A 33 años del golpe de Estado
Pocos arrepentidos de haber sido partícipes, socios o cómplices de la dictadura
La condena a la dictadura militar, o militar-cívica, como sería más exacto denominarla, es mayoritaria en el pueblo argentino. En cambio, brillan por su ausencia los arrepentimientos de los ejecutores y cómplices de ese golpe.
Por Emilio Marín
A treinta y tres años del golpe de Estado hay más de 200 causas abiertas en la justicia contra los militares que cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos. Algunos conspicuos ex generales, como Luciano B. Menéndez y Antonio D. Bussi, fueron condenados a cadena perpetua y el primero derivado a una cárcel común.
Esos ex jefes castrenses estuvieron años detenidos cómodamente en sus domicilios y ahora llevan varios meses alojados, uno en Bouwer y otro en un country tucumano. Han tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre su accionar criminal pero ninguna nota autocrítica surgió de sus labios.
El Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Raúl Sánchez, le dejó una carta a Menéndez en el penal. Allí le decía que “si usted nos cuenta dónde están nuestros hijos y nuestros muertos, al vez sienta un alivio al cumplir su condena”. Una buena iniciativa la de Sánchez, pero en un 99,99 por ciento condenada al fracaso porque en los que fueron cuadros de la dictadura no hay hasta ahora ni una pizca de arrepentimiento.
Esa cerrazón tiene mucho que ver con la agitación y reivindicación de lo actuado que hacen entidades como la “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina”, presidida por Cecilia Pando. El año pasado, cuando la justicia condenaba a tres represores militares que habían hecho de las suyas en el regimiento IX de Corrientes, Pando insultó a los camaristas y al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y a manera de amenaza se pasó el dedo por la garganta, en la típica señal del degüello.
Uno de los condenados era el ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, capitán retirado Juan Carlos De Marchi, que ocupó esas funciones ganaderiles hasta 2006, cuando fue detenido en esta causa. Una conexión más, de las tantas que se han expuesto, entre la oficialidad golpista de 1976 y la actividad destituyente de los ruralistas desde 2003 hasta nuestros días. En casos como el de De Marchi el odio de los ex represores se duplica, pues al que cargan contra el gobierno nacional por la reapertura de las causas de derechos humanos en su contra se suma el resentimiento por la imposición de cargas fiscales a la soja y otras exportaciones.
Cómo será de cerrado el círculo de los genocidas, que hasta el momento sólo dos oficiales de bajo grado se atrevieron a hablar parcialmente de esa represión. Uno proveniente de la Armada, Adolfo Scilingo, que sirvió de base para el libro de Horacio Verbitsky, “El vuelo”. Otro, el teniente coronel Enrique Bruno Laborda, sobre algunos fusilamientos en Córdoba. Ambos hablaron por despecho por no haber sido ascendidos, y posteriormente desmintieron sus confesiones. Ninguno testimonió por apego a la verdad ni para pedir perdón a los familiares de las víctimas por lo hecho en La Esma y La Perla, respectivamente.
El feriado del 24
Esa falta de apego a cómo ocurrieron los hechos de 1976-1983 no sólo violenta a los familiares de los desaparecidos, que tienen derecho a saber dónde están los restos de sus seres queridos, sino también a los 400 bebés, hoy hombres y mujeres, buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta el momento se han ubicado a 97 nietos pero aún falta esa cifra mayor. Y quienes tienen que hablar sobre a quiénes entregaron esos niños, callan.
El motivo para ese silencio ominoso de los represores no puede ser el deseo de no agravar su situación procesal. Si Menéndez ya está condenado a cadena perpetua, ¿en qué puede perjudicarlo que diga la verdad sobre esos delitos? Al contrario, podría aliviarle la conciencia, como le decía Sánchez, aunque habría que ver qué es lo que tiene en ese lugar.
En ese sentido las marchas del 24 de marzo, que son masivas en los últimos años, son muy útiles para reclamar juicio y castigo. También porque al hacer abrumador el repudio al golpe de Estado, sigue pegando contra esos diques que contienen la verdad de lo ocurrido a los desaparecidos y los bebés robados y con la identidad suprimida. Tanto va el cántaro a la fuente…que al final puede romperse la cadena de complicidad.
