El día 6 de Julio de 1976, tuvo lugar en Salta la Masacre de Palomitas, ocurrida cuando un grupo de presos y presas políticos fueron sacados durante un apagón intencional en el Penal de Villa Las Rosas, trasladados en forma violenta y posteriormente asesinados a mansalva a un costado de la Ruta Nº 34, en un paraje conocido como Palomitas (Departamento General Guemes), a más 30 de km. de la capital salteña. La Masacre de Palomitas es en uno de los hechos más aberrantes producidos por la dictadura militar.
Los hechos
El 6 de julio de 1976 en horas de la mañana el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió una citación del entonces jefe de la Guarnición militar Salta, Coronel Carlos Alberto Mulhall. En despacho del militar, Mulhall le informó que esa tarde se iba a proceder a un simple traslado, sin proporcionarle los nombres ni el número de los presos.
Fue así como a las 19.45 de ese día se presentó ante Pérez el capitán Espeche portando una orden escrita y la lista de los detenidos.
Enseguida se ordena no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos. También se ordena retirar de los lugares de acceso a todo el personal subalterno, permitiéndose que sólo los guardiacárceles afectados a los muros permanezcan en sus puestos.
El único documento escrito que se conserva es la orden de Mulhall, que obra en el expediente judicial iniciado en Salta. Las órdenes verbales fueron corroboradas por la testigo Juana Emilia Martínez de Gómez, celadora del penal, y el oficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, Juan Carlos Alzugaray.
El grupo del Ejército estuvo compuesto íntegramente por oficiales, sin insignias ni distintivos. Todos se nombran entre sí a través de sus nombres de guerra. Antes de la llegada de los oficiales se apagan todas las luces del penal excepto las del lugar donde estaban los presos a trasladar. Hasta allí llega un grupo de guardiacárceles que entrega los once (11) presos a los militares que esperaban afuera, a oscuras, con linternas en sus manos. De acuerdo con las órdenes las personas desalojadas del penal debían sólo llevar lo puesto.
Mientras esto ocurría en Villa las Rosas, aproximadamente a las 20 horas de ese 6 de julio en la altura entre Güemes y Salta, entre Cobos y el cruce, se encontraba apostada una patrulla que realizaba controles vehiculares. Al ser detenidos un Torino conducido por Héctor Mendilaharzu y una camioneta F-100 a cargo de Martín Julio González, quien viajaba con un hermano, los miembros del grupo los sacan de los vehículos diciéndoles que son del ERP y que necesitaban los coches para un operativo de rescate, procediendo a amordazarlos y a maniatarlos, obligándolos a permanecer dentro de un monte por espacio de dos horas.
Al día siguiente, 7 de julio, los vehículos fueron devueltos cerca del paraje denominado Palomitas, sobre la ruta 34, a 25 kilómetros de Güemes. Todos presentaban marcas de balas y los asientos manchados de sangre. En uno de ellos inclusive se encuentran restos de masa encefálica y parte de una falange. La camioneta es devuelta totalmente quemada. Ninguno de los vehículos presentaba señales de colisiones. En el lugar donde estaba la camioneta quedaron numerosas manchas de sangre y cápsulas de bala servidas.
Toda la documentación de la comisaría de Güemes desapareció con anterioridad al 8 de julio. Por otra parte se habló de un feroz enfrentamiento porque elementos guerrilleros emboscaron a la patrulla que conducía a los presos pero no se constató que ningún miembro del ejército haya sido lastimado, ni tampoco se pudo comprobar daños en los vehículos militares.
Los certificados de defunción realizados en Salta están firmados por un doctor Quintín Orué, un médico que nunca pudo ser identificado. Varias de las víctimas, en el momento de morir, se encontraban acostadas, y habían sido golpeadas. Los orificios de bala de los pocos cadáveres encontrados demuestran que los disparos fueron efectuados de abajo hacia arriba."
Días antes el Director del Penal de Salta, Brulio Pérez en una vista que les hizo, a las detenidas políticas les dijo que los militares venían "quinteando". Al preguntarle qué significaba eso, dijo textualmente: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco...al paredón...". (Testimonio de Graciela Lopez, sobreviviente a la Masacre de Palomitas)
Los asesinados fueron: Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.
