El asesinato de 11 salteños
Considerada una de las provincias más tranquilas del país durante el período de la dictadura militar inaugurada por el general Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1976, Salta fue escenario, sin embargo, de hechos luctuosos: secuestros nocturnos, detenidos sin causa y una policía impía cuyos agentes actuaban en la más absoluta de las impunidades, fueron moneda corriente durante los primeros años del proceso aquí. Pero el más aberrante de los sucesos de muerte que recuerde la historia de este territorio, se escribió a partir de las primeras horas del seis de junio del tenebroso año del golpe de estado: el coronel Alfredo Mulhall, comandante de la guarnición local, ordenó el traslado de once ciudadanos que se hallaban prisioneros en el penal de Villa las Rosas.
Ninguno de ellos había cometido otro delito que el pensar de manera opuesta a los plagiarios del poder democrático. Todos fueron acribillados a balazos -poco después- en la localidad de Palomitas, ubicada entre las ciudades de General Güemes y Metán.
La dramática historia de los últimos momentos de estos cinco mujeres y seis hombres, comenzó a escribirse en el despacho de Mulhall, quien había sido -meses antes- el primer interventor militar del "nuevo orden".
Rubio, muy flaco, de rasgos angulosos, peinado a la brillantina y de ojos verdes de mirada fría como el hielo, el oficial de caballería acostumbraba a golpear rítmicamente sus botas con una fusta. Pero esa mañana, los azotes a su calzado se hicieron más violentos que nunca. Pocos momentos antes, había redactado una orden, que le fue entregada al director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, quien ejerció en el cargo hasta que fue destituido por el gobierno democrático de Roberto Romero.
Pérez, abrió la misiva, que resultó ser una citación. En ella, el comandante de la guarnición le reclamaba presentarse de inmediato en sus oficinas, cosa que cumplió con rapidez.
Mulhall le informó que se haría un traslado de prisioneros y que este iba a estar a cargo de personal militar.
A las 19.45 de ese día, un comando encabezado por un oficial con rango de capitán de apellido Espeche, se presentó en el penal. Ninguno llevaba identificaciones visibles de grado ni distintivos de naturaleza alguna.
Espeche le entregó una lista con los nombres de los detenidos que iban a ser trasladados.
Pérez, presuroso, se aprestó a cumplir e intentó establecer un diálogo con los comandos. Pero su amabilidad fue cortada en seco al ordenársele que se realizara un dispositivo de seguridad especial: todo el personal de guardiacárceles debería ser retirado de los pasillos por donde se efectuaría la operación. Sólo deberían quedar los indispensables.
Las órdenes fueron corroboradas posteriormente por la celadora Juana Emilia de Gómez y el oficial del Servicio Penitenciario, Juan Carlos Alzugaray, testigos involuntarios de los acontecimientos.
Los militares encargados de la operación, se comunicaban entre si a través de "nombres de guerra". Jamás deslizaron apellidos o rangos -cual es la metodología militar- en sus breves contactos verbales.
"Deben apagarse todas las luces del recinto, menos las del lugar donde están los detenidos", ordenó el jefe del operativo. "Sólo podrán quedar en sus puestos habituales los custodios de muro", añadió.
Pérez cumplió a la perfección: Villa Las Rosas quedó en penumbras y sólo un grupo de guardicárceles munidos de linternas, fue concentrado en una habitación contigua al despacho del director de la institución. Caminando entre las sombras, retiraron de sus celdas a los once infortunados, a los que se les ordenó llevarse sólo lo puesto, detalle que los debe haber advertido del destino que les esperaba.
Las seis mujeres, que se encontraban con otras 19, fueron llamadas una a una: "Celia Leonard de Avila, Amaru Luque de Usinger, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso de Fernández..."
Celia Leonard, había dado a luz en la cárcel y sostenía en sus brazos a su bebé. Suspiró, besó por última vez a su hijita y se la entregó a su hermana Nora, otra de las detenidas que no figuraba en la lista fatídica.
La misma operación se realizó inmediatamente después en el sector masculino. "Benjamín Avila, Roberto Oglietti, José Povolo, Rodolfo Usinger, Alberto Sabransky...!
A más de 30 kilómetros del lugar donde se desarrollaban estos acontecimientos, en la ruta provincial 34, entre Güemes y Salta, dos conductores fueron interceptados por una supuesta patrulla de caminos. Uno de ellos, el contador Héctor Mendilaharzu, iba al mando de un Torino. El otro, Martín Julio González, que viajaba en compañía de un hermano, lo hacía en una camioneta Ford F-100.
