Desalentar el accionar de los ladrones en moto es más sencillo de lo que parece. En Colombia lo lograron. Acá hay un proyecto de ley que los legisladores no motorizan.
Mendoza, domingo, 21 de junio de 2009
Hacia fines de los '90, en Colombia, los casos de sicarios en motos (asesinos a sueldo que ejecutaban a sus víctimas en la calle usando al acompañante como disparador) se habían transformado en un dolor de cabeza para las autoridades. Las parejas de sicarios se metían en motos por el centro de las grandes ciudades, mataban y escapaban.
El casco protector hacía las veces de máscara y las motos o no tenían patentes o bien los sujetos las colocaban al revés. Los crímenes se sucedían a diario.
Pero las autoridades colombianas -que nadie puede asegurar que sean mucho más listas que las argentinas- pensaron y pensaron y hacia principios de 2001, en las principales ciudades -como Medellín, Cali, Bogotá o Pereira- nadie, por ley, nadie podía llevar acompañante en una moto.
Inicialmente, la medida fue resistida y la ley se mejoró en 2002 con el permiso para transportar acompañante (además se hizo extensiva a todo el territorio nacional). La misma solicitaba, a saber: 1- Casco de seguridad especial identificado en la parte posterior con el número de patente de la moto con características reflectivas. 2- Chaleco reflectivo identificado con el número de patente de la moto en la parte anterior y posterior. Para el caso de trasladar acompañante, también debe utilizar casco y chaleco de seguridad. 3- La obligatoriedad de usar casco y chaleco durante las 24 horas del día..."
En Colombia, motociclistas con chaleco y casco con el número de patente de la moto.
El resultado fue una baja importante en los homicidios que los sicarios cometían por las calles, como así también en los accidentes de tránsito. Hoy, los crímenes cometidos con esa metodología casi han desaparecido de Colombia.
En Argentina no hay sicarios (al menos de esas características) pero sobran los motochorros (ladrones que montados en motos ágiles y livianas cometen asaltos y arrebatos, especialmente las dolorosas salideras bancarias). Igual nada se ha hecho para evitar que, en este caso, un medio de locomoción sea utilizado para facilitar un delito.
Según estadísticas que manejaba la Policía local hasta hace dos años, las dos grandes bandas que asolaban la provincia actuaban, en un 40 por ciento de sus hechos, apoyadas por motos. De ese 40 por ciento, se concluía que en la mitad los ladrones usaban armas.
En ese mismo estudio se hace referencia a que el 80 por ciento de las motos secuestradas en la vía pública tienen que ver con problemas de documentación y no con el no uso de cascos o faltas de tránsito
En Argentina, uno solo con casco y con un niño.
En Mendoza hubo un proyecto de ley que de momento no ha despertado el interés de los legisladores, los que deben creer que el problema no reviste mayor relevancia. El hacedor inicial de esa idea -basada en la experiencia colombiana- fue el licenciado en Seguridad Pública Fabián Moyano. Moyano se la acercó al senador demócrata Carlos Aguinaga.
"El uso de las motos a la hora de alejarse del sitio del suceso sirve porque este ardid opera en grandes concentraciones urbanas, zonas comerciales y entidades financieras y bancarias, por lo general en las mañanas en horarios pico, cuando la cantidad de gente es importante y la concentración del tránsito también; por lo tanto, el uso de una moto ofrece a los delincuentes dos ventajas importantes: primero la maniobrabilidad, teniendo en cuenta que las motos permiten desplazamientos rápidos y ágiles y huir en minutos, muchas veces de contramano o sobre las veredas.
"Segundo: los motochorros cuentan con el factor sorpresa a favor a la hora de los arrebatos o asaltos, ya que pasan desapercibidos y muchas veces no pueden ser identificados por sus víctimas por llevar cascos o algún elemento que tape su rostro, permitidos para conductores de motos cuando hay bajas temperaturas (pasamontañas, gorros, bufandas, etc.)", indica el hacedor de la idea.
La ley que duerme
En la Legislatura existe un proyecto de ley presentado hace más de un año: el 16 de mayo de 2008. Lo hizo el senador Aguinaga, basado en el trabajo de Moyano y en la experiencia colombiana. El proyecto promueve la modificación de la Ley 6.082 de Tránsito y Transporte (ver aparte).
Pero el proyecto pasó a la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales (si alguien no sabe qué es esto no será el único), y desde entonces nada se sabe de ella. Según Aguinaga, "nosotros propusimos tratarlo sobre tablas (que es hacerlo con rapidez, sin intermediarios como las comisiones, es decir, en el recinto), pero desde el oficialismo nos indicaron que esperaban un dictamen del Poder Ejecutivo para ver qué pasaba". Bueno, ese dictamen nunca llegó.
Otro legislador que se interesó por el tema fue el diputado Daniel Cassia (PJ), pero lo suyo estaba vinculado a un Plan de Seguridad que presentó ante Cobos y Jaque, cada uno a su tiempo. Lo de Cassia no fue un proyecto de ley y estaba orientado más a poner el ojo en los trabajadores de las empresa de Seguridad, en el personal de los bancos, para frenar a los motochorros.
"La problemática del robo a la salida de los bancos y/o motochorros no requeriría de una ley especial, sino de coordinar las acciones, que permitan su abordaje en función de controles efectivos, sostenidos en el tiempo, y sorpresivos, aplicados por brigadas especiales que apunten a personas que ingresen en moto a la ciudad o a los cascos centrales de los departamentos", dice Cassia en su escrito.
¿Qué fue del proyecto de Aguinaga o de la idea de Cassia? Nada.
El rugir de las motos no turba la siesta de la Legislatura.
diario Los Andes
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