Desde 1989 se cobra un gravamen sobre el consumo eléctrico para enlazar a Santa Cruz al interconectado nacional.Después de 20 años, la Presidenta anunció que se completarán las obras, pero se financiarán con plata de la Nación.
A menos de un mes de que Raúl Alfonsín entregara la presidencia, el Congreso nacional sancionó la ley 23.681 (Fondo Provincia de Santa Cruz), que dispuso un tributo del 6 por 1.000 sobre todas las facturas de energía eléctrica que pagan los consumidores finales del sistema interconectado nacional. El fin sería contribuir a rebajar las tarifas eléctricas de Santa Cruz -que estaban entre las más altas del país- y conectar la provincia a la red nacional para bajar sus costos de consumo.
La conexión de la Patagonia con la red nacional se desarrolló durante la gestión de Néstor Kirchner, pero aún no llegó a la capital santacruceña después de casi dos décadas. La licitación para el último tramo, que va desde Pico Truncado a Río Gallegos, Calafate y Río Turbio, fue lanzada el 1 de junio pasado por la presidenta Cristina Fernández y -se confirmó-será pagada casi íntegramente por el Gobierno nacional.
El objetivo del "impuesto para Santa Cruz" era ayudar a subsidiar las tarifas eléctricas de la provincia, que eran hasta 3 veces más caras comparadas con el resto del país, y contribuir a la realización de las obras de conexión al sistema nacional. Sin embargo, actualmente no existe un registro público que pueda evidenciar en qué se gastaron esos fondos desde que comenzó a cobrarse el tributo.
Hasta el año 2004 Santa Cruz recibía un tope de $26,2 millones anules, que luego se llevaron a $35 millones en 2005 por orden del Gobierno nacional.
Según una investigación del Centro de Educación al Consumidor (CEC), hasta 2008 Santa Cruz ya habría recaudado alrededor de $482 millones. De este total, cerca de $312 millones fueron administrados por la gestión de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz.
En este marco, el ex secretario de Combustibles del gobierno de Alfonsín (1983-1986), Gustavo Callejas, contó que los fondos transferidos a la Provincia debían ser controlados por la Secretaría de Energía, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y/o la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero, según Callejas, ninguno de estos organismo jamás los controló.
En 2005, el CEC pidió a la Secretaría de Energía un informe sobre el destino de los fondos. Sin embargo, la respuesta no llegó sino hasta ocho meses después gracias a una orden judicial: la Secretaría declaró haber enviado $342,2 millones a Santa Cruz entre 1989 y 2004, de los cuales sólo pudo justificar gastos de los mismos por $43,8 millones (el 12,8%).
Sin control
El documento que envió Energía también afirmó que el 86,37% del dinero enviado fue destinado a subsidiar el suministro eléctrico de la provincia, pero en las últimas dos décadas el servicio siguió manteniendo una de las tarifas más caras del país. Además, Santa Cruz todavía sigue teniendo generación aislada, lo que produce apagones. Aun para este mes ya están tabulados los cortes programados.
Para Omar Hallar, ex secretario de Obras Públicas de Río Gallegos y diputado provincial de Santa Cruz (UCR), "durante la década del noventa la energía eléctrica en la provincia era más cara que en sus vecinas Chubut y Tierra del Fuego".
"Definitivamente la Provincia no usó los fondos del impuesto para bajar sustancialmente la tarifa o para hacer obras", concluyó en diálogo con <B>El Tribuno<P>. Hallar pidió al Poder Ejecutivo Provincial un informe detallado de gastos sobre los fondos específicos del impuesto destinados al consumo eléctrico, pero siempre se lo negaron.
Administración de fondos
En Santa Cruz los fondos deben ser administrados por la empresa estatal Servicios Públicos SE, que provee electricidad y agua (que en 2008 tuvo un déficit de $67 millones). No obstante, según pudo constatar este medio, de acuerdo con el presupuesto provincial, los fondos de la ley 23.681 son ingresados a la cuenta rentas generales, por lo cual no se les asigna presupuestariamente un destino específico.
Por último, el Tribunal de Cuentas de esa provincia nunca se expidió sobre el uso del dinero cobrado para compensar la tarifa eléctrica. El mismo está dominado por el oficialismo. El presidente es elegido por el Poder Ejecutivo y de los tres vocales tan sólo uno es de la oposición. Todas las votaciones terminan siempre tres a uno.