Sin sospechar nada extraño, ambos ciudadanos detuvieron su marcha, dispuestos a someterse a un control más, que se habían hecho habituales en las rutas argentinas desde el mismo momento en que Videla tomó por asalto el poder. Quizás suspiraron y se prepararon para entregar sus relojes y algo de dinero a los controladores, una suerte de peaje que también se había transformado en usual por los caminos del país. Sin embargo, fueron sorprendidos: los uniformados rodearon rápidamente los automotores, los encañonaron con sus armas automáticas y los conminaron a bajarse. Rápidamente, fueron atados, amordazados y trasladados a unos pajonales, donde fueron abandonados no sin antes darles una completa, sorprendente y acabada información del por qué de la acción: se identificaron como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y les explicaron que precisaban las unidades para protagonizar un rescate de compañeros.
Al día siguiente, los automóviles fueron hallados en el paraje Palomitas, sobre la ruta 34, a 25 kilómetros de Guemes: estaban marcados por fuego cruzado y sus asientos presentaban manchas de sangre. Incluso, en uno de ellos se hallaron restos de masa encefálica y parte de una falange.
En el lugar donde estaba la camioneta, habían muchas manchas de sangre y cápsulas de balas servidas.
Un informe militar, se refirió al hecho como un "enfrentamiento con fuerzas subversivas".
Investigaciones posteriores, determinaron que ninguno de los efectivos castrenses que hipotéticamente fueron protagonistas del combate, recibieron daño alguno ni que los vehículos que utilizaron para el "traslado" fueron alcanzados por impactos de bala. Tampoco recibieron heridas los autodeclarados y verborrágicos miembros del ERP, que desaparecieron para siempre.
Los cadáveres de las víctimas, fueron apareciendo poco a poco en diferentes lugares a raíz de denuncias de testigos que presenciaron extraños enterramientos de cuerpos humanos traídos en bolsas en cementerios de Salta, Jujuy y Tucumán.
Dos de los cuerpos no aparecieron jamás: los de Georgina Graciela Droz y Evangelina Botta de Nicolai.
Las investigaciones que siguieron más tarde, determinaron que los cuerpos hallados habían sido golpeados salvajemente y que todos presentaban impactos de bala hechos de abajo hacia arriba.
Los certificados de defunción de algunos de ellos, como el caso de Celia Leonard de Avila -que fue identificada en el documento errónamente como Nora, que es el nombre de su hermana y que también se hallaba detenida al momento de iniciarse el "traslado"- fueron expedidos por el misterioso médico Quintín Orué.
Sin embargo, los registros profesionales de la República Argentina no constataron la existencia de ningún médico lamado de esa manera.
Integrantes de la familia Leonard, se entrevistaron con el mencionado Orué a objeto de la corrección del error en el certificado. El misterioso galeno actuó con presteza: rompió el que poseían los deudos y de inmediato confeccionó otro y se retiró de su presencia. Jamás volvieron a tenerse noticias de él.
Más tarde, los Leonard, advirtieron que el certificado de defunción se hallaba incompleto y en su desesperación entrevistaron al director del Registro Civil de ese entonces, quien trató de "arreglar" los errores comunicándose con las autoridades de la guarnición local. Pero le taparon la boca de inmediato: "Se trata de un secreto militar", le respondieron desde el ámbito castrense.
El acta fue guardada en un sobre lacrado junto al asiento hecho en registros.
Años más tarde, durante el juicio a los genocidas, el ex interventor militar de Salta, Carlos Alberto Mulhall, impune de todos sus delitos a raíz de la Ley de Punto Final, no mostró ningún signo de arrepentimiento ante los jueces. Y no sólo eso: destacó que bajo su mando sus subalternos se desempeñaron de "manera brillante y eficaz", aseverando de sentirse "orgulloso y sin arrepentimiento alguno".
Salta: La masacre de Palomitas, la historia del horror
Celia Leonard de Avila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso, María Amaru Luque de Usinger, Benjamín Avila, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Robetto Savransky y Rodolfo Usinger fueron asesinados el 6 de julio de 1976 en el paraje de Palomitas. Eran presos políticos que estaban detenidos en el penal de Villa Las Rosas de donde fueron sacados con el pretexto de que serían trasladados a Córdoba. Los responsables de la masacre: Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Mulhall, Juan Carlos Grande, Miguel Raúl Gentil, Joaquín Guil y Ricardo Lona. El juez Ricardo Lona trabajó en pos de la impunidad de los asesinos.
La aplicación de la "ley de fuga" so pretexto de "traslados" de presos políticos tenía como destino la muerte. Del penal de Villa las Rosas los sacaron de noche, en la más absoluta oscuridad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.