A Raquel Celia Leonard de Avila le sustrajeron el bebe de sus brazos, y le fue entregado a su hermana Nora, que también se encontraba en la prisión.
Meses después los detenidos que quedaban en el Penal Villa Las Rosas fueron trasladados a distintas unidades, y las mujeres a la Cárcel de Villa Devoto.
El laberinto de Palomitas
Hablar de Palomitas involucra transitar por un laberinto cuya preservación obedece a múltiples factores. El hermetismo autoimpuesto por los militares y permitido por nuestro Estado de Derecho aún cuando negaron las garantías del juicio a sus víctimas del Terrorismo de Estado; el complejo de familiares de las víctimas que bregan por la verdad pero se resisten a reivindicar el derrotero revolucionario de los asesinados; una justicia federal conservadora que inclina el fiel de su balanza según los oleajes políticos y el progresivo desinterés de una ciudadanía a la que nunca se le explicó en detalle las causales del exterminio en general ni el móvil de la masacre en particular.
Para la navidad de 1975, los militares tenían diseñado el plan de exterminio y bajo su mando operativo a las fuerzas policiales provinciales. A diferencia de las anteriores dictaduras, ya habían decidido que no blanquearían a los detenidos políticos y que los mismos serían ejecutados en la clandestinidad y luego sepultados en fosas comunes, arrojados al mar, quemados o dinamitados. También, contemplaron la represalia para con los atentados terroristas de ultraizquierda. Tal vez en estos espasmos violentos mostraron su cara más feroz, y Salta los padecería en el invierno próximo cuando a habían tomado la suma del poder público.
En el marco de hostilidades programadas desde la clandestinidad por Montoneros, el 2 de Julio explotó una bomba en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal provocando 18 Muertos y 66 heridos. Una concepción militarista de la política los llevaba a conmover a las fuerzas armadas con atentados para quebrar el silencio informativo de los medios adictos al régimen. La reacción de las juntas se diversificaría y, mientras se reformó de inmediato el Código Penal instaurando la pena de muerte por fusilamiento –que nunca se animaron a aplicar-, los comandos nocturnos que “desaparecían” a sus víctimas responderían, esta vez, casi con idénticos términos.
En siete días se registraron 95 muertos en todo el país. Entre el 1 al 4 de Julio abatieron en cuatro procedimientos a siete personas en Córdoba y Tucumán. El 2 aparecía el cadáver del radical Angel Gerardo Pissarello en la ciudad de Santiago del Estero. El 4, el Grupo de Tareas 3.3.2 que actuaba bajo las órdenes de Emilio Eduardo Massera asesinaría en la Parroquia de San Patricio de Buenos Aires a tres curas palotinos y dos seminaristas. Las paredes del lugar fueron pintadas con leyendas que dejaban en claro que se trataba de una venganza por el ataque a la Policía Federal.
Entre la noche del 5 y la madrugada del 6, en el paraje “Palomitas” fueron acribillados Pablo Eliseo Outes, José Victor Povolo, Leonardo Benjamín Avila y su esposa Raquel Celia Leonard de Avila, María del Carmen Alonso de Fernández, Rodolfo Pedro Usinger con su esposa María Amarú Luque y Roberto Luis Oglietti. Evangelina Botta de Nicolay y Georgina Graciela Droz habrían sido dinamitadas dentro de un automóvil. Los genocidas también asesinaron al abogado jujeño José “Dumbo” Turk Llapur.
El mensaje se dirigía no solamente a “Montoneros” sino a todas las expresiones guerrilleras. Aún cuando algunas víctimas plantean el azar como criterio de selección –el “quinteo”- lo cierto es que la inteligencia militar eligió cuidadosamente las víctimas. Ubaldo Bujovich Villa y Juan Carlos Jones Tamayo eran oficiales que visitaban asiduamente a los presos políticos en el penal de Villa Las Rosas y elevaban informes al Teniente Coronel Osvaldo Mario Baudini y al capitán Rodolfo Aguilar Zapata, quienes mandaban en el Batallón de Inteligencia 143, con base en Salta.
