Dictarura militar, traicion a los combatientes de Malvinas

El oro de Malvinas: cómo se esfumó la mayor colecta de la historia argentina

Las donaciones no se usaron para reforzar el armamento ni para proteger a los soldados del hambre y del frío. Los fondos fueron transferidos a cuentas de las Fuerzas Armadas. El oro se fundió y se subastó, pero hubo personas que reclamaron su devolución. Las bufandas terminaron en la basura.

Un militar, el vicecomodoro Juan Carlos Rogani, lo afirma sin pudor: "Se decidió que los objetos sin valor comercial fueran a la basura. Las cartas, los cuadritos, las bufandas no eran vitales, tendrían Prioridad Número 100. Despachar un Hércules para llevar esas cositas no valía la pena, no justificaba el costo de la operación". Una de las abuelas más generosas que tuvo la colecta por Malvinas, Blanca Celia Ortiz de Cogorno, suelta su pena: "Me sentí burlada, los alimentos y el abrigo que mandamos a los pobres muchachos que se morían de hambre y frío nunca llegaron a las islas". Manuel Solanet, el hombre que manejó las finanzas de la guerra, le pone fin a un secreto de Estado: "La recaudación definitiva en donaciones fue de 54 millones de dólares, casi el doble de lo que demandó la movilización de tropas por la ocupación de las islas, que costó 29 millones de dólares. Sin embargo, ese total apenas hubiera alcanzado para comprar un avión Mirage".

Documentos inéditos permiten reconstruir la ruta del oro que se juntó gracias a la ayuda de la sociedad. Se hicieron lingotes para subasta, pero fue demasiado tarde: la orden escrita para la fundición del material —que Clarín publica hoy— está fechada el 14 de junio de 1982, el día de la rendición ante las tropas británicas.

Son voces de la historia que por la edad de los protagonistas, la destrucción de archivos que ejecutó la dictadura y el silencio que amuralló las explicaciones sobre la derrota en la guerra iban camino al olvido, pero que el Equipo de Investigación intenta recuperar ahora, a 23 años del desembarco argentino en las Malvinas, que permitió recuperar la soberanía de las islas durante 74 días.

El 2 de abril de 1982 no sólo flameó la Bandera argentina en el territorio austral ocupado por los ingleses desde 1833. Despertó además una impresionante demostración de solidaridad de la gente, que se sacó los anillos, tejió medias y pulóveres, escribió mensajes de aliento y puso sus ahorros a disposición de la guerra. Fue la mayor colecta de la historia argentina. Astor Piazzolla donó un bandoneón. Juan Manuel Fangio y Carlos Monzón compraron entradas para eventos benéficos. Guillermo Vilas no jugó en Wimbledon y puso 200 millones de pesos (2 mil dólares). Mirtha Legrand organizó un desfile con Moria Casán y Susana Giménez como estrellas principales. Fillol, Olguín, Galván, Passarella y Tarantini; Ardiles, Gallego y Maradona; Bertoni, Ramón Díaz y Kempes donaron la recaudación completa de un partido de la Selección. León Gieco, Charly García y Luis Alberto Spinetta juntaron 50 camiones de abrigos y alimentos en el Festival de la Solidaridad. Fueron tres meses de donaciones continuas. Hasta en las escuelas se colocaron urnas, vedadas por entonces a la participación electoral.

Pero el esfuerzo colectivo chocó contra lo incomprensible: los víveres no llegaron a tiempo a los soldados congelados en las trincheras. La confianza de la gente quedó herida para siempre.

No hubo sanciones, nunca se encontraron irregularidades burocráticas en la utilización de esos fondos y ningún funcionario fue imputado por delito alguno. Lo dijo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en 1988. Y fue la única averiguación que realizaron las instituciones de la democracia, con seis años de demora y en base a la denuncia de una fundación —Héroes de Malvinas— que ni siquiera tenía personería jurídica. Aflora la inquietud: ¿fue aquello una operación limpia o un saqueo a la buena fe? ¿Hubo una adecuada rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo fallaron los jueces que, luego de la guerra, recibieron pedidos de restitución de donaciones?