La Masacre de Palomitas ocurrió el 6 de julio de 1976 y tiene características similares a otras masacres ocurridas en nuestro país como la de Trelew o la de Margarita Belén. Por entonces gobernaba Salta el capitán Héctor Gadea y la zona militar número 3 dentro de la cual estaba Salta se encontraba bajo el mando del comandante del Cuerpo de Ejército III, general Luciano Benjamín Menéndez.
Se sacaron 11 presos políticos de la cárcel de Villa las Rosas, cinco mujeres y seis hombres. La aplicación de la "ley de fuga" so pretexto de "traslados" de presos políticos tenía como destino la muerte. Del penal de Villa las Rosas los sacaron de noche, en la más absoluta oscuridad, en medio de un fuerte operativo de seguridad de las fuerzas conjuntas (ejército, policías y otras) para asesinarlos en el Paraje Palomitas, en la ruta 34. También fueron asesinados allí cinco presos políticos procedentes de la cárcel de Jujuy (tres mujeres y dos hombres).
La denuncia penal formulada por familiares el 14 de marzo de 2002 ante la Fiscalía Penal de Salta consigna:
"Los prisioneros fueron baleados. Los cuerpos recibieron numerosos impactos de balas provenientes de distintas armas. La cantidad de disparos y la utilización de diferentes armas tuvo por objeto fraguar un enfrentamiento. Por eso mismo los cuerpos de Savransky y del matrimonio Avila habrían sido colocados dentro de los automóviles en la cercanía del paraje Palomitas; los de Outes, Povolo y María del Carmen Alonso dejados en la Provincia de Tucumán, fingiendo un enfrentamiento en Ticucho, como así también se aparentó un enfrentamiento en Pampa Vieja, Jujuy, en la que los cadáveres del matrimonio Usinger y de Oglietti fueron dejados".
Las víctimas de la Masacre
Los presos políticos masacrados en Palomitas fueron sacados del penal de Villa Las Rosas, encapuchados y esposados, para un presunto traslado. Ellos son:
Celia Raquel Leonard de Avila: maestra salteña, de 34 años, madre de 4 hijos (en ese momento estaba alimentando a su hijita de 4 meses).
Georgina Droz: de 35 años, santafesina, licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de la Universidad Nacional de Salta.
Evangelina Botta de Nicolai: 30 años, psicóloga santafesina.
María del Carmen Alonso: 39 años, salteña, arquitecta, con dos hijos, sobrina del gobernador desaparecido Miguel Ragone.
María Amaru Luque de Usinger: 26 años, psicóloga.
Benjamin Leolnardo Avila: 39 años, 4 hijos, casado con Celia Leonard.
Roberto Oglietti: 21 años, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta e inscrito en la carrera de Historia.
Pablo Outes 49 años, ex legislador salteño, 3 hijos.
José Povolo 28 años, comerciante salteño.
Roberto Savransky: 32 años, tucumano, médico, dos hijos.
Rodolfo Usinger: 27 años, ingeniero, casado en el Penal de Villa Las Rosas con Amaru Luque.
Se entregaron los cajones cerrados del matrimonio Avila y de María del Carmen Alonso. En el caso de los primeros, éstos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos al encontrar balas del ejército, lo que confirma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes.
En Yala, Provincia de Jujuy, se encontraron los cadáveres del matrimonio Usinger, de Oglietti y de Dominga Alvarez, la única presa política sacada del Penal de Jujuy cuyo cuerpo apareció.
Los responsables
Los famiiliares de los detenidos-desaparecidos y la Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta señalan entre los responsables de la Masacre de Palomitas al General de División Luciano Benjamín Menéndez, comandante del II Cuerpo del Ejército; General Antonio Domingo Bussi, jefe de la subzona 32 (Salta, Tucumán y Jujuy); ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall y teniente coronel Juan Carlos Grande, oficial de operaciones del Destacamento de Exploración de Caballería blindada 141; ex jefe de la Policía de Salta, coronel Miguel Raúl Gentil, ex subjefe de la Policía de Salta, coronel Mendíaz, y ex juez Federal Ricardo Lona.
También aparecen involucrados en la Masacre de Palomitas los policías de la Provincia Joaquín Guil, Alzugaray, Gutiérrez, Puppi, Páez, Murúa, Sánchez, Toranzo, Trovatto y Perelló, el comisario de la Policía Federal de Salta Federico Livy, el jefe de la Policía de Jujuy, mayor Luis Donato Arenas, y el jefe de la Policía de Tucumán, teniente coronel Antonio Arrechea.