Los estudios de inteligencia los caracterizaban como integrantes de agrupamientos ilegales y les adjudicaban participación en operaciones militares. También habían resultado peligrosos para el gobierno peronista isabelino que los persiguió y encarceló un año antes del fusilamiento. Los legajos que terminarían condenándolos, en no pocas oportunidades se confeccionaron con intervención de fundamentalistas, paranoicos y hasta extorsionadores como el ex jefe de la delegación salteña de la Policía Federal, Ernesto Federico Livy.
Sabransky, Usinger, Luque y Droz militaban en Montoneros. El primero era médico y fue detenido el 17 de Febrero de 1975. Junto a Héctor Guillermo Soria y Néstor Sergio Medina estaba acusado de planificar atentados contra el Interventor Alejandro Mosquera, el interventor del PJ Oscar Valdéz y el Intendente de Salta Juan Carlos Márquez Sosa.
El ingeniero electrónico Rodolfo Pedro Usinger cayó preso el 5 de Marzo del mismo año y la versión oficial le adjudicó el intento de secuestro de Luis María Patrón Costas, ex capitán de Inteligencia del Ejército e hijo del conservador Robustiano Patrón Costas. Con él cayeron Graciela Matilde López de Medina y Raúl del Valle Pérez Hansen.
La policía y el ejército los vinculaba con Georgina Droz que había sido cesanteada el 24 de diciembre de 1974 de la Universidad Nacional de Salta. En los primeros días de Abril esta docente fue detenida en Tucumán, con el dirigente nacional montonero Roberto Rufino Pirles en un depósito con ametralladoras, pistolas calibre 11.25, carabinas automáticas y revólveres. Estuvo presa primero en la Policía Federal en donde fue torturada, luego en el Buen Pastor y finalmente en Villa Las Rosas.
María Amarú Luque fue detenida en el Hotel Provincial junto a Alicia Fernández Lowel, esposa del diputado nacional Guillermo Arrué, a quien buscaron en Corrientes. Días antes habían atentado contra el Ingenio Ledesma y durante la huida asesinaron al comisario Hugo Salomón Guerra y al oficial principal Herminio Francisco Alvarez en un enfrentamiento en el paraje jujeño “El Quemado”. Las torturas a las que fueron sometidas determinarían la muerte de Ramón Antonio Díaz y René Esteban Locascio que caerían el 19 de Abril bajo las balas de la policía en una vivienda de Villa San Lorenzo. Esa mañana, la represalia había cobrado las vidas de José Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñan y Ricardo Tapia, todos militantes del Frente Revolucionario Peronista que no habían participado del ataque en Ledesma.
Oglietti, Botta de Nicolay, José Povolo, Alonso de Fernández, Avila y Leonard estaban enrolados en el ERP y padecerían el cautiverio desde fines de Junio. Se les atribuía desde el reparto de panfletos hasta el atentado contra Mosquera, la colocación de una bomba contra un vehículo policial y la tenencia de una pistola calibre 45 y 10.000 proyectiles de FAL.
Botta era psicóloga y se había llegado a la provincia desde Santa Fe. Con el tiempo la vincularían con una casa de la calle Juan Martín Leguizamón nº 2.026 comprada por Norma Soledad Spaltro con fondos del ERP y en la que la Policía Federal encontró en 1991 un arsenal subterráneo. Los medios periodísticos informaban sin mayor rigor investigativo que era “comisario político de Montoneros”. Su esposo Francisco Antonio Nicolay había sido adiestrado militarmente en Cuba y estuvo prófugo hasta que el 1 de Junio fue secuestrado en una reunión del PRT realizada en Ledesma (Jujuy). Los militares se ensañarían aplicándole cuatro sesiones diarias de tortura que incluían picana eléctrica en los genitales, golpes por todo el cuerpo, arrancamiento del cuero cabelludo y amenazas a sus hijos.
