Raul Zaffaroni

Por Sebastián Premici Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia, analiza la compleja relación entre el poder político y el Poder Judicial


En un contexto en el que distintos sectores reclaman independencia de poderes y cuestionan al Gobierno por sus críticas hacia la justicia, para el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, es mucho más grave la falta de independencia dentro del propio sistema judicial, dato poco revelado pero que ocurre cotidianamente. El fracaso del Consejo de la Magistratura, el intento de “gobernar” por parte de algunos jueces, el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las medidas cautelares fueron algunos de los temas abordados por Zaffaroni en esta entrevista.

¿Cómo explica la continua judicialización de la política?
El fenómeno de la judicialización de la política, y viceversa, es tema universal. Desde mi punto de vista, obedece a una consecuencia de la globalización; es decir, a la pérdida de poder de los Estados nacionales y, por ende, a un menor espacio para resolver algunos problemas de carácter estructural. Esto ocurre en todo el mundo. Hay conflictos políticos que quedan sin solución y son derivados al Poder Judicial, en el cual, dada la naturaleza del problema, no puede haber una solución satisfactoria, fundamentalmente porque la función de la justicia es resolver problemas de carácter individual y no generales. Creo que ésta es la clave de la judicialización de la política en el mundo actual. No es un fenómeno nuevo y, además, ocurre en todo el mundo. A veces creemos que las cosas que nos pasan a los argentinos son originales, pero no es así. Lo original es el dato coyuntural pero la tendencia es mundial.
Todas las causas que han recaído en la Corte Suprema fueron tomadas como una bandera política por parte de la oposición, desde el uso de reservas del Banco Central, la Ley de Servicios Audiovisuales y, recientemente, el caso del ex procurador general de Santa Cruz. ¿No cree que la oposición es la que está empujando a la Justicia para que tome decisiones en el ámbito de la política?
Creo que nosotros, los jueces, tenemos que jugar con reglas de fútbol, mientras que en la política se juega con reglas de rugby. Son dos ámbitos separados, donde cada uno tiene sus propias reglas de juego, las cuales no pueden mezclarse. Hablamos dos idiomas distintos. ¡Ojo! Con esto no estoy desacreditando a la política; al contrario, tengo un gran respeto por ella. Cabe reconocer que en política se tiran con todo, pueden hacer tackles normalmente. En cambio, nosotros no podemos. Son dos reglas de juego diferentes. La lectura de nuestras decisiones que puede hacer la política corre por cuenta de la política. Podemos tener cierta prudencia, pero no debemos estar condicionados por la lectura que pueda surgir de nuestros fallos desde la política. Una cosa es tener prudencia y otra jugar con las reglas de juego que no son las nuestras.
Para seguir con la metáfora, ¿no cree que cambió el contexto y que tanto los jueces como los políticos cambiaron las reglas de juego?
No creo que haya un conflicto de poderes ni choques. Lo que hay son dos ámbitos con reglas diferentes. De todas maneras, sabemos que todo puede tener una lectura política, pero hay que cuidar las formas y seguir resolviendo conforme a las reglas jurídicas; si no, estaríamos desvirtuando la función de la justicia, algo que sería extremadamente grave.
Usted dice que no hay conflicto de poderes. Sin embargo, desde el variopinto arco opositor se presiona para que la Corte y los jueces se inmiscuyan en los temas políticos que ellos no pueden resolver.
Hay una cierta tentación de que pueda suceder esto, pero creo que, hasta este momento, lo estamos resistiendo satisfactoriamente. De todas maneras, siempre hay contactos de negociación entre el poder político y el judicial; obviamente lo debemos tener, porque no se trata de un gobierno sino del Gobierno. Garantizar la gobernabilidad no es hacer las cosas para un presidente en particular. Los mandatos terminan pero la gobernabilidad hay que garantizarla, independientemente de quién sea presidente.
¿Qué pasa en otras partes del mundo? ¿También hay tensiones entre los poderes de la República?
Por ejemplo, si en un momento dado hacen presidente a un señor -George W.Bush- a partir de una decisión de la Corte, integrada por nueve jueces, cinco contra cuatro, y los cinco magistrados habían sido nominados por el Partido Republicano y los otros cuatro por el Demócrata, obviamente que hay tensiones e interferencias, mucho más graves que las nuestras.
En la última Conferencia de Jueces, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseveró que “los magistrados no están para gobernar”. ¿Cree que hizo mención a esa frase por suponer que sí existen jueces que intentan gobernar?