Un sorprendente testimonio
Simeón Véliz tiene 74 años, fue un agente policial durante toda su vida. Jubilado hace más de dos décadas, está lúcido y en su memoria guarda un hecho para él -y para la historia- inolvidable: lo ocurrido la noche del seis de julio de 1976, a 17 kilómetros de su destino de entonces, la comisaría de General Güemes: la Masacre de Palomitas, en la que 11 presos políticos fueron acribillados a balazos por sicarios de la sangrienta dictadura militar que oscureció la Argentina durante siete aciagos años.
Véliz, señala el sitio, ahora diferente, donde ocurrió el desastre Está jubilado, tiene 74 años y estuvo en el lugar de la masacre a pocas horas del hecho, en la ruta nacional 34. "Había pozos con sangre, orejas, dientes, pelos y miles de cápsulas de F.A.L. que levantábamos de la calle a puñados".
Luego de casi tres décadas de investigaciones, Véliz, que paradójicamente sirvió durante 9 años de su carrera en el ya desaparecido destacamento de Palomitas, donde, en un calabozo, nació su hijo Jesús Vélix, ahora comisario y anotado con "x" "por un error del Registro Civil" que nunca arreglé", tomó una decisión: dar a conocer detalles de cosas que se mantenían en secreto y de las que jamás nadie había hablado: del contubernio y la conspiración montadas entre los militares de entonces y elementos del cuadro jerárquico de la policía de la provincia, antes y después del tan macabro como triste suceso.
Y dio nombres que podrían resultar claves, por su evidentemente participación en la matanza: el entonces comisario de General Güemes, Oscar Correa y del inspector mayor (este cargo ya no existe en el escalafón) Héctor Trobatto, ambos retirados y residentes en cómodas viviendas de la capital y San Luis, respectivamente.
Los acontecimientos
La Masacre de Palomitas, comenzó a ejecutarse la mañana del seis de junio de 1.976, aunque su gestación, es evidente, había empezado mucho antes. Ese día, por la mañana, el comandante de la guarnición local, Carlos Alberto Mulhall, citó a su despacho al director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez y le comunicó que habría un traslado de presos políticos. A las 19.45, en el establecimiento carcelario, se presentó el entonces -ahora mayor retirado, millonario y propietario de una agencia de seguridad en la Patagonia- César Espeche, para retirarlos.
Y dio dos órdenes: "esto no se anota en los registros", la primera. La segunda, fue más más compleja y tenebrosa aún: apagar todas las luces y retirar a los guardiacárceles de los pasillos a objeto de que la operación resultara lo más secreta posible; no permitir que los detenidos llevaran consigo dentaduras postizas, lentes de contacto ni ropa de abrigo, pese a que hacía mucho frío.
Una de las víctimas, Raquel Leonard de Avila, debió dejar a su bebé, de pocos meses y que estaba con ella en el recinto puesto que todavía lo amamantaba. Pocas horas después de aquello, las 11 personas que integraban la fatídica lista elaborada por los militares golpistas, caían acribilladas a balazos en la ruta nacional 34, 17 kilómetros al Sur de General Güemes, en el paraje conocido como Palomitas.
Las vivencias de Véliz
"Nosotros no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo ni lo que había sucedido con los detenidos que habían secuestrado desde Villa Las Rosas. Pero esa misma tarde, como durante varias semanas anteriores, las autoridades de la comisaría estaban nerviosas.
Nuestro jefe, Oscar Correa, había recibido la visita de un inspector mayor que había venido de Salta, Héctor Trobatto, con el que se encerraba permanentemente en su oficina. Cuando salían, Correa se mostraba más nervioso aún, no así Trobatto, que tenía todo el aspecto de esos oficiales de película: delgado, atlético, muy serio, con bigotes y una mirada característica de los que tienen poder y saben mandar".
"Me acuerdo muy bien de él porque es de por aquí cerca, de Betania, y había estado varias veces, durante los días previos a la masacre, en Güemes. El mismo nos había dicho que la zona estaba llena de guerrilleros, que andaban robando autos. Por ello mismo y en virtud de esas informaciones, es que todas las noches nos tenían haciendo guardia en el "cruce" para "encontrar a los extremistas".
"Esa noche, Trobatto le dio, con un movimiento de cabeza, una orden a Correa, quien nos convocó y nos envió en un móvil a cumplir una misión, pero sin decirnos cuál. Tres de nosotros -el agente Ricardo Arquiza, que ahora anda "levantando tómbola"; José "Vaso" Michel y yo- nos fuimos en un vehículo azul, que manejaba el oficial Raúl Huari.
Cuando llegamos, nos dimos cuenta que estábamos en el paraje Las Pichanas, cerca de Palomitas. "Bájense -nos dijo Huari- ustedes se van a quedar de custodia hasta mañana. Que nadie se acerque ni se detenga a mirar.