La venganza también devoró a Roberto Oglietti, que integraba el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y vivía en una residencia estudiantil con Eduardo Tagliaferro. Menos de un mes antes había designado como defensor al radical Angel Pissarello.
Povolo, era comerciante independiente, tenía 28 años y a pesar de su militancia erpia estaba sindicado como comandante militar e instructor de tiro en “Montoneros”. Alonso era arquitecta y concentraba el odio militar por ser sobrina del desaparecido ex gobernador Miguel Ragone y su amistad con Mario Roberto Santucho.
Avila contaba con 36 años y era vendedor. La inteligencia del ejército le imputaba traslado de información y armamento a Manchalá durante el ataque guerrillero ejecutado el 29 de Mayo de 1.975. Su esposa Celia Leonard era maestra.
María Elena Mateo y el abogado Jorge Turk Llapur habían participado de charlas y reuniones del PRT y ella era amiga de los hermanos Arabel, asesinados en Ranelagh la semana anterior al golpe. Se habían casado el 15 de Noviembre de 1974. El viernes 28 de Mayo del ´76 personal uniformado le dejó una citación a “Dumbo” en su estudio jurídico por lo que se presentó a la Policía de la Provincia de Jujuy y quedó detenido. El 1 de junio de 1976 fue trasladado al Servicio Penitenciario, día en el que también ingresó Dominga Alvarez de Scurta. Ambos figuran como supuestamente liberados el 10.
Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela. De regreso, el 2 de Noviembre de 1975 se presentó detenido ante la Policía Federal a las 2,30 de la madrugada en compañía de Ricardo Lona. En 1962 había repudiado la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Había alcanzado una banca de diputado por el radicalismo y luego emigró al FRP. Vinculado al robo de una tonelada de explosivos de la empresa Minetti a mediados de los sesenta, fue detenido antes de la intervención federal de Salta de 1974 acusado de planear un atentado contra el Ministro de Educación Ivanissevich, copar la guarnición militar y organizar un rescate de los detenidos. Días antes había recibido en el aeropuerto “El Aybal” los restos de Hugo Aníbal Puggioni (FRP), asesinado en septiembre en Buenos Aires por la “Triple A”.
Los once fueron dispuestos para un traslado a la ciudad de Córdoba por orden de Luciano Benjamín Menéndez, que fue ejecutada por Carlos Alberto Mulhall y contó con el conocimiento e intervención del Tte. Cnel. Miguel Raúl Gentil, de los Mayores Joaquín Cornejo Alemán, Héctor Ríos Ereñú y Juan Carlos Grande y del Capitán Hugo César Espeche, a cargo de la logística.
El operativo contaría con la participación de la policía provincial que apoyó la acción del robo de los vehículos que luego aparecieron incendiados y balaceados en la escena. También tendrían la colaboración de personal penitenciario a cargo de Braulio Pérez que obscurecería el penal y permitiría el despliegue de militares sin insignias que los cargaron en un camión.
Al llegar al paraje Palomitas los reclusos fueron obligados a descender del camión en que viajaban. Puestos en hilera frente a los alambrados de una finca que da a la ruta fueron ejecutados. El cadáver de Avila muestra un disparo en el mentón y tres en la nuca. A Outes le dispararon con una Itaka en el pecho a menos de un metro y medio de distancia, lo que impidió que las municiones se desperdigaran. La saña los animó a vaciar los cargadores de sus armas sobre el cuerpo de todas las víctimas. Otro intentó fugarse, pero las balas fueron más veloces. Georgina Droz y Evangelina Botta habrían sido separadas del resto y luego dinamitadas en el interior del Torino secuestrado al contador Héctor Mendilaharzu.
Los militares iniciarían de inmediato la torpe secuencia distorsiva que comprendió el reparto de cadáveres en Pampa Vieja y Tucumán, el robo de otro auto en General Güemes y la limpieza del lugar. Los policías recogerían en una bolsa de arpillera más de 200 cápsulas servidas de 9mm y FAL que permanecería en la comisaría por varios días.
