Montoneros Erp. Volver a Matar Libro

Este nuevo libro de Juan Bautista Yofre profundiza un tema poco conocido respecto a la violencia política que sufrió la Argentina en los años setenta: la actuación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, destinada a enjuiciar los delitos por las acciones de insurgencia armada durante la Presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse.

El autor viene transitando con eficacia un género que puede ser denominado periodismo de investigación, pero que en su caso se combina con la tarea del historiador.

Es que el periodismo de investigación suele tratar los temas del presente o del pasado inmediato y en cambio la historia requiere la distancia que dan las décadas.

En el caso argentino, los hechos que son materia de esta investigación tienen la distancia que normalmente los hacen historia, ya que son más de tres décadas y media.

Pero las particulares condiciones que en la Argentina ha tenido a la revisión de las violaciones a los derechos humanos registradas en los años setenta, hacen que el período tratado sea materia no sólo de controversia política, sino también de acciones judiciales en el presente.

La cuestión central que plantea este nuevo libro de Yofre es si pudo haber existido en los años setenta una represión legal de la insurgencia armada.

La Cámara mencionada, en los hechos, constituía una suerte de fuero especial -con normas procesales en algunos casos más severas para el acusado que en los códigos ordinarios- para juzgar delitos particulares o específicos cometidos por lo que en aquellos años era conocido genéricamente como la guerrilla, de acuerdo a la terminología que se había difundido a partir de la revolución cubana a fines de los años cincuenta.

A través de las causas tratadas por esta Cámara, que llegó a decenas de condenas, surge que las organizaciones insurgentes que actuaban a comienzos de los años setenta -que habían producido numerosos hechos de terrorismo- habían tenido pérdidas importantes en cuanto a que numerosos de sus integrantes más destacados habían sido detenidos, procesados y condenados por ella.

Si bien la represión durante el gobierno de Lanusse no fue un proceso perfecto en términos legales y se registraron casos de desapariciones y denuncias de torturas, el eje de la acción represiva se desarrolló desde esta instancia judicial.

Yofre muestra cómo los guerrilleros más destacados y los autores de los hechos más resonantes habían sido detenidos y enjuiciados al momento de asumir la Presidencia Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973, aunque también es cierto que en la llamada "Masacre de Trelew" había de alguna forma anticipado la represión como aniquilamiento (que tres años después el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón dispone, encargando a las Fuerzas Armadas dicha tarea).

Para el autor, la amnistía incondicionada que se implementa en forma inmediata a la aunción de Cámpora dio por tierra con la posibilidad de mantener la posibilidad de represión legal de la insurgencia en los años inmediatamente siguientes.

Ello es cierto, pero también lo es que la lucha armada que se desata dentro del peronismo entre su ala izquierda y su ala derecha, con Perón desde el poder manipulando a la segunda para terminar con la primera que desafiaba su poder, junto con los ataques a unidades militares realizados por la guerrilla trotskista del ERP días antes que asumiera la Presidencia por tercera vez, crearon un clima político en el cual el margen para que los instrumentos legales contuvieran la violencia se fue reduciendo.

Yofre dice que los miembros de la mencionada Calmara Federal sufrieron en algunos casos el asesinato por parte de la guerrillera; en otros amenazas que llevaron a casos de exilio y postergaciones y exclusiones en la carrera profesional, que disuadieron a los funcionarios judiciales a asumir posiciones firmes en los procesos judiciales realizados por acciones de la insurgencia entre 1973 y 1976.

La realidad es que la justicia en este período adopta en general una actitud pasiva frente a los hechos violentos que se desatan en la ilegalidad -primero entre las facciones del peronismo y después en el marco más amplio de la represión militar y policial y las organizaciones guerrilleras en su conjunto-.

Es así como mientras en dos años esta Cámara Federal había dictado decenas de condenas con cientos de condenados, al 24 de marzo de 1976 no había una sola condena firme por las acciones de insurgencia armada, ni tampoco por la represión ilegal que ya había comenzado meses antes.

Visto en esta perspectiva, el mismo Poder Judicial, con su inacción, terminó contribuyendo a generar la situación en la cual la violencia política desde el estado y en contra de él se desbordó como nunca antes en la historia argentina.

Pero el libro también trae algunos resultados de investigación histórica importantes, no conocidos hasta ahora, que tienen referencia al contexto político del momento.

Uno de ellos son las conversaciones entre Perón y los dirigentes de la Juventud Peronista entre 1971 y 1973, en las cuales puede advertirse la ductilidad y el cinismo con el cual manejaba desde el exilio las relaciones con la insurgencia armada; otro son los testimonios directos que recaba de miembros de la guerrilla que actuaron en los acontecimientos. Por último, están los papeles que llevaba en su carpeta personal el entonces Comandante del Cuerpo de Ejército II, General de División Juan Carlos Sánchez -los cuales salen por primera vez a la luz pública-, el día que fuera asesinado por un comando conjunto de las FAR y el ERP en abril de 1972.

Ellos permiten conocer la visión sobre el país y el momento que tenía el jefe militar que estaba cumpliendo el rol más activo y eficaz en la represión de la insurgencia armada y conocer que el pensamiento de los mandos en ese momento no era homogéneo.

A ello se agrega la relación -que puede ser denominada orgánica- de las organizaciones guerrilleras con Cuba, que ya es un hecho en los primeros meses de 1972, cuando dos años antes, los asesinatos sucesivos de Vandor y Aramburu mostraban la relación de algunas de ellas con el aparato de inteligencia del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

Yofre realiza así un aporte importante para el conocimiento histórico de los orígenes de la década más violenta que vivió la Argentina, descubriendo y redescubriendo hechos y dejando planteada la pregunta de si no existió un margen real para la represión de la insurgencia armada a través de métodos legales, que seguramente generará controversia, pero que no pasará inadvertido.

En Proceso de Escaneo... (para los interesados)