Se van a quedar aquí, allá y acá", nos señaló, dándonos puestos separados treinta metros uno de otro. "No se junten ni se acerquen para conversar", advirtió imperativamente y se fue. Y allí, con un frío tremendo, estuvimos toda la noche. En el lugar, había dos vehículos, una camioneta que ardía y un Ford Fairlaine" (las investigaciones dicen que era un Torino, que como la pick up, habían sido robados por militares a la altura de Cobos, haciéndose pasar por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo).
"La camioneta ardía pero igual no se veía nada porque la ruta no era como ahora, sino mucho más angosta y rodeada de monte. Los árboles se tocaban copa a copa y la oscuridad era total".
Veliz, al relatar los acontecimientos, no tiene dudas ni lagunas. Y al respecto, siguió: Cuando empezó a amanecer, nos dimos con un espectáculo espantoso: en el lugar habían restos humanos: pelos, dientes, orejas...era algo terrible. Michel, me llamó: "vení a ver esto".
Cerca del auto, habían más restos humanos, mucha sangre y masa encefálica. Era un reguero. Todo indicaba que alguien había tratado de huir por el monte, pero no había logrado su intento. Más tarde hallamos rastros, todos de botas militares.
Y en el asfalto habían miles de cápsulas de FAL (Fusil de Asalto Ligero); tantas que las agarrabamos a puñados. Y más aún, en tres lugares distintos, había pozos con sangre. Nos miramos y coincidimos.
"Aquí mataron a varios", dijo "Vaso" y concluyó en que todos habían sido arrumbados, uno sobre otro, en tres grupos diferentes, donde deben haberlos rematado, a juzgar por los pozos con sangre, que eran impresionantes. La escena era más que dramática y nunca la he podido olvidar".
Atando cabos
"Cuando regresé a la comisaría, luego de aquella jornada, ellos me contaron que Trobatto y Correa se habían reunido días antes varias veces con personas desconocidas, la última, 24 horas antes del crimen. En realidad, yo sabía eso porque también había visto movimientos sospechosos pero los había atribuido a eso que decían que andaban los extremistas robando autos.
Es más, con el tiempo me he dado cuenta que hay cosas que se encadenan al hecho: no mucho antes de los sucesos que le costaron la vida a esas personas, un oficial que falleció hace cinco años, don Francisco Arapa, hizo un procedimiento que habría merecido las felicitaciones de cualquier superior, pero que a él le costó castigos y persecuciones.
Resulta que este hombre, advertido de eso de los "extremistas", recibió de un gaucho, la información de que en la hostería del rio Juramento (la ex posada del Autómovil Club, ahora abandonada), estaba bebiendo un grupo de personas armadas, con uniformes militares pero sin insignias identificatorias.
"Arapa, que era un tipo muy astuto, en absoluto sigilo se fue al lugar, rodeó la zona y atrapó a estos tipos, que efectivamente andaban armados. Los maniató y los trajo detenidos a la comisaría. El creía que había hecho lo correcto y que después de aquello, poco menos que lo iban a condecorar.
Pero, al contrario, cuando Correa vio a los presos, inmediatamente los hizo desatar, los saludó militarmente y tras dialogar en privado y amigablemente, los liberó. No los vimos nunca más, pero recuerdo que Correa le pegó una buena "puteada" a Arapa y le dijo "¡Cómo le vas a hacer esto a los colegas!".-
A 34 años de la Masacre de Palomitas
Fueron 12, en realidad fueron muchos más, pero ese día, esa noche, en el penal de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta, les tocó a 12 compañeras y compañeros. Hoy los recordamos y homenajeamos.Estaban detenidos desde mediados del año 1975, cuando la provincia estaba intervenida y en manos de una legión de funcionarios venidos de la provincia de Córdoba, todos expertos conspiradores para derrocar gobernadores democráticos. Todos participantes del "navarrazo", el golpe policial que había derrocado a Obregón Cano y su vicegobernador Atilio López (dirigente de la UTA), quien posteriormente cayera bajo las balas asesinas de la Triple A. Ahora estaban en Salta, depurando la provincia de cualquier atisbo de protesta, de participación, de organización popular. Y se encontraron con que había mucho de todo eso. Durante la gestión del gobernador Miguel Ragone el pueblo salteño participaba, estaba movilizado y organizado defendiendo al "doctor del pueblo".
Pero los tiempos habían cambiado violentamente, casi una perogrullada en esos días de vértigo político donde además, la vida era moneda de cambio cotidiana frente al compromiso militante por un proyecto de cambio, de liberación; tiempos violentos. En ese 1975 cayeron en operativos policiales de envergadura porque eran peligrosos, decían. Pasó ese año y llegó 1976 lleno de presagios oscuros, tenebrosos. Pronto, aun antes de la definitiva Noche y Niebla, cayeron más compañeros y compañeras.
