintendencia– y Carlos Gallone –"Carlitos" o "Duque", jefe de un grupo de secuestro–, el comisario Jorge Mario Veyra –jefe de operaciones, dirigía los secuestros y se lo conocía como "Loco" o "Pájaro loco"–, el principal Carlos de la Llave –jefe de la brigada "Los Intocables", un grupo de secuestradores– y el suboficial Luis Alberto Martínez –"Japonés", miembro de uno de los grupos de tareas–.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa que instruye Canicoba Corral por delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar. Para su cumplimiento inmediato, la resolución fue notificada al jefe de la Policía Federal, comisario general Eduardo Prados.
Impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la causa estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, pero luego pasó a manos de Canicoba Corral cuando éste tomó la investigación, reabierta por orden de la Cámara Federal porteña tras la anulación de las leyes de impunidad resuelta por el Congreso nacional.
Hasta entonces, la causa estuvo paralizada e incluso durante 20 años ni siquiera se supo quiénes habían sido asesinados de esa forma: de las treinta víctimas, cinco habían sido identificadas a principios de los 80. Ellas son Inés Nocestti, Ramón Lorenzo Vélez, Angel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alsogaray.
Recién en 1997, y en el marco de los Juicios por la Verdad, el Equipo Argentino de Antropología Forense hizo la exhumación de 25 cuerpos "y en 1998 comenzaron las identificaciones por medio de análisis genéticos, y la devolución de los cuerpos a sus familiares. Se logró entonces la identificación positiva de otras ocho personas, tras lo cual la Cámara Federal autorizó la devolución de los restos a sus familiares", informó el Cels. Las víctimas identificadas son Jorge Argente, Susana Pedrini de Bronzel, su marido José Bronzel, Cecilia Podolsky, Horacio García Gastelú,
Selma Ocampo, Rosa Cirullo de Carnaghi y Norma Frontini de Díaz.
Pese a que los restos fueron encontrados en el noroeste del conurbano bonaerense, la Cámara Federal resolvió que el caso quedara en jurisdicción de la Capital Federal, ya que las víctimas habrían sido sometidas a vejámenes en en el Departamento Central de la Policía Federal.
Por la masacre, en octubre de 2002, el general Albano Harguindeguy fue denunciado como responsable de la desaparición forzada, torturas y homicidio de los 30 jóvenes, ya que al momento de los hechos era ministro del Interior, y como tal responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en las delegaciones de la Policía Federal. Según recordó además el Cels, investigaciones previas a la denuncia llevaron a demostrar que la noche anterior a la masacre, las 30 personas fueron sacadas del centro clandestino de detención Superintendencia de Seguridad Federal.
20 de Agosto de 1976
El policía "arrepentido" Víctor Luchina --según el testimonio que brindó en la Conadep-- estaba de guardia en el edificio de Moreno al 1400 donde funcionaba la Superintendencia la noche que trasladaron a las 30 personas. "Apagaron todas las luces. Sólo quedaron encendidas las del ascensor y de la playa de estacionamiento. Recuerdo que los detenidos eran treinta porque fueron contados. Algunos venían en mantas, envueltos, parecían estar muertos; otros venían tambaleándose como drogados", manifestó Luchina. El ex policía atestiguó que ayudó a cargar a los detenidos en un camión verde oscuro. "Estos se van para arriba", le comentaron. Al día siguiente --dijo-- se enteró por los diarios que "habían sido dinamitados en Pilar". La masacre habría sido la "respuesta" al atentado contra el general de brigada retirado Omar Actis, realizado en Wilde el 19 de agosto de 1976.
Las víctimas de Fátima fueron asesinadas por disparos de armas de fuego en el cráneo. Dos cadáveres estaban destrozados ya que los cuerpos habían sido dinamitados. En ese momento, a partir de que se tomaran las huellas dactiloscópicas de los cuerpos, se pudieron identificar a cuatro personas cuyos datos aparecían en los registros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero la causa se cerró rápidamente y no se retomó hasta 1982, cuando ya se habían "perdido" las huellas.
En 1985 el equipo argentino de antropología forense exhumó los cuerpos que estaban enterrados en el cementerio de Derqui. La sanción de la Ley de Obediencia Debida motivó que la "causa Fátima" pasara por varios juzgados hasta que la tomara la Justicia Militar. El expediente se archivó y 24 cajones de madera con restos sin identificar quedaron en un cuartito del cementerio. Diez años después, con el marco jurídico del Derecho a la Verdad, el equipo de antropología forense y la Cámara Federal porteña reabrieron el caso. Del sobre de un expediente rescataron la llave del recinto donde estaban los cuerpos. Con la posibilidad de realizar los estudios de ADN se mandaron las muestras al exterior para ser contrastadas con sangre de familiares de desaparecidos.
El año pasado se supo que Susana Elena Pedrini de Bronzel era una de las víctimas de la masacre de Fátima. Entre las seis personas que terminaron de ser identificadas la semana pasada está su esposo, José Bronzel, junto a quien había sido secuestrada.