Personalmente, creo que los jueces de la Corte gobernamos en nuestro ámbito específico, que es la justicia, y que no podemos interferir en los otros ámbitos del gobierno. Cada sentencia de este tribunal es una decisión de gobierno, en el amplio sentido de la palabra y con sentido político amplio. No puede hablarse de un poder del Estado que no sea político. Hay que tener noción de que una sentencia es una decisión que se toma en un conflicto, y eso tiene un contexto social, el cual es inevitable. Pero político no significa partidista. De modo que sí gobernamos en el ámbito judicial pero no debemos intervenir en las decisiones del Legislativo ni del Ejecutivo.
Sin embargo, cuando se habla de la independencia de la justicia parecería ser que las decisiones de este poder deberían estar abstraídas de cualquier contexto social.
Hay una discusión interna dentro del ámbito jurídico. Hay determinados sectores dentro de la justicia que consideran que las cosas habría que decidirlas conforme a la lógica interna del propio sistema. Es decir, que debería primar más la no contradicción del sistema normativo que los datos de la realidad. Esto está mal. Hay datos de la realidad que deben incorporarse al discurso jurídico; no creo que el derecho se agote en la dimensión jurídica. Si se agotara en su propia lógica, caeríamos en el error de tomar decisiones trascendentes pero sin el peso específico que requeriría la sociedad en ese momento. Esto es una cuestión teórica y metodológica; creo que los datos de la realidad deben incorporarse dentro de las decisiones jurídicas. Muy posiblemente, hace más de cien años, cuando la función judicial era de subsumisión, es decir que se tomaban los hechos y se veía en qué modelo abstracto encajaban, esa lógica propia del sistema funcionaba. Pero con el Estado social de derecho esto cambia, porque muchas veces hay que evaluar cuestiones que son de equidad y para hacerlo hay que analizar datos de la realidad. No basta decir que esto entró en tal o cual artículo. Además, la propia Constitución Nacional nos baja línea cuando nos habla de derechos sociales, económicos, culturales.
Es decir que la justicia debe acompañar los procesos democráticos. Por ejemplo, de ahí la decisión de Néstor Kirchner de modificar la Corte Suprema acorde con un cambio político y social que se pretendía gestar.
Sí. Toda sociedad es dinámica, y en ese dinamismo hay que estar atento a cómo van cambiando los valores, los humores sociales, cómo se va orientando la sociedad. No puede juzgarse hoy con los mismos valores que imperaban en 1890, la sociedad no es la misma.
¿Todo el sistema judicial coincide con esa mirada o todavía hay resquicios más conservadores?
La mayor garantía que puede haber dentro del sistema judicial es el pluralismo. Durante mucho tiempo se ha hablado de un perfil del juez que es falso, un juez sin ideología, escéptico, un juez apartidista, por poco asexuado. Ningún ser humano está por fuera de la sociedad y de los valores que van imperando. Todos tenemos una cierta cosmovisión. Entonces, uno dice: ¿cómo puede desempeñarse una función que requiere de cierta imparcialidad cuando uno siempre es parte? Creo que la única garantía es el pluralismo. Por eso, no puede decirse que dentro del Poder Judicial exista una unidad de concepción. Tampoco sería deseable.
¿No existe la corporación judicial?
Justamente lo penoso sería hablar de una corporación, convertirnos en una corporación. Lo importante es que haya diversidad ideológica y pluralismo dentro del Poder Judicial.
¿Pero no existen sectores corporativos dentro de la Justicia?
Creo que cuando se habla de corporación se lo hace de manera peyorativa. Nuestra estructura no es corporativa, desde un punto de vista institucional. Yo no puedo dar órdenes a los jueces de otras instancias. Desde lo judicial no hay jerarquías y sí distintos ámbitos de competencia. Sin embargo, hay un dato en el que se repara muy poco que es la independencia interna del juez. No hay independencia interna cuando hay una corporación verticalizada. Y, entonces, los jueces están sometidos a las órdenes de las instancias superiores. Esa estructura corporativa no es la nuestra, normativamente hablando. Y tratamos de que, sociológicamente hablando, tampoco lo sea. Si hay alguna tendencia corporativa o de verticalización interna, lo lamento. A veces, la afectación de independencia interna es más grave que la externa. La pérdida de independencia frente al Poder Ejecutivo se da en casos muy puntuales y escandalosos. En cambio, la pérdida de independencia interna es cotidiana, todos los días en todos los casos. Sociológicamente hablando es mucho más peligrosa. La independencia externa hay que cuidarla por cuestiones políticas pero la interna es más grave.
¿En qué casos no hay independencia interna?
Cuando se persigue a un juez por parte de una Cámara de Apelaciones, cuando se le revocan todas las sentencias arbitrariamente, cuando hacen un mal uso del poder disciplinario. Son los líos que se dan en cualquier dependencia pública, sólo que transferido al Poder Judicial es mucho más grave.