Improvisarían pasadas las 22, cuando un comando de tres personas con armas cortas le robó el taxi a Antulio Blanquez para luego simular otro enfrentamiento en la localidad de Pampa Vieja (Jujuy). Los cuerpos del matrimonio Usinger, de Oglietti y Dominga Alvarez de Scurta finalmente serían hallados en Yala. Los restos del matrimonio Avila y Sabransky fueron colocados dentro de los automóviles y los de Outes, Povolo y María del Carmen Alonso aparecieron en la Provincia de Tucumán, fraguándose un enfrentamiento en el paraje Ticucho.
La respuesta desmesurada del ejército tendría continuidad inusitada. La noche del 12 de Julio el estampido de armas de fuego despertó a los vecinos de Metán. Alrededor de las cuatro, en el centro de la plaza principal se halló el cadáver del ex diputado y profesor Luis Eduardo Risso Patrón, con los ojos vendados y 47 impactos de bala. Repitiendo el modus operandi, cuatro personas desconocidas asaltaron momentos después a dos automovilistas en la ruta 9 apoderándose de sus vehículos.
La información militar daba cuenta que militaba en el ERP y que el 30 de diciembre de 1974 había reunido en su finca a todas las organizaciones subversivas del país para ocupar Famaillá, Lules y Acheral, distraer a las fuerzas de seguridad del Ejército y desguarnecer el Regimiento de Infantería 19, el Departamento Central de Policía y la Cárcel Penitenciaria. Se especulaba con que buscaban la liberación de detenidos pertenecientes al ERP, FAR y Montoneros y el ajusticiamiento de altos oficiales del ejército que fueran vistos en los procedimientos antisubversivos. Ninguno de estos datos pudieron corroborarse.
Los cuerpos fueron entregados en operativos desplegados en los cementerios locales que les negaron a los familiares la posibilidad de acercarse y certificar la identidad de los cadáveres. En estos episodios bastardos sobresalía Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, uno de los oficiales que en 1.971 había recibido entrenamiento en contrainsurgencia en la “Escuela de las Américas”, ubicada en Panamá para adoctrinar a los oficiales latinoamericanos, pero financiada por los Estados Unidos.
El 29 de Julio de 1976, sintomáticamente, fueron confirmados en sus cargos Ricardo Lona, Vicente Massafra y José Javier Cornejo. Quizás un premio por la colaboración prestada en los ámbitos judiciales respecto de crímenes aberrantes.
Las masacres se reproducirían en otros lugares. El 20 de agosto de 1.976 un grupo militar ejecutaría en Pilar (Bs.As.) a 30 presos que se encontraban alojados en la Superintendencia de la Policía Federal. Cerca de las 4 de la mañana procedieron a maniatarlos y vendarles los ojos para luego dispararles en la cabeza. Luego los amontonarían y los dinamitarían esparciendo sus restos en un radio de aproximadamente cien metros.
El 17 de octubre de 1976, siete detenidos fueron trasladados de la ochava de San Lorenzo y Dorrego hasta un conetón de 20 metros existente en Los Surgentes, en la provincia de Córdoba. Fueron bajados de los vehículos militares y luego fusilados. Los verdugos dejaron desperdigadas las cápsulas servidas que luego se llevarían algunos niños de recuerdo. Los cadáveres fueron transportados al Hospital San Roque y luego se enterraron en una fosa común en el cementerio de San Vicente de la capital.
El 13 de diciembre de ese año se aplicó nuevamente la “Ley de Fuga” y en tránsito desde la ciudad de Resistencia hasta Formosa, en “Margarita Belén” sobre la Ruta 11, fueron asesinados veintidós jóvenes que en su mayoría militaban en Montoneros y se encontraban detenidos en la cárcel chaqueña de Villa Libertad. Llevaban meses de aislamiento y algunos de ellos habían participado el 5 de Octubre de 1.975 en el ataque al Regimiento 29 de Formosa.