Manuel Solanet fue el secretario de Hacienda entre 1981 y 1982, número dos del ministro de Economía, Roberto Alemann, y responsable de las finanzas de la guerra. Se había jurado guardar silencio durante 25 años, un plazo que algunos países consideran razonable para revisar momentos especiales de su historia. Pasaron 23 años, Clarín igual lo fue a buscar, y Solanet habló: "No es difícil convocar a teorías conspirativas, pero, en este caso, hubo un registro y una cuidadosa contabilidad de todas las donaciones recibidas y un detalle de los destinos del dinero: los tres comandos militares y la gobernación de Malvinas. Ahora, cómo lo gastaron las Fuerzas Armadas es una contabilidad que yo no he visto, aunque lo deben tener registrado".

El Ejército, por toda explicación, difundió un comunicado en agosto de 1982, donde afirmaba que, de los 139 mil millones de pesos que recibió, el 53 por ciento fue destinado a medicamentos y equipamiento hospitalario, el 23 por ciento se usó para la compra de repuestos para equipos de combate y el 24 por ciento restante fue para la compra de combustible, calentadores y vestuario especial.

La conversación con Solanet se realizó en un edificio de Retiro, equidistante del Monumento a los caídos en la guerra de Malvinas y de la Torre de los Ingleses. Sobre la mesa, Solanet apoyó los documentos, en su mayoría inéditos, que permiten conocer nuevas precisiones sobre una etapa histórica relatada hasta hoy en forma incompleta (ver Las nuevas pruebas...).

Por teléfono aceptaron hablar el vicecomodoro Juan Carlos Rogani, gerente de Planeamiento y Control de Gestión de Argentina Televisora Color entre 1976 y 1983, y responsable de custodiar las donaciones de la gente al programa especial de televisión del 9 de mayo de 1982; y el general Gerardo Núñez, comandante de Intendencia del Ejército durante la guerra y pieza clave en la cadena de abastecimiento de las islas. Además, se recogieron testimonios de donantes que se sintieron defraudados y se tuvo acceso al expediente completo de la investigación que realizó la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. El resultado del trabajo permite responder preguntas decisivas en esta historia:

¿Qué pasó con el oro que donó la gente?

Las piezas se fundieron en 73 lingotes en la Casa de Moneda. Pesaban 141 kilos. Con ellos, se hicieron subastas en el Banco Ciudad y el dinero resultante fue depositado en el Fondo Patriótico. Renato Vaschetti, un empresario vitivinícola de Rosario —ya fallecido—, fue el único que logró recuperar los tres kilos de oro que había donado. Su reclamo ante la Justicia se basaba en "los inciertos destinos" que tuvieron las donaciones. En mayo de 1984, le devolvieron las mismas barras que había entregado, con la inscripción de un banco suizo.

¿Qué pasó con los abrigos tejidos por voluntarias?

No llegaron a las islas. Según el vicecomodoro Rogani, los elementos "sin valor comercial" terminaron "en la basura", porque era muy caro y peligroso enviarlos a destino, sobre todo con la interrupción del puente aéreo con el continente por las acciones enemigas. Muchas prendas fueron desechadas porque su colorido "llamaría la atención del enemigo", explicó el general Núñez.

En un informe de circulación restringida, Solanet explica que "ese tipo de esfuerzos ciudadanos constituía todo un problema para las Fuerzas Armadas. No había forma de hacer llegar a las tropas la inmensa cantidad de bufandas, comestibles y otros productos que el impulso patriótico generó en todo el país. Era extremadamente delicado no responder a los donantes cumpliendo con su deseo".

¿Qué pasó con el dinero?

Según la documentación, no reforzó el equipamiento militar ni protegió a los soldados del hambre y del frío. Los fondos fueron transferidos a cuentas de las Fuerzas Armadas y a la gobernación militar de las Malvinas. La Secretaría de Hacienda "no recibió información sobre las adquisiciones o gastos de guerra efectuados con las partidas giradas".