Ya pasó casi un año de la discusión por el uso de las reservas del Banco Central. Desde el Gobierno señalaron que todo ese proceso estuvo marcado por una excesiva cantidad de medidas cautelares, que obviamente tenían alguna intencionalidad política. ¿Cómo evalúa hoy esos hechos?
Hay un criterio general sobre las medidas cautelares sobre el cual habría que tener mucho cuidado. La medida cautelar, por regla general, llega a la Corte, y nuestra función es no entender porque en líneas generales no tienen sentencia definitiva. Las medidas cautelares no pueden ser desvirtuadas. En este punto es donde quizás el Gobierno tenga algo de razón. Se desvirtúa cuando, por ejemplo, busca obtener el resultado de una sentencia final. En ese caso, deja de ser cautelar, es una pequeña trampa para llegar al final del juicio desde el comienzo.
Tal como ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Obviamente eso no era una cautelar. En nuestro sistema de control constitucional no podemos frenar la vigencia de nada, ni por cautelar ni por sentencia definitiva. El sistema constitucional de la Argentina indica que cualquiera puede discutir si una norma es constitucional o no. Cuando llega a la Corte, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad, pero aplicada a un caso particular. No a todo el universo. En los países donde existe un Tribunal Constitucional podría declararse la inconstitucionalidad de una ley y dejar de aplicarla para todos los casos. Esto ocurre en Italia, Austria, Alemania, entre otros. Nosotros tenemos el sistema norteamericano. De modo que frenar la vigencia de una ley es una competencia judicial que no existe en el país (ndr: Olga Pura de Arrabal fue la jueza de Mendoza que suspendió la Ley de Servicios Audiovisuales en todo el país a partir de un pedido del diputado del peronismo federal, también mendocino, Enrique Thomas). Es una cuestión de sistema. Es Instrucción Cívica de quinto año. Si no la tenemos por medio de sentencia definitiva, tampoco la tenemos por medio de una cautelar. Directamente se le fue la mano a la jueza.
¿Qué opinión le merece el Consejo de la Magistratura?
Creo que el Consejo salió mal en la Constituyente de 1994. Primero, hay un problema de competencia. En el derecho constitucional comparado, los consejos de la magistratura son un órgano de gobierno con poder de policía dentro de la justicia, que tienden a provocar este fenómeno de horizontalización donde estarían representados todos los estamentos de la justicia. El modelo más interesante es el italiano. Pero en la Constituyente del 1994 salió un Consejo que administra y una Corte que gobierna el Poder Judicial. De entrada, nos encontramos con una desvirtuación del modelo del derecho constitucional comparado. No se sabe dónde empiezan o terminan los actos de gobierno del Consejo. De modo que surge un semillero de pleitos cuyo origen se remonta a la propia creación del Consejo. Tercero, si se crea un organismo, hay que decir cómo se integra, y la Constitución fue muy vaga en ese sentido. Ahora, si evaluamos la función del Consejo en sus dos integraciones, ninguna funcionó bien. Las razones emergen del defecto de la propia reforma del 94. Por otro lado, creo que los legisladores no deberían formar parte de este cuerpo, pero sí deberían elegir representantes que vayan en nombre del Poder Legislativo.
Todos los que ganaron recientemente un lugar en el Consejo de la Magistratura señalan que van a poner un freno al kirchnerismo. Por su parte, los medios de comunicación resaltan que existe una puja entre partidos políticos dentro del Consejo. Es decir, los nuevos consejeros se posicionan a sí mismos como otra cara de la oposición al Gobierno.
Lo que en el Parlamento es una virtud, como es la confrontación política, no lo puede ser para un Consejo, que es un órgano de gobierno dentro de la justicia. Estoy hablando de un ambiente de continua confrontación, que para un Parlamento está bien pero no para el Consejo. El Consejo de la Magistratura nunca logró convertirse en un cuerpo coherente. Da la impresión de que cada segmento dentro de este organismo sigue perteneciendo a su grupo y no se integra como cuerpo. Esto afectó su funcionamiento. No me llaman la atención las manifestaciones de oposición al kirchnerismo, que son propias de un Parlamento y no de una magistratura. Una cosa es el pluralismo ideológico dentro del Consejo y otra es convertirlo en un pequeño ring.
¿Cree que en el Poder Ejecutivo haya algún temor de que los jueces se coloquen por encima del poder político con la intención de gobernar?
Yo no puedo saber qué es lo que piensa cada uno de los que actúan en la órbita ejecutiva. Si es que existe en alguien ese temor, es infundado. Creo que en todos los años de vigencia de esta Corte nos hemos cuidado muchísimo de afectar la gobernabilidad. Insisto, tanto para este gobierno como para el que venga después, cuidar la gobernabilidad es una línea que continuaremos a rajatabla.


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