El 11 de marzo de 1976 es secuestrado y nunca vuelto a aparecer el Dr. Miguel Ragone, el único gobernador detenido desaparecido. En la cárcel se enteraron con preocupación y consternación. Una de sus sobrinas estaba detenida allí. Y llegó el 24 de marzo, que cayó sobre ellos y sobre todo el país y ya nada será igual: las requisas, el aislamiento, el control de las visitas, los castigos y las intimidaciones, todo se extrema. Presagios.
La noche del 6 del julio todo estaba planificado, todo era previsible: el apagón repentino en el penal, la formación de los presos, el paso de lista. Los funcionarios penitenciarios, policiales y militares presentes allí estaban nerviosos, pero lo disimulan entre las penumbras que habitan por sobre los haces de linternas y reflectores. "Un paso al frente y dejen sus pertenencias", les dijeron porque iban a trasladarlos a otra cárcel. Entre las pertenencias que deja Celia Leonard de Avila están sus hijos, que quedan a cuidado de su hermana, Nora.
Después vendrán las burdas, increíbles explicaciones: durante el traslado a la altura de la localidad de Palomitas, a 5 km. de General Güemes, un comando guerrillero intenta rescatar a los presos, resultado: los 12 presos abatidos, ningún supuesto guerrillero herido ni muerto, ningún miembro de las fuerzas represoras herido o muerto, todos increíblemente ilesos, sus vehículos intactos. Nadie respondería a preguntas que a su vez nadie podía formular. No obstante se cree que en el operativo murieron otros cuatro más que hoy continúan desaparecidos y que fueron sacados también de una cárcel de Jujuy.
Ellos son: Benjamín Ávila, Celia Leonard, Evangelina Botta, José Povolo, Ricardo Savransky, Pablo Outes, Georgina Droz, María Amaru Luque, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, María del Carmen Alonso, sobrina de Ragone, y Jorge Turk.
Sus asesinos continúan aun hoy recorriendo los tribunales y algunos están detenidos.
La Masacre de Palomitas, 6 de julio 1976: Delitos de lesa humanidad. A 34 años de impunidad
El 6 de julio de 1976 el comunicado del Coronel Carlos Alberto Mulhall (Jefe del Destacamento Salta del Ejercito Argentino, dirigida al Juez Federal de Salta Ricardo Lona, informaba que "En cumplimiento de ordenes recibida por la Superioridad en la fecha se procederá al traslado hacia la ciudad de Córdoba de Evangelina Meneses Botta de Linares, Georgina Graciela Droz, José Víctor Povolo, Rodolfo Pedro Usinger, Norberto Luis Oglietti, Alberto Simón Savansky, Celia Leonard de Avila, Benjamín Leonardo Avila y María Amaru Luque. Quienes se encuentran también detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Oportunamente se le hará conocer el lugar donde permanecerán alojados".
La Masacre de Palomitas en Salta
Las once personas se encontraban detenidos en la Cárcel de Villa Las Rosas de la ciudad de Salta a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación en virtud de la Ley 20.840 que establecía penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones.
La patrulla militar a cargo del Capitán Hugo César Espeche Garzón retiró los presos del penal de Villa las Rosas para su traslado. Se los llevó hasta la salida de la ciudad de Salta, precisamente en el Portezuelo, en donde fueron entregados a otra patrulla militar y policial , entre los que estaban los militares Mayor Juan Carlos Grande y el Teniente coronel Miguel Gentil, para efectuar el supuesto traslado.
Al día siguiente , el mismo Mulhall, dio cuenta "que el día 5 de ese mes, en ocasión en que una comisión del ejército trasladaba a presos subversivos hacia la ciudad de Córdoba, fue interceptada y atacada por delincuentes, resultando muertos Alberto Simón Savranky, Leonardo Benjamín Avila y Raquel Celia Leonard de Avila, lográndose fugar José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Pablo Eliseo Outes, Evangelina Botta de Linares o Nicolay, Rodolfo Pedro Usinger, Georgina Graciela Droz, Roberto Luis Oglietti y María Amaru Luque." Pero en otro informe del mismo militar relataba :" en el enfrentamiento armado resultaron muertos Alberto Simón Savransky, Leonardo Benjamín Avila, Raquel Celia Leonard de Avila, Rodolfo Pedro Usinger, María Amaru Luque de Usinger, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Jorge Ernesto Turk Llapur, mientras que se encontraban prófugos, Evangelina Botta de Linares o Nicolay y Georgina Graciela Droz."