Unos 5.000 millones de pesos llegaron a los comandos militares el 15 de junio de 1982, es decir, un día después de la rendición. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tuvieron que devolver esa plata al Fondo Patriótico. Tras la derrota, el dinero fue destinado a la asistencia de los excombatientes y al pago de indemnizaciones. Con el retorno democrático, el remanente fue transferido a Rentas Generales, es decir que terminó diluido en el Presupuesto Nacional del año 1984.

¿Qué pasó con los alimentos?

Se prepararon medio millón de raciones, pero no llegaron a las trincheras. Fueron llevados en containers cerrados y custodiados hasta Comodoro Rivadavia, pero quedaron varados al costado de la pista de aterrizaje. No cruzaron a las islas porque ni los barcos de la Armada ni los aviones de la Fuerza Aérea los transportaron. Se dilapidó el esfuerzo de 35 mil voluntarios que trabajaron durante 9 días, sin descanso, para embalar la mercadería.

El general Núñez aseguró que las raciones "tenían guisos en lata, de sabor italiano; chocolates, calentadorcitos hechos en Fabricaciones Militares, pastillas de cloro para purificar el agua, hasta una botellita de whisky para contrarrestar el frío. Se hicieron pruebas tirando cajas de 12 raciones desde un avión Fiat, conocido como ''El Herculito'', en baldíos de José León Suárez, caían mejor en tierra que en los arroyos. Todo se logró en tiempo récord, pero no se coordinaron los envíos. ¿Y yo qué podía hacer? ¿Llevar todo en un bote de goma? Alguien dijo que un submarino atómico inglés merodeaba la zona para impedir el paso de los víveres". La torpeza haría el resto.

Cómo se enriquecieron los represores

La Justicia está descubriendo los vastos negocios de la represión ilegal, que iban del saqueo de casas a la cesión de inmuebles bajo tortura y la creación de empresas fantasma para blanquear dinero y reciclar campos. Según el fiscal de la causa, es la “mercantilización de la muerte”.

En silencio, con meticulosidad, la investigación sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura avanza en una nueva línea. El fiscal Federico Delgado analiza la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios: los tres lugares fueron destinados para uso de la SIDE. Son sólo algunos ejemplos de lo que Delgado llama, en un dictamen preliminar, “la mercantilización del terror” o “la dimensión económica” del plan represivo.

Hasta ahora, sólo la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA había avanzado en el esclarecimiento de varios casos de robo y desapoderamiento de bienes de desaparecidos. Siete marinos e incluso el hijo del dictador Emilio Massera fueron responsabilizados hace más de cinco años por la apropiación –a través de una cadena de sociedades ficticias– de valiosas tierras de Chacras de Coria que pertenecían al empresario Victorio Cerutti, el contador Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez. Tiempo después, el juez Sergio Torres abrió directamente una nueva causa sobre el despojo de sus pertenencias a las víctimas de la dictadura. Algunos detenidos fueron obligados a transferir su casa o a firmar poderes para entregar departamentos.

El expediente sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Delgado, abarca los secuestros y desapariciones en varios campos de concentración como Orletti, El Atlético, El Banco, El Vesubio y El Olimpo, incluye casos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora hay 63 imputados en todas estas causas, de los cuales cerca de 40 están detenidos, y hay 14 excarcelados.

Cuando pidió, algunos meses atrás, ampliar esta investigación a su faceta económica, Delgado planteó un esquema teórico como punto de partida. Señaló que mientras en un “nivel macro” se desplegó un plan criminal “con el objetivo de despolitizar” y sentar “un nuevo patrón de acumulación”, a “nivel micro el terror se tradujo en una licencia para delinquir para quienes eran parte del régimen de manera concomitante con la represión”.