Estos antecedentes permiten afirmar que la justicia federal no ha logrado reconstruir el mapa represivo en la provincia, restringiendo el reproche sobre la virtualidad del dominio que tenían cada uno de los jefes militares. No se detectaron a los ejecutores materiales ni se atravesó el blindaje militar hasta comprometer a los oficiales de inteligencia. Precisamente ellos, que sistematizaron la persecución ideológica; estudiaron el derrotero de los militantes revolucionarios y escarbaron en la intimidad de la sociedad toda; planificaron cada secuestro o asesinato e intervinieron en la extracción de información mediante la tortura; no se encuentran imputados en esta causa ni fueron responsabilizados por otros crímenes aberrantes.
Carta de Graciela López desde México, sobreviviente de la masacre
Quiero compartir con ustedes el volver a sentir el vacío que la tragedia ha dejado en nuestras vidas: la Masacre de Palomitas con nuestras ex compañeras de prisión en Salta.
Treinta años, sí 30, ese es el tiempo que ha transcurrido desde aquella noche de invierno en que sacaron a nuestras compañeras del pabellón donde yo estaba con ellas.
Esa imagen recortada que conservo, donde primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban.
Así, con lo que llevaban puesto dentro del pabellón, sin más abrigo para protegerse del frío exterior desaparecieron ante nuestras miradas impotentes y nuestras preguntas, que quedaron sin respuesta ¿Adónde las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Cuándo regresan?
Traslado…traslado…traslado fue lo que escuchamos al día siguiente.
Todas, absolutamente todas, sabíamos lo que eso quería decir: MUERTE.
Días antes Braulio Pérez, entonces director de la cárcel, acompañado de su hijo y otros carceleros, en una de sus habituales visitas a nuestro pabellón nos había dicho mientras sonreía cínicamente -los militares vienen quinteando-y qué quiere decir eso? le preguntamos, y respondió con otra sonrisa -uno, dos, tres, cuatro, cinco… al paredón…
Ese paredón fue el de Palomitas: allí las cinco compañeras, Georgina Droz, Evangelina Botta, Chiche Ragone, Amaru Luque de Usinger, Celia Leonard de Avila junto con siete compañeros Alberto Zabranski, Rodolfo Usinger, Leonardo Avila, Pablo Outes, Jose Povolo, Roberto Oglietti. Lo supimos de inmediato.
Al día siguiente lo confirmamos.
Había dentro del penal algunos empleados sensibles, gente que aún no se había deshumanizado y que no querían avalar el crimen. Ellos rompieron el silencio. Conocimos detalles, de cómo los sacaron, de cómo los obligaron a salir del vehículo para simular un intento de fuga, de cómo fueron cayendo uno a uno entre ráfagas de ametralladoras que rompían el silencio de la noche.
Hasta me describieron cómo mi querida amiga y compañera Georgina cayó sobre un alambrado…allí quedó hasta que desaparecieron su cuerpo para nunca entregarlo a su familia. ¿Dónde quedaron tus huesos Georgi? Porque tu corazón sigue latiendo con el nuestro. Y así latirán por siempre esos 12 corazones en nosotros que tuvimos el privilegio de compartir los últimos meses y días de sus vidas. Y también latirán en sus hijos y en los hijos de los hijos. No latirán para atizar la hoguera de la venganza sino para buscar justicia y para perpetuar los ideales que ellos encarnaban.
Si ellos estuvieran hoy aquí, si no hubieran sido torturados y asesinados, si no hubiera 30000 desaparecidos, miles de exiliados, de hijos huérfanos y de padres huérfanos de sus hijos, de hermanos, compañeros y amigos huérfanos, ¿cómo sería nuestra patria? No lo sé exactamente, sería diferente claro, pero sería mejor de eso no tengo dudas, no sólo porque todos y cada uno de ellos habría ayudado a construirla sino porque si ellos estuvieran hoy aquí no habría genocidas y torturadores que perseguir, no habría asesinos encubiertos compartiendo espacios de estudio y de trabajo, no habría hijos educados por padres asesinos o cómplices de asesinos, entonces, no tengo dudas de que nuestra sociedad sería mejor.
Gracias compañeras por conservar la memoria, gracias por recordar el nombre de los que no están, gracias por seguir en pie.
Un abrazo fuerte, con todo el cariño que ha crecido en el dolor de estos 30 años y con la alegría de no habernos convertido en ellos.
