¿Qué dirá la Federal?

Tan empeñosa la Policía Federal Argentina en su campaña contra la Policía Metropolitana, vía Página/12, Télam y El Argentino, y resulta que encontraron que toda una comisaría, en el barrio de Saavedra, estaba en la corrupción... ¿Solamente esa comisaría de la Federal?



Antes de ir al fragmento del diario La Nación, una pregunta: ¿Solamente una comisaría de la Policía Federal Argentina puede ser acusada de corrupción?


"El cabo 1ro. llegó a la fiscalía indignado. Sin vueltas, afirmó: "Vengo a denunciar al comisario de la seccional 49". Se refería a la comisaría de Saavedra y hablaba de hechos de corrupción.

Tras una compleja investigación, en octubre pasado el fiscal José María Campagnoli acusó de asociación ilícita y pidió la detención e indagatoria de ocho policías, entre ellos los jefes de la seccional 49ª, comisario José Carranza y subcomisario Fernando Echagüe. Pero ellos siguieron al frente de la comisaría tres meses más: sólo en enero último fueron pasados a disponibilidad. Y deberán declarar dentro de una semana.

Campagnoli los acusa de exigir dinero a comerciantes a cambio de protección, no detener a personas con pedido de captura y permitir que funcionaran negocios no habilitados.

El fiscal consideró que se estaba ante una asociación ilícita. "La prueba ha acreditado que, en algún momento, entre su asunción como jefe de la comisaría 49a., el 14 de enero pasado, y el inicio de esta investigación, Carranza se ha erigido en cabecilla de una verdadera banda dedicada al enriquecimiento de sus integrantes a partir de planes delictivos que el comisario y sus hombres, con funciones preestablecidas y específicas, ponían en marcha tan pronto como verificaban las circunstancias favorables para ello", sostuvo Campagnoli en su dictamen.

Saavedra, justamente, es uno de los barrios donde desde la semana pasada conviven la Policía Federal y la fuerza de seguridad del gobierno porteño.

Después de una serie de idas y venidas judiciales, el juez subrogante Carlos Bruniard, que primero declinó la competencia en el fuero federal, ordenó indagar a ocho uniformados, pero denegó el pedido de detención para los sospechosos al considerar que no existe "peligro de fuga". La resolución fue apelada por la fiscalía porque considera que en libertad los sospechosos podrían obstruir la investigación.

A partir del 16 de este mes comenzarán a ser indagados los imputados Carranza, Echagüe, el sargento Luis González, el subinspector Gabriel Bellusci, el cabo primero Cristian Ochoa, el suboficial Carlos Marcos, el subinspector Cristian Pavón y Jorge Altuna, que se desempeñaba como sargento pero por una causa judicial anterior, donde fue sobreseído en primera instancia, fue pasado a disponibilidad.

"En enero último la cúpula de la comisaría 49a. fue pasada a disponibilidad preventiva por la investigación judicial", explicaron voceros de la Policía Federal.

Para el fiscal Campagnoli y sus colaboradores, la forma de recaudar ilegalmente dinero estaba dividida en 3 capítulos:

> "las quintas",

> "las habilitaciones" y

> "la máquina de cortar boletos".

"Se considera 'quintas' a todos aquellos negocios legales o ilegales que tienen lugar en el ámbito territorial de la comisaría y de los que la organización deriva ingresos en forma ilegítima. En un sentido más estricto, las 'quintas' son los establecimientos -generalmente comercios- cuyos encargados entregan dinero a la jefatura de la seccional para contar con una vigilancia exclusiva", afirmó Campagnoli en el pedido de detención e indagatoria de los sospechosos.

Según el dictamen del fiscal, en las "quintas" de la comisaría 49a. adquirió un rol protagónico Altuna, porque era el encargado de coordinar la ubicación de los vigilantes de acuerdo con los mandatos del comisario Carranza y, en segundo lugar, de Echagüe.

Se sospecha, explicaron los investigadores, que sólo con las "quintas" se llegaba a recaudar entre $80.000 y $120.000 por mes. Según testimonios que constan en la causa, los comercios pagaban un mínimo de $1.500 y un máximo de $3.000 cada 30 días.

"La única parada de los vigilantes de la comisaría 49a. cuya ubicación no obedecía al pago de dinero al comisario era la de Arias y Machain", sostuvo el denunciante. En esa esquina está situada la fiscalía de Campagnoli. La lista de "quintas" incluye supermercados chinos, farmacias, restaurantes y estaciones de servicios, entre otros comercios.

"El cobro de dinero en las denominadas «habilitaciones» no corresponde a una vigilancia exclusiva, sino a la permisividad para con las irregularidades de una actividad o establecimiento. Los encargados de la recolección del dinero eran el sargento González, el subinspector Bellusci y el cabo primero Ochoa", según el dictamen fiscal.

Entre las habilitaciones figuran puestos callejeros de venta de CD y DVD, paradas de "trapitos", frigoríficos ilegales y una casa de armados y venta de computadoras a puerta cerrada, entre otros.

"En la jerga, 'el corte de boleto' significa cobrar dinero a cambio de permitir la circulación de aquel o aquello que debería ser detenido. 'El corte de boleto' generalizado en el seno de la comisaría 49a. no discriminaba entre mercadería en infracción e individuos con captura pendiente", afirmó Campagnoli."




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