Plata, joyas, inmuebles

El fiscal sostiene que con sólo mirar algunas causas que tramitaron como delitos comunes se llega a advertir –por empezar– un entramado de agencias de seguridad que operaron durante la dictadura, con participación en muchos casos de agentes de inteligencia, de diferentes maneras: hacían inteligencia “paralela”, investigaciones financieras, implementaban secuestros, se encargaban del arrebato de bienes de los desaparecidos y servían de fachada para hacer distintos negocios con el dinero o las cosas que sustraían.

Una de las hipótesis de la fiscalía es que la empresa Magister Seguridad Integral SRL fue creada para “incorporar el dinero producido de los bienes de los que fueron despojadas las víctimas” de Orletti, que se repartía bajo supervisión del ex agente Aníbal Gordon y con ayuda de un contador de apellido Benítez. El general Otto Paladino, jefe de la SIDE y de aquel centro clandestino de Flores, dirigía Magister. Mientras estuvo en la central de espías evitó aparecer oficialmente en la sociedad, pero figuraban su esposa, su hija y varios miembros de la banda de Gordon, entre ellos Eduardo Ruffo, detenido el año pasado por 65 secuestros y desapariciones en Orletti, y César Enciso (yerno de Paladino).

Magister, en los papeles, ofrecía estudios económicos y de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, seguridad y espionaje industrial. En la práctica, habría recibido y canalizado “el botín de guerra” –joyas, dinero, inmuebles– de Orletti, sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Buena parte de lo robado habría pertenecido, según investiga Delgado, a un grupo de uruguayos detenidos allí, que pertenecían al Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).

Aquí es donde la pesquisa de la fiscalía se topa con la apropiación de inmuebles para uso de la SIDE. Ya recogió testimonios que indican que un grupo de detenidos de Orletti fue obligado a concretar una venta, con nombres falsos, de propiedades que había comprado el PVP en Buenos Aires. Ya se habría verificado que un edificio en la calle Juana Azurduy que utilizó la central de espías era de los militantes uruguayos. En otros casos, se habría utilizado dinero de esas personas para comprar una sede para la SIDE en la avenida Coronel Díaz y otra en La Plata, cuyos anteriores propietarios fallecieron. Al analizar las operaciones de compra-venta los investigadores encontraron como patrón común los tres inmuebles que el primer asiento de compra es de 1976. En dos de ellos la adquisición la realiza Osgra SRL, una empresa pantalla usada por la SIDE, que luego transfiere el bien a Timayu SA, que a la vez en 2003 le hace una donación al Estado.

Hay un cuarto edificio en la mira, en la calle Rawson: la SIDE le dice a la Justicia que no le pertenece, pero en el Registro de la Propiedad está a nombre del Estado nacional. Hay testimonios que indican que allí, con la fachada de una supuesta Agencia Noticiosa Argentina, funcionaba el GTE (Grupo de Tareas Exterior) del Batallón 601 de Inteligencia, que hacía tareas de inteligencia sobre extranjeros. A Gordon, de hecho, se le encontró una credencial de esa falsa agencia de noticias. Son indicios de que las actividades de inteligencia de todo tipo, incluso financiera, también se habrían plasmado por una vía estatal.

Delgado sospecha que en secuestros extorsivos que fueron juzgados como casos aislados, también pudieron estar detrás Magister y otras empresas. El mapa, que está en pleno estudio, incluye cerca de diez agencias. Una de ellas, llamada Sidip, pertenecía al ex agente de inteligencia luego vicecomodoro de la Fueza Aérea Schillizzi Moreno y tuvo entre sus miembros a Jorge Rizzaro, sobrino de Aníbal Gordon. Estaba instalada enfrente de la ESMA. En los inicios de la causa sobre la Triple A, fue allanada y se encontró un arsenal y algunas armas de lo más sofisticadas: por ejemplo, un cinturón que disparaba. Otra de las compañías del ramo bajo sospecha se llamaba Scorpio SA y, en teoría, estaba ligada al propio jefe del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason. Paradójicamente, Scorpio fue allanada en plena dictadura en el marco de un hábeas corpus. Se secuestraron armas y uniformes militares, pero ahí quedó todo.