Los jueces de la Cámara porteña y los familiares de las víctimas coinciden en que la identificación de los cuerpos no es la conclusión de la búsqueda de la Verdad sino que, a partir de la recuperación de identidad de los desaparecidos, se puede profundizar en la reconstrucción histórica.
A 34 años de la masacre - 1976-2010
El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente famosos "Ford Falcon" recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la madrugada siguiente, una gran explosión despertó a toda Fátima, una localidad de la Provincia de Buenos Aires.
Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón. Nadie se atrevió a ir al lugar para ver lo sucedido.
Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi inmediatamente fue cercada la zona por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.
Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del tanque de agua.
La mitad de las víctimas pudieron ser identificadas por familiares y amigos gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Así se pudieron reconocer, muchos años más tarde, a:
Inés Nocetti
Ramón L. Vélez
Ángel O. Leiva
Alberto E. Comas
Conrado Alzogaray
Daniel Argente
José D. Bronzel
Susana Pedrini de Bronzel
Carmen Carnaghi
Haydée Cirullo de Carnaghi
Norma S. Fontini
Selma J. Ocampo
Horacio O. García Gastelú,
Y, recientemente, a:
Carlos Raúl Pargas
Raúl Ricardo Herrera y
Juan Carlos Vera.
Según testimonios ofrecidos a la CONADEP, a la hora de encontrar los cuerpos, estos estaban atados y vendados.
Pero lo más escalofriante es que se les encontraron orificios en la cabeza, provocados por armas de fuego, y habrían llegado al lugar de la masacre, ya muertos.
Según consta en el expediente, los jóvenes fueron detenidos y luego asesinados en la Superintendencia de Seguridad Federal.
Este hecho formó parte del juicio a las Juntas en el que se comprobó la participación directa del ejército argentino, en ese entonces al mando de Jorge R. Videla.
La causa fue reabierta y seis ex-policías de la Federal se encuentran detenidos a disposición de la Justicia. También el represor Albano Harguindeguy fue señalado como uno de los principales responsables del hecho.
Luego de permanecer 18 años como "NN", los restos de Raúl Ricardo Herrera fueron sepultados en el cementerio de la localidad bonaerense de Boulogne, gracias a la gestión incansable de quien fuera, entonces, su compañera de lucha, hoy Diputada de la Nación Isabel Artola, que no dejó de buscarlo durante tantos años. Herrera fue una de las víctimas de aquella Masacre de Fátima.
No es nueva la intención de quienes, vinculados activa o sentimentalmente a los represores, pretenden ignorar lo sucedido y aún reivindicarlos a ellos y su accionar, no hace mucho (mayo de 2005) la noticia era: "Suspenden a un general por homenajear a un represor". Allí se daba cuenta de que el jefe del Ejército, Roberto Bendini, pasaba a disponibilidad al comandante de la Brigada Blindada II, el general Juan Carlos Willington, por bautizar a la cancha de polo del Comando, en la ciudad de Paraná, como "Coronel Morelli", que fuera uno de los responsables de la Masacre de Fátima y ex superintendente de Seguridad Federal entre 1976-1978, fallecido en actividad en 1979, en pleno Proceso, su figura no es tan conocida como la de otros militares de la época.
Ese homenaje era tan impropio como si se tratara, por ejemplo, de Ramón Camps (general, ex jefe de la policía bonaerense y uno de los más fuertemente denunciados por violaciones de los derechos humanos, de la última dictadura), o Desiderio Fernández Suárez (coronel, ex jefe de la policía bonaerense uno de los responsables de asesinatos, fusilamientos, persecuciones, represión y violaciones de los derechos humanos de la dictadura de 1955).
Willington se habría excusado aduciendo sólo en el conocimiento parcial de Morelli, a quien en el Ejército se lo reconoce como "un gran impulsor del deporte hípico", y "se habría sorprendido porque su figura no ha tenido la exposición mediática de otros militares acusados de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura".
Willington fue sancionado con pase a disponibilidad, y más tarde pasado a retiro.
Después de tantos años de enfrentamientos y de tanta sangre de compañeros caída por la recuperación de la soberanía popular y la vigencia de la Constitución Nacional, ningún argentino, y mucho menos quienes tienen la obligación que les da el poder que les es confiado, pueden homenajear a quienes resulten responsables de represión, genocidio y dictaduras. No se trata de reabrir viejas heridas ni de ahondar diferencias que separen nuestra nacionalidad, simplemente se trata de que no basta negar la verdad para que se desvanezcan sus efectos, es necesario llevar a la luz, instalar en la conciencia colectiva la memoria de estos acontecimientos como único modo de acallar las voces de la historia, franqueando de tal forma el paso de la autentica paz, que es la de la justicia.
No puede llevar el nombre de un represor una cancha de polo militar, como tampoco debería llevar el nombre de otro represor integrante de otra de las dictaduras genocidas, Pedro Eugenio Aramburu, la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, la Ruta Nacional que une San Lorenzo con Rosario y otras tantas cosas.