Sin embargo , del supuesto enfrentamiento sólo se constató la muerte a quemarropa de nueve presos políticos en el Paraje Palomitas sobre la Ruta Nacional 34 a 25 km de la localidad de Gral. Guemes en la provincia de Salta..Ni un efectivo militar o policial lesionado ni tampoco sus vehículos.
Lo cierto es que los jóvenes cuerpos de los presos políticos estudiantes y trabajadores presentaban en sus cuerpos impactos de balas y vestigios de haber sido golpeados : La psicóloga Amaru Luque de Husinger, la arquitecta María del Carmen Alonso de Fernández (sobrina del también desaparecido gobernador salteño Dr. Miguel Ragone junto a su esposo Rodolfo Usinger, el joven matrimonio de Celia Leonard y Benjamín Avila que acababan de recibir a su bebé en cautiverio, Pablo Eliseo Outes , padre de tres hijos pequeños , los estudiantes Roberto Luis Oglietti, José Póvolo y Alberto Sabransky. Mientras que los cuerpos de la psicóloga Evangelina Botta de Nicolay y la docente universitaria Georgina Droz jamás fueron encontrados .Ambas habían denunciado las torturas y vejámenes de que habían sido objeto al ser apresadas.
La masacre de Palomitas forma parte del horroroso mapa del genocidio perpetrado en la República Argentina desde la estructura estatal .Estructura de poder cívico militar que en muchos lugares, como es el caso de la provincia de Salta permanece intacta y los asesinos impunes.
Justicia y masacre
Es casi un automatismo perverso de la sociedad argentina. Toda vez que -desde la Justicia– se avanza sobre los responsables de los crímenes de la dictadura militar, reaparecen, por algo, por alguien, por el modo que sea, los nombres de Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, la ex conducción de Montoneros. El mecanismo es tan tosco, tan torpe que ya llega a la ofensa. Se cree, en última instancia, que somos todos idiotas (o infinitamente idiotizables) y podemos seguir siendo manipulados por esa teoría de los "dos demonios" que abre el "Nunca Más", en su prólogo, con la siguiente frase: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda". La interpretación es muy efectiva porque declara la inocencia de "la Argentina", y de "los argentinos", quienes fueron "convulsionados" por algo que, parece, les ocurrió y con lo que nada tenían que ver: "un terror". Uno solo, el mismo, con la mera diferencia de la procedencia ideológica. Entre esos dos extremos, azorada, esencialmente inocente, la convulsionada sociedad argentina se encontraba prisionera. Un par de líneas después el "Prólogo" aclara algo: "A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos". Este texto es útil porque niega algo que asomaba en el primero: el concepto de "guerra" o -aún más– el de "guerra civil". Está claro –aunque volveremos sobre esto– que si los delictivos "terroristas de la extrema izquierda" fueron atacados por un Ejército Nacional que tenía "el poderío y la impunidad del Estado absoluto" aquí lo que hubo fue una masacre (miles de seres humanos asesinados) y no una guerra. De modo que si bien el "Nunca Más" (su Prólogo) comienza equivocándose gravemente con el tema de los dos extremos y el único terror (un terror) permite luego enfocar más rigurosamente la cuestión al introducir los conceptos de "Estado", "impunidad", "poderío" y señalar –algo central en esta cuestión– la desaforada cantidad de víctimas: "miles de seres asesinados". No fue una guerra. No fue una "guerra civil". Fue una masacre instrumentada desde el Estado y que cubrió a toda la sociedad argentina ubicada del centro a la izquierda.
Sin embargo, los obstinados protectores de la versión que postula a un Ejército excesivo en la represión pero enfrentado a un aparato guerrillero temible, desenfundan el tema de la "guerra", del "enfrentamiento" o de "los otros demonios" no bien la Justicia va en busca de los perpetradores de la masacre. ¿Es casual que "reaparezca" Firmenich cuando se han derogado las leyes que protegían a los masacradores? No lo es. Se nos está diciendo: "Aquí están ‘los otros’. Que la sociedad no los olvide. Si se condena a ‘unos’ hay que condenar a ‘los otros’ porque, lo que aquí ocurrió, fue una guerra entre dos bandos extremos". De modo que no bien leemos en los diarios la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida reaparecen la máscara siempre sonriente de Firmenich o las caras de los otros dos jefes del "demonio" montonero, Perdía, Vaca Narvaja. Bien, seamos claros: este es un perverso mecanismo ideológico destinado a alivianar las culpas de los masacradores señalando las de los jefes de un sector de los masacrados. Ya no les queda más que aceptar que se enjuicie a los responsables de la masacre argentina. Ha sido, esa masacre, de modo ilevantable, incluida universalmente entre las grandes masacres del siglo XX, les guste o no a los abogados y comunicólogos al servicio de la teoría de la "guerra civil" que, desde luego, sólo podía ser "sucia" y al ser "sucia" no podía sino ser excesiva. Con lo cual, según vemos, la teoría de la "guerra" apunta a exculpar por completo a los masacradores. A sacarlos de donde están: de la historia de las grandes masacres del siglo XX. Y a colocarlos donde desean: hombres que lucharon en una guerra civil contra un adversario temible y que, si acaso se excedieron en sus métodos, lo hicieron, en última instancia, para salvar al país en una guerra que "ellos no habían buscado". Así, no vamos a perder el tiempo en discutir si el inefable Pepe Firmenich fue un servicio o un agente de la CIA y envió a la muerte a los milicianos de las delirantes contraofensivas del ‘79 y el ‘80. Se trata de otra cosa.