Venta de armas

Uno de los primeros datos que salió a la luz de la investigación de Delgado el año pasado fue la participación del ex titular del PAMI del menemismo, Víctor Alderete, como síndico de una empresa oficializada doce días después del comienzo de la guerra de Malvinas, algo que había revelado Página/12 en 1997. El emprendimiento, llamado SMC, pertenecía a Suárez Mason y al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. También aparecían como socios al vocero de Alfredo Yabrán, Wenceslao Bunge, su hermano Hernán Bunge y su socio y futuro proveedor de la obra social de jubilados, Roberto de Filippis. SMC tenía un registro amplio, difuso, de actividades. Entre ellas aparecía la compra y venta de frutos y de bienes de la industria metalúrgica. Todo apuntaría, sin embargo, a que se habría dedicado a la venta de armas.

El fiscal planteó profundizar la investigación sobre tráfico de armamento durante la dictadura y planteó, como una hipótesis en ese sentido, la relación entre secuestros extorsivos a grandes empresarios ya sea “con fines de enriquecimiento particular” como con posibles “intentos de solventar incursiones bélicas en el exterior y/o el acopio de armamentos” en Argentina. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur. En ambos casos intervino el ex agente Leandro Sánchez Reisse, del GTE, quien (para evitar su extradición) reveló detalles ante la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en 1987. Sánchez Reisse dijo también que junto con su socio Raúl Guglielminetti tenían en Miami dos firmas para triangular dinero y proveer armas: Argenshaw y Silver Dollar SA La segunda, también figuraría en Argentina.

Atajos del saqueo

Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.

Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando al gobierno democrático, en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo. Esto provocó que hubiera una avalancha de juicios al Estado. Una comisión liquidadora en el ámbito del ministerio de Economía debió encargarse del tema. Llegó a destinar más de 200 millones de dólares en indemnizaciones. Entre los bienes devueltos figuran la Casa de Gaspar Campos y la Residencia de Puerta de Hierro en Madrid, que fueron de Juan Domingo Perón y luego de Isabel. La fiscalía hace meses que pide los expedientes de la Conarepa, pero hasta ahora les dicen que nadie saben dónde están.

La reconstrucción de las piezas claves de la “mercantilización del terror” parece ser una tarea ardua y compleja. El fiscal, en principio, cree que a los delitos económicos del régimen dictatorial no se los puede equiparar con crímenes de lesa humanidad, pero se los puede perseguir penalmente. Busca establecer responsabilidades individuales, pero también institucionales. Habrá que ver si el paso del tiempo permite aplicar penas, y cuántos de los responsables todavía viven para ese entonces.

“Los hechos revelan que los funcionarios aprovecharon la represión para apropiarse de bienes de las víctimas para realizar los más variados emprendimientos”, asegura la fiscalía. No hay dudas de que la represión ilegal y el robo fueron de la mano y que el aparato del Terrorismo de Estado inventó las herramientas “para asegurarse el éxito de sus acciones criminales”.

Con la venia de Pajarito

“Había que esperar la orden de él.” “Sin orden de él nadie salía a robar.” “El” era el represor Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, en el relato del gendarme Omar Torres durante el juicio al Turco Julián, en julio del año pasado. El robo de bienes de las víctimas de la dictadura era aceitado, planificado y se hacía de noche, al menos en el centro clandestino El Olimpo. Allí, relató Torres, acostumbraba cambiar la guardia con algún compañero “que quería estar ahí por los botines que salían a robar, querían estar ahí para llevarse algo”. Torres se refirió, en otra causa, a cómo en varias oportunidades los asesinos se terminaban peleando por el “botín”, allí donde mataban y saqueaban. Relató que eso ocurrió en el operativo donde fueron asesinados Lucía Adela Révora de De Pedro y Carlos Guillermo Fassano, que fueron llevados ya muertos al Olimpo. En la casa había 150.000 dólares, que los represores se disputaron en un enfrentamiento donde un principal terminó muerto y otros dos heridos. En los días posteriores, vaciaron la casa, en la calle Belén 335, en Floresta.