El concepto debería ser que ningún represor, ningún integrante de gobiernos de las de dictaduras, puede ser recordado con la imposición de su nombre a lugares públicos nacionales, provinciales o municipales, ni mucho menos continuar cobrando jubilaciones de privilegio por los cargos ocupados ilegítimamente, fuera de la voluntad popular.
Finalizando, a treinta años de la Masacre de Fátima, por todos los compañeros caídos en las luchas contra las dictaduras, desde la primera hasta la última, por la recuperación de la soberanía popular, una sola voz:
P R E S E N T E S AHORA Y SIEMPRE
Compañeros de las víctimas recuerdan el horror
Son los sobrevivientes que estuvieron detenidos en la Superintendencia de Seguridad Nacional. De allí salió el camión con las 30 personas que fueron dinamitadas en Pilar. Dicen que "elegían a dedo quien subía y quien no".
Los sobrevivientes que estuvieron detenidos en Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, ofrecieron sus testimonios en el juicio que se sigue a los ex oficiales de la Policía Federal Carlos Gallone, Miguel Angel Timarchi y Juan Carlos Lapuyole acusados de ser los responsables de la llamada Masacre de Fátima.
Ante la mirada de los familiares de las 30 víctimas que fueron dinamitadas a la altura del Km 64, el primero en declarar fue Alberto Poggi.
El relato crudo, lo llevó a revivir los duros momentos que pasó privado de su libertad.
Poggi contó que durante los cinco días que permaneció en cautiverio en la Superintendencia se encontró con un conocido suyo, Daniel Hopen - quien también estaba secuestrado y permanece desaparecido-. Hopen le contó que el fin de semana de la masacre "pusieron gente en fila y eligieron" a quien iban a llevarse.
"Nos pararon contra la pared y empezaron: usted sí, usted no, usted sí, usted no. Yo tuve suerte, pero se llevaron a un montón de muchachos. Después los dinamitaron en Pilar" le contó Hopen a Poggi.
El relato, cada vez más cruel de cada uno de los testigos, tenía un denominador común. Todos coincidieron en que por las noches se escuchaban los gritos de los torturados, que los policías intentaban tapar con la canción "Libre" de Nino Bravo a todo volumen. "Torturaban y violaban a todo el mundo", dijeron los testigos.
También brindó su duro testimonio, Aurora Morea, quien relató el secuestro de su hija Susana Pedrini, su yerno, José Bronzel, y su consuegra, Cecilia Podolsky. Morea contó que llegó a saber que los tres habían estado secuestrados en la Superintendencia y que luego, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense pudo recuperar los restos de su hija y su yerno, ambos asesinados en Fátima.
Ya en otras oportunidades en las que Morea visitó el lugar del asesinato, había recordado que en el momento del secuestro su hija estaba embarazada de dos meses, y "a los veinte días de su desaparición; la bajaron de un camión y le metieron un tiro en la cabeza".
"Mas miedo a desaparecer que a morir"
Ese era el gran temor de quienes eran secuestrados, y así quedó evidenciado en el relato de Hugo Omar Argente, quien contó el secuestro de su hermano, Jorge.
Argente contó que luego de la desaparición de su hermano "tenía miedo de averiguar dónde había sido llevado"
"Uno tenía más miedo a desaparecer que a morir", explicó Argente quien recién en 1999 pudo saber que Jorge había sido una de las víctimas de la Masacre de Fátima.
Por su parte, Haydeé Gastelú y Oscar García Buela hablaron sobre la desaparición de su hijo Horacio, conscripto de la Base de Infantería de Marina en Bahía Blanca, quien fue secuestrado junto a su novia Ada Victoria Porta, de 17 años, cuando se encontraba de licencia.
Gastelú dijo que los militares "nunca reconocieron" el secuestro de su hijo, y que a la semana pasó a ser considerado desertor. "Recién 25 años después y gracias a los antropólogos tuve la noticia de cuál había sido el fin de mi hijo, y su destino", contó.
Las víctimas
De las 30 personas fusiladas y dinamitadas al costado de la ruta nacional número 6, en la localidad de Fátima, al día de hoy, sólo ha recuperado la identidad de 16. Prácticamente la mitad permanecen como NN.
A comienzos de los años 80, sólo cinco habían sido identificados. Se trataba de:
Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas y Conrado Alzogaray.
Posteriormente, se recuperó la identidad de once víctimas más: Susana Elena Pedrini de Bronzel, José Daniel Bronzel, Selma Julia Ocampo, Haydee Rosa Cirullo de Carnaghi, Norma Susana Frontini, Jorge Daniel Argente, Carmen María Carnaghi, Horacio Osear García Gastelú, Juan Carlos Vera, Carlos Raúl Pargas y Ricardo José Raúl Herrera Carrizo.
FUNTE:
http://www.elortiba.org/fatima.html