Aquí hay un solo demonio. No hubo una guerra. Hubo, con la excusa de reprimir a un aparato de guerrilla urbana en franco desbande, un plan de alto rigor y de implacable metodología que consistió en asesinar o desaparecer (modalidad del asesinato que resta –ante el mundo– como distintiva de la Junta argentina, al punto que "desaparecido" se dice sencilla y directa y estremecedoramente en español o, más exactamente, en "argentino" en los idiomas extranjeros) a todos aquellos que se oponían o podían oponerse al sistema económico, social y político que la Junta -acompañada por sus numerosos cómplices civiles– vino a instaurar. Frente al Ejército argentino no hubo otro ejército. Frente al Estado no hubo otro Estado. Guerra civil fue la de Estados Unidos en el siglo XIX: el Norte manufacturero contra el Sur de la esclavitud y el monocultivo. O la española: los fascistas y los republicanos. O las nuestras del siglo XIX: Facundo Quiroga ocupaba provincias enteras, tomaba poblaciones; el federalismo de la Confederación Urquicista (que se enfrenta al Buenos Aires de Mitre) gobernaba en Paraná y tenía sus aliados en todo el interior mediterráneo. Mitre luchaba desde Buenos Aires. Eso es una "guerra civil". No una masacre en la cual de un lado mueren cientos y miles de personas y del otro casi ninguna. Pero el accionar solitario, sin bases, torpe y soberbio del ERP y los Montoneros entregaba –por medio de algunas acciones a lo sumo espectaculares– el "clima" que el poder masacrador requería para justificar la masacre. Y la masacre se produjo. Pilar Calveiro, que escribe sobre ella con la serenidad y el rigor con que Primo Levi escribe sobre Auschwitz, puntualiza: "Entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentración-exterminio, distribuidos en todo el territorio nacional (...) Se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20 mil personas, de las cuales el 90 por ciento fueron asesinadas" (Poder y desaparición, Editorial Colihue). ¿Alcanza con llevar a la primera plana de los diarios la carota sonriente del Pepe Firmenich para tapar esto? ¿Quiénes eran esas 20 mil personas? Los militares argentinos lo dijeron. Lo confesaron abiertamente. En mayo de 1977 lo declara Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después (...) a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanezcan indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos". El 4 de diciembre de 1976, Lambruschini, almirante, señala la presencia de la subversión en "la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión". El 9 de mayo del ‘78 (¡a días del Mundial del gauchito!) Luciano Benjamín Menéndez, general, declara: "La guerrilla, como todos sabemos, no sólo actúa en el campo militar sino que se infiltra y destruye y corrompe distintas áreas del quehacer comunitario". Luego, las enumera. Y Jaime Smart (ministro de Justicia de Saint Jean y ministro de la policía de Ramón Camps) lanza una paranoica proclama contra la subversión ideológica que incluye hasta a los "profesores de todos los niveles de la enseñanza" (La Nación, 12 de diciembre de 1976). Sólo desde esta desaforada ampliación del espectro represivo se entienden las cifras de la masacre. Subversivos terminaron siendo todos. El principio persecutorio (esto lo analizó Theodor Adorno en uno de sus escritos sobre Auschwitz) es "insaciable". Ni siquiera están a salvo quienes pertenecen al grupo perseguidor. El obstinado doctor Smart (en esas declaraciones de diciembrede 1976) se jactaba de haber "reequipado a la policía bonaerense": había invertido más de 1.500 millones de pesos en los últimos ocho meses, con lo cual, decía, "se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres". Saquen de los diarios la foto del estólido Pepe Firmenich. Este país necesita saber cosas más importantes. Lo que se requiere saber: cómo y cuándo y (sobre todo) por qué serán finalmente juzgados los responsables de la masacre desaparecedora.
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