Graciela López
sobreviviente
México.
Luciano Benjamín Menéndez tuvo que huir bajo una lluvia de huevos
"¡Traidores, viva la Patria!", gritaron desde el interior del automóvil donde se refugiaba Luciano Benjamín Menéndez. En la calle, un grupo de familiares de víctimas de la represión abucheaba al represor. El vehículo se retiró bajo una lluvia de huevos. El escrache ocurrió ayer, en la puerta del Juzgado Federal de Salta, donde el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército fue citado a declarar por la masacre de Palomitas. Era la primera vez que Menéndez debía dar explicaciones por este hecho y se negó a declarar.
Al igual que en otras oportunidades, desconoció la justicia civil y sostuvo que sólo aceptará ser juzgado por un tribunal militar. Tal desconocimiento no impidió a su abogado defensor, Miguel Escudero, solicitar al juez para su cliente el beneficio de la prisión domiciliaria. El represor, mayor de 70 años, cumple en la actualidad arresto bajo ese régimen, por otra investigación por cuatro desapariciones. Por eso ayer lo trasladaron a Salta en calidad de detenido y con custodia policial.
Menéndez está implicado en la masacre de Palomitas por su posición en la cadena de mandos, dado que la Guarnición del Ejército Salta, que ejecutó los crímenes, dependía del III Cuerpo de Ejército donde él mandaba.
Los asesinatos ocurrieron en julio de 1976, cuando la dictadura fusiló a 12 presos políticos detenidos en Salta. Ocho de los doce asesinados tenían causa judicial. Habían caído en prisión antes del golpe militar y estaban alojados en el pabellón E del penal de Villa Las Rosas, una construcción relativamente nueva que alojaba solamente a presos políticos. Con la llegada al poder de la dictadura, sus condiciones de detención cambiaron drásticamente, ya que Menéndez dispuso que aquellos presos políticos a los que calificaba de subversivos debían estar aislados e incomunicados.
La noche del 6 de julio una patota del Ejército los sacó de la cárcel y los subió a un camión para llevarlos a la localidad de Palomitas, donde fueron fusilados. La versión oficial dijo que hubo un intento de fuga.
En la investigación judicial, a cargo del juez Miguel Medina, hay constancias de que la orden de traslado de los presos vino de "la superioridad" del jefe de la Guarnición Salta, el coronel Carlos Alberto Muhall.
Muhall está procesado en relación con este hecho, como así también quien retiró a los prisioneros del penal y los entregó a la comitiva que los llevaría a Palomitas, el capitán retirado Hugo Espeche.
Menéndez fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. En la década del ’80 estuvo a punto de ser juzgado en más de 700 acusaciones de homicidio calificado, tormentos seguidos de muerte, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y robo de menores. El indulto de Carlos Menem en 1989 permitió su sobreseimiento.
Tuvieron que pasar más de doce años para que la causa de Palomitas pudiera ser reabierta, luego de que el juez Medina y la Cámara de Apelaciones de Salta declararan la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida y el Punto Final. Aún así, todavía no hay una resolución de fondo, ya que la Corte Suprema debe expedirse sobre el tema.
Pecado y penitencia
En julio del ‘76 el frío era más cruel que en otros inviernos, por ese motivo la voz del director de la cárcel diciéndole a Pablo Outes que se abrigara, no resultó sospechosa. "Va a tener frío, no olvide su gorra", fueron las únicas palabras que se le escucharon decir a Braulio Pérez, un ex sargento del Ejército que dirigía el Servicio Penitenciario en la provincia de Salta. Pablo era un calvo hecho y derecho que se había afeitado la cabeza, en uno de los tantos intentos para que el pelo volviera a crecer con la fuerza de antaño. El viejo, como le decían a Pablo, era un veterano en el oficio de preso político. En 1962 siendo militante de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), fue uno de los manifestantes que repudiaron la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. El final de la protesta estaba cantado. Mientras Pablo iba en "galera", el cortesano del imperio pedía refugio en la alcoba de Magdalena Nelson de Blaquier, una aristócrata diez años mayor que el duque.