Las movilizaciones de los organismos de derechos humanos y la ley que en agosto de 2003 anuló las leyes del perdón, reabrieron los juicios (más de 200 causas activadas en el país) y pegaron duro sobre los defensores del terrorismo de Estado. Ya en 2002, el 24 de marzo fue instituído por la ley Nº 25.633, como el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso fascista.
Y mejor aún estuvo que en marzo de 2006, al cumplirse 30 años del golpe, el gobierno y el Legislativo convirtieran esa fecha en feriado nacional por la Memoria.
Hablando de Memoria, hay que puntualizar que la derecha política votó en contra de esa norma. En el Senado la aprobación fue por 34 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones; en Diputados se la sancionó con 123 votos positivos, 36 negativos y 11 abstenciones.
Elisa Carrió dijo no discrepar con la condena a la dictadura militar pero votó en contra de que el día fuera declarado feriado. El bloque de derecha del PRO, conducido personalmente por Mauricio Macri, también votó en contra el proyecto oficial. Nora Guinzburg, del Recrear de López Murphy, negó que "el 24 de marzo de 1976 se inició el terrorismo de estado”. Aseguró que esa era “una verdad sesgada ya que el terrorismo de Estado se inició en 1973".
¿Alguien vio alguna vez a Macri, Duhalde, Angeloz, López Murphy y Carrió en alguna marcha por los derechos humanos, un 24 de marzo o en cualquier otra fecha? En el caso del PRO y los radicales, hay que recordar que votaron por la incorporación del torturador Luis A. Patti a la Cámara.
Los destituyentes
A pesar de ese prontuario tan poco democrático, si uno los escucha a esos políticos creerá estar en presencia de vestales de la democracia. Pero han hecho poco y nada por un sistema político democrático y con sentido participativo. Y a eso hay que añadir su conducta cómplice del décimo lock out sojero. Esos bloques de la oposición conservadora han formado una alianza con la Sociedad Rural y demás cámaras de la oligarquía, que se resisten a pagar retenciones a la soja. Estos les han abierto el Congreso para que amplifiquen sus reclamos elitistas y justifiquen el delito de cortar rutas con un programa agropecuario que no votó la población.
El contador Salvador Treber, del “Plan Fénix”, en la nota “Verdades y fabulaciones acerca de la soja” (La Voz del Interior 20/3), luego de cuestionar el accionar de la Mesa de Enlace, le hizo esta crítica: “en la dura emergencia que se vive hoy en el orbe, no hay lugar para los opositores sistemáticos que, quizá sin advertirlo por ser parte de su accionar, se han convertido en verdaderos saboteadores de la tranquilidad pública”.
Por su parte, los intelectuales de Carta Abierta, habían sido aún más duros el año pasado en la denuncia de los ruralistas. Los acusaron de llevar adelante un accionar “destituyente” de la presidenta Cristina Fernández.
En esa labor antidemocrática han tenido el acompañamiento militante de la prensa adicta como La Nación, Clarín y La Nueva Provincia (alias “Gaceta Marinera”). El último, dirigido por el apologista de la tortura Vicente Massot, está golpeado en la causa por la desaparición de dos obreros gráficos de su plantel, Enrique Heinrich y Miguel A. Loyola. Estos fueron desaparecidos por la patota de Puerto Belgrano, íntima del diario. Cinco marinos y dos de prefectura fueron detenidos la semana pasada por la justicia de Bahía Blanca.
Entre los ruralistas y grandes empresarios falta la autocrítica. Rodolfo Walsh afirmaba en su “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar” en 1977: “un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: ´llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos´".
Cien rutas cortadas en el país con afán sojero y destituyente, y un lock out que hoy pisotea el día de la Memoria, confirmarían que la Mesa de Enlace quiere voltear este gobierno (“hay que desgastarlo”, Eduardo Buzzi dixit).
http://www.elortiba.org/notatapa18.html
Para seguir manteniendo la memoria y la condena a los criminales y a sus cómplices de ayer y de hoy. Dedicado a la avanzada de los "grupos de tareas" de F! que intentarán salir a bardear, que amenazarán por MP como buenos cobardes que son, que intentarán, infructuosamente, tapar el sol con las manos y el crimen con la mentira...