Aplicada por primera vez en 1890, la ejecución mediante descargas eléctricas nació en Estados Unidos como un método moderno para que el condenado padeciera menos que con la horca. Pero su puesta en práctica demostró que muchas veces tampoco ahorraba sufrimientos. Todavía se recuerda con horror el caso de Jesse Joseph Tafero, ajusticiado en Florida en 1990. La primera sacudida incendió la cabeza de Tafero, que cogió aire profundamente antes de que el funcionario de prisiones repitira la operación una y otra vez, con un espeso humo saliendo del casco del preso.
Ante la imposibilidad de evitar escenas truculentas como esta, se fue imponiendo la inyección letal, más rápida y aséptica. En la actualidad, los estados norteamericanos de Alabama, Arkansas, Kentucky, Virginia, Tennessee, Florida y Carolina del Sur mantienen la silla eléctrica como opción voluntaria del reo o –caso de Illinois y Oklahoma– en reserva por si la inyección fuera declarada inconstitucional. El último que se sentó en ella fue James Earl Reed, el 20 de junio de 2008. Fuera de EE UU, sólo Filipinas ha empleado la electricidad para hacer efectiva la pena capital, entre 1924 y 1976.
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