Los largos años de resistencia peronista fueron la causa de que Pablo rompiera con el radicalismo. Luego de un par de arrestos, adhirió al Frente Revolucionario Peronista que lideraba otro comprovinciano suyo, Armando Jaime. Pablo Outes provenía de una familia tradicional, dentro de la tradicional sociedad salteña. La militancia política lo atraía con un magnetismo al que no podía ni quería resistirse. Magnetismo que lo llevó, la mayoría de las veces, a vestirse con el traje de la oposición. Lo que en la historia de los 60 y 70 es casi lo mismo que decir de los perseguidos.
Cuando el embrujado poder del peronismo sin Perón llevó a su viuda, Isabel, a la cima del gobierno, Pablo ya estaba decididamente luchando por el antiimperialismo y por el socialismo. Lo detuvieron luego de que Isabelita decretara el estado de sitio a fines de 1974 y pudo salir del país utilizando el derecho de asilo previsto en el artículo 23 de la Constitución. Venezuela era un país muy lejano para un hombre que vibraba con los vinos salteños, su familia y la lucha política. En 1975 su calva se paseaba nuevamente por Valderrama y su sombra era seguida de cerca por los parapoliciales de Joaquín Gil, aquel hombre fuerte de la policía salteña precursor de la Triple A. Acorralado, y con la certeza de que si lo detenían nuevamente su futuro sería un asesinato lento y feroz, se presentó ante el juez federal Ricardo Lona. Ese juez, que en esa época recibió gran cantidad de denuncias por torturas, desapariciones y fusilamientos, se desempeña hoy como camarista de la justicia federal salteña, merced a la complicidad del poder político local.
Ricardo Lona, envió a Pablo otra vez a la cárcel, concretamente al pabellón E del penal de Villa Las Rosas. El pabellón era una construcción relativamente nueva y sólo alojaba a los presos políticos. Luego del golpe militar las condiciones de detención cambiaron drásticamente. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, había dispuesto que aquellos presos políticos, a los que calificaba de subversivos, debían estar aislados e incomunicados.
La noche del 6 de julio del ‘76, antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, una patota del Ejército comandada por un teniente de apellido Espeche, entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray –un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que, más por miedo que por otra cosa, renunció a la fuerza y se alistó como carcelero–, el oficial jefe de guardia, Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias. De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles "asesinos hijos de puta". Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. A principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible "operativo mantel blanco", en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos. Usinger quizá recordó ese mensaje y por ese motivo opuso toda su resistencia. Roberto Oglietti, José Povolo, Leonardo Avila, Rodolfo Usinger, Alberto Sabransky y Pablo Outes fueron llevados a las celdas de la planta baja.
El penal quedó a oscuras y el barrio lindero a la cárcel también. Como el silencio inundó todos los rincones, el ruido de los motores del camión militar se escuchó nítidamente. Los seis detenidos del pabellón E, fueron subiendo en fila india al camión que estaba estacionado en el campo de deportes. Antes habían subido María del Carmen Alonso, Celia de Avila, Georgina Droz y Amarú Luque de Usinger. Los responsables del operativo los seguían en otro vehículo, entre ellos el hijo del director del penal, que se sumó a la comisión militar. Cuando llegaron a un cruce de la ruta a Tucumán, en la localidad de Palomitas, al sur de la ciudad de General Güemes, todos los trasladados fueron fusilados. La explicación oficial fue la habitual: hubo un intento de fuga. El hijo del director del penal había comenzado a transitar un camino sinuoso, que lo llevaría a consagrarse de verdugo y que tuvo en este fusilamiento la piedra que definitivamente lo llevaría al abismo. La matanza fue tan traumática para él que luego del fusilamiento de Palomitas no hacía otra cosa que repetir los detalles del operativo. Un grupo de tareas lo secuestró y no se supo más de él. En el pecado estuvo su penitencia, diría el antiguo cura de su pueblo. Penitencia que el responsable de esa matanza, el general Luciano Benjamín Menéndez, todavía no cumplió.
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